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Primicias sobre el Plan México
La administración del presidente George W. Bush ha colocado su propuesta para
militarizar México en la Ley de Gastos Suplementarios de Irak y que fue aprobada
parcialmente a fines de mayo
Laura Carlsen
Especial para The Narco News Bulletin
1 de junio de 2008
El 22 de octubre de 2007 el Presidente Bush anunció la "Iniciativa Mérida", un
paquete de asistencia para la seguridad con un costo de 1,400 millones de
dólares. La iniciativa contiene fallas fatales en su estrategia; en vez de
estimular una relación bilateral estable así como comunidades fronterizas
pacíficas, su enfoque militar provocará un aumento en la violencia relacionada
con el narcotráfico y abusos contra los derechos humanos.
México y los Estados Unidos enfrentan un reto conjunto para reducir el crimen
organizado transnacional y deben colaborar para fortalecer el estado de derecho
y detener el tráfico ilegal de armas y drogas en ambos lados de la frontera.
Esta política equivocada no cumplirá las metas planteadas y será un gran
derroche de recursos de los contribuyentes. Asimismo perjudicará las relaciones
Estados Unidos con México y pondrá en riesgo la estabilidad de este último país.
En mayo la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos aprobaron
la iniciativa, conocida como "Plan México". La solicitud de fondos fue incluida
dentro de una ley de recursos extraordinarios para Irak y fue anunciado como un
esfuerzo sin precedentes para luchar en contra del creciente fenómeno del
narcotráfico y la violencia relacionada con el crimen organizado en México. Pero
la "Iniciativa para la Seguridad y la Cooperación Regional" va más allá que su
objetivo formal de detener el flujo de drogas ilegales; reestructurará la
relación binacional entre México y los Estados Unidos, reformulará problemas
económicos y sociales como asuntos de seguridad, y militarizará la sociedad
mexicana.
Casi la mitad del paquete asistencial será invertido en el ejército mexicano y
las fuerzas policiales acusadas de múltiples y documentadas e impunes
violaciones a los derechos. No se destinarán recursos para el tratamiento de las
adicciones, tampoco en programas de reducción de daños en los dos países y el
colosal paquete de "cooperación" omite por completo los serios problemas
existentes dentro de los Estados Unidos, como el ingreso de drogas ilegales, su
amplia comercialización y consumo, el tráfico fronterizo de armas y el lavado de
dinero.
La propuesta colocará la relación bilateral que los Estados Unidos mantiene con
uno de sus aliados más estratégicos en el ámbito de vagas definiciones sobre
seguridad pública. La iniciativa dispone un enorme incremento de recursos
económicos a México, pero no dedica fondos para enfrentar frontalmente la brecha
de la pobreza entre los dos países y las necesidades de desarrollo de nuestro
vecino sureño.
Para iniciar un debate público sobre los peligros que implica el Plan México,
primero es importante entender sobre qué trata.
¿Qué es el Plan México?
El "Plan México" o la "Iniciativa Mérida" fue presentada después de meses de
especulaciones y negociaciones a puerta cerrada como una "Iniciativa para la
seguridad y la cooperación regional", con duración de tres años y 1,400 millones
de dólares. Los miembros del Congreso se quejaron de inmediato porque la
administración Bush no proporcionó información a los integrantes del comité
hasta después de finalizar la negociación.
La solicitud de quinientos millones de dólares para el año fiscal 2008 ha sido
anexada a la Ley de apropiación suplementaria para Irak que fue aprobada
parcialmente por el Congreso hace algunos días. En la versión de la Cámara,
Cincuenta millones están etiquetados para Centroamérica y los 500 millones de
dólares irá hacia México, principalmente para el equipamiento y entrenamiento
del ejército y la policía.
Aunque la propuesta no ha sido presentada al público de Estados Unidos o México,
documentos filtrados [1] revelan la lógica y la naturaleza militarista del "Plan
México". En la categoría de "Lucha antinarcóticos, contraterrorismo y seguridad
fronteriza" la iniciativa original asignará $205.5 millones a las fuerzas
armadas de México. Casi el 40 por ciento de todo el paquete beneficiará a
empresas armamentistas para la adquisición de ocho helicópteros Bell (a trece
millones cada uno, incluido el entrenamiento, mantenimiento y equipo especial)
para la Armada de México y dos aviones de patrullaje marítimo CASA 235 (a
cincuenta millones cada uno, incluido el mantenimiento) para la Marina del país.
La mayor parte de los 132.5 millones dirigidos a las agencias de procuración de
justicia mexicanas también irá a parar a los bolsillos de las compañías para la
compra de equipo de seguridad, entrenamiento, vigilancia e inspección. La
Policía Federal Preventiva recibirá la mayoría de los fondos, mientras que
Aduanas, Migración y Telecomunicaciones recibirán el resto. El sobrante para
2008 está catalogado como "Estado de derecho" para la Procuraduría General de la
República y el sistema de justicia penal. Estos recursos serán invertidos en
programas de cómputo y entrenamiento para el seguimiento de casos y
centralización de información. La iniciativa le otorgará 12.9 millones al Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)) —agencia con una larga historia
de abuso de los derechos humanos y libertades civiles—para investigaciones,
equipo forense y contraterrorismo. Otra dependencia beneficiada será el
Instituto Nacional de Migración para conformar una base de datos sobre migrantes.
El gobierno de los Estados Unidos se quedará con 37 millones para cubrir gastos
administrativos.
El presupuesto presentado para 2009 se estima en 450 millones de dólares para
México bajo los mismos rubros, con una considerable cantidad dirigida a la
policía bajo el supuesto de que, para entonces, la célebre corrupción de dichas
instituciones haya sido parcialmente remediada; una meta de difícil consecución.
De ese dinero corresponden 120 millones para las fuerzas armadas y 252 millones
para la policía y otros organismos de seguridad.
Todos los programas tienen como objetivos la interrupción de la oferta,
procuración de justicia y vigilancia –incluyendo espionaje interno- de acuerdo
al modelo de la "guerra contra las drogas" desarrollado a principios de los
setentas en los Estados Unidos durante la administración del entonces presidente
Richard Nixon. [2] Este modelo militar ha resultado ser inefectivo para eliminar
el tráfico ilegal de drogas y reducir el impacto del crimen organizado; en
cambio, está íntimamente relacionado con una mayor violencia, inestabilidad y
poderes presidenciales autoritarios.
La Conexión TLCAN
La Iniciativa Mérida recibió su nombre por la reunión celebrada en marzo de 2007
entre los presidentes George W. Bush y Felipe Calderon en la ciudad de Mérida,
en la península de Yucatán. La historia oficial afirma que el presidente
Calderón, comprometido con la "guerra contra las drogas" y apoyado en el uso del
ejército para interceptar el tráfico de sustancias, solicitó en dicha reunión
asistencia económica a los Estados Unidos. Después de negociar los detalles, el
gobierno estadounidense dio su visto bueno y centró su atención en los esfuerzos
antinarcóticos. En octubre de ese año, meses antes de anunciar el paquete, los
dos gobiernos ordenaron estudios y presentaron estadísticas para apoyar una
tesis contradictoria: el tráfico de drogas y la violencia en México habían
alcanzado un punto de crisis, por lo tanto, la ofensiva de Calderón contra los
cárteles de la droga estaba funcionando.
Sin embargo, esta no es la verdadera historia de los orígenes del plan. La idea
de la administración Bush sobre una estrategia de seguridad conjunta para
Norteamérica data desde la creación de la Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad (ASPAN), una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). [3] Cuando los tres líderes de la región (George W. Bush, Paul
Martin y Vicente Fox) se reunieron en Waco, Texas, en marzo de 2005, para echar
a andar un proceso de negociaciones secretas entre los miembros de los poderes
ejecutivos y los representantes de grandes corporaciones y así echar a andar
intercambios comerciales fronterizos y crear un perímetro de seguridad conjunto.
Reuniones posteriores como el encuentro trilateral en Nuevo Orleáns [4], en
abril de 2008, ampliaron estas metas ante las críticas de la opinión pública.
A través del ASPAN la administración de Bush busca presionar a sus socios
comerciales de Norteamérica para integrar un frente común y proteger a los
Estados Unidos contra amenazas terroristas; también pretende promover y defender
el modelo de intercambio comercial y el control global de Estados Unidos.
La cooperación internacional para enfrentar el terrorismo es respetable y
necesaria, pero la estrategia de seguridad nacional de Bush [5] implica una
violación grave a la soberanía nacional de los países socios, representa un
riesgo potencial de sufrir un ataque al mantener alianzas con Estados Unidos y
constituye una amenaza a las garantías individuales de los ciudadanos de los
tres países. Aún más, el modelo contraterrorista, ejemplificado por la invasión
a Irak, ha fomentado la inestabilidad y las actividades terroristas en todo el
mundo. Extender el concepto de integración norteamericana a los asuntos de
seguridad nacional por medio de mecanismos de como la ASP ha dado lugar a serios
cuestionamientos sobre cómo se define la seguridad y quién está encargado de
hacerlo.
Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de
Estado, confirmó estas dudas durante un discurso sin rodeos, el 8 de abril
pasado, cuando dijo que el ASPAN "entiende a Norteamérica como un espacio
económico común y como un espacio económico común que debemos proteger, y
debemos comprender que si no resguardamos esta área compartida más allá de
nuestras fronteras debemos hacerlo con amplitud a través de toda Norteamérica.
Hemos trabajado por medio de la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad
para mejorar nuestras relaciones comerciales y de libre mercado, también hemos
trabajado para mejorar nuestra cooperación para la seguridad. Hasta cierto
punto, estamos blindando el TLCAN". [6]
El ASPAN pretende imponer políticas sin consensos y sin debates previos por el
público o los congresos. Grupos de ciudadanos en los tres países han exigido un
alto a las pláticas del ASPAN por la falta de representación en temas laborales,
ambientales, participación ciudadana y de rendición de cuentas. El concepto de
seguridad para la administración Bush al emplear al ejército en vez optar por la
diplomacia y la seguridad inspirada en políticas sociales, ha sido puesto en
duda en los Estados Unidos y rechazado por la gran mayoría de canadienses y
mexicanos. Bajo esta perspectiva, en vez de analizar las políticas y abrirlas al
debate público, la Casa Blanca lanzó su iniciativa más ambiciosa hasta la fecha:
El Plan México. Sería anunciado en agosto de 2007 durante la reunión del ASPAN
en Montebello, pero es probable que por la presencia de manifestantes el
presidente George W. Bush retrasó la presentación oficial de la Iniciativa
Mérida durante varios meses. Sin embargo, durante las últimas dos reuniones del
ASPAN se ha discutido el Plan México y el Departamento de Estado ha sido claro
sobre esta relación.
Es importante comprender las raíces del Plan México en la agenda de integración
de Washington. El plan tiene implicaciones que van más allá de un programa de
ayuda temporal para luchar contra los cárteles de la droga. Reestructurará los
fundamentos de la cooperación bilateral; se dará atención permanente a los
aspectos militares sobre la tan necesitada asistencia para el desarrollo,
modificación de políticas perjudiciales y acuerdos comerciales. La gran visión
del ASPAN es más que una guerra conjunta contra las drogas, ya que pone los
cimientos de una serie de enfoques fallidos relativos a la migración, la
militarización de las fronteras, la integración económica, los ataques contra
las garantías fundamentales y la intromisión de fuerzas policiales en ámbitos
sociales y en la diplomacia internacional. La saliente administración Bush ha
buscado el apoyo de dos aliados económicamente dependientes para asegurar la
permanencia de sus legados bajo una presidencia demócrata en Estados Unidos. [7]
¿Por qué es malo el Plan México?
El Plan México representa una lógica de confrontación que será criticada en los
siguientes once puntos:
1) El modelo de la "guerra contra las drogas" no funciona.
México tiene serios problemas con el tráfico ilegal de drogas y la violencia
relacionada con el narcotráfico. Y existe más de una solución. La Iniciativa
Mérida parte de una equivocada premisa: la interdicción y las estrategias
policiales evitarán el tráfico de drogas en la frontera. Muchos estudios
demostraron que el tratamiento y la rehabilitación son 20 veces más efectivos
para disminuir el narcotráfico.[8] Pero la Iniciativa Mérida no destina ni un
centavo [9] para tratamiento y rehabilitación en ambos países. Recientemente la
administración Bush redujo el presupuesto para los programas de tratamiento y
prevención, en clara contradicción con el objetivo declarado de reducir el
tráfico binacional de drogas. Este enfoque va en la dirección incorrecta. El
modelo de reducción de la oferta es inefectivo por una sencilla razón: donde hay
un comprador siempre habrá un vendedor. Como se trata de un mercado negro, el
vendedor es miembro del crimen organizado y su propósito es obtener una enorme
ganancia libre de impuestos.
Para el Congreso la experiencia del Plan Colombia revela los abismos existentes
en el Plan México. El Plan Colombia es un paquete de ayuda militar diseñado para
la lucha contra las drogas. Desde su puesta en marcha, en el año 2000, sólo ha
ayudado a consolidar la guerra y la corrupción en este país sudamericano y ha
fallado para reducir los flujos de drogas hacia Estados Unidos.
En siete años del Plan Colombia la Casa Blanca ha gastado cerca de seis mil
millones de dólares supuestamente para librar la guerra contra las drogas; el 76
por ciento se ha ido hacia el ejército colombiano y los resultados son bien
conocidos: Colombia se mantiene como el principal proveedor de cocaína al
mercado estadounidense, el precio del alcaloide ha disminuido y su pureza ha
aumentado. A pesar de múltiples campañas de fumigación devastadoras para el
medio ambiente existen numerosos estudios que demuestran cómo las áreas de
siembra de coca han aumentado o se han mantenido constantes. Ante los decomisos
los cárteles de la droga han empleado equipos más sofisticados y una mejor
organización, así como relaciones cercanas con los cárteles mexicanos. Una ruta
nueva se abre cuando se cierra una usada; nacen nuevos barones de la droga
cuando los viejos líderes son encarcelados o asesinados.
Además de fracasar para detener la producción, el procesamiento y el tráfico de
cocaína, el Plan Colombia se ha traducido en ayuda para el gobierno derechista
colombiano en la guerra contra la insurgencia guerrillera de izquierda. La
participación del gobierno de los Estados Unidos en labores de contrainsurgencia
fue autorizada el año 2003, cuando se amplió la estructura del Plan Colombia y
se permitió el apoyo militar en distintas actividades antinarcóticos, echando
abajo restricciones previas. El periodista Frank Smyth escribió que, como
resultado, en 2001 Colombia había rebasado a El Salvador en la iniciativa de
contrainsurgencia más amplia de Estados Unidos desde la guerra de Viet Nam. [10]
Con la llegada de dinero y armas a las fuerzas armadas colombianas, las
violaciones de los derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y
los asesinatos de civiles han sido tan recurrentes que alarman hasta los
partidarios del Plan Colombia. En una reciente autorización de fondos para el
plan la Cámara de Representantes aprobó reducir la asistencia militar y las
fumigaciones, condicionando los recursos al respeto de los derechos humanos. Los
fondos destinados al gobierno colombiano siguen siendo enormes y esencialmente
militares, y ante el probable fracaso del tratado de libre comercio con este
país, la iniciativa representa un mínimo reconocimiento del Congreso de que el
modelo de la guerra contra el narcotráfico no está dando los resultados
esperados. Un usuario de drogas tiene la misma o mayor posibilidad de obtener
cocaína mucho más barata y potente en las calles de Estados Unidos. [11]
Colombia sigue siendo la primera fuente del alcaloide al mercado estadounidense.
Cerca de 300,000 personas han sido desplazadas de sus comunidades por culpa de
grupos paramilitares responsables del 80% de las violaciones a los derechos
humanos. La nación sudamericana se ha convertido en una sociedad militarizada
atrapada en la violencia destructiva.
Este caso debería ser analizado con detenimiento antes de volver a aplicar un
modelo fallido con serios efectos secundarios para el tejido social de una
nación aliada. Aunque México es un país muy diferente –no sufre guerra civil o
una extendida actividad de la guerrilla- vale la pena considerar las muchas
lecciones del Plan Colombia ante la posible aplicación del Plan México. El
fracaso del modelo de lucha contra el narco en Colombia y Afganistán debería
estimular una actitud cautelosa cuando se intenta aplicar en otros países,
especialmente en uno tan cercano geográfica y económicamente como México.
2) Proveer equipo y recursos a las fuerzas de seguridad mexicanas ante un
escenario de corrupción e impunidad sólo profundizará los problemas, socavará el
papel de la sociedad civil para reformarse a sí misma e inhibirá la construcción
de instituciones democráticas.
Por desgracia, es muy frecuente que las fuerzas de seguridad mexicanas
contribuyan a empeorar el problema que a solucionarlo. El reporte del
Departamento de Estado en el año 2007 sobre violaciones a los derechos humanos
[12] en México afirma, "la corrupción sigue siendo problemática por los muchos
policías involucrados en secuestros, extorsiones, por otorgar protección o
actuar a favor del crimen organizado y los traficantes de drogas. La impunidad
está tan extendida al grado que las víctimas a menudo se niegan a denunciar los
delitos".
Altos mandos de las fuerzas de seguridad mexicanas de todos los niveles
mantienen vínculos estrechos con narcotraficantes y están a su servicio en
varios estados del país. Tradicionalmente el ejército se ha mantenido
independiente de esta dinámica pero su despliegue en el país con motivo de la
guerra contra las drogas lo pone en riesgo de ser penetrado por el narco y
provocar violaciones a los derechos humanos. Desertores de las fuerzas armadas,
alrededor de 17,000 sólo el año pasado, han recibido entrenamiento
antinarcóticos y emplean en estos conocimientos para ayudar a los acaudalados
cárteles de la droga. Los infames Zetas (una red de traficantes integrada por
agentes militares y policiales) son ilustrativos acerca del potencial mortal de
los grupos armados trabajando para los grandes capos.
El equipo militar termina en manos de las organizaciones criminales. La Oficina
para el Control del Tabaco y Armas de Fuego reporta que 90% del armamento
decomisado a la delincuencia mexicana proviene de los Estados Unidos; un gran
número pertenece al ejército de Estados Unidos. [13] El senador Alfonso Sánchez
Anaya informó al congreso mexicano sobre la circulación de quince millones de
armas ilegalmente en México. [14] Mientras que una investigación en Irak reveló
la existencia de miles de armas "perdidas" que se piensa están en manos de la
insurgencia y los delincuentes. El mercado negro armamentista está en pleno
auge. Ante esta situación, es inevitable que el equipamiento estadounidense
termine en malas manos.
El plan busca convertir a la ciudadanía en un protectorado de las fuerzas
armadas, excluyendo programas de prevención comunitaria, de prevención y
tratamiento de adictos, iniciativas de vigilancia vecinal y otras medidas que
estimulan un papel más activo de la sociedad civil. La redefinición de la
criminalidad como una amenaza a la seguridad nacional también se aparta del
dominio de la comunidad.
No se trata de satanizar a las fuerzas armadas, a las policías o al gobierno
mexicano. Muchos individuos honestos y valientes pueden ser encontrados entre
sus filas, y algunos dieron su vida para combatir la corrupción. No obstante, en
algunos hay una mentalidad de golpeteo contra México en vez de serias
preocupaciones por los retos que enfrenta. Tal es el caso de las declaraciones
extremistas del diputado Tom Tancredo, el 8 de noviembre de 2007: "El grado de
corrupción dentro del gobierno y el ejército es tan grande que es difícil
distinguir donde termina el gobierno y donde comienzan los cárteles". La misión
de la política binacional de los Estados Unidos es apoyar medidas efectivas para
eliminar la corrupción y acabar con la impunidad, junto al desarrollo de
mecanismos de cooperación para combatir al crimen transnacional.
Dotar de armas, equipo militar, capacidad de espionaje, vigilancia y
entrenamiento a las fuerzas de seguridad con un amplio historial de abusos,
refrendados por el sistema judicial que se ha negado o no ha podido
investigarlos, equivale a rociar gasolina sobre las llamas. Ignorar las causas
primigenias de la actividad criminal y la demanda del mercado podría hacer que
la ayuda militar fortalezca a la delincuencia y alimente a la corrupción.
3) El Plan México fomenta la militarización de la sociedad mexicana con escasos
controles legales o sociales.
El modelo para enfrentar el tráfico, la venta y el consumo de drogas con medios
militares agrava la violencia y debilita las instituciones democráticas. En
países donde estas son débiles se podría obstaculizar la transición hacia la
democracia.
La ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise
Arbour, advirtió acerca de la actuación del ejército en las calles durante su
última visita a México. "Entiendo que haya algunos que afirmen en ocasiones
especiales la necesidad de recurrir a una fuerza más poderosa como el ejército,
pero me parece que a largo plazo es muy peligroso", comentó la funcionaria a la
cadena Televisa. "El ejército no debe de hacer el trabajo de la policía". [15]
El general José Francisco Gallardo, especialista constitucional encarcelado por
sus denuncias y activista a favor de mayores garantías al respeto de los
derechos humanos de las fuerzas castrenses, declaró, "lo que debería hacerse
aquí es organizar una policía federal que lleve a cabo esas funciones y no
dependa de los militares… la presencia de la Armada en asuntos que no están bajo
su jurisdicción relega las facultades constitucionales de la autoridad federal,
estatal y municipal, y va en contra del artículo 21 de la Constitución". [16]
Cuando se le preguntó si la estrategia de Calderón para militarizar la guerra
contra las drogas podría provocar el regreso de la "guerra sucia" de los
setentas, Gallardo (de joven soldado fue de los pocos miembros de las fuerzas
armadas protestó por las torturas y los asesinatos comunes en dicho período) le
dijo a esta reportera, "ya estamos experimentando un regreso a la guerra
sucia".[17] Citó la práctica generalizada de torturas y detenciones arbitrarias
como pruebas de la violación sistemática de los derechos humanos en el México
contemporáneo.
En 2007 un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [18]
recomendó el retiro gradual del ejército de la guerra contra el narco.
Militarizar a la sociedad con la participación del ejército en actividades que
extralimitan su mandato constitucional es una amenaza para la democracia. Es
bien sabido que en Latinoamérica la militarización provocada por la Guerra Fría,
así como sus efectos sobre la sociedad y la ideología, abrió camino a las
dictaduras militares asesinas de civiles y retrasó el proceso democratizador
durante décadas. Una consecuencia de la participación de los militares en
asuntos de seguridad pública es la emergencia de fuerzas paramilitares como
sucedió en Colombia. En México los grupos paramilitares atacan las comunidades
zapatistas en el sureño estado de Chiapas. [19] Desde el año 2006 estas
organizaciones han sido usadas en el estado de Oaxaca para reprimir los
movimientos sociales e indígenas. Es muy probable que ante una mayor
involucramiento de los militares en la sociedad mexicana se estimule la
actividad de estos grupos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos niegan con diligencia que el plan
autorice el despliegue de tropas estadunidenses en suelo mexicano. Una
diferencia importante entre la versión doméstica de la guerra contra las drogas
y la aplicada por la Casa Blanca en otros países ha sido el uso del ejército. En
los inicios del modelo de guerra contra el narco se presentaron ciertas
condiciones que descartaron el empleo de las fuerzas armadas: un excesivo
despliegue militar en Viet Nam, el impopular sistema de reclutamiento
obligatorio, las adicciones entre las tropas y limitaciones constitucionales. La
versión de exportación incluye tanto al ejército estadounidense como al de cada
país; el Plan Colombia permitió el la participación de soldados norteamericanos
en suelo colombiano, pero el Congreso ha restringido su número. En los últimos
años se presentó un desgaste militar parecido al de Viet Nam debido a la guerra
en Irak, lo que ha impuesto restricciones a la utilización de soldados
estadounidenses. No obstante, el despliegue de estos contingentes no puede ser
la única medida para militarizar o para evaluar la iniciativa de cooperación y
seguridad regional. La guerra contra las drogas en Latinoamérica ha sido librada
por mercenarios de la iniciativa privada o por ejércitos nacionales entrenados
por las instituciones castrenses de Washington. Por estas razones el Plan México
sigue esta estrategia para no despertar los sentimientos de irritación de los
mexicanos por una invasión a su soberanía. La actuación del ejército nacional
podría ser más peligrosa para los ciudadanos que la presencia de tropas
extranjeras en su territorio si se capacita a los militares para pelear dentro
de sus propias fronteras o si se envían compañías privadas como Blackwater.
Para colmo, no existen mecanismos de rendición de cuentas. Sin sistemas de pesos
y contrapesos el Plan México podría contribuir a la creación de un estado
policial en nuestro vecino país; un riesgo especialmente para las mujeres. Las
fuerzas de seguridad mexicanas han participado en casos de violaciones y
agresiones sexuales en Atenco, Oaxaca, Veracruz y Coahuila.
4) La iniciativa expande los poderes del presidente en México alterando un
delicado equilibrio de poderes. El modelo de la guerra contra las drogas siempre
ha pretendido lograr un objetivo silencioso: fortalecer al poder ejecutivo sin
contrapesos efectivos o sin transparencia informativa, despojando facultades de
otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos. [20]
Desde su controvertida elección por menos de un punto porcentual en las
elecciones de 2006 y acusaciones de irregularidades reconocidas de forma parcial
por la autoridad electoral, el presidente Felipe Calderón enfrenta el reto de
consolidar su mandato. Las políticas de los Estados Unidos deberían favorecer
procesos de reconciliación política y no la dependencia en las fuerzas armadas
para magnificar los poderes presidenciales. Cuando Calderón tomó posesión
construyó con celeridad una imagen de fortaleza mediante el uso de las armas.
Ordenó el despliegue de 24,000 tropas del ejército mexicano en ciudades y
pueblos y formó un cuerpo de fuerzas especiales bajo su mando. El mensaje de una
presidencia débil reforzada con una fuerte alianza con los militares sigue
resonando en la ciudadanía mexicana. Mientras unos piensan que es la única forma
para ataca la inseguridad pública, otros han criticado [21] el trasfondo
represivo, el peligro de volver al presidencialismo, más violaciones a los
derechos humanos y amenazas contra las instituciones democráticas civiles.
Para la administración Bush el modelo de la guerra contra las drogas es útil
para asegurar las políticas económicas a favor de las corporaciones y fortalecer
la influencia militar en la región. Cuando Estados Unidos exporta la guerra
contra el narcotráfico esta se vuelve una herramienta poderosa para intervenir y
presionar a otras naciones para adoptar los objetivos de seguridad nacional
estadounidenses. Este policía global apuntala la dependencia en el ejército de
las barras y las estrellas, en los servicios de inteligencia, militarizando la
diplomacia. El Pentágono encabeza la política exterior y marca su distancia del
derecho internacional y la diplomacia.
5) La guerra contra las drogas es un modelo que invariablemente se extiende a
reprimir la oposición política en los países en que ha sido aplicada; borra las
líneas divisorias entre la lucha contra el narco, el terrorismo y los opositores
políticos. Un informe del año 2004 concluye que, "muy a menudo en Latinoamérica,
cuando los ejércitos centran su atención sobre los enemigos internos, la
definición de éste incluye a los rivales políticos del régimen en el poder, aún
aquellos que trabajan dentro del sistema político como activistas, periodistas
independientes, sindicalistas o líderes de la oposición".[22]
La persecución de la disidencia ha sido rigurosamente documentada durante muchas
décadas de la historia mexicana hasta estos días. La Comisión Civil
Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) redactó en sus
conclusiones preliminares, después de una visita a México en febrero de 2008:
"Se han presentado un amplio número de detenciones arbitrarias contra
integrantes de movimientos sociales; en ocasiones han sido arrestados sus
familiares por su relación de parentesco. Las torturas y las lesiones físicas
son comunes para quienes fueron consignados. A menudo se emplean pruebas falsas
para justificar las detenciones…" [23]
Los periodistas que reportan sobre la violencia relacionada con el Estado o con
los cárteles de la droga también han sido víctimas del silenciamiento selectivo.
El Comité para la Protección de Periodistas colocó a México en el décimo lugar
mundial del "índice de impunidad". Colombia, después de una década aplicar
gustosa las recetas dictadas por el Plan Colombia para imponer la ley, ocupa el
cuarto lugar en el índice de asesinatos impunes de periodistas. [24]
6) La Iniciativa Mérida copia descaradamente el modelo contraterrorista de Bush
y pone en serio riesgo las instituciones democráticas y los derechos humanos de
México, donde el riesgo del terrorismo internacional es casi inexistente.
Las medidas contraterroristas incluidas en el Plan México ignoran el hecho de
que las amenazas para ese país y las enfrentadas por Estados Unidos no son del
mismo tamaño ni de la misma naturaleza. Tampoco son parecidos los ambientes
políticos. México aún se encuentra saliendo de un dominio autoritario con muchas
instituciones y prácticas antidemocráticas y con mayores señales de volver a la
impunidad y al dominio de los líderes políticos.
Obligar a México a adoptar medidas urgentes contra el terrorismo tales como el
espionaje interno, la intercepción de líneas telefónicas o los cateos sin orden
judicial propuestos en la ley "Ley Gestapo" (como es conocida por los medios de
comunicación mexicanos) por el gobierno de Calderón, y cuyas disposiciones
fueron retiradas en parte por la presión del público, así como la equiparación
de la protesta social con las actividades delincuenciales, podría socavar las
frágiles garantías individuales y las instituciones democráticas. La Iniciativa
Mérida incluye fondos para la adquisición de sistemas de espionaje dirigidos
contra los ciudadanos, así como equipos de vigilancia. Las reformas dictadas
bajo lineamientos del ASPAN autorizan los arraigos judiciales y otras medidas
violatorias de derechos, pero comunes en los Estados Unidos bajo la Ley
Patriota.
Desde que el gobierno estadounidense define al "terrorismo" de forma tan amplia
y ambigua, el modelo contraterrorista provocó la modificación de metas militares
y las agresiones contra disidentes. La iniciativa para la seguridad y la
cooperación regional representa un escalón más a favor de ese proceso.
7) La Iniciativa Mérida intensifica las tensiones fronterizas ya que ve a la
inmigración a través de un lente militar donde el terrorismo y el crimen
organizado son lo mismo.
Incluir términos como "seguridad fronteriza" y enfocarse especialmente sobre
"los flujos de bienes y personas ilícitas", la iniciativa equipara a los
trabajadores inmigrantes con el contrabando ilegal y las amenazas terroristas.
Con esto se ignoran las causas principales de la migración de mexicanos hacia el
norte y la genuina demanda de mano obra indocumentada en Estados Unidos. [25]
La Declaración Conjunta de la Iniciativa Mérida[26] establece, "nuestra meta
compartida es maximizar la efectividad de nuestros esfuerzos para pelear en
contra de las organizaciones criminales. También para interrumpir el tráfico de
drogas (incluyendo los precursores químicos), el mercado negro de armas, las
actividades financieras irregulares, el contrabando de armas y de personas".
Los millones de dólares asignados al Instituto Nacional de Migración tienen como
objetivo reforzar la frontera sur de México mediante el uso de tecnología
biométrica y un programa de trabajadores huéspedes guatemaltecos. La nación
azteca, famosa por ofrecer refugio a centroamericanos incorporándolos a su
sociedad, modificó este historial por las presiones del gobierno estadounidense
para interceptar a los migrantes de Centro América y evitar su llegada a la
frontera norte.
El Plan México continúa dentro de ese proceso aumentando la participación de
mexicanos en la detención de sus propios emigrantes en los estados norteños.
Colocar la migración ilegal en la misma canasta de las amenazas terroristas ha
sido útil para hacer avanzar la estrategia de Washington para militarizar la
frontera sur. La región de ambos países es todo un caso de estudio para entender
cómo los programas de lucha antiterrorista provocan la militarización de la vida
pública, la pérdida de soberanía, la violación de derechos humanos y hasta la
muerte de quienes buscan una mejor vida en otro país. Es una cruel ironía que
los trabajadores mexicanos desempleados por el Tratado de Libre Comercio sean
catalogados como delincuentes por su propio gobierno.
El problema de la migración ilegal nunca podrá ser resuelto dentro de este
paradigma. Los gastos que representa, la pérdida de mano de obra en las ciudades
y una mayor violencia erosionan a las comunidades y golpea las economías
locales, especialmente en la frontera.
Una política ideal aceptaría la emigración como resultado de la integración
económica y promovería programas de intercambio comercial, inversión y
desarrollo comunitario en ambos países. La generación de empleos, la
construcción de infraestructura, los programas dirigidos a regular los flujos
migratorios y la prevención de conflictos podrían hacer mucho más por mejorar la
seguridad fronteriza a corto y a largo plazo.
8) La reforma al sistema judicial y penal mexicano requiere de voluntad
política, no recursos de los contribuyentes de Estados Unidos
Los 112 millones de dólares asignados por la Iniciativa Mérida para el 2008 bajo
el rubro "estado de derecho" a la Procuraduría General de la República y otras
dependencias de seguridad pública sólo serán invertidos en tecnologías
informativas para centralizar la recolección de datos, construir laboratorios
forenses y capacitar al personal del poder judicial. Aunque algunos ven esta
sección como la parte "suave" de la iniciativa estos programas provocan serios
cuestionamientos a su eficacia y a su conveniencia.
En primer lugar, lo que necesita México para promover el "imperio de la ley" es
voluntad política –no recursos económicos– para hacer funcionar la reforma. Un
ejemplo: El asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez es un caso conocido
internacionalmente y para ser solucionado recibió millones de dólares del
gobierno mexicano e instituciones extranjeras. Se formaron y desintegraron
numerosas comisiones de investigación para resolver los crímenes sin obtener
resultados.[27] Un modernísimo equipo forense fue llamado a estudiar la
evidencia que no había sido destruida y redactó un reporte; concluyó la
investigación pero el documento no fue publicado. Activistas por los derechos
humanos involucrados en los casos creen en la posibilidad de implicar a
individuos económica y políticamente poderosos.
En segundo lugar, las leyes y el sistema legal mexicano no son como el sistema
estadounidense; aunque hay algunas instituciones de seguridad pública con
acuerdos vigentes en materias de capacitación y cooperación, el gran plan de los
Estados Unidos es instruir y reformar el sistema legal mexicano. Esto es visto
como una intervención perjudicial para muchos juristas mexicanos. Los jueces de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras cortes menores han declarado
sus objeciones en público a los fondos estadounidenses para el sistema judicial.
Durante años los miembros de este poder han resistido los intentos de
instituciones financieras internacionales para imponer programas de gobierno que
obligan a reformar el sistema de justicia; no porque el país no requiera mejorar
en esta área (de hecho su desempeño es bastante malo) sino porque sólo México
puede reconstruirlo. El Plan México rompería con esa resistencia y obligaría a
la ejecución de planes y entrenamiento diseñados por Estados Unidos tanto en el
rubro penal como en el carcelario.
El gobierno estadounidense se beneficiaría mejorando su sistema legal por medio
de una empresa conjunta para controlar tanto el narcotráfico como el crimen
organizado. El hecho de que Estados Unidos sea el mercado más grande de drogas
ilícitas nos da indicios de los resultados sombríos en el control de la venta,
distribución y consumo de estas sustancias. Peor aún, es una realidad que penas
como la prisión obligatoria por delitos relacionados con drogas son
discriminatorias para grupos raciales y económicos: la comunidad afroamericana
representa el 13% de los consumidores pero el 59% de los sentenciados.[28] Estas
sentencias, aplicadas a los adictos y no a los distribuidores o a los líderes de
los cárteles han originado una sobrepoblación carcelaria. A pesar de que este
método no sea el más efectivo para enfrentar la problemática, el sistema de
prisiones privatizadas en este país estimula los incentivos comerciales para
encarcelar usuarios inocentes y migrantes ilegales… dos grupos contemplados por
la Iniciativa Mérida. Como consecuencia se desvían recursos y esfuerzos para
perseguir a los líderes delincuenciales y podría causar violentos disturbios en
el ya de por sí sobrepoblado sistema penitenciario de México.
9) La Iniciativa Mérida no se traduce en una genuina representación bilateral
Varios miembros del Congreso han impulsado la Iniciativa Mérida como un paso sin
precedentes hacia la cooperación bilateral. Argumentan que el gobierno
estadounidense reconoce implícitamente su responsabilidad por el tráfico
transnacional de drogas al ofrecerle el paquete asistencial a México para
combatir la ola delictiva.
De hecho, el plan pone toda la responsabilidad de la guerra contra el narco
sobre México y no establece medidas a tomar por Estados Unidos para reducir el
mercado, mejorar los sistemas de control aduanales en su frontera con Canadá,
disminuir la venta y la distribución de sustancias ilícitas, eliminar el tráfico
ilegal de armas y castigar el lavado de dinero: todos estos son problemas bien
identificados en la Unión Americana.
Aunque el presidente Calderón ha declarado que la medida es un ejemplo de la
voluntad del gobierno estadounidense para asumir su papel en la lucha contra el
tráfico de drogas y enfrentar el auge de las organizaciones criminales, la mayor
parte del presupuesto de la iniciativa jamás llegará a México. 40% de los
recursos serán gastados en helicópteros militares y estrategias de vigilancia
interna; el resto del paquete económico acabará en manos de los empresarios
armamentistas y compañías informáticas en equipos de inteligencia, programas
computacionales y entrenamiento. Algunas personas critican el Plan porque los
recursos son destinados a un México que "no se lo merece" y la estrategia podría
convertirse en otro barril sin fondo para beneficiar a las corporaciones
bélicas.
10) Amenaza a la soberanía mexicana
El Plan México contempla la capacitación de la policía mexicana y las fuerzas
armadas empleando técnicas, tecnología y prioridades estadounidenses. Pocas
naciones aceptarían este acuerdo en un área tan crítica como la seguridad
nacional. A medida que se expande la red de agentes antinarcóticos y fronterizos
en México, la habilidad del país para aplicar políticas inspiradas en
necesidades y prioridades internas disminuye proporcionalmente. Los mexicanos
siempre han sido celosos de su soberanía y a menudo el gobierno de Estados
Unidos califica la reticencia de su vecino para involucrarse en acciones
militares y policiales como si se tratara de una remembranza hipernacionalista
del pasado, pero la nación Azteca siempre ha sido neutra en su política
exterior, además que la opinión pública ve con escepticismo las políticas del
norte, en especial después de la invasión a Irak. La mayoría de la población
prefiere cierto grado de autonomía de las estrategias de seguridad extranjeras.
La sociedad estadounidense rechazaría el Plan México si se invirtieran los
papeles. Imaginemos la noticia aparecida en los periódicos matutinos:
"El Plan Estados Unidos, solventado por el gobierno mexicano, colocará agentes
antidrogas mexicanos en las oficinas aduanales fronterizas y en puntos clave del
interior del país, incluidos Laredo, Kansas City, Miami y Nueva York. Un nuevo
sistema de intercepción de comunicaciones producido por Spy-Mex y supervisado
por funcionarios de inteligencia mexicanos será empleado para monitorear las
conversaciones privadas de ciudadanos estadounidenses sospechosos de participar
en el crimen organizado. Mientras tanto, aviones de origen mexicano sobrevolarán
comunidades localizadas en las rutas de trasiego de drogas. Recientemente el
ejército fue desplegado en todas las ciudades del país para librar la guerra
contra el narcotráfico; recibirá armamento y capacitación de México".
Diarios y blogs estallarían denunciando la reconquista mexicana y una afrenta
contra la soberanía estadounidense. La misma situación se presenta en México.
Cuando la secretaria de relaciones exteriores, Patricia Espinosa, rindió
testimonio ante el Senado mexicano, hizo hincapié en actividades para "detectar
terroristas[29] que podrían atacar a nuestro vecino". Sus comentarios fueron
objeto de reacciones aireadas de los legisladores, demostrando que los Estados
Unidos busca imponer su agenda de lucha contra el terrorismo.
La presencia de tropas estadounidenses en México ha sido descartada, pero la
sociedad civil parece reaccionar negativamente ante una intromisión excesiva de
la Casa Blanca, mientras que la capacitación impartida por el ejército ha
provocado preocupaciones en ambos lados de la frontera.
La participación de contratistas privados en la implementación del paquete sigue
poco clara y provoca serias dudas. Una fuente consultada asegura que Blackwater
podría ser la mayor beneficiaria, a pesar de una cuestionada reputación
provocada por el asesinato de civiles iraquíes. La corrupción originada por los
contratos relacionados con el entrenamiento y en la adquisición de equipos sigue
presentándose en Irak.[30]
A la Iniciativa tampoco le ayudó ser anexada a la solicitud de fondos
adicionales para Irak. Cualquier relación entre el Plan México y la doctrina de
seguridad de Bush aplicada en Irak provoca la sospecha entre los políticos y el
público mexicano.
11) El Plan vislumbra una estrategia geopolítica divisiva
Para la administración Bush el Plan México juega un papel especial en su
estrategia geopolítica hemisférica. México es uno de los dos gobiernos de
ultraderecha que restan en el continente. El otro país, Colombia, ha recibido
miles de millones de dólares de ayuda militar y fue uno de los pioneros de la
guerra contra las drogas ampliada a una extensiva alianza militar. La
insistencia del presidente Bush de presionar a los demócratas para aprobar el
Tratado de Libre Comercio durante la Reunión Trilateral Norteamericana,
celebrada en Nuevo Orleáns, dejó en claro los objetivos geopolíticos deparados
para Latinoamérica. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush este tipo de
alianza hace necesario la adhesión a las premisas de dicha estrategia, como los
ataques preventivos, la acción unilateral y el desprecio por el derecho
internacional.
La administración Bush ha desarrollado una política de "están con nosotros o
están en nuestra contra" hacia sus vecinos de Latinoamérica. Hasta cierto punto
considera la ola de gobiernos de centroizquierda (Brasil, Argentina, Uruguay,
Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay) como una amenaza a sus
intereses estratégicos. Cualquier intento por modificar las economías de
mercado, aumentar la participación del Estado en la redistribución de riqueza,
el control público de los recursos naturales y servicios básicos y las reformas
constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas son
tomadas como una afrenta a los intereses estadounidenses.
La administración Bush y los centros de pensamiento conservador han desarrollado
una estrategia explícita y una política de seguridad hemisférica en armonía con
la dominación de Estados Unidos. Thomas Donnelly, del American Enterprise
Institute califica al hemisferio occidental como "la tercera frontera de
América"[31] y argumenta que la "hegemonía de América en el hemisferio es
crucial para la seguridad nacional estadounidense."
Hace poco Stephen Jonson,[32] secretario general adjunto para asuntos del
hemisferio occidental en el Departamento de Defensa hizo una conexión entre el
Plan México y los esfuerzos de Washington por recuperar su influencia ante una
realidad geopolítica indomable: "Aunque puedan existir muchas voces pidan un
mayor acercamiento con los Estados Unidos, existen estados desafiantes como
Venezuela, Cuba y hasta cierto punto Bolivia y Ecuador. Hasta el momento
Venezuela y Cuba son claramente hostiles hacia Estados Unidos, la democracia
occidental, los mercados y están tratando de ejercer un contrapeso a nuestra
influencia. Nuestro reto no es confrontarlos directamente sino trabajar mejor
con nuestros aliados democráticos y con nuestros vecinos amistosos".
El Plan México es visto como una oportunidad histórica para que Estados Unidos
gane mayor autoridad ante su vecino del sur y lo utilice como plataforma en la
batalla ideológica contra Venezuela, Cuba et al. Esta es una estrategia
peligrosa y mal pensada para desarrollar relaciones internacionales en la
región, donde el respeto mutuo y la autonomía deberían ser los principios
rectores de una paz duradera. También pone en riesgo las relaciones de México
con sus vecinos del sur.
Las fuertes relaciones internacionales deben basarse en mecanismos de
cooperación entre naciones cuyas políticas de seguridad nacional estén definidas
por sus necesidades. Lo que tiene preocupados a los legisladores y a la sociedad
civil en ambos lados de la frontera es el alcance del Plan México para
reformular la relación bilateral y crear un "nuevo paradigma de la cooperación y
la seguridad", como es calificada por la administración Bush.
Oposición al Plan México
A pesar de faltar información pública muchas organizaciones se han opuesto en
contra de la Iniciativa Mérida. Una de las críticas más severas y frecuentes,
además de las referidas sobre la eficacia del modelo contra el narcotráfico,
tiene relación con los pobres antecedentes en la defensa los derechos humanos y
la corrupción de las fuerzas de seguridad mexicanas, receptoras directas de los
fondos. Numerosas organizaciones de derechos humanos en los dos países se han
opuesto al plan por la existencia de claras violaciones a las garantías
fundamentales que nunca han sido investigadas o sancionadas en México. Existen
varios ejemplos para ilustrar sus preocupaciones:
1. En una carta fechada el 30 de abril de 2008 y dirigida a William Delahunt del
Subcomité de Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión de la
Cámara de Representantes, el organismo gremial AFL-CIO declaró su oposición a la
Iniciativa Mérida por la "sistemática y a menudo agresivas violaciones a los
derechos laborales básicos", citando dos casos específicos. Primero, el
asesinato del líder campesino perteneciente al Foro Laboral Obrero Campesino en
México, Santiago Rafael Cruz. Las autoridades no dieron seguimiento a evidencias
que indicaban vínculos entre las actividades sindicales y su asesinato. Segundo,
"un ataque a gran escala en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros" por la administración Calderón y la compañía minera Grupo México, donde
tres sindicalistas fueron asesinados y las autoridades no llevaron acabo ninguna
investigación o detención. Se omitieron las indagatorias sobre la
responsabilidad de la compañía en la muerte de 65 mineros víctimas de una
explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006.[33]
La carta declara que "sin mejoras concretas y significativas a los mecanismos
institucionales para erradicar a los criminales, en la capacitación de
instituciones de justicia sobre derechos humanos y supervisión ciudadana, es
probable que los fondos adicionales empeoren la corrupción y la violencia".
2. Las protestas ciudadanas del año 2006 -que convocaron a maestros
sindicalizados, estudiantes, indígenas y desposeídos- en el sureño estado de
Oaxaca, reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado y la federación. Los
grupos paramilitares y francotiradores a sueldo también participaron en un
esfuerzo orquestado para derrotar al movimiento que solicitaba la destitución
del gobernador del estado, Ulises Ruiz, acusado por fraude y hechos violentos, y
la mejora en las condiciones laborales de los docentes en las comunidades donde
laboran. Organizaciones en defensa de los derechos humanos documentaron la
muerte de 23 personas y numerosos casos de abusos, torturas, detenciones
arbitrarias y procesos penales infundados. Los asesinatos de líderes del
movimiento siguen hasta estas fechas y el conteo de bajas es de 62 personas,
según reportes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los
Derechos Humanos.[34] Entre los muertos se encontraba el periodista de origen
estadounidense Brad Will que filmó a sus verdugos antes de morir. Estas
evidencias no fueron suficientes para convencer al estado de Oaxaca e iniciar
una investigación seria, tampoco sirvieron para procesar a los autores
materiales de estos delitos. Finalmente la Procuraduría General de la República
cerró el caso. Varios organismos de Estados Unidos se oponen a que las fuerzas
de seguridad mexicanas sean beneficiadas con recursos monetarios citando este
caso sin resolver.
Entre otros hechos de alto perfil es posible incluir los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez; los homicidios, torturas y violaciones contra manifestantes
bajo custodia policial en la comunidad de San Salvador Atenco,[35] Estado de
México, en mayo de 2006; la periodista Lydia Cacho, arrestada y amenazada por
redactar un libro revelador sobre el papel de empresarios y políticos en un
círculo pederasta.
Desde que fue despachada a enfrentar la guerra contra las drogas, el ejército
mexicano ha acumulado un alarmante número de quejas por la violación de
garantías fundamentales, incluyendo incidentes fatales en retenes, violaciones
sexuales y abuso de autoridad. El Reporte 2007 de los Derechos Humanos en México
redactado por el Departamento de Estado [36] denuncia "ejecuciones por elementos
policiacos; secuestros hechos por estos agentes; abusos físicos; condiciones
deplorables y miserables en las prisiones; detenciones y arrestos arbitrarios;
corrupción, ineficiencia y opacidad en el sistema judicial; confesiones
obtenidas por medio de agresiones físicas y admitidas como pruebas en los
juicios;… corrupción en todos los niveles de gobierno; …violencia, incluido
asesinatos contra mujeres…".
En febrero y marzo de 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación por
los Derechos Humanos investigó la situación de las violaciones a las garantías
fundamentales en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y en la comunidad
campesina de San Salvador Atenco. La comisión llevo a cabo 650 entrevistas con
las víctimas de los abusos y concluyó: "Los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas
ejemplifican una situación más general, caracterizada por un patrón de
comportamiento continuado y común a las distintas autoridades federales,
estatales, y en algunos casos municipales. Dicho modelo de actuación puede ser
entendido como una auténtica política de Estado".
El argumento de los grupos opositores al Plan México no es que este país no
merezca el paquete asistencial ante el deplorable estado del sistema judicial y
de procuración de justicia, como si se tratara de una recompensa por el buen o
mal comportamiento. El problema es el tipo de ayuda concebida en el plan.
Apoderar y enriquecer a las instituciones corruptas y abusivas antes de
reformarlas dará más poder a los abusadores; profundizará y consolidará la
corrupción.
Una de las organizaciones más respetadas de derechos humanos, el Centro Miguel
Agustín Pro Juárez, afirma "la Iniciativa Mérida está caracterizada por la
inexistencia de una visión de los derechos humanos; es un enfoque de seguridad
nacional que confunde la seguridad de los Estados con la seguridad de los seres
humanos… ya es hora de que la comunidad internacional deje de apoyar políticas
de cortas miras como esta".
La necesidad de un plan diferente
México se encuentra en una disyuntiva crítica: Sus débiles instituciones
democráticas han sido sacudidas y desacreditadas por una inadecuada respuesta a
la polarización electoral y a una amplia desigualdad social que destina a
millones a vivir en la pobreza o a emigrar. Los abusos contra los derechos
humanos seguirán caracterizando a gran parte de las agencias de seguridad
pública. El sistema de justicia seguirá vinculado intereses poderosos al no ser
independiente de los gobiernos estatales y la federación. Los mexicanos pueden
afrontar el reto de fortalecer las instituciones democráticas o pueden caer de
lleno en el dominio de la fuerza y el autoritarismo. La Iniciativa Mérida podría
convertirse en un retroceso potencialmente devastador.
A pesar de la grave condición enfrentada por este país aún se requiere un
diagnóstico cuidadoso de la situación, ya que se enfrenta con un problema real:
la fortaleza de los cárteles de la droga en México y los Estados Unidos. En ese
sentido el plan propone soluciones que repiten la lógica de la fuerza y el
control patriarcal en el cual confían los cárteles. Luego aplica estas
soluciones tanto a una batalla sangrienta contra los narcotraficantes como a
riesgos complejos de seguridad enraizados profundamente en la sociedad mexicana.
Antes de poner al ejército en las calles, con todas las consecuencias legales,
políticas y prácticas que lleva implícito, el dramático incremento en el consumo
de drogas debería ser tratado como una epidemia de salud pública y atendida con
la educación, opciones para los jóvenes y programas de rehabilitación.
La guerra contra las drogas de Calderón establece la construcción de centros de
tratamiento pero el Plan México centra sus acciones en la oferta y en la
criminalización. El principal resultado hasta el momento es la violencia
desatada en casi todas las regiones del país. La muerte, captura o extradición
de los capos provocó una serie de confrontaciones armadas por el poder y nuevas
guerra territoriales. Mientras tanto, no queda claro si el precio y la
disponibilidad de las drogas ilegales fueron afectados en los mercados
estadounidenses y mexicanos.
Tanto Estados Unidos como México deben oponerse a las políticas con focalizada
en solucionar militarmente la adicción compartida a las drogas. Irónicamente, la
única parte efectiva del programa antidroga del presidente Richard Nixon –la
expansión de servicios de rehabilitación– ha sido la medida menos imitada. Los
fuertes brazos de los policías-militares y la "guerra contra las drogas" no sólo
han fracasado sino que son una amenaza a los valores sociales que pretende
defender. La prioridad debería ser el desarrollo de planes nacionales y
mecanismos de coordinación bilateral funcionales, cuyos efectos secundarios
(como la militarización, los abusos contra los derechos humanos y la
sofisticación de los criminales) no cancelen los efectos positivos. Si algo
sabemos sobre escalar un conflicto es que no importa a qué lado armemos; las
armas terminarán en ambos lados y la violencia se disparará.
La gran visión de la Iniciativa Mérida refleja el enfoque policiaco-militar de
la administración Bush respecto a los temas de seguridad internacional, en el
momento preciso en que las estrategias han tocado el fondo de la popularidad en
los Estados Unidos. Cualquier administración entrante debe tener la libertad de
desarrollar nuevas y más efectivas políticas para uno de sus vecinos más
cercanos en vez de cerrarse dentro de políticas fallidas e impopulares de la
administración saliente.
Muchas organizaciones por los derechos humanos de México y los Estados Unidos ya
han declarado su oposición a la Iniciativa Mérida, incluyendo el AFL-CIO,
organización sindical estadounidense con más de diez millones de afiliados.
Ahora la iniciativa pasa a un comité conjunto conformado por miembros del Senado
y de la Cámara de Representantes. Aún existe la posibilidad de exigir una
revisión más crítica y más cuidadosa del Plan México. En lugar de aplicar la
fracasada política exterior de Bush en las relaciones con nuestro vecino al sur,
un plan binacional efectivo debe enfrentar las causas primigenias de los
problemas, desarrollar mecanismos de coordinación basados en el respecto mutuo,
y a asumir plenamente las responsabilidades de Estados Unidos en su propio
territorio.
[1] Available at http://americas.irc-online.org/am/5118
[2] See Carlsen, Laura "Plan Mexico" FPIF http://www.fpif.org/fpiftxt/4684
[3] See Laura Carlsen, "Deep Integration: The Anti-Democratic Expansion of
NAFTA" http://americas.irc-online.org/am/4276
[4] See http://americas.irc-online.org/am/5178 for an analysis of this meeting.
[5] "National Security Strategy Sept. 2002" http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
[6] Thomas Shannon, Speech to the Council on the Americas, April 3, 2008.
[7] Shannon stated this explicitly in the above speech: "Both Canada and Mexico
have gone through political transitions and maintained a commitment to the
Security and Prosperity Partnership. We are the only country that has not gone
through a political transition yet, but we will shortly. The hope of President
Bush is that with this meeting in New Orleans, which will be the fourth meeting
of the SPP at a leaders level, that this will effectively institutionalize a U.S.
commitment."
[8] Rydell & Evering, "Controlling Cocaine, Prepared for the Office of National
Drug Control Policy and the United States Army", (Santa Monica, Rand Corporation
Study 1994, summary available online at http://www.mindfully.org/Reform/Cocaine-Supply-Demand1994.htm
[9] The initiative includes $30 million dollars to the Secretary of Health to
establish a central intelligence computer system for national drug treatment
centers. None of this money goes to patients or to expand services.
[10] Smyth, Frank. "Drug War Blues". 2001: $1.3 billion in military aid that the
United States is now providing to Colombia. This latest package has led the
Andean nation to surpass El Salvador as the site of the largest U.S.-backed
counter-insurgency effort since the Vietnam War."
[11] CIP Colombia Program
[12] On-line at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100646.htm
[13] Cited in James Verini
[14] "Detalla la PGR lista de armas decomisadas", Andrea Becerril, La Jornada,
Mar. 19, 2008
[15] As reported by Reuters, Feb.5, 2008
[16] Interview with Blanche Petrich, La Jornada, July 30, 2007 http://www.jornada.unam.mx/2007/07/30/index.php?section=politica&article=005e1pol
[17] Author’s interview with General José Francisco Gallardo, April 9. 2008
[18] Cited in a similar position of the Miguel Pro Human Rights Center http://centroprodh.org.mx/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=60
[19] See the recent report by the International Civil Commission on Human Rights
at http://cciodh.pangea.org/?q=es/node/207
[20] Laura Carlsen, "Militarizing Mexico: The New War on Drugs," (Washington,
DC: Foreign Policy In Focus July 12, 2007), http://www.fpif.org/fpiftxt/4373
[21] Andrea Becerril and Víctor Ballinas, "Inconstitucional, cuerpo de elite
para tareas policiacas: González Garza" La Jornada, October 5, 2007, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/05/10/inconstitucional-cuerpo-de-elite-para-tareas-policiacas-gonzalez-garza
[22] See the excellent 2004 report by the Latin American Working Group, the
Center for International Policy and the Washington Office on Latin Amerian "Blurring
the Lines: Trends in U.S. Military Programs in Latin America" http://ciponline.org/facts/0410btl.pdf
[23] The author Laura Carlsen formed part of the Sixth Visit of the
International Civil Commission on Human rights in Mexico. The preliminary
conclusions in English are available online at http://cciodh.pangea.org/?q=es/taxonomy_menu/3/116
[24] CPJ, online at http://www.cpj.org/impunityindex/index.html
[25] Note the following clauses (italics mine): Group 1:1: "These aircraft [2
Cessna Citation, cost: $2,800,000 with training, upgrades and monitoring] are
mission-critical to Mexico’s interception of aerial trafficking and to reducing
the flows of drugs, arms or other illicit cargo across our shared border" (immigrants
are clearly identified as illicit cargo in the initiative); $104,000,000 for 8
Bell helicopters, with training, maintenance, parts and night vision equipment,
"will improve SEDENA’s ability to quickly deploy rapid reaction forces, which is
essential for the successful interdiction of drugs arms and persons."
$91,757,0000 to Mexican Migration Institute (INAMI) for IT equipment "to track
all persons entering and exiting Mexico as well as internal INAMI checkpoints…
It will also be used to track the entries and exits of repatriated Central
Americans." It also provides for biometrically based temporary working documents
for Guatemalans in Southern Mexico; $20,200,000 for Army Mobile Gamma Ray Non-Intrusive
Inspection Equipment "to detect and intercept flows of illicit goods and persons."
[26] Joint Statement on the Merida Initiative: A New Paradigm for Security
Cooperation, October 22, 2007, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/oct/93817.htm
[27] See Kent Paterson, "Juarez Mothers Demand Justice for their Murdered
Daughters" www.americaspolicy.org
[28] See Drug Policy Alliance http://www.drugpolicy.org/communities/race/
[29] Andrea Becerril and José Antonio Román, "Proteger del terrorismo" a EU,
otro fin de la Iniciativa Mérida" La Jornada, October 25, 2007, http://www.jornada.unam.mx/2007/10/25/index.php?section=politica&article=003n1pol
[30] Eric Schmitt and David Rohde, "Reports Assail State Department on Iraq
Security," New York Times, October 23, 2007, http://www.nytimes.com/2007/10/23/washington/23contractor.html?_r=4&hp&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin
[31] Thomas Donnelley, "Homeland Defense and the U.S. Military" November 1,
2004, http://www.aei.org/publications/pubID.21484/pub_detail.asp
[32] Stephen Johnson, "New Security Challenges in the Western Hemisphere"
October 16, 2007.
[33] On-line at http://americas.irc-online.org/am/5118
[34] CCIODH report http://cciodh.pangea.org
[35] Two youth were killed and dozens beaten by state and federal police. Women
rounded up in paddy wagons were abused, raped and tortured en route to prison.
Their horror stories are documented and corroborated by medical examiners and
human rights organizations including Amnesty International.
Instead of prosecuting the security forces responsible for the acts, the
government sentenced two leaders and the lawyer of the grassroots movement to 67
years in prison.
[36] On-line at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100646.htm
Tradución por Erich Moncada – original publico en ingles 5 de Mayo.
Website de Erich – El Monoxoro
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