Martxelo Díaz
Gara

Coincidiendo con la llegada a Madrid del presidente mexicano, Felipe Calderón, para defender la reforma legal destinada a perseguir a la disidencia y reunirse con empresarios, GARA ha conversado, durante la visita que están realizando a Euskal Herria, con miembros de una asociación de derechos humanos mexicana que denuncia la continua merma de libertades que padece el país.

Elisabet Martínez y David Luna se encuentran en Euskal Herria, invitados por Mugarik Gabe, para dar a conocer la realidad de los presos políticos mexicanos y las reformas legales que buscan criminalizar a los movimientos sociales. Su visita ha coincidido con la llegada a Madrid del presidente mexicano, Felipe Calderón, que busca lograr el visto bueno internacional a esas reformas legales.

¿A qué se dedica el Comité Cerezo México?

Somos una organización de derechos humanos que tiene como objetivo contribuir a la libertad de los presos políticos y de conciencia en México. Además, buscamos legitimar al actor social que ejerce sus derechos. Denunciamos que en México existen personas que están en la cárcel por motivos sociales y que las reformas constitucionales que se aprobaron a inicios de año van a hacer legal lo ilegal.

¿En qué consiste esa reforma constitucional?

Consideramos que esta reforma constitucional quita totalmente derechos y libertades al pueblo organizado. Por ejemplo, en materia judicial se ha establecido el arraigo domiciliario de las personas que sean detenidas. Antes de febrero de 2008, que es cuando se aprobó esta reforma, en México, cuando se detenía a una persona había que demostrar que era culpable o inocente en 48 horas. Había que liberarlo o sentenciarlo. Ahora, con la reforma, las personas pueden estar arraigadas en una casa de seguridad de la Procuraduría General de la República tres meses o más, sin que esta persona detenida tenga derecho a avisar a sus familiares de dónde se encuentra. Únicamente el Gobierno mexicano sabe dónde está esa casa de seguridad. El detenido puede ser objeto de torturas o de fabricación de pruebas falsas. Consideramos que esto es muy grave, porque supone también criminalizar la lucha social en el marco de la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno mexicano criminaliza a los movimiento sociales para justificar las represiones masivas, como en Oaxaca o San Salvador Atenco. Es una violación grave de los derechos humanos.

Precisamente ayer llegó a Madrid el presidente Felipe Calderón con el objetivo de buscar el visto bueno del Estado español y de la UE a este incremento de la represión.

El Estado mexicano quiere mostrar que vivimos en una democracia y que se respetan los derechos humanos. Por eso ha firmado tratados internacionales. Pero, los movimientos sociales y el pueblo viven una situación de violación continua y permanente de los derechos humanos. Es un país en el que no se tiene acceso a la educación pública, ni a la salud, la mayoría de los mexicanos no tiene un trabajo digno. Firma tratados y convenciones pero nunca los aplica.

¿Qué condiciones de vida tienen los presos políticos mexicanos?

Depende del tipo de penal en el que están. Constitucionalmente, los presos tienen que estar cerca de sus familiares. Pero la realidad es que se les envía lejos de sus lugares de origen. En México existen tres penales de máxima seguridad. Uno está a dos horas de D.F., otro a 16 y el otro a siete. Si los presos son del sur, tienen que cruzar todo el país para viajar al norte. Es una situación similar a la del Estado español. México ha aprendido mucho del sistema penitenciario español. Son penales muy duros. Existe una presión sicológica muy fuerte, no tienen actividades de ningún tipo, la mayor parte del tiempo están en la celda sin nada que hacer, sólo salen media hora al patio, tienen continuas revisiones y pases de lista. Obviamente, para el ingreso de los familiares hay un montón de papeleo. Cuando consigues ingresar, tienes revisiones con máquinas, pero luego existe otra revisión corporal. Son penales muy duros para el preso y también para los familiares. Existen también los penales estatales o regionales, donde los problemas son distintos. Hay superpoblación y lógicas internas donde los presos se dividen en grupos. El Gobierno exhibe a los presos políticos y los presenta como a terroristas. Por ello, los encarcela sin juicio en penales de máxima seguridad, aunque estas prisiones están pensadas para personas que ya han sido juzgadas.

En el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, está el caso de Tasio del Valle, que fue directamente trasladado desde el Estado de México a un penal de máxima seguridad. Posteriormente, fue condenado a 67 años y medio de cárcel. Con estos encarcelamientos en penales de máxima seguridad buscan criminalizar los movimientos sociales. Para ello, se emplea la ley de la delincuencia organizada, que es un delito relativamente nuevo en la legislación mexicana y que creó mucha polémica porque es muy laxo. Se aplica muy poco al narcotráfico y al secuestro, pero mucho contra los movimientos sociales.

A partir de la reforma, pueden enviar a estos presos a los penales de máxima seguridad de manera legal, aunque antes también lo hacían.

En México, se encuentran en las cárceles personas que han tomado parte en organizaciones insurgentes que buscan el cambio social mediante las armas. De este tipo, hay cuatro. Junto a ellos, hay presos de conciencia, que están en prisión por su labor en una organización social y también los que fueron agarrados en manifestaciones. La mayor parte de los que está ahora en la cárcel son miembros de los colectivos sociales. Son unos 700.