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Latinoamérica
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La nueva guerra sucia
Cristhie Mella
El Clarín
Es un hecho ya constatado la virulenta persecución de que son victimas
quienes se atreven a documentar las arbitrariedades que llevan tiempo
ejecutando organismos del estado, en lo que parece ser una verdadera guerra
sucia bastante impropia de una democracia y del llamado "gobierno ciudadano". Lo
ocurrido hace unos días a la documentalista Elena Varela, a quien le ha sido
requisado todo su material audiovisual ya parece más de lo mismo.
Ocurre nuevamente en la región de la Araucania, epicentro de un férreo control
policial y donde el Derecho Penal opera de una manera muy sui generis, por
decir lo menos. Anteriormente fueron expulsados unos documentalistas italianos a
causa de unas supuestas "filmaciones indebidas" y antes de eso había existido
todo un revuelo por la suerte de dos documentalistas franceses, quienes
estuvieron privados de libertad, también con material requisado y sin completa
claridad del delito imputado en lo que ya alcanza ribetes kafkianos.
Esa ha sido también la experiencia de muchísimas otras personas, sobre todo
quienes ejercen el noble trabajo de mostrarnos a través de su lente el
decepcionante y execrable estado de nuestra democracia. El denominador común en
todos los casos es el pecado de haber registrado el ejercicio del poder en el
contexto de la nueva pacificación de la Araucania.
Es necesario dejar atrás la ingenuidad y hacer caso de los sanos rasgos
paranoides que todos llevamos dentro para asumir que éstas y muchas otras
situaciones, no siempre conocidas públicamente, constituyen la incesante
repetición de maniobras que ocurren en nuestro país desde hace mucho. En efecto,
se ha convertido en una peligrosa actividad el querer mostrar lo que ocurre
lejos de la farándula televisiva, inmediatamente se reacciona o mas bien se
sobre reacciona respecto de lo que quienes no pertenecen a los medios masivos
de comunicación puedan informar. Eso tiene un nombre, lo hemos conocido en
nuestro país por años, CENSURA. Sin duda, asistimos a planificadas estrategias
de silenciamiento por parte del poder político para impedir que la ciudadanía
conozca cabalmente las cuestionables actuaciones de los organismos de gobierno.
Todo esto en el marco de dar carta blanca para actuaciones policiales ajenas
al respeto a la libertad de información y expresión.
En el tipo de sociedad alienada y neoliberal que vivimos, muy pocos se dan
cuenta, precisamente porque cada quien solo se interesa por su propia suerte.
Eso deja a las victimas de la represión completamente indefensas ante la falta
de conciencia respecto de la necesidad de defender espacios ganados en la lucha
contra la dictadura, en la que, dicho sea de paso, hubo bastantes costos que
asumir. Esta vez, como ciudadanos debemos darnos cuenta del grado en que
estamos asistiendo nuevamente a la conculcación de derechos humanos y ciudadanos
fundamentales. Sin más, el gobierno democrático actúa con las mismas maniobras
represivas que le aprendió a la dictadura. Pero yendo aun más lejos, pues las
maniobras se han perfeccionado, hoy no solo se valen de las fuerzas represivas
tradicionales como carabineros, sino también de su caballito de Troya: el
Ministerio Público. Este ente supuestamente independiente se ha transformado en
un verdadero instrumento político utilizado para amedrentar y disuadir a
la disidencia tanto interna como externa, trasformándose la persecución penal de
los "agitadores sociales" en una de las principales prioridades de sus
actuaciones, todo bajo el pretexto maníqueo del mantenimiento del orden.
La Asociación de Documentalistas de Chile, en una Conferencia de Prensa no
cubierta por la red comunicacional oficialista, se ha manifestado
recientemente en este sentido, precisando los oscuros nexos entre la detención
de Elena Varela y la necesidad de abortar su película destinada a mostrar la
situación del pueblo mapuche frente al poder de las forestales. Como
puntualizara Francisco Gedda, si hubiese estado documentando mascotas en el sur,
seguro no la habrían detenido y no se encontraría hoy en esta lamentable
situación donde ya ha sido públicamente criminalizada por el gobierno.
Todas estas gravísimas situaciones de claro abuso de poder, sin duda, dejan
entrever el escenario que se nos plantea a quienes hemos enarbolado la bandera
de los derechos humanos fundamentales. Este nos sitúa ante la urgente necesidad
de recuperar la memoria de la solidaridad y la indignación ante los atropellos
que este estado esquizofrénico pretende instaurar. Como ciudadanos no podemos
bajar la guardia, informar y hacer conciencia de esta nueva guerra declarada se
constituye en un imperativo ético.
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