Introducción

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sigue siendo el principal líder político mundial, laico y democráticamente elegido que se opone de manera constante y pública a las guerras imperialistas de Oriente Próximo, y que denuncia las intervenciones extraterritoriales y la complicidad de la Unión Europea y de Estados Unidos en el secuestro y la tortura. Corresponde a Venezuela el mérito principal de haber reducido el precio del petróleo destinado a los países más pobres en la región de América Central y el Caribe, ayudándolos así sustancialmente en su balanza de pagos, sin imponer ningún tipo de condiciones a esta ayuda vital. Venezuela se encuentra en un primer plano en el apoyo a la celebración de elecciones libres y la oposición a las violaciones de los derechos humanos en Oriente Próximo, América Latina y Asia Meridional por los regímenes satélites de EE UU en Irak, Afganistán y Colombia. Ningún otro país de América Latina ha hecho más para derribar las barreras raciales a la movilidad social y la adquisición de tierras por parte de la población indígena y afroamericana. El presidente Chávez ha estado en la vanguardia de las medidas en favor de una mayor integración latinoamericana, a pesar de la oposición de los Estados Unidos y de varios regímenes regionales que han optado por acuerdos de libre comercio bilaterales con EE UU.
Más significativo todavía, el presidente Chávez es el único mandatario elegido que ha derrotado un golpe militar apoyado por Estados Unidos (en 48 horas) y que ha desbaratado un lock-out (apoyado también por EE UU) de la dirección de la empresa nacional petrolera, y ha devuelto la economía a un crecimiento de dos dígitos los siguientes cuatro años (1). El presidente Chávez es el único líder elegido en la historia de América Latina que ha pasado con éxito once comicios electorales seguidos contra partidos políticos financiados por Estados Unidos y apoyados por casi todos los medios de comunicación privados del país, durante un período de nueve años. Por último, el presidente Chávez es el único líder del último medio siglo que ha estado a un 1% del triunfo en un referendo popular para decidir sobre una "transformación socialista", un resultado particularmente sorprendente en un país en el que menos del 30% de la mano de obra está compuesto por campesinos y obreros industriales.
El presidente Chávez ha reducido drásticamente la pobreza de larga duración más rápidamente que cualquier otro régimen en la región (2), lo que demuestra que un gobierno nacionalista de bienestar es mucho más eficaz para liquidar situaciones de carencias sociales endémicas que sus equivalentes neoliberales. Un estudio riguroso y empírico de la actuación socioeconómica del gobierno de Chávez demuestra su éxito en toda una serie de indicadores, después de la derrota del golpe y el lock-out contrarrevolucionarios y después de la nacionalización del petróleo (2003).
El PIB ha crecido más del 87%, y sólo una pequeña parte del crecimiento es atribuible al petróleo. El índice de pobreza se ha reducido a la mitad (de 54% en 2003, en el momento álgido del lock-out empresarial, hasta un 27% en 2007) y la pobreza extrema se ha reducido de un 43% en 1996 hasta un 9% en 2007; asimismo, el desempleo se ha reducido en más de la mitad (de 17% en 1998 hasta un 7% en 2007). La economía ha creado empleo a un ritmo casi tres veces superior a los Estados Unidos durante su expansión económica más reciente. Se ha extendido con éxito una atención sanitaria accesible para los pobres, y el número de médicos de atención primaria en el sector público ha aumentado de 1.628 en 1998 a 19.571 a comienzos de 2007. Alrededor del 40% de la población tiene ahora acceso a alimentos subvencionados. El acceso a la educación, especialmente a la enseñanza superior, también se ha extendido considerablemente entre las familias pobres. El gasto social, por persona ha aumentado en más del 300% en valor real (3).
Sus políticas han refutado de una vez por todas la idea de que las exigencias competitivas de la globalización (inserción profunda y extensiva en el mercado mundial) son incompatibles con las políticas sociales de gran alcance. El presidente Chávez ha demostrado que los vínculos con el mercado mundial son compatibles con la construcción de un estado de bienestar más desarrollado bajo un gobierno de amplia base popular.
Las realizaciones prácticas de gran envergadura y largo plazo del gobierno de Chávez, sin embargo, no son tenidas en cuenta por los académicos liberales y socialdemócratas venezolanos, ni por sus colegas en EE UU y Europa, que prefieren criticar algunas debilidades secundarias institucionales y políticas, sin tener en cuenta el significado histórico de alcance mundial de los cambios que tienen lugar en el contexto de un imperio hostil y agresivamente militarista (4).
Ningún análisis razonable y riguroso contemporáneo puede ofrecer una evaluación exacta de Venezuela sin tomar en consideración al mismo tiempo las tremendas realizaciones logradas durante la presidencia de Hugo Chávez.
Es en el marco de los innovadores y valerosos avances político-sociales de Chávez donde se debe proceder a un análisis de los progresos, las contradicciones y los aspectos negativos de las políticas, las prácticas y las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales concretas.

Los progresos y las limitaciones de la política económica

Venezuela ha hecho progresos tremendos en materia económica desde el golpe fallido del 11 de abril de 2002 y el cierre patronal de diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, que llevó a una disminución del 24% del GDP (5). Bajo el liderazgo del presidente Chávez y con unas condiciones comerciales favorables, Venezuela creció por encima del 10% durante los últimos cinco años, con lo que disminuyeron los niveles de pobreza de más del 50% a menos del 28%, superando a cualquier otro país del mundo en términos de porcentaje de reducción de la pobreza. La economía, en contraste con el pasado, ha acumulado más de 35.000 millones de dólares en reservas, a pesar del gran aumento del gasto social y se ha liberado totalmente de la dependencia y las onerosas condiciones que imponen las instituciones bancarias supuestamente internacionales (FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) para el pago de la deuda (6).
El Gobierno ha nacionalizado empresas estratégicas en las industrias del petróleo y el gas, el acero, el cemento, la producción y distribución de alimentos, las telecomunicaciones y las industrias eléctricas. Ha sometido a nuevos impuestos los beneficios excesivos, duplicando así sus ingresos. Ha firmado nuevos acuerdos en forma de empresas conjuntas en el ámbito del petróleo y el gas con una docena de multinacionales europeas, asiáticas y latinoamericanas, que dejan en manos del Estado venezolano mayorías de control. Ha expropiado varios millones de hectáreas de tierras no cultivadas propiedad de especuladores y absentistas, y, más recientemente, otras 32 plantaciones deficientemente explotadas (7). La importancia de estos cambios estructurales no puede subestimarse. En primer lugar han aumentado la capacidad del gobierno de Chávez de tomar o influenciar decisiones estratégicas en materia de inversión, reinversión, fijación de precios y comercialización. El aumento en la propiedad del Estado incrementa el flujo de ingresos y beneficios de la Hacienda federal, potenciando así la financiación de inversiones productivas, programas sociales y plantas de transformación y servicios en otras etapas de la cadena productiva. Lentamente, el Gobierno está diversificando sus mercados petroleros, pasando de vender a un adversario hostil (EE UU) a comerciar y establecer acuerdos de inversión con países como China, Brasil, Irán y Rusia, reduciendo con ello la vulnerabilidad de Venezuela a los boicoteos económicos arbitrarios.
El Gobierno ha iniciado un proyecto de gran envergadura y largo plazo para diversificar la economía, y especialmente para lograr la autosuficiencia en ramas alimentarias como los lácteos, la carne, las verduras y las aves de corral (8). Asimismo, la transformación del petróleo crudo en productos de alto valor añadido, como fertilizantes y plásticos, está ya en marcha, si bien es cierto que avanza lentamente. Hay un calendario para la construcción de nuevas refinerías a fin de substituir la dependencia de operaciones basadas en EE UU y añadir valor a las exportaciones. Nuevos sistemas de transporte público están en construcción, como el nuevo metro de Caracas, que disminuirá los atascos de tráfico y la contaminación atmosférica. Se han asignado más de 2.500 millones bolívares fuertes, la nueva moneda venezolana (más de 1.000 millones de dólares) bajo la forma de incentivos, créditos y subvenciones para fomentar el aumento de la producción y el procesamiento agrícola (9). Asimismo, se invierte en nuevas líneas de producción ligadas a programas sociales, entre otras las nuevas empresas que fabrican 15.000 casas prefabricadas por año (10).
Venezuela, como el resto del mundo (China, UE, EE UU, Australia, etc.) está siendo profundamente afectada por la inflación, especialmente de los alimentos importados. La inflación se ha intensificado durante los últimos tres años y ha pasado del 14% en 2005, a un 17% en 2006 y un 22% en 2007, amenazando con socavar las mejoras en las condiciones de vida conseguidas durante los últimos cinco años (11). Los intentos gubernamentales de imponer controles de precios han tenido efectos limitados, dado que los grandes productores de alimentos han recortado la producción, los distribuidores de alimentos han reducido la distribución, e incluso se han acaparado subrepticiamente mercancías esenciales que luego se han vendido en el mercado negro. En apariencia, el problema es que la capacidad de consumo ha aumentado más rápidamente que la productividad, aumentando la demanda en relación con la oferta. Sin embargo, la razón estructural más profunda es la disminución de la inversión capitalista en la producción y la distribución, a pesar de los altos beneficios. Muchos productores y procesadores capitalistas de alimentos han desviado sus beneficios hacia inversiones especulativas, entre otras a las importaciones de productos de lujo y al sector inmobiliario, donde hay una más alta tasa de rendimiento. Algunos han disminuido la inversión a causa de su oposición al Gobierno, otros a causa de temor a la reforma agraria, mientras que todos se quejan por los controles de precios que ha producido un "estrangulamiento de los beneficios". Estas quejas no explican la baja productividad, que existía ya antes de los controles de precios y que ha continuado incluso después de que el Gobierno levantara los controles. La inflación y el impacto negativo derivado es una de las razones principales de la abstención popular durante el referendo de diciembre de 2007 y es la causa del descontento popular existente hoy en Venezuela. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda (especialmente en algunos barrios y sindicatos) se han aprovechado de este descontento.
La inflación es una de las razones mayores de la disminución de la popularidad de gobiernos de diversos tipos (de izquierda, centro y derecha) a lo largo de la historia, tanto en Europa como en América Latina (12). En nuestro caso, esto es debido a que la gran mayoría de trabajadores de Venezuela es independiente y no tiene ningún tipo de organización o sistema de ajuste salarial proporcional a la subida de precios. En Venezuela, incluso las industrias principales, como el petróleo, el acero y el aluminio, subcontratan a la mayoría de sus trabajadores, y éstos carecen de cualquier poder para negociar aumentos salariales vinculados a la inflación. Las subvenciones estatales y los incentivos a los capitalistas industriales y agrícolas para promover la productividad han producido beneficios cada vez mayores, sin que hubiera aumentos proporcionales en la renta salarial. Durante el período de febrero a abril de 2008, el Estado intervino directamente en el proceso productivo a través de la adquisición de las empresas y la explotación de empresas agrícolas improductivas. Las nuevas demandas de los trabajadores y campesinos incluyen la "apertura de los libros" de las empresas y explotaciones agrícolas rentables, a fin de conseguir negociaciones salariales y convenios colectivos, la reapertura de empresas cerradas, y las inversiones en nuevas empresas públicas. Chávez es consciente de que el problema de la producción (suministro) seguirá haciendo que demasiados bolívares persigan pocos bienes de consumo –con el resultado de inflación, descontento y vulnerabilidad política— a menos que acelere el proceso de nacionalización y amplíe el ámbito de propiedad pública.
Para intervenir y tomar efectivamente el control de sectores económicos estratégicos, el Gobierno debe poder contar con organizaciones obreras, cuadros y líderes capaces de cogestionar las empresas, "abriendo los libros" en lo relativo a inversiones, beneficios y salarios, y de establecer la disciplina de trabajo. Bajo las actuales relaciones capital-trabajo, los capitalistas desatienden totalmente la inversión en tecnología e innovación, emplean a trabajadores temporales o eventuales en condiciones precarias, y dependen del Estado venezolano para hacer cumplir sus duros códigos laborales.
Para avanzar en la vía bolivariana al socialismo, el presidente Chávez tiene que tratar con funcionarios incompetentes y reaccionarios en el seno de su propio Gobierno. Por ejemplo, antes la nacionalización de la principal empresa del acero, SIDOR, el ministro de Trabajo, un funcionario incompetente e inexperto sin ninguna relación previa con el mundo del trabajo, se puso de lado de la empresa y aprobó que el gobernador del estado de Bolívar recurriese a la Guardia Nacional para romper la huelga. Durante 2007-2008, la dirección de SIDOR se negó a negociar de buena fe con los sindicatos, lo que provocó huelgas en enero, febrero y marzo de 2008. La intransigencia de los jefes del acero radicalizó la militancia de los trabajadores y llevó a la intervención de Chávez. En defensa de su orden de nacionalizar, Chávez citó el papel positivo de los trabajadores de esta industria en la oposición al golpe de 2002, las condiciones de trabajo casi esclavistas y las estrategias de exportación, que negaban al sector nacional de la construcción el acero necesario para la prioritaria construcción de viviendas. Instó a que la recién nacionalizada industria fuera dirigida por consejos de trabajadores, de una manera eficaz y productiva (13).
La represión por parte del Gobierno de las huelgas provocó la solidaridad sindical regional y marchas de trabajadores contra la Guardia Nacional, así como la exigencia de dimisión del incompetente ministro de Trabajo. Después de que Chávez nacionalizara el acero, los sindicatos de los principales sectores industriales se reunieron para coordinar el apoyo al presidente Chávez y presionar a favor de nuevas medidas destinadas a ampliar la propiedad pública. Igualmente nefastos, la brutalidad y el exceso de celo del general responsable de la Guardia Nacional es indicativo de un sesgo anti trabajadores y pro empresarios de los oficiales de la Guardia, lo que constituye una amenaza potencialmente peligrosa para el gobierno de Chávez en el futuro (14). Enfrentado al problema de la inflación y el bolívar fuerte y sobrevalorado, Chávez está ante un problema real y profundamente sentido por la mayor parte de los trabajadores. El fracaso del Gobierno a la hora de abordar sus raíces estructurales lo hace vulnerable a las soflamas demagógicas por parte de la derecha y la ultraizquierda sectaria, y su beneficiario principal, el imperialismo de EE UU.
Las nuevas inversiones públicas en fábricas de fertilizantes y viviendas prefabricadas, las medidas positivas de reducción de la inflación en un tercio en los primeros dos meses de 2008, y las políticas que mejoran considerablemente el suministro de alimentos en un 20% indican que el gobierno de Chávez está comenzando a enfrentar los puntos más débiles de la economía. En nuestras visitas a varios mercados al por menor, públicos y privados, a finales de febrero y principios de marzo, no encontramos ninguna escasez de productos esenciales, contrariamente a lo que afirma la oposición y a los informes de los medios de comunicación estadounidenses y europeos. Una protesta organizada por la oposición por la escasez de gas líquido en Catia (una vecindad popular en Caracas) fue noticia de primera plana (con fotos sobredimensionadas) en el diario opositor El Universal, pero éste no le dio ningún tipo de seguimiento informativo al envío de suministro por las autoridades el día siguiente (15).
A comienzos de 2008, el gasto público –no siempre invertido eficazmente, no siempre libre de corrupción— había reducido el índice de desempleo al 8,5%, el más bajo en décadas (16). Sin embargo, el objetivo gubernamental de conseguir reducirlo al 5,5% parece en exceso optimista, especialmente a la luz de las repercusiones de la recesión en EE UU y la disminución de la demanda europea.
El gran desafío a la política económica de Chávez en 2008, un año de importantes elecciones a alcaldes y gobernadores en noviembre, es asegurar que el inevitable aumento del gasto público a mediados del año se dirija hacia las inversiones productivas y no a programas populistas a corto plazo que provoquen otra ola de la inflación. Podemos esperar que, a medida que se acerquen las elecciones, la clase capitalista recurra de nuevo a las escaseces planificadas, a los bloqueos de distribución, así como a otros problemas económicos inducidos políticamente para echar la culpa y desacreditar al Gobierno. A menos que el Gobierno reduzca su dependencia del sector privado en materia de inversión, empleo, producción, finanzas y distribución, se verá forzado a tomar medidas costosas e improvisadas para evitar pérdidas electorales y abstención popular. Los lazos indivisibles entre el control empresarial privado sobre las decisiones económicas estratégicas y su interés primordial en llevar a cabo medidas políticas destinadas a socavar el gobierno de Chávez, suponen que el Gobierno permanecerá bajo una amenaza constante a menos que tome el control de la economía en los niveles más altos. Reconociendo estos factores estructurales, Chávez ha anunciado planes para nacionalizar sectores estratégicos. El gobierno de Chávez ha tomado la iniciativa, anticipando los choques de la élite económica y desplazándola del poder. La dependencia del sector privado forzará al Gobierno a seguir siendo reactivo, improvisar respuestas a los ataques económicos durante y después del hecho y sufrir las consecuencias políticas negativas.

Política: los chavistas responden

Durante la última mitad de 2007, en vísperas del referendo, y a principios de 2008, la ofensiva de la derecha (ayudada por la ultraizquierda) se afirmó y puso al Gobierno a la defensiva. A principios de marzo de 2008, las fuerzas pro Chávez se reagruparon y lanzaron un nuevo partido político: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en una convención nacional celebrada en Maracaibo. En respuesta a la derrota del referendo, el presidente Chávez invitó a sus partidarios a volcarse en la campaña de las tres erres: revisión, rectificación y relanzamiento. Esta iniciativa ha llevado a la elección de nuevos líderes de partido, a una disminución de los paternalistas jefes de la vieja guardia en el liderazgo del PSUV, y a un rechazo del sectarismo hacia otros partidos pro Chávez y una revitalización del activismo de base (17). El partido ha recibido el mandato principal de supervisar la movilización de los partidarios de Chávez y educar y organizar a los miembros de la clase trabajadora y media-baja, así como el de evaluar, criticar y corregir la ejecución de políticas por los funcionarios locales, e incorporar a los movimientos sociales de masas a la lucha común. Para tener éxito, este partido deberá organizar el poder popular local para contrarrestar a los responsables políticos chavistas corruptos, así como a los de la oposición, impulsar las demandas e iniciativas locales, contrarrestar la infiltración derechista en los barrios, por terroristas colombianos y locales, y fomentar el voto en tiempo de elecciones.
Para que el PSUV tenga éxito como organización política es preciso que les retire el poder a las maquinarias políticas clientelistas locales construidas alrededor de algunos de los funcionarios estatales, regionales y municipales chavistas. Debe también superar la tendencia a designar líderes y candidatos desde arriba, y profundizar el control de las bases sobre las decisiones y los líderes (18). Ya durante el congreso de fundación del PSUV, algunas delegaciones criticaron el proceso de elección del liderazgo nacional, por dejar de lado la representación popular y sobrecargarla con funcionarios fuertemente criticados (19).
Unos Consejos Comunales activos y sujetos a control democrático han conseguido dar voz y representación a un gran número de vecindarios urbanos y pobres. Han asegurado la lealtad y el apoyo populares en los lugares donde han hecho llegar los servicios necesarios, y han conducido la lucha contra los funcionarios chavistas incompetentes o reticentes.
La violencia, la delincuencia y la inseguridad personal son problemas importantes para la mayor parte de los partidarios de Chávez más pobres y de clase media baja, que consideran que la policía es ineficaz para reducir la criminalidad y traer seguridad a los barrios, y que es, a veces, cómplice de las bandas de delincuentes (20). Las propuestas gubernamentales en favor de una mayor cooperación entre los comités de vecinos y la policía en la identificación de criminales han tenido poco efecto. Esto es en parte debido a que la policía ha mostrado poco interés en vincularse en el día a día de los barrios más pobres, que tienden a considerar como lugares de incubación de delincuentes.
Las cuadrillas armadas que controlan las vecindades pobres son quienes cometen la mayoría de los delitos. Los residentes locales temen sus represalias si cooperan, o peor aún, piensan que la policía es cómplice de los criminales. Hay informes más graves de fuentes fiables de inteligencia que han identificado la infiltración a gran escala de los narcotraficantes y escuadrones de la muerte colombianos que combinan la venta de droga y la organización derechista, planteando una amenaza doble para la seguridad local y nacional. Si bien el Gobierno ha tomado nota del problema general de la inseguridad individual y del problema específico de la infiltración narcopolítica, no se ha llevado a la práctica todavía ningún plan nacional de acción, aparte de las detenciones rutinarias y periódicas de pequeños delincuentes comunes (21).
Venezuela debería aprender del ejemplo de Cuba, que ha desarrollado exitosos programas de lucha contra la delincuencia y el terrorismo, organizados alrededor de una tupida red apretada de Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y apoyadas por unas fuerzas de seguridad de intervención rápida, con buena formación política, y una judicatura eficaz. La seguridad individual y la libertad política dependen del conocimiento colectivo proveniente de la infiltración de los grupos de delincuentes y del valor de los comités locales y sus componentes. Su cooperación requiere confianza en la integridad, el respeto y la lealtad política de las fuerzas internas de seguridad. Su recogida de información, pruebas y testimonios dependen de la protección de los ciudadanos por las fuerzas internas de seguridad contra las represalias de los delincuentes.
Es preciso crear un nuevo tipo de oficial de policía que no vea los barrios y sus comités como territorio hostil, y en cambio viva y se identifique con la gente que le pagan por proteger. Para ser efectivo a escala local, el gobierno de Chávez debe exhibir un comportamiento ejemplar a escala nacional. Debe perseguir y encarcelar a los criminales, y no amnistiar o condenar con sentencias leves a los golpistas y saboteadores económicos, como hizo Chávez a principios de 2008. El fracaso de la fiscal general actual a la hora de perseguir a los asesinos de su antecesor, el fiscal general Danilo Anderson, no sólo ha sido algo vergonzoso sino también un ejemplo de la aplicación incompetente y timorata de la ley que no fomenta la confianza en la voluntad del Estado de luchar contra los asesinos (22).
El concepto de poder popular solamente llegará a ser significativo para la mayoría de gentes pobres cuando éstas se sientan seguras en sus calles, sin temor a los asaltos y la intimidación, cuando las cuadrillas ya no asalten los hogares y los almacenes locales, y cuando los narcotraficantes armados ya no violen la ley. En Venezuela, la lucha contra los oligarcas, George Bush y la Colombia de Uribe comienza por un combate comunitario contra los delincuentes locales, que incluya barridos tácticos y estratégicos completos de las cuadrillas criminales conocidas, seguidos de castigos ejemplares a aquéllos condenados por aterrorizar a los vecinos. Esta es una manera de fomentar el respeto al Gobierno a nivel de las bases, y de reafirmar y hacer operativo el término soberanía popular. En los barrios, hoy día, no son solo las ONG de derechas quienes desafían la autoridad de Chávez, sino que son elementos delincuentes armados, cada vez más ligados a grupos políticos reaccionarios. Para enfrentar con éxito las amenazas exteriores, es obligatorio que el Gobierno derrote a los gángsters y narcotraficantes, que representan un obstáculo real para la movilización de masas en caso de una emergencia nacional, como por ejemplo una nueva tentativa de golpe.
Los fracasos de algunos funcionarios medios de Chávez a la hora de asegurar la seguridad y resolver los problemas locales han erosionado el apoyo popular a los candidatos políticos. La mayoría de los vecinos, líderes populares y activistas siguen apoyando al presidente Chávez, aun cuando sean críticos con la gente que lo rodea, sus consejeros y los oportunistas (23). Las repercusiones de todo esto en las elecciones de noviembre no es totalmente clara. Pero a menos que se produzcan cambios fundamentales en candidatos y políticas, es probable que la oposición aumente su representación mínima actual en los gobiernos estatales y municipales.

Progresos y contradicciones sociales y culturales

Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Chávez, ha realizado cambios sociales y culturales sin precedentes que benefician a una gran mayoría amplia de pobres urbanos y rurales, y a las clases trabajadora y media baja. Se han construido nueve universidades bolivarianas de nueva planta y docenas de escuelas técnicas con más de 200.000 estudiantes (24). Las nuevas editoriales financiadas con fondos públicos han imprimido más de 2,5 millones de libros, folletos y revistas, incluidas novelas, libros técnicos, poesía, historia, ciencias sociales, ciencias naturales, y textos médicos y científicos (25). Dos de las más importantes estaciones de televisión y las cadenas comunitarias emiten una buena cobertura de noticias locales, nacionales e internacionales que desafían a la oposición y la propaganda antigubernamental originada en Estados Unidos (CNN). Un importante diario de noticias, Vea, y varias revistas mensuales y semanales discuten y promueven las políticas de Chávez (26). Una serie de misiones financiadas con dinero público, integradas por decenas de los miles de voluntarios jóvenes, han conseguido reducir el analfabetismo urbano y, en menor grado, el rural; ampliar la cobertura sanitaria; y a la vez aumentar la participación y a la organización locales en los barrios de ranchos (tugurios). Importantes acontecimientos culturales, entre otros actuaciones de grupos musicales, de teatro y de danza tienen lugar regularmente en barrios de clase trabajadora. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha iniciado un vasto número de programas, en el país y en el extranjero, con participación de países latinoamericanos y caribeños (27). Los programas deportivos, con la ayuda de entrenadores cubanos, reciben financiación pública a gran escala para su infraestructura física (gimnasios, campos de juego, uniformes y entrenadores profesionales) y ha aumentado en gran medida el número de atletas entre los pobres urbanos. Se está preparando una financiación importante para defender y promover la cultura indígena y afrovenezolana, y se prevé un movimiento de acción positiva, aunque la representación cultural fuera del ámbito de los deportes, la música y la danza es aún muy limitada. No cabe la menor duda de que Venezuela está en plena revolución cultural, reconstruyendo y recuperando sus raíces populares, históricas y nacionales enterradas bajo los artefactos frívolos e imitativos de un siglo de oligarcas culturalmente colonizados, y de sus seguidores de clases medias.

Contradicciones y desafíos culturales

Si bien la reforma cultural venezolana ha tenido ya un impacto masivo en el aumento del nivel educativo y cultural, todavía no ha desplazado decisivamente la hegemonía cultural de la burguesía y del imperialismo de EE UU. Ésta sigue siendo dominante entre la gran mayoría de profesionales de clase media y alta, los académicos y estudiantes de la Universidad Central, y sectores importantes del público y en particular de los profesionales privados (médicos, abogados, publicistas, ingenieros, etc.). A pesar de los sustanciales aumentos de sueldo y beneficios adicionales, estos profesionales de clase media se aferran a sus creencias reaccionarias y temen por su estatus.
En su discurso con ocasión de la primera promoción de la nueva y democrática Universidad Bolivariana de Venezuela, de acceso gratuito, el presidente Chávez citó una tesis doctoral que mostraba cómo el 94% de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de carácter elitista a pesar de estar financiada con dinero público, pertenecían a las clases media y alta, mientras que el 99% de los estudiantes en de la Universidad Simón Bolívar (USB), de carácter privado, pertenecían a las mismas clases privilegiadas. Lo que resultaba especialmente inquietante es la naturaleza cada vez más exclusiva y privilegiada de UCV y USB: en 1981, los inscritos en la UCV pertenecientes las clases más bajas alcanzaban el 21% del total, en comparación con un 6,5% en 2000; en USB el porcentaje pasó de un 13% hasta un 1% en el mismo período. Para abrir la enseñanza superior a la clase trabajadora, los pobres y los campesinos, el gobierno de Chávez ha iniciado la construcción de 29 universidades públicas, y la transformación de 29 escuelas de formación técnica y profesional en universidades politécnicas, aumentando el número de becas completas de 6.000 a 10.000.
Mientras que un gran número de personas y barrios de clase baja se han beneficiado del sistema de salud pública y de los programas educativos y culturales, la educación popular para la creación de una solidaridad y una conciencia colectivas de clase sólo ha tenido hasta ahora un impacto limitado. Algunos individuos de la clase más baja que habían creado cooperativas económicas eran incapaces de hacerlas funcionar o desaparecieron con los fondos públicos asignados. Hurtos y corrupción similares han afectado a parte de las misiones, donde unas prácticas contables deficientes han facilitado el despilfarro y las pérdidas. El paternalismo populista y la negligencia (y corrupción) oficial han debilitado los esfuerzos por crear una nueva conciencia de clase nacionalista ligada a una nueva hegemonía popular. Por otra parte, la intervención del presidente Chávez en la nacionalización de la industria del acero durante el conflicto entre trabajadores y empresarios ha aumentado la conciencia de clase y la identificación de los trabajadores industriales con la vía venezolana al socialismo.
Durante los últimos cinco años, los programas financiados de la televisión pública han mejorado considerablemente en términos de profesionalismo y programación. Aún no han superado completamente el persistente dominio hegemónico de los medios de comunicación burgueses sobre algunos sectores de la mayoría popular. En términos de entretenimiento y noticias del día, especialmente durante el período preparatorio y de votación del referendo del 2 de diciembre de 2007, los medios de comunicación burgueses dominaron la audiencia, debido, en gran parte, a la ausencia de medios pro gubernamentales.
Uno de los medios de comunicación pro gubernamentales menos efectivos es el periódico Vea, leído por pocas personas a causa de su pobreza informativa (grandes titulares, ningún contenido) y de sus mediocres columnas y artículos. El ministro del Poder Popular para la Cultura me dijo que pronto habría cambios sustanciales (28). Los programas culturales de amplio alcance han mejorado el nivel cultural, pero no han producido un crecimiento de los movimientos culturales chavistas de masas. Menos del 10% de los estudiantes en la Universidad Central de Venezuela (UCV) son miembros activos del movimiento estudiantil chavista o de las organizaciones afiliadas (según un líder estudiantil chavista), a pesar de las mejoras significativas en los salarios universitarios y las instalaciones (29). Aparentemente, la identificación familiar y de clase social predomina sobre el igualitarismo cultural. La gran mayoría de estudiantes y profesores de la UCV son apolíticos, indiferentes o dedicados estrictamente a la formación profesional y la movilidad individual. Una minoría activa apoya a los grupos de oposición; algunos están ligados a universidades de EE UU y a programas financiados por CIA de formación de liderazgo, mientras que trotskistas, maoístas y otros grupúsculos agitan contra el Gobierno.
La aparición de los Consejos Comunales autónomos, vinculados al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es probablemente el movimiento antihegemónico más efectivo. Las actividades políticas y sociales de activistas y líderes del PSUV pueden llegar crear una nueva conciencia de clase a medida que consigan implicar a las masas en la resolución de sus propios problemas prácticos y la asunción de la responsabilidad local de sus acciones. Los cuadros chavistas, que actúan de manera paternal, crean una vulnerable conciencia patrón-cliente susceptible de rápida transformación en relación oligarca-cliente. La contradicción clave en la reforma cultural está en la configuración de clase media chavista que transmite su orientación paternal a la aplicación de sus programas con conciencia de clase a las clases populares.
Hay una gran necesidad de contratar y dar formación a jóvenes cuadros de los barrios, que hablen la lengua de la gente y tengan los vínculos de clase que permitan integrar las masas en un programa sociocultural nacionalista y socialista. El movimiento gubernamental de poder popular para la cultura es una fuerza formidable pero se enfrenta a la oposición tenaz de los medios de masas virulentos y desacreditados alineados con la oligarquía. A medida que el proceso venezolano avanza hacia valores socialistas igualitarios, se enfrenta a la oposición más sutil pero más insidiosa de estudiantes, profesores y profesionales de clase media, que en nombre de la democracia liberal y del pluralismo pretenden destruir la solidaridad cultural de clase. Es decir, se está produciendo una lucha entre una minoría progresista de clase media en el Gobierno contra una mayoría de individuos de clase media reaccionarios empotrados en las instituciones académicas y en las ONG comunitarias. Solamente adquiriendo el apoyo de la gente que no forma parte de la clase media, es decir, las clases populares radicales y explotadas, pueden los reformistas culturales del Ministerio de Cultura crear una hegemonía popular dominante.

Cambio social: la lucha del movimiento social popular contra los movimientos reaccionarios de clase media

A la hora de analizar la confrontación social, altamente polarizada, entre los movimientos populares favorables a Chávez y los movimientos de clase media apoyados por la oligarquía y Estados Unidos, es importante contextualizar las relaciones sociales, políticas y económicas que precedieron la llegada del gobierno de Chávez. Estados Unidos eran el elemento determinante clave de las condiciones económicas y el principal punto de referencia de la oligarquía y la clase media de Venezuela. Las relaciones entre EE UU y Venezuela se basaban en la hegemonía estadounidense en todos los ámbitos: del petróleo al consumismo, de los deportes a los estilos de vida, de las cuentas bancarias a las relaciones matrimoniales. Los modelos y los estilos de vida de la clase media venezolana se encontraban en los suburbios altos de Miami, los centros comerciales, los bloques de apartamentos de lujo y los servicios financieros. Las clases ricas eran grandes consumidoras que nunca tuvieron una vocación empresarial nacional.
Los contratos del petróleo entre empresas europeas y estadounidenses y Petróleos de Venezuela, S. A (PDVSA) configuraban empresas conjuntas entre las más lucrativas y favorables del mundo. Incluían unos insignificantes pagos por royalties y contratos a largo plazo para aprovechar uno de los yacimientos petroleros más grandes de petróleo en el mundo (la faja petrolífera del Orinoco). La totalidad del equipo director ejecutivo de lo que formalmente se describía como una empresa estatal estaba involucrado en dudosas inversiones en el extranjero, que iban acompañadas de importantes gastos indirectos que disfrazaban lo que era realmente un pillaje ejecutivo y unos altos sobrecostes, es decir, corrupción (30). A partir de los más altos ejecutivos, el pillaje petrolero alimentaba a una pléyade de abogados, consultores, publicistas, altos cuadros de los principales medios de comunicación, directores de grupos industriales, un pequeño ejército de boutiques de gran lujo, especuladores inmobiliarios y sus asesores políticos, y un entorno compuesto de empleados de nivel medio, contables, funcionarios militares, jefes de policía y consejeros académicos subvencionados. Todos estos beneficiarios del pillaje del petróleo venezolano depositaban su dinero en bancos de EE UU, especialmente en Miami, o lo invertían en bancos, bonos y propiedades en EE UU. En una palabra, Venezuela era un ejemplo palmario de una clase burocrática rentista profundamente integrada de hecho en los circuitos estadounidenses de las finanzas, el petróleo y la inversión. Sistemática, cultural e ideológicamente, esta clase se veía a sí misma como los agentes subordinados en un sistema de mercado y libre comercio libre planificado por EE UU. La afirmación soberanista de Chávez y sus políticas de renacionalización de los recursos venezolanos se consideran amenazas directas a los vínculos esenciales de las clases superior y media con EE UU, y a su perspectiva de Miami way of life.
Esta integración profundamente subordinada, y los valores e intereses de clase media colonizada que la acompañaban, se vio sacudida por la quiebra de la economía venezolana durante los años 80 y 90 del pasado siglo. La emigración y el empobrecimiento relativo de una amplia franja de empleados públicos, profesionales y trabajadores que antes percibían altos salarios parecieron radicalizarlos o crear un malestar extendido. La acentuada movilidad descendente de la clase trabajadora empobrecida y de la clase media-baja, así como los profesionales, produjeron el descrédito de los líderes endémicamente corruptos de los dos partidos políticos principales, los disturbios urbanos masivos, las huelgas y el apoyo público a una sublevación militar liderada por Chávez que terminó en fracaso (1992). Estos acontecimientos llevaron a la subsiguiente elección (1998) de Hugo Chávez y a la aprobación del referendo que autorizaba la redacción de una nueva Constitución, más profundamente democrática. Sin embargo, ni la rebelión de las clases medias, ni siquiera el voto de protesta a favor de Chávez, fueron acompañados por cambio alguno en la ideología política o los valores básicos. Vieron a Chávez como un apoyo para superar su disminuida situación, y paradójicamente, para refinanciar su Miami way of life y acceder al mercado de consumo de EE UU.
El tiempo y las circunstancias demostrarían esta realidad, cuando la presión se convirtió en empujón, en noviembre de 2001 a abril de 2002, y EE UU se enfrentó al Gobierno como cómplices en el efímero golpe fallido. En esa ocasión, la mayor parte de la clase media apoyó a las élites estadounidenses y venezolanas (31). El golpe apoyado por EE UU fue una respuesta directa al rechazo del presidente Chávez a apoyar la guerra contra el terror orquestada por la Casa Blanca y los sionistas. El presidente Chávez declaró: "No se combate el terror con el terror", en respuesta a la llamada a las armas del Presidente Bush contra Afganistán. La ocasión permitió a Chávez afirmar su defensa por principio del derecho a la autodeterminación y su declarada posición contra las guerras coloniales. El subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, Mark Grossman, se personó infructuosamente en Caracas, en otoño de 2001, para presionar a Chávez y hacer que reconsiderara su posición (32). Chávez era el único presidente del mundo dispuesto a hacer frente a la nueva doctrina militarista de Bush, por lo que inmediatamente fue designado enemigo. Peor aún, desde el punto de vista de la administración de Bush, las políticas nacionalistas del presidente Chávez representaban una alternativa latinoamericana en un momento (2000-2003) en que las insurrecciones de masas, las sublevaciones populares y el hundimiento de los gobiernos satélites de EE UU (Argentina, Ecuador y Bolivia) eran noticias constantes de primera página.
En vísperas del golpe de abril de 2002, las políticas del gobierno de Chávez eran sumamente favorables a lo que se consideran valores e intereses de clase media, en términos de libertades democráticas, reformas socioeconómicas ampliadas, políticas fiscales ortodoxas y respeto a las explotaciones extranjeras y nacionales y a las relaciones laborales de signo capitalista. No había razones materiales objetivas para que las clases medias, o incluso la oligarquía económica, apoyasen el golpe, a excepción del hecho de que su situación, sus sueños de consumo, estilo de vida e inversiones económicas estaban íntimamente vinculados a los Estados Unidos. En una palabra, EE UU ejercían una hegemonía completa sobre las clases superiores y medias venezolanas. Como consecuencia, sus políticas y sus intereses globales se identificaron como los intereses de los venezolanos ricos. La identificación de las élites venezolanas con la política de EE UU era tan fuerte que se vieron obligados a apoyar un golpe de estado violento contra su propio Gobierno democráticamente elegido. La clase dirigente de Caracas apoyó la imposición de un efímero régimen político dictatorial apoyado por Estados Unidos, y de un programa, que, si se hubiera ejecutado completamente, habría reducido su acceso a los ingresos de petróleo y los beneficios comerciales y socioeconómicos que habían disfrutado bajo Chávez. La breve Junta golpista propuso retirarse de la OPEP, debilitando la posición negociadora de Venezuela con EE UU y la UE, expulsar más de 20.000 médicos, enfermeras, dentistas y otros auxiliares de sanidad cubanos que proporcionaban servicios a más de dos millones de venezolanos de renta baja, sin recibir a cambio ninguna compensación recíproca de Washington (33).
El segundo intento de la élite económica y las clases medias para echar al presidente Chávez del poder tuvo lugar en diciembre de 2002 con un cierre patronal –lock-out— de la dirección de PDVSA. El cierre duró hasta febrero de 2003 y tuvo un coste superior a los 10.000 millones de dólares en ingresos, salarios y beneficios perdidos (34). Hombres y mujeres de negocios venezolanos cometieron un suicidio económico en su celo por destruir a Chávez, y fueron a la quiebra debido a su incapacidad de hacer frente a pagos y alquileres. Más de 15.000 ejecutivos y profesionales de PDVSA, que promovieron activamente la huelga y, en un brote de ludismo de élite, sabotearon el proceso de producción automatizado de petróleo, fueron despedidos. La principal confederación sindical, favorable a EE UU y financiada por la CIA durante años, sufrió una derrota doble tras su participación en el golpe y el cierre patronal frustrados, convirtiéndose en una carcasa burocrática vacía. Las clases alta y media fueron también perdedoras, en sus tentativas fallidas de recuperar su privilegiada situación y mantener su relación especial con EE UU. Mientras que las clases privilegiadas se veían a sí mismas inmersas en una dinámica de movilidad descendente (una imagen que no se corresponde con la realidad de su nueva riqueza, especialmente con el auge de los precios de las materias primas, 2004 a 2008), su frustración y resentimiento alimentaron y produjeron grotescas fantasías de hallarse bajo la férula de un brutal dictador comunista. De hecho, bajo la presidencia de Chávez (después de 2003), han disfrutado un aumento de su nivel de vida, una economía mixta, importaciones abundantes de bienes de consumo, a la vez que se les entretenía con los medios de comunicación privados más histérica y rabiosamente antigubernamentales en todo el hemisferio. La propaganda de los medios de comunicación alimentó sus falsas fantasías de opresión. La intransigente minoría privilegiada de clase media salió de su lucha violenta contra Chávez privada de sus aliados militares. Durante un breve periodo de tiempo, muchos de sus líderes de las asociaciones empresariales y del moribundo aparato sindical fueron a la cárcel, mientras otros optaron por el exilio o se encontraron sin trabajo.
Por otra parte, los partidarios de Chávez que salieron a las calles por millones y lo reintegraron a la presidencia, así como los trabajadores que desempeñaron un papel importante en poner de nuevo en funcionamiento la industria petrolera y las fábricas, proporcionaron la base para la creación de nuevos movimientos populares de masas. Chávez nunca ha olvidado su apoyo durante aquella situación de emergencia. Una de las razones que ha aducido para nacionalizar la industria del acero ha sido el apoyo de los trabajadores de este ramo, que permitió acabar con el cierre patronal y mantener las fábricas en funcionamiento.
Venezuela es uno de los pocos países donde tanto la izquierda como la derecha han construido movimientos sociales de masas con capacidad para movilizar gran cantidad de personas. Es también un país en el que estos movimientos han atravesado fases de intensa volatilidad. La tendencia ha consistido en el surgimiento, a partir de la lucha de masas, de organizaciones muy prometedoras que al poco tiempo pierden su fuerza, tras un gran acontecimiento, y que luego son sustituidas por otros movimientos organizados que a su vez retienen a algunos activistas pero no pueden consolidar su base de masas. En efecto, lo que ha venido sucediendo son una serie de movimientos de vaivén, basados en compromisos preexistentes de clase que responden en momentos de crisis nacional y luego regresan a sus actividades locales que giran en torno a la supervivencia familiar, el consumo y las mejoras del hogar y del barrio. Si bien este ciclo de movilización, de flujo y reflujo, es común en todas partes, lo que destaca en Venezuela es el grado de compromiso y el de retirada: la salida de grandes masas a la calle y el número limitado de activistas que continúan.
Si observamos los grandes rasgos de la última década, con el presidente Chávez en la cabeza del Gobierno, no cabe la menor duda de que la actividad de la sociedad civil es más rica, más variada y tiene más capacidad de expresión que durante cualquier otro gobierno en los últimos sesenta años.
Originarios del movimiento democrático popular de restauración que expulsó a la efímera junta golpista y repuso a Chávez en el poder, los movimientos comunitarios de base proliferaron en los barrios de ranchos de las grandes ciudades, especialmente en Caracas. Con el cierre empresarial y el sabotaje a la producción por parte de los directivos, los trabajadores industriales y del petróleo, junto a una minoría leal de técnicos, tomaron la iniciativa en la restauración de la producción y la derrota de la élite ejecutiva apoyada por EE UU. Los comités de acción directa se convirtieron en los núcleos que pusieron en marcha los Consejos Comunales; una nueva confederación sindical, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); y los nuevos batallones electorales, que decisivamente derrotaron un referendo revocatorio contra Chávez. De estas organizaciones de defensa surgió la idea gubernamental de organizar cooperativas de producción y consejos autónomos de barrio que puenteasen a funcionarios regionales y locales establecidos. La organización campesina creció y presionó con éxito para la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 2001. A medida que la izquierda se organizaba, también la derecha volvía a su base institucional habitual: Fedecámaras, la gran asociación empresarial; las organizaciones de grandes terratenientes y ganaderos; los minoristas y los profesionales independientes adscritos a las Cámaras de Comercio, así como a sus propias organizaciones de barrio, en las zonas más elitistas (Altamira, etc.). Después de sufrir varias derrotas desmoralizantes, la derecha se orientó cada vez más hacia las ONG financiadas por EE UU, como Súmate, para penetrar los barrios de clase baja y aprovechar el descontento y las frustraciones entre los estudiantes universitarios de clase media cuyas manifestaciones callejeras se convirtieron en detonantes de un conflicto más amplio (35).
Los chavistas consolidaron su presencia organizativa con clínicas sanitarias, almacenes de alimentos y cooperativas subvencionadas, además de programas educativos. La derecha consolidó su asentamiento en las principales universidades prestigiosas y las escuelas secundarias privadas. Uno y otro grupo compitió por conseguir la lealtad de sectores poco politizados, a veces trabajadores informales de bajas rentas y sentimientos religiosos, otras veces trabajadores sindicados de mayor nivel salarial; centrándose en ambos casos en sus problemas más inmediatos relacionados con el dinero. Los chavistas consiguieron cerca del 50% del voto, en un referendo radical en el que se decidía una transición al socialismo, referendo que perdieron por un 1%. La derecha capitalizó la abstención (3 millones de personas, en su mayoría pro Chávez) de los votantes para derrotar el referendo (36).
La derecha, por medio de la violencia y la desinversión continua, ha polarizado Venezuela a pesar del crecimiento económico continuo de casi dos dígitos durante un período de cinco años. Esta contradicción básica refleja el hecho de que el proyecto socialista del Gobierno tiene lugar en un marco socioeconómico en el que los grandes capitalistas controlan casi todas las instituciones bancarias y financieras, y las principales empresas de fabricación, distribución, transporte y servicios, en contraposición a los sectores de la energía, telecomunicaciones, electricidad, acero, cemento y servicios sociales que detenta el Gobierno. En abril de 2008, Chávez puso en marcha una gran ofensiva para invertir esta correlación adversa del poder económico en favor de las clases trabajadoras, expropiando 27 plantaciones de azúcar, redes de distribución de alimentos, cadenas de envasado de carne, así como las principales complejos del cemento y el acero.
En 2008, Chávez reconoció que el pueblo movilizado por abajo era sistemáticamente obstaculizado por las órdenes surgidas de la élite económica por arriba. Tanto si se trataba de la producción de alimentos como de su distribución, la creación de empleos fijos o informales, la financiación de los pequeños agricultores, la negociación especulativa de bonos o la financiación de las plantas de derivados del petróleo, todas estas decisiones económicas estratégicas que afectan a las relaciones de clase, la organización de clase, la lucha de clases y la conciencia de clase estaban en manos de los enemigos mortales del gobierno de Chávez y de su base electoral. Al atacar directamente estos ámbitos cruciales que afectan a la vida cotidiana, Chávez está revitalizando y sosteniendo la organización popular de masas. De lo contrario, una sujeción constante a los sabotajes económicos y la desinversión por parte de las clases poseedoras le alienaría el apoyo natural de las clases populares hacia su gobierno.

Relaciones Venezuela - EE UU

Más que en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas actuales, las clases dominantes y medias venezolanas han demostrado su voluntad de sacrificar sus intereses económicos inmediatos, sus oportunidades reales de remuneración, beneficios y rentas en la persecución de los intereses políticos de alto riesgo propios de EE UU. ¿Cómo se puede explicar si no su apoyo del golpe orquestado por EE UU de abril de 2002, en un momento en que Chávez estaba aplicando políticas fiscales y monetarias bastante ortodoxas, y había adoptado un planteamiento estrictamente constitucionalista de la reforma institucional? ¿Cómo se puede explicar si no que apoyase un cierre patronal de dos meses, que paralizó la industria y la producción de petróleo, produciendo pérdidas de miles de millones de dólares en ingresos, beneficios y sueldos de particulares, y que llevó, en definitiva, a la quiebra a centenares de empresas privadas y al despido de más de 15.000 ejecutivos, bien remunerados, de alto y medio nivel?
Es evidente que la ultrahegemonía de EE UU sobre la élite y la clase media venezolanas tiene un fuerte componente de autoengaño ideologico-psicológico: una identificación profunda, casi patológica, con la superior sociedad blanca, potente en su producción y consumo, a la par que una hostilidad y un menosprecio arraigados hacia la Venezuela profunda y sus masas mestizas afro-indígenas.
En una tipificación de la personalidad autoritaria como la descrita por Theodor Adorno, la élite venezolana y sus imitadores de clase media están, por arriba, a los pies y la merced de aquellos americanos del Norte idealizado, a la vez que, por abajo, mantienen su bota sobre los venezolanos pobres y de piel oscura, que desprecian. Esta hipótesis de la mentalidad colonial puede explicar el comportamiento patológico de los profesionales venezolanos que, como sus médicos y académicos, buscan ansiosamente realizar posgrados de prestigio en Estados Unidos, a la vez que menosprecian la pobre calidad de las nuevas clínicas de barrio, destinadas a los pobres en lugares donde no había existido antes ninguna, y las nuevas políticas de admisión gratuita a las universidades bolivarianas, abiertas a las masas antes marginadas.
La profunda integración –a través del consumo, de las inversiones y de una identificación secundaria– de las clases medias y altas venezolanas con las élites estadounidenses son el firme fundamento de la campaña de Washington para desestabilizar y derrocar al gobierno de Chávez, y destruir el orden constitucional. Los vínculos psicosociales, formales e informales, se consolidan mediante las relaciones económicas parásito-rentistas basadas en los peregrinajes de consumo, mensuales o anuales, a Miami. Las inversiones inmobiliarias y las transferencias y transacciones financieras ilegales con instituciones financieras de EE UU, así como el reparto ilegal y lucrativo de beneficios entre los anteriores ejecutivos de PDVSA y las grandes petroleras estadounidenses han proporcionado la base material de las políticas pro imperialistas.
Los responsables políticos de EE UU tienen una clase de colaboradores naturales dispuesta y capaz de funcionar como correa de transmisión activa de las políticas de EE UU y servir a los intereses de EE UU. Como tal, es correcto hacer referencia a estos venezolanos como clases subordinadas.
Después del lamentable fracaso de estas clases subordinadas a Washington a la hora de hacerse directamente con el poder mediante un golpe de estado violento, y después de casi haberse autodestruido en un fallido dilema de o gobierno o ruina, a través del cierre patronal, el Departamento de Estado de EE UU las orientó hacia una guerra del desgaste, que supone una intensificación de la propaganda y campañas permanentes de acoso diseñadas para erosionar la influencia del gobierno de Chávez en su base popular.
Los consejeros académicos imperiales y los expertos e ideólogos de los medios de comunicación han propuesto varias líneas de guerra ideológico-política, debidamente adaptadas e incorporadas por las clases subordinadas venezolanas. Este ejercicio del llamado poder blando (propaganda y organización social) debería en principio crear las condiciones óptimas para el uso final del poder duro: la intervención militar, el golpe de estado, el terror, el sabotaje, la guerra regional o, más probable, una determinada combinación de todas estas tácticas (37). El predominio del poder blando en un momento concreto no impide sucesivos ejercicios selectivos de poder duro, por ejemplo el reciente ataque militar transfronterizo colombiano contra un aliado de Venezuela, Ecuador, en marzo de 2008. El poder blando no es un fin en sí; es un medio para acumular fuerzas y construir la capacidad para lanzar un asalto frontal violento en el momento de mayor debilidad del Gobierno venezolano.

Una campaña del poder blando dividida en tres partes: drogas, derechos humanos y terrorismo

En el período 2007-2008, EE UU y la élite venezolana intentaron desacreditar al Gobierno venezolano a través de la publicación y difusión de un informe creado para presentar a Venezuela como un centro del narcotráfico. Un informe, más que sospechoso, de la Drug Enforcement Agency (DEA, organismo estadounidense de lucha contra la droga) señaló a Venezuela como "punto importante de transporte", ignorando el hecho de que el principal gobierno títere de EE UU en América Latina, la Colombia de Alvaro Uribe, es el mayor productor, procesador y exportador de cocaína. Las evidentes omisiones tienen poca importancia para el Departamento de Estado de EE UU y los medios de comunicación privados venezolanos. El hecho de que Venezuela esté interceptando con éxito cantidades masivas de droga enviadas desde Colombia no tiene ninguna importancia. Para los apologistas académicos del imperio, las mentiras al servicio de la desestabilización de Chávez son un ejercicio virtuoso de poder blando (38).
 
Estados Unidos, sus clases subordinadas y los grupos de derechos humanos financiados por Washington han difundido falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos bajo Chávez, ignorando al mismo tiempo las prácticas genocidas de EE UU e Israel en Oriente Próximo y las persistentes campañas del gobierno de Colombia que han provocado la muerte de docenas de sindicalistas y centenares de campesinos cada año. La tentativa de Washington de etiquetar a Venezuela como un apoyo de los terroristas fue rechazada clamorosamente por un informe de las Naciones Unidas de abril de 2008 (39). No hay ninguna prueba de violaciones sistemáticas de los derechos humanos patrocinadas por el gobierno en Venezuela. Hay, en cambio, abusos significativos contra los derechos humanos por parte de los grandes terratenientes, apoyados por la oposición, que han asesinado ya a más de 200 trabajadores rurales sin tierra. Hay también abusos en el lugar de trabajo por parte de numerosos empresarios privados afiliados a Fedecámaras (40). Es precisamente en respuesta a las violaciones capitalistas de los derechos de los trabajadores que Chávez decidió nacionalizar las acerías. Sin duda, Washington no va a reconocer adecuadamente estos progresos de los derechos humanos por parte de Chávez.
Hablar de derechos humanos es un modo de invertir los papeles: se acusa a Venezuela –víctima de golpes de estado y asesinatos a manos de EE UU y sus clases subordinadas— de violaciones de los derechos humanos, con lo que se califica a los verdugos de víctimas. Ésta es una técnica común de propaganda, utilizada por las clases y los regímenes agresores para justificar el ejercicio unilateral de la brutalidad y de la represión.
Conforme a su ideología militar-imperialista global, Washington y sus vasallos venezolanos han acusado al Gobierno venezolano de ayuda y complicidad con los terroristas, es decir con la guerrilla insurgente colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ni el gobierno de Bush, ni el de Uribe ha presentado pruebas de algún tipo de ayuda material al FARC. Como se indica más arriba, en un informe de la ONU en el que se analizan las acusaciones de Washington-Uribe contra el gobierno de Chávez se desestiman todas y cada una de ellas. Se utiliza este montaje para camuflar el hecho de que las fuerzas especiales de EE UU y las fuerzas armadas colombianas han infiltrado sus fuerzas paramilitares armadas en barrios pobres de Venezuela para establecer puntos de apoyo y bloquear futuras movilizaciones en defensa de Chávez.
Una campaña del poder duro dividida en tres partes: boicoteo económico, guerra de baja de intensidad y la carta colombiana
Como complemento a la campaña de propaganda, Washington ha instrumentalizado a un productor importante de petróleo, Exxon-Mobil, para que rechazase un acuerdo negociado de compensación, que habría dejado en manos de este gigante del petróleo de EE UU un paquete minoritario de lucrativas acciones en una de las reservas petrolíferas más grandes del mundo: los yacimientos del Orinoco. Todas las restantes empresas petroleras europeas firmaron el nuevo contrato petrolero público-privado (41).
Cuando Exxon-Mobil exigió una compensación, PDVSA le hizo una oferta generosa, que aquélla rechazó precipitadamente. Cuando PDVSA aceptó el arbitraje internacional, Exxon-Mobil movió sus fichas rápidamente para conseguir una resolución judicial de congelación de los activos de PDVSA en el extranjero, concretamente en EE UU, Países Bajos y Gran Bretaña. Un tribunal de Londres desestimó rápidamente la denuncia de Exxon-Mobil. Como en otras experiencias de otros países, como Cuba en 1960, Chile en 1971-73 e Irán en 1953, las grandes empresas del petróleo actúan como instrumento político del Departamento de Estado de EE UU en vez de como instituciones económicas respetuosas de la soberanía nacional. En este caso, Washington ha utilizado a Exxon-Mobil como instrumento de la guerra psicológica, para fomentar la tensión y proporcionar a sus satélites locales un incidente que éstos puedan transformar en propaganda del miedo. Los medios de comunicación privados venezolanos citan la amenaza de un boicoteo del petróleo por parte de EE UU y evocan una situación de desastre económico que llegue hasta el hambre, a la vez que atribuyen este fantástico escenario a una provocación del gobierno de Chávez. Al evocar esta ilusión de poder de EE UU y de impotencia venezolana, oscurecen el hecho de que los nuevos contratos de petróleo añadirán miles de millones de dólares a la Hacienda venezolana, lo que beneficiará a todos los venezolanos.
Las opciones militares estratégicas de EE UU se han visto limitadas seriamente por sus guerras prolongadas y de incierto final en Irak y Afganistán, y su preparación militar de amenaza a Irán. Por consiguiente, la estrategia militar de EE UU hacia Venezuela se basa en aumentar la capacidad militar de Colombia con una ayuda militar de 6.000 millones de dólares durante los últimos ocho años, entre otros de armas, formación, asesores, fuerzas especiales, mercenarios y logística. Los asesores estadounidenses instan a las fuerzas armadas colombianas a montar operaciones transfronterizas, con acciones como el secuestro de ciudadanos venezolanos y asaltos armados e infiltración paramilitar. Y como culminación, el bombardeo en Ecuador de un campamento de un equipo de negociación de las FARC que preparaba una liberación de presos. La doble finalidad para EE UU de esta presión militar de baja intensidad es, por una parte, averiguar la capacidad de respuesta de Venezuela, su capacidad para la movilización militar, y, por otra, probar las lealtades y el sometimiento de altos funcionarios y oficiales de inteligencia en el ejército venezolano. EE UU ha participado en la infiltración de operativos paramilitares y militares en Venezuela, aprovechando la fácil entrada a través del Estado fronterizo de Zulia, el único estado gobernado por la oposición en la persona del gobernador Manuel Rosales.
El tercer componente de la estrategia militar es integrar las fuerzas armadas de Venezuela en un comando militar regional propuesto por residente brasileño Lula da Silva y aprobado por la Secretario de Estado de EE UU, Condoleezza Rice (42). En este marco, Washington podría utilizar a sus generales amigos y clientes para presionar a Venezuela para que acepte la hegemonía político-militar de EE UU, disfrazada como una iniciativas regionales. Para decepción de Washington, Brasil ha excluido una presencia de EE UU, por lo menos hasta hoy.
La estrategia militar de EE UU hacia Venezuela depende en gran medida de la derrota o la contención de la guerrilla por el ejército de Colombia, y de la reconquista de las amplias zonas rurales que están bajo control rebelde. Esto abriría el camino para que el ejército de Colombia atacase a Venezuela. Un ataque militar dependería crucialmente de un deterioro político grave en Venezuela, basado en la llegada al poder de la oposición en estados y municipios clave en las próximas elecciones de noviembre. A partir de sus progresos en posiciones institucionales, los vasallos de Washington podrían socavar los programas populares sociales, económicos y de barrio, de alcance estatal.
Solamente cuando las circunstancias internas del desorden polarizado puedan crear la inseguridad necesaria y socavar la producción, el consumo y el transporte cotidianos, solamente entonces podrán los planificadores estadounidenses estudiar la posibilidad de llegar a la confrontación pública a gran escala y a la preparación de un ataque militar. Los estrategas militares estadounidenses prevén la fase final, compuesta de una ofensiva de sus fuerzas aéreas y una intervención de sus fuerzas especiales, sólo cuando puedan contar con una intervención colombiana a gran escala, una sublevación político-militar interna, y la vacilación de funcionarios ejecutivos poco dispuestos a ejercer sus poderes de emergencia y a movilizar todas las fuerzas militares. Los estrategas estadounidenses exigen poder contar rigurosamente con estas condiciones porque el régimen actual en Washington está políticamente aislado y desacreditado, la economía está en una recesión profunda, y el déficit presupuestario se está disparando, especialmente debido a sus gastos militares en Irak y Afganistán. Solamente los extremistas marginales en la Casa Blanca prevén un asalto militar directo en un futuro inmediato. Pero eso podía cambiar en la medida en que sus vasallos tuvieran éxito en la siembra del caos y el desorden en Venezuela.

Confrontación diplomática y económica: Chávez ante Bush

Diplomática y económicamente, el presidente Chávez ha ganado su primera mano ante el gobierno de Bush. Ningún país latinoamericano apoya las propuestas de Washington, de intervención militar, boicoteo o exclusión de Venezuela del comercio regional, o de los foros de inversión o diplomáticos. Ningún país ha roto sus relaciones diplomáticas, económicas o políticas con Caracas, ni siquiera EE UU, a pesar de fuertes maniobras gubernamentales en esa dirección, en marzo de 2008, etiquetando a Venezuela como país terrorista. Ni siquiera el principal satélite de Washington, Colombia, muestra entusiasmo ante la perspectiva de perder su flujo comercial de alimentos y petróleo con Venezuela, por un valor de 5.000 millones de dólares, para no contrariar a Bush. Chávez ha desafiado con éxito la hegemonía de EE UU en el Caribe. A través de Petrocaribe, numerosos países de América Central y el Caribe reciben de Venezuela petróleo y productos petrolíferos fuertemente subvencionados, junto con ayuda socioeconómica, a cambio de una política diplomática más favorable hacia Caracas. En sus acometidas contra un país concreto, EE UU ya no cuenta con un bloque regional que respalde automáticamente sus propuestas.
El Gobierno venezolano ha contribuido con éxito a la extinción de la propuesta de Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), liderada por EE UU, y la ha sustituido por un nuevo acuerdo de libre comercio, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), compuesta ya de seis Estados miembros. La propuesta de Venezuela de un Banco del Sur, que permita eludir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), influenciado por EE UU, se ha puesto en marcha y tiene el apoyo de Brasil, Argentina y una mayoría de otros estados latinoamericanos (43).
El embargo de armas impuesto por Washington, que incluyó a España, resultó un fracaso, por cuanto Venezuela recurrió a la compra de armas en Rusia y otros lugares. Los esfuerzos de Washington para desalentar la inversión extranjera, especialmente en la exploración petrolera han sido un fracaso completo, pues China, Rusia, Europa, Irán y todos los grandes productores de petróleo han invertido o están negociando actualmente las condiciones para hacerlo.
A pesar de la vehemente oposición de EE UU, Venezuela ha desarrollado un vínculo estratégico adicional con Cuba, exportando petróleo y gas subvencionados e inversión a gran escala a cambio de un ambicioso contrato de servicios sanitarios que cubra las necesidades de Venezuela en todos los barrios pobres (44). Venezuela ha consolidado sus vínculos comerciales y de financiación a largo plazo con Argentina a través de la compra de bonos argentinos, que este país vende con dificultad dado su conflicto con el Club de París.
Venezuela había mejorado sensiblemente su imagen en Europa por el papel positivo de Chávez en la mediación para la liberación de los prisioneros de las FARC, mientras que cada vez más en Europa se percibe el régimen vasallo de Uribe como una entidad militarista, deshumanizada y dirigida por los narcotraficantes. El militarismo de EE UU y su crisis económica han llevado a una disminución aguda de su imagen y su prestigio en Europa, a la vez que se erosionan su imperio económico y condiciones de vida en el interior del país. La oposición de Chávez a la guerra global de Bush contra el terror y sus llamadas al respeto de los derechos humanos y el bienestar social ha creado una imagen internacional favorable entre los pobres del Tercer Mundo y en amplios círculos de la opinión pública en muchos otros lugares.

Vulnerabilidad, oportunidades y desafíos

Actualmente y en un futuro próximo, Venezuela sigue siendo vulnerable a un ataque por varios frentes. Está experimentando importantes contradicciones internas. Sin embargo, posee puntos fuertes y grandes oportunidades para avanzar en el proceso de transformación económica y social. Las principales debilidades pueden detectarse en los sectores del Estado, la economía social y la seguridad nacional.
En el campo de la política, la cuestión fundamental es la de la representación, la articulación y la aplicación democráticas de los intereses populares por los cargos elegidos y los cargos administrativos. Demasiado a menudo se oye decir a los chavistas, en discusiones públicas y privadas: "apoyamos al presidente Chávez y sus políticas pero…", y entonces sigue una letanía de críticas a los alcaldes locales, funcionarios del ministerio, gobernadores y a los malos consejeros de Chávez (45). Algunos –no todos– de los funcionarios elegidos llevan sus campañas con arreglo a la tradicional política clientelista liberal, que consiste en recompensar a unos pocos a expensas de la mayoría. La clave es democratizar el proceso de nombramiento y no dar por sentado, simplemente, que el titular en ejercicio, por incompetente o impopular que sea, deba presentarse de nuevo. Es evidente que el PSUV tiene que liberarse de las políticas electorales basadas en las personalidades y establecer unos criterios independientes que respondan a las evaluaciones populares de los titulares y candidatos del partido. Es preciso que los Consejos Comunales tengan la capacidad de evaluar, informar y tener una voz en la evaluación de los ministerios y los organismos administrativos ineficaces que no proporcionen los servicios que deben (46). La mano muerta del pasado reaccionario está presente en las prácticas, el personal y la parálisis de las estructuras administrativas actuales y, peor aún, está influenciando algunos de los nuevos nombramientos chavistas.
La táctica de crear nuevos organismos paralelos para superar las burocracias obstruccionistas existentes no funcionará si los nuevos administradores están insuficientemente preparados (por designación tardía o inexistente, incapacidad de rectificación de problemas, incumplimiento de compromisos etc.) Nada irrita más a las masas chavistas más que tratar con funcionarios que no son capaces de cumplir sus compromisos en un plazo razonable. Ésta es la fuente general de descontento, alienación política y vulnerabilidad de las políticas del Gobierno. En parte, el problema es de incompetencia del personal y, en su parte principal, la solución es estructural: dar el poder a las organizaciones populares para reprobar y a sustituir a los funcionarios ineficaces y corruptos.
En la esfera económica es preciso realizar un análisis profundo de toda la estrategia en varias áreas. En lugar de la financiación masiva, y en gran parte perdida, a las cooperativas de escala reducida dirigidas por pobres con escasas capacidades productivas, de gestión o incluso de contabilidad básica, los fondos de inversión deberían canalizarse hacia fábricas modernas de escala media y grande, que combinen a la vez unos administradores y trabajadores expertos con trabajadores de escasa formación, que produzcan mercancías de gran demanda en los mercados nacionales y en un futuro en los extranjeros. La nueva empresa pública que está construyendo 15.000 casas prefabricadas es un buen ejemplo.
La segunda área de vulnerabilidad económica es la agricultura, donde el ministerio del ramo ha fracasado estrepitosamente en el desarrollo de la producción de alimentos (como demuestran las importaciones masivas), las redes de distribución y sobre todo en la aceleración del programa de reforma agraria. Si algún ministerio costó a Chávez la pérdida del referendo, es el ministerio de la agricultura, que durante más de nueve años no ha conseguido aumentar la producción, la productividad y la disponibilidad de alimentos. Las anteriores políticas de controlar o dejar de controlar los precios, de subvenciones y créditos a los grandes productores han sido un fracaso sin paliativos. La razón es obvia: los grandes terratenientes que se han beneficiado de los créditos agrícolas y de las generosas subvenciones del Gobierno no han invertido en la producción agrícola, la cría de ganado, la compra de nuevas semillas, nueva maquinaria o nuevos animales productores de leche. Están utilizando la financiación del Gobierno para adquirir bienes inmuebles, títulos del Estado y participaciones en bancos y fondos especulativos de inversión, o transfiriéndolos al extranjero. Esta incorrecta e ilegal asignación de fondos públicos es claramente evidente en la brecha existente entre los altos niveles de financiación pública destinada a los llamados productores agrícolas y el crecimiento escaso (o incluso negativo) de la producción y la productividad en las grandes propiedades (47).
En abril de 2008, el presidente Chávez reconoció que la única manera de controlar el uso de los fondos públicos, los préstamos y la inversión estatal consiste en introducir cambios fundamentales en el uso y la propiedad de la tierra productiva. Se trata de asegurarse de que los fondos van realmente a la producción de alimentos y no a la compra o la inversión en nuevos apartamentos de lujo, de inmuebles o de bonos argentinos. En marzo y abril de 2008, el presidente Chávez, con el apoyo de los principales movimientos campesinos y de trabajadores de la industria alimentaria, expropió 27 plantaciones, una cadena de transformación de carne, una planta de producción lechera y una importante cadena de distribución de alimentos. Ahora el desafío es asegurarse de que se designe a los administradores competentes y se elija a los consejos de campesinos y obreros para asegurar un funcionamiento eficaz, nuevas inversiones y recompensas equitativas. Lo que está absolutamente claro es que el presidente Chávez ha reconocido que la propiedad capitalista, incluso con subvenciones del Gobierno, es incompatible con la cobertura de las necesidades de consumo de los venezolanos.
En tercer lugar, según lo mencionado anteriormente, la inflación está reduciendo la capacidad popular de consumo, fomentando demandas salariales por los trabajadores sindicados de los sectores de exportación y erosionando al mismo tiempo los salarios y la renta de los trabajadores eventuales e informales. El Gobierno ha anunciado una disminución de la tasa de inflación en enero-febrero 2008 (2,1%), lo que es un indicador positivo de que se le está prestando una atención preferente. Las escandalosas tasas de beneficio tanto en la producción de bienes de consumo como en la de bienes de capital han aumentado la excesiva circulación de dinero, mientras que la falta de inversión en una mayor productividad y producción ha debilitado la oferta. La espiral inflacionista se enmarca en la estructura de la propiedad de las principales empresas capitalistas, y ningún tipo de reglamentación de los márgenes de beneficio conseguirá aumentar la productividad. En este año 2008, el presidente Chávez acelera la transformación socialista a través de la nacionalización de las industrias estratégicas.
La clave consiste en invertir grandes sumas de capital público en un amplio abanico de empresas públicas competitivas, dirigidas con una visión empresarial bajo el control de los técnicos y los trabajadores. Confiar en los incentivos a los capitalistas particulares para aumentar la productividad ha sido un gran fracaso en la mayor parte de los casos, a causa de su comportamiento rentista y no empresarial. Cuando el Gobierno cede ante un grupo de empresas y ofrece incentivos, solamente recibe a cambio una serie de nuevas excusas con las que se echa la culpa a la política de precios, la inseguridad, la inflación o las importaciones por la falta de inversión. Es evidente que confiar en la asociación pública-privada es una política fallida.
La base del malestar psicológico de las empresas puede reducirse a un solo aspecto: no piensan producir ni invertir, ni siquiera para conseguir un beneficio, si ello puede interpretarse como un apoyo al gobierno de Chávez y la consolidación del apoyo popular a éste gracias al empleo y a los ingreso (48). Prefieren simplemente mantener sus empresas y subir los precios para aumentar sus beneficios.
En la esfera social, el Gobierno se enfrenta al problema de potenciar la conciencia política y sobre todo de fomentar el encuadramiento de sus partidarios de base en organizaciones cohesionadas, disciplinadas y con conciencia de clase. El proyecto socialista del Gobierno depende de la existencia de organizaciones sociales de masas capaces de adelantar a la élite económica y de limpiar las vecindades de matones, gángsters y agentes paramilitares de los oligarcas venezolanos y del régimen de Uribe.
El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora está creando la clase de escuelas político-educativas de cuadros necesarias para avanzar en la reforma agraria. Ejerciendo presión sobre el Instituto Agrario Nacional, que se ocupa de las tierras no cultivadas, y resistiendo a los pistoleros que los propietarios traen de Colombia, este nuevo movimiento proporciona un modelo a escala reducida de la acción social que el Gobierno debería promover y multiplicar a escala nacional.
El principal obstáculo es el papel contrarrevolucionario de la Guardia Nacional, dirigida por el general Arnaldo Carreño. Recientemente, este militar dirigió una incursión en una escuela de formación de campesinos con helicópteros de ataque y 200 soldados, arrestó y golpeó a educadores y estudiantes y destrozó el instituto. No se ha tomado ninguna medida oficial contra los funcionarios militares responsables de esta atroz acción (49). Aparte de la reaccionaria naturaleza de este asalto a uno de los movimientos chavistas más progresistas, indica la presencia de un sector militar comprometido con los grandes propietarios y muy probablemente alineado con los golpistas militares colombianos y estadounidenses.
La legislación laboral se sigue retrasando. La nueva ley de seguridad social, más progresista, está atascada en el Congreso y/o enterrada por las manos muertas de la administración. Los trabajadores eventuales (no contratados, sin seguridad en el empleo) aún predominan en industrias clave como el petróleo, el acero, el aluminio y las manufacturas. Los sindicatos –tanto el favorable a Chávez como la plétora de tendencias en lucha y supuestos sindicatos de clase— están fragmentados en media docena o más de fracciones, cada una de las cuales ataca a la otra, incapaces de organizar la gran mayoría (más del 80%) de trabajadores formales e informales no organizados. El resultado ha sido la inmovilidad relativa de sectores importantes de la clase trabajadora ante los grandes desafíos nacionales, tales como el referendo de 12 de febrero, la amenaza militar de Colombia y EE UU, y la lucha para ampliar la reforma agraria, las empresas públicas y la seguridad social.
La relativa negligencia del Gobierno hacia los trabajadores fabriles, organizados o no, ha cambiado radicalmente a mejor en la primera mitad de 2008, a partir de la decidida intervención del presidente Chávez en las industrias del acero (Techint-Sidor), cemento (CEMEX), cárnica y las del azúcar, que ha llevado a un flujo masivo de apoyo de los trabajadores. Se ha iniciado una determinada dialéctica, en la que los conflictos con obreros militantes y patronos intransigentes han inducido al presidente Chávez a intervenir en favor de aquéllos, lo que a su vez ha potenciado la extensión y profundidad del apoyo de los trabajadores y sindicatos al presidente Chávez. Esta dialéctica de apoyo mutuo reforzado ha llevado a reuniones de los líderes y militantes sindicales intersectoriales del transporte, industria metalúrgica, alimentos e industrias relacionadas. En respuesta al mayor apoyo sindical organizado, Chávez ha potenciado la perspectiva de una nacionalización de los bancos y la cadena de producción y distribución de alimentos. La futura evolución depende en gran medida de la unificación y movilización de los líderes sindicales, y de su capacidad para superar sus divisiones sectarias y personalistas y orientarse hacia la organización de los trabajadores eventuales e informales no organizados.
El sectarismo de los grupúsculos ultraizquierdistas y sus partidarios en la burocracia sindical hace que consideren a Chávez y sus partidarios gubernamentales y sindicales como el enemigo principal, y promuevan huelgas en demanda de aumentos de sueldo exorbitantes. Estos grupos organizan barricadas para provocar la represión y pedir a continuación la solidaridad de trabajadores. Hasta ahora han tenido poco éxito, y la mayor parte de los trabajadores hacen oídos sordos a sus llamadas a esa supuesta solidaridad. La unificación del liderazgo sindical pro Chávez en torno a las actuales nacionalizaciones y el crecimiento de un movimiento sindical unificado y potente aislará a los grupúsculos y limitará su papel. Un movimiento unificado de la clase trabajadora podría acelerar la lucha por la transformación social de la industria, a la vez que consolidaría la defensa nacional del proceso de transformación en tiempos de peligro.

Las amenazas a la seguridad nacional

Las encuestas realizadas en gran número de países revelan que la mayor parte de la población de casi todos ellos piensa que EE UU es la mayor amenaza para la paz mundial. Éste es especialmente el caso en Venezuela, un país del Caribe que ya ha sufrido una tentativa de golpe apoyada y orquestada por EE UU, un cierre por parte de patronos y altos ejecutivos de la vital industria del petróleo, un referendo revocatorio financiado por EE UU, una campaña internacional destinada a bloquear la venta de armas defensivas y recambios, acompañada por un incremento militar continuo y masivo de Colombia, el gendarme de EE UU en la región. Los esfuerzos violentos de este país para derrocar al presidente Chávez tienen unos antecedentes largos y feos en el Caribe y América Central. Durante el último medio siglo EE UU han invadido directamente o atacado Guatemala, Panamá, Cuba, la República Dominicana, Grenada, Nicaragua y El Salvador; han organizado los escuadrones de la muerte y los ejércitos contrarrevolucionarios subordinados en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, fuerzas que asesinaron a cerca de 300.000 personas (50).
La agresión de EE UU contra Venezuela comprende muchas de las estrategias aplicadas en sus criminales intervenciones previas. Como en Guatemala, utiliza el soborno, engatusando y corrompiendo a funcionarios militares venezolanos y miembros de la Guardia Nacional. Su plan consiste en utilizar a estos funcionarios militares para organizar un golpe, colaborar con fuerzas colombianas infiltradas a través de sus fronteras, y fomentar las deserciones a la oposición favorable a EE UU. Como en América Central, operadores estadounidenses han organizado a asesinos en escuadrones de la muerte para infiltrar el campo venezolano y agredir al movimiento campesino que lleva a cabo la reforma agraria, y consolidar el apoyo entre los grandes terratenientes.
Como en Nicaragua, EE UU están combinando su apoyo al sabotaje sistemático de la economía por parte de la élite empresarial a fin de fomentar el descontento, con la financiación de las campañas electorales de la oposición a fin de aprovechar las circunstancias económicas inestables. Al igual que con su bloqueo económico de Cuba, EE UU han organizado un embargo de facto de armas y repuestos, así como una congelación internacional de los activos de PDVSA en el extranjero, a través de procesos judiciales internacionales como el iniciado por Exxon-Mobil. El bombardeo transfronterizo de Ecuador por fuerzas colombianas es tanto un test del estado de preparación de Venezuela como una agresión descubierta contra el plan de cierre de la base militar estratégica de EE UU en Manta (Ecuador) por parte del Gobierno nacionalista del Presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Venezuela había tomado algunas medidas para contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional provenientes de la quinta columna conjunta de estadounidenses, colombianos y venezolanos. Tras el golpe, el presidente Chávez licenció varios cientos de funcionarios militares implicados en el mismo, y promovió a militares leales a la Constitución. Desafortunadamente, el nuevo grupo incluyó a varios mandos favorables a EE UU y contrarios a la izquierda, abiertos a los sobornos de la CIA, uno de los cuales incluso llegó a ser ministro de Defensa antes de ser jubilado tras haberse convertido en un portavoz virulento contra el referendo propuesto por Chávez (51). Peor aún, Chávez amnistió a los urdidores militares y civiles del golpe y los saboteadores económicos del cierre patronal, después de que hubieran cumplido solamente una pequeña parte de sus condenas, lo que produjo el choque y la consternación completos de la masa de fuerzas populares que llevaron la carga del golpe violento y del sabotaje económico y que no fueron consultadas.
Venezuela ha comprado algunas armas ligeras (100.000 fusiles y ametralladoras) y una docena de submarinos a Rusia y algunos helicópteros a Brasil para contrarrestar la carrera armamentista de Colombia, por un monto de 6.000 millones de dólares, que incluye armas ligeras y pesadas. Es evidente que es un paso adelante, pero sigue siendo insuficiente, dado el desequilibrio armamentístico entre los dos países. Venezuela necesita potenciar rápidamente sus defensas antiaéreas, modernizar sus aviones de combate y su flota, mejorar sus batallones aerotransportados y, en muchos aspectos, la capacidad de sus fuerzas de tierra para entrar en combate en la selva y en territorio abierto. El ejército de Colombia, después de 45 años de lucha antiguerrillera, tiene la formación y la experiencia de que carece Venezuela. Este país ha tomado medidas positivas hacia la organización de una milicia popular masiva, pero los progresos han dado resultados dudosos, por cuanto la formación y el alistamiento están por debajo de las expectativas, a falta de la organización política y el liderazgo político-militar necesarios.
Mientras que el presidente Chávez ha tomado medidas importantes para consolidar las defensas fronterizas, no puede decirse lo mismo de las defensas internas. Concretamente, varios generales de la Guardia Nacional han desalojado con más agresividad a los campesinos ocupantes de tierras que la empleada en la persecución y el arresto de los pistoleros financiados por los grandes propietarios, que han asesinado a 200 activistas campesinos y beneficiarios de la reforma agraria. De entrevistas extensas con líderes y activistas campesinos se deduce que hay una colaboración activa entre altos funcionarios militares y barones ganaderos derechistas, lo que cuestiona las lealtades políticas de las guarniciones de la Guardia Nacional situadas en el medio rural.
Hay una necesidad urgente de acelerar la expropiación de grandes propiedades y armar y dar formación a milicias campesinas para contrarrestar la complicidad o la negligencia de la Guardia frente a la violencia patrocinada por los propietarios. Hay miles de campesinos preparados para pasar a formar parte de las milicias, porque tienen en juego la defensa de sus familias, sus camaradas y su tierra de los ataques paramilitares.
Hoy, la más inmediata y grave amenaza para la seguridad interna es la compuesta por la combinación de cuadrillas de endurecidos delincuentes venezolanos con los narco-paramilitares infiltrados desde Colombia, que está aterrorizando al pueblo en los barrios pobres. Las investigaciones de la policía, las detenciones y la persecución por parte del Gobierno son inadecuados, incompetentes y dan señales de corrupción y, en algunos casos, de complicidad. Hasta hoy no se ha resuelto el caso del asesinato tristemente famoso, realizado a la luz del día, del respetado fiscal general Danilo Anderson, y la fiscal general actual ha enterrado en lo fundamental la investigación y, más importante aún, ha liquidado las investigaciones sobre las redes de los grupos de la élite económica que planean futuros golpes de estado, investigación que Anderson llevaba a cabo en el momento de su asesinato.
Anderson era el investigador principal de las fuerzas que estuvieron detrás del golpe fallido de 2002, del sabotaje económico y de una serie de asesinatos políticos. Venezolanos cercanos al expediente judicial declaran que Anderson había compilado una documentación extensa y testimonio que implicaban a figuras políticas, económicas y mediáticas de máximo nivel, y a algunas figuras influyentes del gobierno de Chávez. Con su muerte, las investigaciones acabaron, no se hicieron nuevas detenciones y los ya arrestados fueron posteriormente amnistiados. Algunos de los sospechosos principales investigados por Anderson están actuando ahora en sectores estratégicos de la economía. Hay dos hipótesis: o bien una absoluta incompetencia en la oficina del nuevo fiscal general, el Ministerio de Justicia y los organismos gubernamentales relacionados ha hecho descarrilar la investigación; o bien hay complicidad política por parte de altos funcionarios para prevenir que se socave la actual estrategia de socialización. En cualquier caso, la debilidad en la aplicación de la ley, especialmente por lo que se refiere a una clase capitalista peligrosa que dirige una amplia red que apoya el derrocamiento violento del Gobierno elegido, abre la puerta a una reedición del anterior golpe. Efectivamente, la amnistía de los golpistas de más alto nivel y de los saboteadores económicos y el caso Danilo Anderson pesan en gran medida en las mentes de los venezolanos militantes, que ven en ambos casos ejemplos de la persistente impunidad de las élites.
Es de la máxima importancia organizar rondas de vigilancia en barrios y fábricas, y milicias de defensa, a la vista de las amenazas crecientes a la seguridad nacional interior y exterior, y de la ola de delitos. Con la mayor cooperación de los Consejos Comunales, la limpieza de bandas de delincuentes es una prioridad ineludible. La policía de barrio y las comisarías deben saturar las vecindades pobres. Debe implantarse a gran escala la iluminación de las calles, para hacer las aceras de los barrios de ranchos más seguras. La guerra contra el tráfico de drogas debe llegar hasta las conexiones burguesas, los banqueros y los propietarios inmobiliarios que blanquean dinero y utilizan fondos ilegales para financiar las actividades de la oposición. Los pequeños delincuentes y los delincuentes juveniles deberían ser condenados a realizar programas de formación profesional y prestar servicio rural y comunitario supervisado. Las transacciones financieras ilegales de gran envergadura deben ser perseguidas mediante la incautación de cuentas bancarias y propiedades. La seguridad nacional y la seguridad interna son condiciones sine qua non para el mantenimiento de cualquier orden político que pretenda la transformación del sistema socioeconómico.
El 9 de abril de 2008, el presidente Chávez tomó una medida importante para la reducción de la delincuencia, la consolidación de las relaciones entre las comunidades y la policía, y la mejora de la seguridad de las personas: la aprobación de la Ley de Policía Nacional, mediante un decreto ley presidencial. Con arreglo a la nueva Ley, se creará una nueva policía revolucionaria nacional popular, que rompa con el viejo modelo represivo de policía mediante la educación, la concienciación, la organización y la prevención social. El presidente puso en contraste a la anterior policía capitalista, avasalladora de los pobres, con la nueva policía municipal cercana a los ciudadanos y orientada al diálogo. A tal efecto, se animará a los Consejos Comunales recientemente formados a formar parte y ayudar a seleccionar un nuevo tipo de policía basado en un proceso de selección riguroso y en la voluntad de los candidatos de vivir y trabajar con el barrio. El PSUV y los Consejos Comunales se convertirán en la espina dorsal de la nueva solidaridad política con la policía municipal recientemente creada. El reconocimiento por parte de Chávez del problema de la seguridad en todas sus dimensiones, políticas y personales, y su planteamiento democrático e igualitario resalta su compromiso tanto con el mantenimiento de la ley como con el avance del proceso revolucionario (52).

Conclusión: Ventajas y oportunidades para la transformación socialista