Latinoamérica

Jubenal Quispe

Cuantos, frente al centralismo corrupto del Estado nacional, hemos apostado por un proceso autonómico concertado para democratizar el poder político y así luchar contra la corrupción, miramos con estupor de cómo esta aspiración legítima se diluye en el imaginario colectivo del pueblo boliviano. Después de la chacota folklórica de la autoproclamación del gobernador y de la asamblea legislativa cruceña, cualquier cosa es de esperar en nombre de la "autonomía".

Cuando el pueblo boliviano organizado (sin líderes, ni ideólogos) expulsó del gobierno central a los políticos promotores del neoliberalismo en 2003, los principales políticos beneficiarios del sistema fugaron del país. Pero quedaron quienes aún no habían acumulado suficiente patrimonio económico y/o no habían logrado comercializar los cientos de miles de hectáreas de tierras que poseían en el Oriente del país.

Estos últimos, rompiendo el orden constitucional, obligaron al ex presidente Carlos Mesa a convocar a la elección de prefectos departamentales (2005) de manera inconstitucional. Así fue cómo los departamentos del Oriente boliviano cayeron en manos de terratenientes y ganaderos. Antes, acérrimos constructores y defensores del centralismo estatal (cuando ejercían el poder desde la ciudad de La Paz) y ahora "autonomistas" obstinados, casi paranoicos ante el Estado nacional, fuente de sus soportes económicos.

Las prefecturas del Oriente del país, con los millonarios presupuestos transferidos por el Estado central, le han declarado una guerra sin cuartel al nuevo proyecto de país que sueña Bolivia. Recurren al discurso autonómico para frenar el proceso de la Asamblea Constituyente, pero el nuevo texto constitucional no sólo es antineoliberal y antilatifundista, sino, sobre todo, dispone cuatro tipos de autonomías, incluyendo la departamental con amplias competencias equilibradas. ¿Por qué, entonces, se resisten a una autonomía concertada, legal, participativa y solidaria?

Ellos sienten que el proceso de cambio encabezado por el Presidente Indígena les pisa los callos. Por eso, desesperados se han planteado tres objetivos innegociables, y la autonomía sólo es un instrumento político para alcanzar dichos objetivos:

Primero, defender y mantener el inmoral e irracional acaparamiento de las tierras fértiles en manos de los terratenientes y ganaderos, quienes hoy se frotan las manos porque la escasez de alimentos en el planeta les augura negocios millonarios. Sólo así se explica el por qué quieren atribuirse la potestad de decidir sobre la propiedad agraria. Lo repitió el Prefecto de Santa Cruz: "No tocaremos la propiedad agraria, sólo exigiremos que paguen impuesto". Los terratenientes ya pagan insignificantes impuestos con hipotecas bancarias. El asunto es garantizar tierra para todos/as y asegurar la soberanía alimentaria para Bolivia.

Segundo, desprestigiar, desestabilizar y debilitar al gobierno central quien optó por los empobrecidos. Se sienten muy dolidos por las determinaciones económicas y políticas del actual gobierno porque les afecta a sus bolsillos, por eso quieren poner al pueblo en contra del gobierno. Todo sería más fácil para Bolivia si Evo Morales se disciplinara a los intereses de los empresarios y del Imperio, pero el pueblo lo derrocaría. Como los prefectos y los empresarios no consiguen estos objetivos, entonces, se encaprichan con uno tercero.

Éste es, impulsar un proceso separatista (encubierto con el discurso de autonomías) de los departamentos ricos en recursos, hídricos, hidrocarburíferos y biodiversidad para saquearlo como hicieron con el Estado central. Con esto intentan mostrar que el único responsable de la confrontación entre los bolivianos y de la desintegración nacional es Evo Morales. Quizás intentan tocar el mito de la unidad nacional para así poner al pueblo en contra de Evo. Pero hemos visto que esto tampoco les funciona. Y a medida que pasa el tiempo los separatistas se van quedando más huérfanos que Adán en la ilusión del paraíso. Pierden apoyo tanto fuera y dentro del país. Por eso, acurrucados bajo las capas del Cardenal Terrazas, padecen un profundo pánico de soledad.

Lo indignante es que, para alcanzar estos objetivos, los ricos separatistas le han declarado una guerra sin cuartel a los empobrecidos que impulsan el proceso de cambio. Recurren al escuadrón de los medios de (des)información empresarial para envenenar y disciplinar la conciencia nacional a la medida de sus intereses. Financian y promueven organizaciones irregulares para perseguir y torturar a las organizaciones y personas disidentes del macabro proyecto antinacional. Especulan con los precios del arroz, aceite y la carne, haciendo del hambre como su aliado estratégico para sus objetivos. Organizan y financian cabildos y consultas "populares" con sus súbditos y peones para ratificar y "legitimar" contratos unilaterales de subordinación departamental, que ellos llaman "estatutos autonómicos". Como en la antigüedad, condenan a muerte civil a todo intelectual y/o profesional insubordinado que disienta de sus caprichos.

Frente a esta guerra desigual de los ricos contra los empobrecidos, el Senado Nacional, controlado por los partidos neoliberales de la oposición, sancionó la Ley de Revocatoria de Mandato para ratificar o retirar del poder al Presidente y/o a los prefectos de todos los departamentos, mediante el voto popular, el próximo 10 de agosto. "Salida" con la que tampoco están de acuerdo los separatistas.

No creemos que ésta sea la salida a esta guerra desigual, pero también somos conscientes que el pueblo no se revocará asimismo. Por lo tanto habrá que ir a dicha consulta vinculante con una previa y adecuada información para definir democráticamente, si acaso es posible, esta guerra en la que nos han metido. Ellos tienen plata y poder en los medios empresariales de (des)información para bombardearnos con mentiras como verdades. Nosotros tenemos el poder del voto digno para ratificar o retirar nuestro apoyo a nuestros gobernantes electos según sus actos e intereses demostrados en esta primera parte de sus gestiones.