La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos confía en que el gobierno mexicano actúe La estudiante mexicana Lucía Morett presentó ayer su primera declaración ministerial ante el fiscal general de Ecuador, William Pesantez, en el Hospital Militar de Quito, y dio testimonio de cómo los soldados colombianos que bombardearon el campamento de las FARC en la zona de Sucumbios -de donde se han rescatado, hasta ahora, los cadáveres de cinco mujeres y 17 hombres- remataron a heridos y a gente que se había rendido.
Las otras dos sobrevivientes de la masacre, Doris Bohórquez y Martha Pérez, dos colombianas, ratificaron con sus declaraciones esa afirmación.
"Los soldados les gritaban ríndanse, les vamos a respetar la vida, y una vez que se iban rindiendo, los iban matando", sostuvo en entrevista el secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra.
El jurista, que representa a las tres sobrevivientes en la demanda contra Colombia por acto de guerra ilegítimo, acto de invasión en el que se usaron bombas de fragmentación, aniquilamiento de heridos y abandono de lesionados en el lugar, entre otros delitos contra el derecho humanitario, expresó que la Aldhu y las organizaciones humanitarias ecuatorianas "aspiramos a tener el apoyo del gobierno mexicano".
Informó que, además de esta vía, se estudia la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, ya que se trató de un ataque militar contra un grupo de estudiantes mexicanos, todos civiles, que estaban de forma legal en Ecuador, donde sus actividades eran lícitas. "Claro que primero hay que derrotar esta etapa inicial del proceso en el que se pretendió culpar a las víctimas de ser guerrilleros y terroristas, como si eso justificara el hecho de que fueron masacrados.
-¿Qué expectativas tienen sobre el gobierno mexicano? -Todo país soberano debe proteger a sus nacionales fuera de sus fronteras.
México lo ha hecho en el pasado con mucha energía, y esperamos que ahora no sea la excepción. Estos chicos eran estudiantes civiles que estaban legalmente aquí, sus actividades eran lícitas y así lo ha certificado la propia Fiscalía General. Por tanto, son víctimas de una masacre.
"Las autoridades mexicanas determinarán qué hacer, pero nosotros sí vamos a recurrir la próxima semana al Ministerio Público en México y a las autoridades respectivas, en demanda de protección de su gente y de sus derechos. Si no lo hacen, será el pueblo mexicano el que juzgue esta conducta. Nosotros como sociedad civil latinoamericana no vamos a descansar hasta que estos crímenes sean castigados y no queden en la impunidad", indicó.
La Aldhu entregó a la fiscalía ecuatoriana toda la documentación que certifica que los jóvenes mexicanos entraron con visa de turismo por 40 días, en los que visitaron varias universidades y se entrevistaron con líderes sociales e indígenas. Además presentaron en el segundo Congreso Continental Bolivariano, en Quito, entre el 25 y 27 de febrero, una obra de teatro de la cual hay un video.
"Ahí alguien les propuso ir a conocer un campamento de las FARC", relató Parra, al referir el contenido de la diligencia de ayer en el Hospital Militar. "Les entusiasmó la idea, primero por curiosidad y luego porque algunos estaban trabajando su tesis sobre movimientos de América Latina.
"El 28 de febrero fueron por tierra en autobús a Lago Agrio, que es la ciudad más cercana a la frontera. Llegaron el 29 por la mañana, dieron unas vueltas por la ciudad y ahí los contactó un hombre, un adulto de pocas palabras, vestido de civil, que los condujo en un vehículo unas dos horas, poco más. Luego los subieron a una lancha, fueron por un río y caminaron mucho tiempo hasta llegar al campamento clandestino de las FARC alrededor de las seis de la tarde del día 29.
"Ahí los habría recibido una mujer que les señaló el lugar donde les dieron de comer y les asignaron los sitios para dormir. Al día siguiente iban a iniciar las entrevistas y las actividades, pero esa misma noche fue el bombardeo.
Lucía Morett relató que el bombardeo fue en dos etapas. Ella quedó herida porque se protegió con una mochila. Explicó que después de unos minutos arribaron los soldados. Cinco de ellos la rodearon, la iluminaron, ella les decía que era mexicana, estudiante. Relató algún acoso sexual al que fue sometida. Más tarde llegó otra ola de efectivos colombianos, pero con otro uniforme, que se identificaron como policías.
No la mataron, pero ella refiere que escuchaba ráfagas de disparos contra grupos de gente que estaba rendida o herida.
Después la trasladaron a un sitio más alto, bajo un techo, porque ya estaba alto el sol. Y ahí la abandonaron. La joven tiene una herida de 10 centímetros de profundidad en un glúteo, infectada y de difícil cicatrización. Ha estado varias veces en el quirófano.
Parra indicó que durante toda la diligencia de ayer ante el fiscal fue acompañada por el embajador y el cónsul de México. "Eso la reconfortó, porque hasta anoche estaba muy dolida, sentía que su embajada la había poco menos que abandonado.
Ayer llegó a Quito la familia de Fernando Franco, y su cadáver fue identificado, así como el de Juan González del Castillo. Se espera para hoy el arribo de la familia de Verónica Natalia Velázquez Ramírez. La embajada mexicana también logró contactar a la familia de Soren Ulises Avilés, egresado del Instituto Politécnico Nacional.