Latinoamérica
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La orden era matar a los que secuestraban
Los secuestrados de los 'paras'
Cambio
Raúl Alejandro Riaño Rubiano, estudiante de Ingeniería Catastral de la
Universidad Distrital y quien trabajaba en una empresa familiar de transporte de
carga, fue secuestrado por las Auc el 25 de agosto de 2005 en la carrera 30 con
Avenida Primero de Mayo en Bogotá. Para entonces los paramilitares ya habían
decretado el cese de hostilidades.
La familia de Rubiano, quien en la fecha del secuestro tenía 25 años, tuvo
noticias de él un mes después cuando un tío recibió una llamada y al otro lado
de la línea oyó una voz ronca que le decía: "Muchos saludos de Raúl y que por
favor colaboren y hagan lo posible para vender todo lo que tengan y reúnan 5.000
millones de pesos para entregárselos. Por lo pronto pedimos un adelanto de 50
millones para mandarles pruebas de supervivencia y mantenerlo con vida".
La historia la cuenta Sandra Riaño, hermana de Raúl. Su familia siempre le temió
a la guerrilla porque en el 2000 llamaron las Farc para extorsionarlos. "No lo
volvieron a hacer y quedamos tranquilos -afirma-. ¡Qué sorpresa nos llevamos
cuando supimos que los secuestradores eran paramilitares!". Acudieron al Gaula
para pedir apoyo y a los pocos días de la llamada recibieron un carné y unos
documentos como prueba de supervivencia. "La Policía nos dijo que las llamadas
las hacían desde Villavicencio -relata mientras mira la fotografía más reciente
de su hermano-. Allí encontraron la camioneta negra que conducía el día que se
lo llevaron y eso les hizo pensar que podría tenerlo el bloque Centauros que no
se desmovilizó, pero nosotros no descartamos que sea otro bloque. El problema es
que no han vuelto a llamar".
Desde entonces la familia Riaño no sabe nada de Raúl, pero pese al silencio de
los secuestradores Sandra no pierde la fe. No ocurrió lo mismo con la madre,
Carmenza Rubiano, quien no aguantó el secuestro del hijo y murió el 18 de
febrero de 2007. "Mi mamá empezó a decaer, se le bajaron todas las defensas y
eso le aceleró una hipertensión pulmonar -cuenta Sandra-. Antes de morir nos
dijo que sentía que Raúl estaba muerto, que ya no se iba a reunir con él y no
valía la pena seguir luchando".
Sandra mandó hacer afiches y camisetas con la fotografía y el nombre de su
hermano para marchar el 6 de marzo contra el paramilitarismo y en homenaje a las
víctimas. "Espero que mi caso tenga eco al menos en el corazón de los
secuestradores -dice-. Aunque no estamos preparados para lo peor, para recibir
un cadáver. Necesitamos una señal de que está vivo...o muerto".
Única pista
El 27 de julio de 2001, hombres de las Auc al mando de Gato citaron a varios
habitantes de Cabuyaro, Meta, a una reunión en una finca en la vereda de La
Embajada. Debían presentarse el 28 a las 8:00 a.m. Entre los convocados estaba
William Hernando Murad Sánchez, de 51 años, padre de dos hijos y trabajador de
la Alcaldía. Su esposa Leonor recuerda que esa noche lo pensó mucho: "William me
dijo: 'El que nada debe nada teme y si no voy es peor porque vienen y me sacan".
Por eso madrugó, se montó en la bicicleta de su hija y partió a cumplir la cita
en la finca que los paramilitares se habían tomado meses atrás y que tenían de
base. Fue el único habitante de Cabuyaro que decidió asistir a la reunión.
Sus familiares dicen que averiguaron y que les dijeron que nadie oyó gritos ni
disparos, que no hubo torturas en la finca. Desde entonces, su madre y su
hermana emprendieron su búsqueda, se entrevistaron con jefes de las Auc de la
región, incluído Gato, quien les dijo: "Aquí no hemos mandado a llamar a nadie,
no pregunten por él".
Pero las dos mujeres siguieron preguntando de finca en finca y luego acudieron a
la Policía que se negó a ir al sitio. "La única pista que tenemos es el
testimonio de Emilio, el dueño de la finca, que nos dijo que William salió vivo
de ahí, que lo tuvieron en la noche y le dieron comida, y que luego el Gato se
lo llevó para la escuela y lo tuvo también allá", relata su hermana Aydeé.
Teresa, la madre, interrumpe y agrega un detalle a la historia: "Don Emilio
contó que Gato se quedó con el reloj de mi hijo".
Las dos mujeres creen que secuestraron a William y por eso esperan que alguna de
las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados les dé una clave.
"Sabemos a donde quién acudió pero van a cumplirse siete años y nada que lo
devuelven -afirma Aydée-. Como abogada he acudido a todas las instancias
judiciales posibles pero nadie me da razón". Más grave aún, Teresa recibió una
llamada en su casa en Bogotá: "Me dijeron que no volviera por allá y que no
preguntara tanto y colgaron". Desde entonces pararon la búsqueda.
Mientras tanto, en Cabuyaro, corría el rumor de que William podría ser "un
finado" -muerto- que tiraron a una laguna llena de pirañas. Aydeé, sin embargo,
hace oídos sordos y sigue esperando los resultados de la investigación de la
Fiscalía. "No es un muerto hasta tanto no haya cadáver -dice-. Esa batalla la
voy a dar, sobre todo porque sueño con él y me dice: '!Pendeja!, ¿usted por qué
no hace nada por mí y me busca?".
En San Juan de Arama, Meta, el 11 de mayo de 2002, dos hombres y una mujer de
las Auc bajaron de un bus de la flota Macarena a Pedro Octavio Franco Bernal, de
36 años, padre de dos hijos, cuando viajaba de Bogotá a Vistahermosa donde
trabajaba como técnico de la secretaría de Agricultura. "Se lo llevaron y no han
llamado todavía -afirma su madre, Marina-. Digo que está secuestrado porque no
veo otro motivo, pero me llegó una razón de que lo tuvieron un tiempo y luego lo
mataron y lo tiraron a la laguna de Los Muertos que queda ahí en San Juan de
Arama. En País Libre me insisten en que puede estar desaparecido porque en estos
seis años no ha habido una sola llamada".
Las historias de Raúl, William y Octavio no son las únicas. Hay muchas más pero
sus familiares no revelan sus nombres por temor. "Nosotros pagamos el rescate y
ya nos dijeron que está muerto -le dijo a CAMBIO la esposa de un comerciante-.
No nos han devuelto el cadáver". Otra víctima cuenta: "Una gente del Bloque
Central Bolívar nos secuestró un tío, nos pidieron la finca y dos apartamentos
que teníamos en arrendamiento ¿Quién se les enfrentaba?"
Los motivos
Cuando se habla de secuestro se asocia por lo general con la guerrilla, pero
según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, Fondelibertad, que reúne
las estadísticas de los organismos de inteligencia en materia de secuestro,
entre 1996 y 2006 las Auc secuestraron a 1.163 personas.
Las Auc, pues, no sólo son culpables de asesinatos, masacres, desapariciones
forzadas, crímenes atroces, desplazamientos y usurpación de tierras. También son
responsables de secuestros con fines extorsivos, por motivos políticos o para
obtener favores de los allegados de sus víctimas. E incluso para el
reclutamiento forzado de niños -según las autoridades 99 en los últimos 10 años-
y también con fines sexuales.
Uno de los más sonados casos de secuestro con fines políticos fue el de Víctor
Ochoa Daza, dirigente político de Cesar, quien en febrero del año pasado aseguró
ante la Corte Suprema de Justicia que fue secuestrado por Jorge 40 en enero de
2002, como parte de una estrategia para modificar el mapa electoral de la
región, instigado, según él, por el senador Álvaro Araújo, hoy detenido en el
proceso de la parapolítica. "Mi secuestro durante 80 días hizo parte de aquel
pacto con el diablo que llevó a Alvarito Araújo a convertirse en la primera
fuerza electoral del Cesar", declaró Ochoa, quien fue secuestrado el 13 de enero
de 2002, cuando iniciaba un recorrido por sus fincas, aunque posteriormente la
Fiscalía le retiró al senador el cargo de determinador del secuestro.
Ochoa recuerda que eran las 8:30 a.m., cuando un miembro de un grupo armado que
le salió al paso le dijo: "Me lo tengo que llevar, es orden de Comando 40".
Danilo, el primer responsable de su custodia, le advirtió que debía prepararse
para un largo secuestro. "Esta es una cuestión política y usted ya debe saber
que el comando 40 no da pie atrás en nada", le dijo. En ese momento, Ochoa
recordó que el 3 de enero Jorge 40 había hecho renunciar a los miembros de la
mesa directiva del Concejo de Valledupar y que sus hombres difundieron la
versión de que las listas de aspirantes al Congreso pasarían por su cedazo.
Esta historia desencadenó un escándalo que produjo la renuncia de la entonces
canciller María Consuelo Araújo, hermana del senador hoy en arresto domiciliario
e hija de Álvaro Araújo Noguera, quien hoy huye de la Justicia por el mismo
caso.
Otros secuestros con fines políticos fueron admitidos en versión libre por
Salvatore Mancuso: el de Leonor Palmera, hermana de Simón Trinidad, secuestrada
entre 1996 y 1997; el de Hilda Rodríguez, hermana de Nicolás Rodríguez Bautista,
Gabino, jefe del Eln, secuestrada con su esposo Libardo Acevedo en 1997, ambos
asesinados en cautiverio, y los de los senadores Zulema Jattin y Juan Manuel
López Cabrales, secuestrados en 2000.
Los colombianos también recuerdan los secuestros de la senadora Piedad Córdoba,
secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín por orden de Carlos Castaño y
liberada en Necoclí el 4 de junio de 1999, y el del ex senador Jorge Eduardo
Gnecco secuestrado en Magdalena por el Bloque Norte el 27 de junio de 2004 y
liberado tres días después, porque el caso puso en jaque el proceso con las Auc.
En cuanto a los secuestros de tipo extorsivo, el único hecho público fue el del
venezolano Richard Boulton, hijo del empresario de aviación Henry Boulton,
secuestrado el 15 de julio de 2000 y liberado en 2002 tras el pago de un rescate
de cuatro millones de dólares.
Hasta ahora son pocos los que pueden contar el cuento, pues como el mismo
Mancuso lo reveló en enero del año pasado en una diligencia ante un fiscal de
Justicia y Paz en Medellín, "no teníamos secuestrados, los retenidos fueron
dados de baja en su mayoría", dijo con frialdad. Los justificó con el argumento
de que eran guerrilleros o auxiliares de la guerrilla. Nunca se sabrá la verdad.
Y los demás, que según Fondelibertad son 254, ¿dónde están? "No se sabe si
murieron o si están en alguna parte", responde Harlan Andrés Henao, director de
Fondelibertad. Una respuesta que no satisface a las familias que no descansarán
hasta saber cuál fue la suerte de sus seres queridos. Si están vivos, quieren
que se los devuelvan. Si están muertos, que les digan dónde están los cadáveres
para sepultarlos y hacer el duelo.
Henao confía en que la ley de Justicia y Paz sirva para establecer la verdad
sobre los secuestrados-desaparecidos, y en que las versiones libres den algunas
pistas. Y así lo han hecho: hasta ahora los jefes desmovilizados han confesado
39 secuestros. Falta cotejar si los nombres coinciden con los de la lista de los
254 que tienen País Libre y Fondelibertad.
La mayoría de los plagios ocurrieron en zonas de fuerte presencia paramilitar y
según las autoridades es posible que haya subregistro, pues por cada caso
denunciado se calcula que dos habrían quedado en silencio. El Gaula logró
rescatar 187 de los 1.163 secuestrados, 13 se fugaron y 129 familias recibieron
un cadáver, algunas después de haber pagado un rescate.
Según Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre, "hubo negligencia
en el momento de las desmovilizaciones a la hora de preguntar por esos
secuestrados". El mismo Mancuso reconoció en una entrevista con la experta en
justicia transicional Natalia Springer, que nunca se verificó la situación de
los ¿según él¿ más de 550 individuos registrados como "secuestrados por las
autodefensas".
En Colombia, sin embargo, de los secuestrados por las Auc no se habla y la
mayoría de las familias callan por temor a ser señaladas de tener nexos con
grupos guerrilleros o por miedo a represalias de integrantes de ese grupo
armado. "En el país estigmatizan mucho a personas como nosotros, que tenemos un
secuestrado por los paramilitares ¿le dijo a CAMBIO la hermana de uno que lleva
nueve años a la espera de que al menos le digan dónde está el cadáver¿.Sabemos
quién y por qué se lo llevaron, pero estas alturas desconocemos por qué no lo
devolvieron".
Responsabiliza al bloque Norte de las autodefensas, al mando de Rodrigo Tovar,
Jorge 40, y advierte: "Lastimosamente nos ha tocado sentir el comentario
silencioso de que si se lo llevaron es porque debía algo, existe una cierta
complicidad de la sociedad con los paramilitares".
Olga Lucía Gómez, insiste: "Aquí no puede haber víctimas de primera y de
segunda, el secuestro es repudiable cometa quien lo cometa y la preocupación es
por todos los secuestrados, de la guerrilla y de los paramilitares, para que les
resuelva la situación a esas familias que no saben qué esperar".
EN JUSTICIA Y PAZ
En la Fiscalía están REPORTADAS 306 VÍCTIMAS de secuestro de las Auc, de las
cuales 113 corresponden a casos extorsivos. Según los investigadores será
difícil encontrar vivo a alguno de ellos, pues en las versiones libres los
desmovilizados han confesado haber asesinado a los "retenidos". Por ejemplo,
Freddy Rendón, El Alemán, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas, reconoció el
secuestro y posterior asesinato de los hermanos Jorge y Rodolfo Yabur Espitia,
en Dabeiba, Antioquia, el 29 de abril de 2005.
Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada, ex jefe de las Auc en el sur de
Cesar, reveló que sus hombres secuestraron y asesinaron al ex agente del DAS
Henry Ancízar Vanegas el 16 de diciembre de 1994. El cadáver fue desaparecido
por uno de sus hombres.
Arley Hernando Benítez, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara, contó que la
orden era matar a los que secuestraban, y dijo que en San Félix y en El Bosque,
cerca de Medellín, estuvieron secuestrados Hernán Eusebio Tovar y Joana Janeth
Mosquera y que la orden era ejecutarlos.