Latinoamérica

Constanza Vieira
IPS

A medio tramo por la carretera de 28 kilómetros entre San José del Guaviare y el vecino municipio colombiano de El Retorno hay una ceiba joven. Nació luego de que muriera un árbol igual, que estuvo allí por decenios.

Esa ceiba grande, según cuenta la historia popular, se secó luego de que bajo su sombra fue asesinado un gran líder comunitario, "el profe" Noé Carrillo.

Eso fue hace 12 años, en 1996. Carrillo lideraba entonces en el sur de Colombia grandes marchas contra la fumigación policial con herbicida de los cultivos de coca, cuyas hojas son el principal insumo de la cocaína.

La protesta se desactivó cuando el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) firmó, a instancias de las comunidades locales, acuerdos para que éstas abandonaran los cultivos de coca, mucho más rentables que los tradicionales.

Los campesinos buscaban respaldo para la sustitución voluntaria y gradual de los cultivos de droga, y apuntaban a un desarrollo integral con el objetivo de insertarse en la economía legal.

Pero el Estado no cumplió con su compromiso. Carrillo fue apenas uno de los dirigentes comunitarios muertos como consecuencia de ese incumplimiento.

El gobierno diferenció entonces los cultivos de menos de tres hectáreas, los cuales no atacaría. Desde entonces se considera que las plantaciones "industriales" tienen 10 hectáreas o más.

Pero, mientras tanto, la expulsión de campesinos de las regiones más fértiles continuó. El destino de los desterrados era la selva amazónica, que se extiende desde Guaviare hacia el sur.

El estadounidense Plan Colombia comenzó a operar en 2000. En su primera etapa, el proyecto se presentaba como de combate al narcotráfico. Pero desde julio de 2002, a instancias del gobierno del presidente George W. Bush, ese enfoque cambió.

Los cultivos de droga fueron declarados objetivo militar, y se fumiga especialmente en zonas de dominio de la guerrilla de campesinos comunistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), surgida en 1964 sobre las brasas mal apagados de una guerra civil oficialmente finalizada en 1957.

Para Estados Unidos y para el gobierno de Colombia, las FARC son un grupo "terrorista" y "el mayor cartel" del narcotráfico en América, pero la Procuraduría General (ministerio público) de este país reconoció en 2006 que la insurgencia tuvo su origen en los conflictos por la tierra que se remontan a mediados del siglo XX.

A su vez, las FARC sostienen que cobran un porcentaje de cualquier actividad económica en los territorios que domina, incluida la compra-venta de pasta base de cocaína (resultado de la primera etapa del procesamiento de la hoja de coca).

Cualquier campesino que tenga coca en su predio es un "narcotraficante" en la visión del actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que gobierna desde 2002. Uribe se ha convertido en el principal aliado de Bush en América, y el objetivo número uno de su gobierno es derrotar a las FARC.

La herramienta principal para acabar los cultivos sigue siendo la fumigación aérea, y, más recientemente, la erradicación manual forzada. Ambos mecanismos se enmarcan en operaciones militares de contraguerrilla y son financiados por Estados Unidos.

Pero estas prácticas propician el éxodo de campesinos, pues los cultivos de alimentos también suelen ser destruidos. Muchos creen que la intención de las autoridades es, en realidad, vaciar estos territorios de población que pueda ser proclive a la guerrilla.

Las comunidades se quedan de un momento a otro sin su sustento, lo que origina un "sentimiento general de inseguridad e indefensión", informó en enero de 2007 el suizo Walter Kälin, representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos.

Los desplazados forzadamente por la guerra y las fumigaciones rondan los cuatro millones desde 1985, según la no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Hoy, los cultivos "industriales" son los menos, y la situación es de desgaste creciente.

El fracaso de la fumigación

A partir de 2004, para erradicar una sola hectárea de coca se rociaron o erradicaron manualmente unas 26, sostuvo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en el informe "La aspersión de cultivos de uso ilícito en Colombia: Una estrategia fallida".

El estudio de WOLA, elaborado en conjunto con el centro de expertos bogotano Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se presentó en la capital colombiana el 28 de mayo.

Desde 1998, fueron fumigadas con herbicida unas 202.340 hectáreas en Guaviare, departamento de 53.460 kilómetros cuadrados en el que predomina el ecosistema amazónico, según el experto estadounidense Adam Isacson, del no gubernamental Centro para las Políticas Internacionales (Center for Internacional Policy), con sede en Washington.

Pero, con 9.477 hectáreas sembradas --como informó el año pasado la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC)--, Guaviare aún figura entre los cuatro departamento en Colombia con más cultivos de este arbusto.

Guaviare tiene 96.000 habitantes, dice el censo general de 2005. Más de la mitad se concentran en el municipio que incluye la capital departamental, San José del Guaviare, en cuyo casco urbano viven 25.000 habitantes.

San José, con 20.000 soldados contraguerrilla en la vecina base militar, ya no es la capital colombiana de la coca, como lo fue en el pasado.

Pero uno de cuatro habitantes del Guaviare es desplazado de guerra, proporción que dobla el promedio del país. Catorce mil de ellos están en San José.

"Para las cifras de desplazamiento que hay a nivel nacional no parece mucho, pero para la ciudad es un impacto enorme", advirtió a IPS el alcalde de San José, Pedro Arenas.

Entre 2002 y 2006, Arenas fue miembro de la Cámara de Representantes (cámara baja del parlamento nacional), y se destacó en los debates por su oposición a las fumigaciones.

La caravana blanca

El tercer fin de semana de mayo, Arenas se anotó un éxito con la Caravana Blanca por el Acuerdo Humanitario y la Paz de Colombia, que obtuvo el respaldo de 70 organizaciones sociales del país.

En autobuses y camionetas todo terreno, unas 400 personas de distintas regiones recorrieron el tramo de 479 kilómetros entre Bogotá y El Retorno por vías fuertemente militarizadas y zonas de guerra.

El Retorno, de 2.500 habitantes, al sur de San José, fue donde este año las FARC liberaron unilateralmente a seis políticos rehenes, del grupo de unos 45 que mantiene en cárceles selváticas, incluida la ex candidata presidencial de nacionalidad colombo-francesa Ingrid Betancourt.

Las FARC aspiran a canjear los rehenes por guerrilleros presos.

A Arenas, de 37 años, lo apoyaron en la convocatoria de la Caravana las alcaldías de Calamar, Miraflores y El Retorno, de Guaviare; de Mapiripán y Puerto Concordia, municipios del central departamento del Meta, ambos limítrofes con Guaviare; de Villavicencio, capital del Meta; y de Bogotá, la capital nacional.

Al llegar a Villavicencio, 86 kilómetros al sur de Bogotá, la Caravana entonó la canción del compositor argentino León Gieco "Sólo le pido a Dios": "Sólo le pido a Dios/ que la guerra no me sea indiferente/ es un monstruo grande y pisa fuerte/ toda la pobre inocencia de la gente".

Pero en Puerto Concordia, 250 kilómetros más al sur, los lugareños habían modificado la letra: "…es un monstruo grande y pisa fuerte/ sobre la ‘indefensia’ de la gente".

"Nadie nos está ayudando", dijo a IPS Adriana Villarreal, de unos 35 años, que sostenía un cartel con la leyenda "Bienvenidos a Puerto Concordia. Los desplazados nos unimos".

Villarreal preside la Asociación Vida y Esperanza. "Mientras hay vida, hay esperanza", sentenció al explicar el nombre de su organización.

Son 137 familias procedentes de diversos lugares y desplazadas en distintas épocas, a partir de 1999. Un censo reciente mostró que en cada familia hay como mínimo tres niños, informó la mujer.

Luego, Villarreal condujo a la reportera lejos de la multitud, hacia la orilla del río Ariari, y señaló: "Hay un posible desplazamiento del otro lado (del río) porque están fumigando. Allá sólo hay guerrilla. De éste lado, hay de todo."

En ese "de todo" se incluyen grupos paramilitares que trabajan con la fuerza pública y bandas armadas del narcotráfico.

"Queremos la paz para nuestro país. Nos unimos a su noble causa", manifestó, al saludar a la Caravana, Luis González, alcalde de Puerto Concordia, de 1.500 habitantes.

Lo escuchaba en silencio el viejo Jonás, de 80 años, que tenía en alto una hoja de papel blanco pegada a un palito, y que decía: "PAZ". "El problema más grave es la pobreza", respondió, ante una pregunta de IPS.

La ciudad de San José en pleno esperaba la Caravana en las calles.

"San José del Guaviare se ha vuelto a mover después de 12 años de no hacerlo", dijo el alcalde Arenas que, como muchos aquí, está empeñado en que esta tierra deje de ser sinónimo de coca y guerra, y se convierta en "territorio de paz y reconciliación".

A partir de Villavicencio, capital del enorme departamento del Meta, se abre la vasta sabana caliente de la Orinoquia, territorio de pastizales cruzados por bosques de galería que marcan los cursos de agua, de donde sobresalen las palmas autóctonas de moriche.

El paisaje varía más adelante, con suaves ondulaciones que no alcanzan a ser colinas. Al otro lado del ancho río Guaviare se anuncia la mayor mancha de selva del mundo, la Amazonia. El aire se torna más húmedo.

La amazonia en retirada

"Aquí (estamos), viéndolos pasar a ustedes, porque aquí nunca pasa nadie. Esto es 'solo'", dijo a IPS un soldado sobre el puente curvo de 940 metros y fuertemente custodiado que lleva al departamento del Guaviare.

A sus pies se extiende una base de la Armada. Dos naves tipo Piraña patrullan las aguas. Trincheras de bultos de arena obligan a los vehículos que circulan a zigzaguear.

Hasta no hace poco, en este lugar comenzaba la selva amazónica. Ahora se ven aquí y allá trozos de selva que sobreviven, en medio de anchos potreros con cuatro vacas. La vía se vuelve una trocha cuando se entra al Guaviare.

Pero San José está cerca, y en un parpadeo la Caravana, que ya tenía un kilómetro de larga desde Puerto Concordia, se duplicó.

El arco iris dio la bienvenida. También la población entera se echó a la calle. "Bailando exigimos libertad, libertad", decía en letras verdes, rojas, amarillas y azules una de incontables pancartas pintadas a mano que portaba la gente.

Parejas de todas las edades danzaban a lado y lado de la vía, al paso de la Caravana y al son de música en vivo.

"Hemos roto el miedo por primera vez. Son miles las víctimas que tenemos en esta región", reiteró el alcalde Arenas en la plaza de San José, quien pidió a la Procuraduría General y a los organismos internacionales de derechos humanos que fortalezcan su presencia en este lugar.

Para salir de San José hacia El Retorno es preciso pasar por el Batallón Joaquín París, del ejército. Desde la vía se ven los potentes radares estadounidenses, instalados a partir de 2000. Ésta es la base de dos decenas de helicópteros de combate estadounidenses, tipo Black Hawk y Huey, que operan en el marco del Plan Colombia.

Aquí funcionan dos brigadas móviles. Aquí está la Base Sinaí, y, al occidente, en un punto llamado Barrancón, una escuela de Fuerzas Especiales entrenadas por "boinas verdes" (comandos) del ejército estadounidense.

Por esta ruta y un desvío hacia occidente conocido como Trocha Ganadera pasaron en 1997 paramilitares armados hasta los dientes, trasladados en avión desde Urabá, al norte del país, para cometer una de las peores matanzas, en Mapiripán y Puerto Alvira. Acabaron con 70 vidas.

Como la fuerza pública les dio soporte, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Estado fue condenado en septiembre de 2005.

Esa masacre, de crueldad inenarrable, fue la manera con que los paramilitares, comandados por narcotraficantes, anunciaron su llegada a Guaviare.

En los dos años siguientes, "aparecían todos los días entre cuatro y siete cadáveres al borde de la carretera, en un mismo lugar. Los crímenes siguen sin ser investigados", relató a IPS Giovanni Gómez, actual diputado (legislador regional) del Guaviare por el independiente Partido Verde Opción Centro, el mismo del alcalde Arenas.

Ciro Castilla, asesor de la alcaldía de San José y Defensor del Pueblo departamental entre 1995 y 1997, señaló a IPS que entre ese último año y 2003 fueron muertos más de 5.000 civiles en Guaviare.

"San José del Guaviare estaba lleno de militares, pero los desplazados eran asesinados. La única manera de explicarlo es que había connivencia (de los asesinos) con la fuerza pública", dijo Gómez.

Muchos coinciden en que la matanza prácticamente cesó en 2006, a raíz de una visita del presidente Uribe en octubre de 2005, cuando los principales líderes locales denunciaron en una transmisión en directo por televisión las violaciones de derechos humanos.

A raíz de ese foro, tanto Gómez como Arenas fueron "declarados objetivo militar por las denuncias", señaló el primero.

En 2006, aparentemente se desmovilizó un jefe paramilitar de la zona, tras pactos con el gobierno. Desde entonces, "la situación está más tranquila. Los asesinatos han sido selectivos", según Gómez.

Los muertos son ahora paramilitares desmovilizados que lo saben todo, o que tenían negocios de drogas o armas. Las extorsiones han bajado y los líderes comunales pueden llegar más tranquilos a San José del Guaviare.

"La Caravana Blanca le sirvió al pueblo del Guaviare para liberarse del silencio, el miedo y la opresión de paramilitares y guerrilla", agregó el diputado.

Oposición exterminada

La Unión Patriótica (UP), partido surgido en 1985 en el marco de los acuerdos de paz de mediados de los 80 entre las FARC y el gobierno de la época, arrasó electoralmente en Guaviare en los comicios de 1986.

De nueve escaños en el Consejo Intendencial, como se denominaba entonces en esta apartada región a la actual Asamblea Departamental, la UP ganó siete.

Guaviare tuvo UP hasta 1993-1994. Los asesinatos de sus militantes comenzaron en 1987, hasta que "fue exterminada", relató Gómez. Hoy, es difícil encontrar un sobreviviente del entonces partido mayoritario.

Aquella solución política se truncó. El exterminio de la UP a nivel nacional es hoy el mayor caso colectivo que ha afrontado la CIDH en su historia.

Ahora, en la mayor parte del Guaviare campea la guerra. Cuando el ejército se ausenta de un lugar, lo copa la guerrilla. Pero ya no hay coca cerca de San José. En El Retorno, la gente piensa en pasarse al negocio ganadero.

El tramo entre San José y El Retorno está marcado por las cicatrices de los enfrentamientos. "Ese monte es un cementerio", le dice a IPS el chofer de un taxi, de regreso desde El Retorno a San José, y señala una colina cercana a la vía, al occidente.

Al pie de una escuela al borde del camino hay fosas donde fueron enterradas personas asesinadas por paramilitares, cuenta el taxista.

Al pasar por la ceiba joven, el hombre, que hace sólo cinco años vive en Guaviare, sólo menciona que en torno del árbol hubo "combates muy fuertes".

Ya cerca de San José, todas las tierras al frente y al lado de la base pertenecen a Oscar López, actual gobernador, según el motorista.