El 15 de abril del 2005 el presidente Lula firmó la homologación, en un área continua, de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. Este año la Policía Federal, en cumplimiento de la ley, se movilizó para retirar de la reserva a seis arroceros. Los invasores de la zona, convencidos de que "el indio atrasa el progreso", reaccionaron con violencia, incluyendo bombas. Hicieron un acto político capaz de inducir al STF a suspender la medida legal y reiniciar el doloroso camino ya transitado por los tres poderes de la República.

Roraima contiene poco más de 400 mil habitantes en un territorio de 224.298 km2 (poco menor que el Ecuador). Raposa Serra do Sol es una zona de 1,67 millón de hectáreas situada al nordeste del estado, en la frontera con Venezuela y Guyana. La zona fue demarcada por el Ministerio de Justicia a través del protocolo 820/98, en 1998, durante el gobierno de Cardoso.

Del área de Roraima, 46,35 % está reservada para los indígenas. Allí ellos suman 46.106, distribuidos en 152 aldeas de los pueblos yonomami (15 mil), macuxi, wapixana, wai-wai, ingaricó, taurepang, waimiri-atrari y patamona.

Políticos y arroceros querían la demarcación en un área descontinua, "islas" donde pudiesen permanecer con sus tierras (invadidas) y propiedades (ilegales). Fueron creados tres municipios dentro de la reserva indígena: Normandia, Uiramutã y parte de Pacaraima.

Raposa Serra do Sol no es sólo una selva salpicada de tribus. Allí actúan 251 profesores indígenas en 113 escuelas de enseñanza elemental y tres de enseñanza media. Los indígenas manejan un rebaño de 27 mil cabezas de ganado. Dentro de la reserva funciona la Escuela Agropecuaria de Surumu, que profesionaliza técnicos de nivel medio. En convenio con Funasa hay 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en microcopio, trabajando en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Se valora la medicina tradicional indígena.

Dentro del territorio demarcado seis arrozales ocupan 6 mil hectáreas, con tierras de regadío, en las márgenes de los ríos Cotingo, Tacutu y Surumu. Todos en tierras apropiadas de la Unión. Utilizan agrotóxicos, destruyen la vegetación folicular, desecan lagunas y canales, abren surcos para canalizar el agua de los ríos hacia sus tierras. La misma agua, contaminada con agrotóxicos e inutilizable para el consumo, vuelve al río, matando los peces.

En verano, impedidas de hacer uso del agua de los ríos, las comunidades indígenas se ven obligadas a cavar pozos. Con la destrucción de lagunas y de la vegetación folicular desaparece la caza. Los aldeanos dentro de la reserva dan apoyo a los ocupantes ilegales y eso hace que circulen las bebidas alcohólicas, ofrecidas muchas veces a los jóvenes indígenas…

Los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el artículo 231 de la Constitución, que les asegura la posesión permanente y el uso exclusivo de sus tierras. Una demarcación fraccionada de la zona favorecería la invasión de forasteros, aumentaría la incidencia de conflictos y pondría en riesgo la sobrevivencia de culturas milenarias.

En la primera semana de enero del 2004 el Jornal Nacional mostró la movilización de arroceros y latifundistas cortando carreteras en su empeño por evitar la homologación de Raposa Serra do Sol. Con el apoyo de líderes indígenas comprados, secuestraron a tres misioneros católicos de la Misión Surumu: los padres Ronildo Pinto França, brasileño, César Avellaneda, colombiano, y el hermano español Juan Carlos Martínez, todos ellos miembros del Instituto Misión Consolata.

El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, advirtió al gobernador Flamarion Portela, de Roraima, que el gobierno federal tomaría medidas para liberar a los rehenes y desmovilizar la protesta. La Policía Federal actuó y liberó a los secuestrados.

Eran las seis de la mañana del 23 de noviembre del 2004, cuando la comunidad jaguari fue despertada por tiros, gritos y ruidos de máquinas. Cuarenta hombres armados mataron gallinas, cerdos y perros y le dieron dos tiros, uno de ellos en la cabeza, al macuxi Jocivaldo Constantino. De allí se fueron a destruir las comunidades indígenas Brilho do Sol, Retiro São José y Homologação. En las cuatro aldeas derribaron con tractores 37 casas e incendiaron los escombros, sin dejar la iglesia, la escuela y el puesto de salud; aislaron la zona y cerraron los caminos. 131 personas quedaron sin vivienda.

Retrotraer la homologación de Raposa Serra do Sol a un área no continua representa un grave precedente jurídico en relación a los demás procesos demarcatorios, y podría estimular a los abusivos y oportunistas a realizar invasiones por el mismo estilo de las habidas en Roraima. En cuanto a la Seguridad Nacional, recuerdo que los pueblos indígenas históricamente han desempeñado un papel fundamental en la preservación y defensa de nuestros actuales límites territoriales. No son los indios quienes promueven la degradación ambiental, el contrabando, la proliferación de buscadores de oro y la tala de maderas preciosas. La hipótesis de crear una franja de 10 a 20 kms de anchura a lo largo de nuestras fronteras tiene el peligro de traer a la región un intenso movimiento migratorio de no-indios, causando degradación ambiental y social, deforestación y contaminación de los ríos.

Le toca al STF hacer cumplir la Constitución, o sea confirmar la homologación en un área continua, y al gobierno trasladar la sede del municipio de Uiramutã hacia las márgenes de la autovía BR-401 (que llega a la Guyana); promover la regularización agraria de Roraima y reasentar a los habitantes en zonas definidas por el Incra, pagándoles justas indemnizaciones; y preservar las actuales autovías, como bienes públicos, para uso de los ciudadanos sean indígenas o no.
Dividir Raposa Serra do Sol es dividir la Constitución Brasileña, reforzar la discriminación de los indígenas y premiar la obstinación de quienes apoyan los intereses de apenas seis arroceros.

[Autor de "La mosca azul. Reflexión sobre el poder", entre otros libros. Traducción de J.L.Burguet]
* Fray dominico. Escritor.