The Washington Post desvela que Colombia asesina campesinos
para hacerlos pasar por guerrilleros
La denuncia del periódico se basa en informes de
Naciones Unidas y del Gobierno norteamericano
Europa Press / Crítica Argentina
El periódico estadounidense 'The Washington Post' denunció hoy el aumento de
campesinos asesinados por el Ejército colombiano para hacerles pasar por
miembros de la guerrilla, basándose en los informes de grupos pro Derechos
Humanos, investigadores de Naciones Unidas y funcionarios del Gobierno de
Estados Unidos.
Según el periódico, "bajo la presión de los comandantes militares para registrar
muertes en combate, en los últimos años, el Ejército ha asesinado cada vez más a
campesinos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros".
"Hay diferentes registros sobre el número de ejecuciones extrajudiciales, como
son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187
grupos de Derechos Humanos dijo que 955 civiles murieron entre 2002 y 2007 y
fueron clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más
que hace cinco años en los que sólo hubo 577 muertos por las tropas", publicó el
diario.
"Los asesinatos, perpetrados por unidades bajo las órdenes de comandantes
regionales, siempre han sido un problema en el oscuro conflicto que ya cumple 44
años", agrega el Washington Post. Pero, añade, con la reciente desmovilización
de miles de combatientes paramilitares, muchos de los cuales operaban en
escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes, los asesinatos de civiles a
manos del Ejército han crecido enormemente desde 2004.
Al parecer, esta táctica habría desencadenado un feroz debate dentro del
Ministerio de Defensa colombiano, entre el lado más tradicional, que aboga por
el desarrollo de una agresiva campaña que se centre en el número de cuerpos, y
entre los reformistas, que proponen que el Ejército desarrolle otros criterios
para medir el éxito en el campo de batalla, según afirma el artículo.
En Colombia los llaman "falsos positivos". Así entendidos, parecen una simple
estadística. Pero cuando se les pone nombre y apellido adquieren dimensión de
tragedia, según informa Federico Rivas Molina en el periódico Crítica Argentina.
Como la del vendedor ambulante Israel Rodríguez, que el mes pasado salió a
pescar y nunca volvió. Finalmente, su familia encontró el cuerpo envuelto en una
bolsa de plástico y enterrado: el ejército colombiano lo había clasificado como
guerrillero de las FARC muerto en combate. El caso fue revelado por el diario
norteamericano Los Angeles Times. Los organismos de derechos humanos de Colombia
lo integraron en el fenómeno de los "falsos positivos". Las Fuerzas Armadas
asesinan civiles, normalmente campesinos o jóvenes, y los identifican ante el
gobierno como guerrilleros. La práctica es el resultado de la intensa presión
por parte de Estados Unidos, principal financista de la guerra contra las FARC,
para que Colombia muestre progresos. Cuando más muertos, más seguro el flujo de
dinero que baja desde el norte.
La hermana de Rodríguez, Adelaida, dijo a Los Angeles Times que su hermano había
servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la
guerrilla. "Nunca le hizo ningún problema a nadie", dijo, agregando que creía
que el ejército mató a su hermano para "ganar puntos". El Observatorio de
Derechos Humanos colombiano elaboró a fines de 2007 un informe basado en
testimonios y documentos que estableció en 955 los casos de personas asesinadas
en operativos extrajudiciales desde 2002, cuando asumió el gobierno de Álvaro
Uribe. Colombia mereció por estas prácticas una reprimenda del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos. En su informe del año pasado, recomendó a
Uribe "revisar los parámetros aplicados para medir los resultados operacionales
de los cuerpos militares y policiales para erradicar las ejecuciones
extrajudiciales". En otras palabras, lo que la ONU pidió al gobierno fue que la
campaña contra las FARC y el ELN se mida en términos de desmovilizados y
capturados, y no sólo de muertos.
El gobierno recibió los informes sin demasiado interés, escudado en el argumento
de que la guerrilla ha asumido la nueva estrategia de decir que cualquier muerto
es un falso positivo. Sin embargo, tuvo que ceder por puro pragmatismo. Ante la
insistencia de los demócratas norteamericanos en vincular los excesos del
ejército colombiano con el bloqueo parlamentario del Tratado de Libre Comercio
firmado por Uribe y Bush, Bogotá asumió algunos paliativos. Ordenó la
transferencia de todas la denuncias de los tribunales militares a los civiles y
una campaña interna de adoctrinamiento en derechos humanos.
Sin embargo, organismos no gubernamentales denunciaron que los casos de "falsos
positivos" no han disminuido. "Sucede que no nacieron con Uribe", dijo a Crítica
de la Argentina Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes
de Estado (Movice). "Hay una cultura de ejecuciones extrajudiciales, ya sea para
cobrar recompensas o para mostrar resultados. Son prácticas de carácter
sistemático. Lo que ha sucedido ahora es que con la política de Seguridad
Democrática impulsada por Uribe los falsos positivos se han incrementado
peligrosamente", denunció Cepeda.
El clima se enrarece aún más cuando entran en juego las recompensas que ofrece
el Estado a informantes que permitan detener guerrilleros. "Tienen así un
incentivo para denunciar a gente acusándola de ser rebeldes debido a que cobran
independientemente de si la información es correcta", dijo el abogado Ramiro
Orjuela, representante de víctimas de "falsos positivos". El senador Gustavo
Petro, del opositor Polo Democrático, aseguró que en los dos últimos años "se
han presentado más de cinco mil detenciones arbitrarias por pago de informantes
y han sido asesinadas alrededor de 200 personas". La operación es simple: falsos
testigos arreglados con el ejército cobran por identificar a falsos guerrilleros
que son ejecutados en falsos enfrentamientos. La recompensa se reparte entre
todos. Mentiras de una guerra muy verdad
