Las denuncias de que está en marcha una ofensiva macartista y, en ese marco, el encarcelamiento por tiempo indefinido de siete acusados de terrorismo, destacan hoy en el balance noticioso semanal peruano.
 Gloria Pérez, dirigente de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), condenó la decisión de un juez de enviar a prisión para ser juzgados a seis mujeres y un hombre detenidos hace dos semanas cuando regresaban de Quito tras participar en una reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).
 La policía les imputa relaciones con las fuerzas insurgentes de Colombia y los acusa de preparar acciones de sabotaje contra dos cumbres internacionales a realizarse este año en Perú, cargos que niegan los acusados y que no se sustentan en pruebas, según sus abogados.
 Familiares y defensores condenaron la decisión judicial, tomada pese a que no hay evidencias contra los presos, y refirieron que estos, por ejemplo, son acusados de pertenecer a agrupaciones supuestamente terroristas como "Patria Libre", una organización legal.
 Pérez dijo que las medidas contra los siete detenidos son parte de la preparación de condiciones para la represión de las organizaciones sociales y políticas que se aprestan a iniciar nuevas jornadas de lucha reivindicativa.
 La dirigente dijo también que la campaña contra los opositores y el anuncio de una legislación preventiva contra el supuesto "contrabando ideológico" reprimen la libertad de pensamiento.
 Entre los siete encarcelados, destacó los casos de la joven poeta Melissa Patiño, de 20 años, y la dirigente sindical Carmen Azparrent, hija de un alcalde comunista asesinado en décadas pasadas por el grupo armado Sendero Luminoso.
 Él director del diario La Primera, César Lévano, condenó en su columna la prisión de los siete jóvenes y resaltó también los casos de Patiño y Azparrent.
 "Excesos autoritarios, de sello fascista por sus métodos brutales y sus campañas de odio y mentira, amenazan al Perú", advirtió el veterano periodista.
 La represión, según Lévano, se debe a que el gobierno necesita "terroristas" y "chavistas" para tender cortinas de humo sobre crímenes como la muerte de cuatro campesinos durante un reciente paro agrario y para congraciarse con Estados Unidos, empeñado en aislar y luego invadir a Venezuela.
 En el diario La República, el analista Alberto Adrianzén criticó la decisión del Congreso de investigar a las llamadas "casas del ALBA", entidades que derivan pacientes pobres para su atención oftalmológica en Bolivia y Venezuela.
 Denunció que la medida forma parte de "una campaña abiertamente macartista" que busca descalificar a los opositores para atemorizar a la población, justificar la represión política e ideológica y bloquear a adversarios para las próximas elecciones.
 En ese contexto, durante la semana fue anunciado un proyecto del ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, de una norma para reprimir "contrabando ideológico", como medida preventiva, lo que fue repudiado por destacados intelectuales.
 La poeta Rossina Valcárcel afirmó que el proyecto forma parte de la campaña del gobierno para perseguir a la oposición, mientras la comunicadora Diana Miloslavich demandó tolerancia y respeto a las opiniones opositoras.