Isis Díaz López
El Clarín

Elena Varela López fue detenida hace una semana en su casa en Licanray, acusada, entre otras cosas, de ser la autora intelectual de un asalto a una oficina del INP en Machalí, el año 2005. Tras la audiencia de formalización quedó en prisión preventiva por seis meses, tiempo que la Jueza Andrea Urbina determinó para que la Fiscalía realice su investigación.

Ello, sumado a que la imputada fue beneficiada con fondos estatales entregados por la CORFO y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para realizar el documental "Newen Mapuche" sobre las demandas y el conflicto de las comunidades mapuches en la región de la Araucanía, son los únicos hechos concretos que, hasta el momento, se han dado a conocer públicamente sobre este caso.

Sin embargo, para algunas de las autoridades ejecutivas y legislativas de este país, la realizadora audiovisual es una delincuente vinculada a grupos terroristas, afirmación que no sólo confunde a la opinión pública y degrada la labor cultural que ha desarrollado esta mujer a lo largo de su carrera, sino que además evidencia el grado de irresponsabilidad e impunidad con que los honorables de nuestro país califican a ciudadanos sobre los que ni siquiera el Poder Judicial se ha manifestado.

¿Dónde queda el proceso justo del que tanto se habló durante la implementación de la Reforma Procesal Penal? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia en esta nueva justicia? Son preguntas no menores tomando en cuenta que los primeros dardos públicos lanzados en contra de Elena Varela López salieron de la boca del vocero de Gobierno, Francisco Vidal, quien cuestionó la asignación de los fondos estatales obtenidos para la realización de "Newen Mapuche" por no haberse indagado en los antecedentes de la documentalista.

"No sé si se hace, pero si no se hace debería hacerse, que cada postulante al Fondart tenga su papel de antecedentes", señalo Vidal a los medios de comunicación. Y agregó: "Si eso ocurrió con una gente que está con orden de captura, si se ganó un concurso con plata de todos los chilenos, es malo y hay que buscar que eso no vuelta a ocurrir".

Con estas declaraciones, el Ministro Secretario General de Gobierno no sólo dio a entender que Elena Varela López jamás debió recibir ese dinero por tratarse de una "delincuente", acusándola públicamente de delitos sobre los que la jueza a cargo no se ha manifestado, sino que tres días después tuvo la desfachatez de recriminar a Iván Moreira, diputado de la UDI, por tomarse atribuciones que no le corresponden.

Y es que el pasado domingo 11 de mayo, el parlamentario UDI declaró que "resulta indignante que los recursos de la cultura terminen en el financiamiento de vínculos con el terrorismo. Esto no puede dejarlo pasar el Gobierno. Y si es necesario pedir papel de antecedentes, se tendrá que hacer, porque no se puede estar financiando vínculos terroristas, ni menos estar jugando con la plata de todos los chilenos", y solicitó la renuncia de la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia, por las responsabilidades que tendría en la asignación de estos fondos.

Frente a esta petición pública, el vocero de Gobierno le recordó al parlamentario que la única que puede tomar esa decisión es la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Pero al parecer –y es lo que resulta más grave en todos estos dimes y diretes-, es que nadie les ha recordado a ambos que en nuestro país existen tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que en casos de esta naturaleza, sólo este último tiene el deber y el derecho de condenar o absolver a los imputados. ¿O es que acaso, si es que la documentalista resulta absuelta de los cargos que se le imputan, saldrán a dar disculpas públicas sobre lo que se ha dicho? ¿O serán los propios medios de comunicación los que publicarán ahora brevísimas líneas en que den cuenta del error en que se incurrió?

Con estos antecedentes, no resulta extraño que en el comunicado que preparó la Asociación de Documentalistas de Chile en conjunto con la organización de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araucanía (publicado el 15 de mayo en diversos sitios de internet) manifiesten su preocupación por "la suerte y el estado de Elena, debido a que el gobierno como varios medios de comunicación han condenado a priori a la realizadora", cuestión que como ellos mismos señalan, "es la razón que nos mueve a informar y manifestar que la persona en cuestión sea tratada dignamente, con un proceso justo y transparente así como se asegure también un trato apropiado al material trabajo –en proceso– de lo que se está realizando".

Y esto último tampoco es menor. Elena Varela López, fundadora de la Escuela de Todas las Artes, del Colectivo de Cine Ojo Film, de la Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli y de la Productora de cine Ojo Film, entre otros, –cuestión que, como es de esperar, no ha sido mencionada prácticamente en ningún medio de comunicación masivo– llevaba cuatro años investigando sobre el conflicto del pueblo mapuche con las Forestales y con el Estado, para dar forma al guión de "Newen Mapuche".

Parte de este trabajo, que como ya se ha dicho trata sobre las demandas del pueblo mapuche en la región de la Araucanía y cuyo tráiler puede verse en el sitio web de la CORFO, había sido presentado en DocSantiago 2007 frente a un jurado compuesto por ejecutivos de canales de televisión y representantes del mundo documental de Europa. "En el guión presentado a todas las instancias nombradas anteriormente se puede comprobar que el rodaje contempla la realización de recreaciones de tomas de terreno, de manifestaciones y movilizaciones, que contemplaban en su ejecución armamento y vestuario de fantasía", explicita el comunicado preparado por la Asociación de Documentalistas de Chile y la organización de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araucanía.
Pero la suerte que pueda estar corriendo este material no sólo preocupa a estas dos entidades. En una carta escrita por Elena Varela López, recientemente publicada en algunos sitios de Internet, la documentalista señala que "hoy día mis registros audiovisuales, que reúnen la acumulación de historias, testimonios y relatos realizados durante todos estos años han sido requisados por la Policía de Investigaciones, perdiendo mis materiales audiovisuales y exponiendo a muchos entrevistados que han relatado su experiencia, puntos de vista, testimonio e historias en estos documentales", agregando más adelante en la misma misiva -dirigida a "Señores: Consejo de la Cultura (CNCA) y Fondo Audiovisual (CORFO)"-, que "apelo a su intervención en función de resguardar el material fílmico, la memoria de estos trabajos, el resguardo de sus actores sociales y mi libertad, porque me encuentro privada de todo derecho y expresión".