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El gobierno del presidente Evo Morales y los 100 poderosos clanes, que controlan la tierra, el poder y la economía de gran parte de Bolivia, abrieron un nuevo frente de batalla en torno a la producción y venta de aceites y soya, profundizando la dualidad de poderes existente entre la izquierda indigenista asentada en el altiplano y la rancia oligarquía que tiene el control de los valles y los llanos.
Un decreto de Morales que prohíbe temporalmente las exportaciones de aceites de soya y girasol desató la ira de los 100 clanes de la burguesía agroexportadora del oriente, que llamó a la resistencia civil y al desacato. Esta convocatoria tuvo eco de inmediato entre los transportistas y los pequeños y medianos productores de soya.
El decreto presidencial, según explicó, la controvertida ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, se orienta a frenar la especulación y desabastecimiento de aceites, provocadas por tres mega empresas agroexportadoras, que buscan obtener crecientes y millonarias ganancias y, simultáneamente, dañar la gestión del presidente Morales, elevando los precios que castigan a la economía popular y a los más pobres.
"No es correcto, no es aceptable que el sector exportador venda al consumidor nacional al precio más alto que el que se registra en Chicago que es donde se sitúa el precio internacional", dijo Rivero, quien denunció que la tonelada de soya se cotiza actualmente en 1.290 dólares en el mercado de Chicago, mientras que en Bolivia, donde se produce el grano, esa misma tonelada se vende a 1.690 dólares.
Entre los empresarios, en cambio, la acción gubernamental es calificada como una guerra económica desatada desde el Gobierno contra los productores y agroexportadores del oriente, que anualmente exportan cerca de 400 millones de dólares en soya y sus derivados (aceites, tortas y grano) a los mercados de Colombia, Perú y Venezuela.
 
Pulseta política

La prohibición gubernamental y el desacato empresarial son parte de la batalla que el Gobierno de Morales y los 100 clanes libran por el control político de Bolivia (ver "La rebelión de los 100 clanes"). No es de extrañar, por ello, que uno de los principales protagonistas de estas escaramuzas sea Branko Marinkovic, el fascista presidente del Comité Civico de Santa Cruz y líder visible de los poderosos clanes familiares que pugnan, por todos lo medios, por legalizar de facto su autonomía regional en un referéndum inconstitucional e ilegal previsto para el 4 de mayo.
El clan Marinkovic, junto a transnacional del grupo peruano Romero ligado al Banco de Crédito y la transnacional estadounidense Archer Daniels Midland (ADM), son los tres consorcios que monopolizan la producción y exportación de aceites. Los norteamericanos exportan el aceite SAO, el grupo Romero el aceite Fino y los Marinkovic, dueños de Industrias Oleaginosas (Iol), el aceite Rico.
 
Negocio multinacional

Detrás de ellos están los grandes exportadores de soya. La producción y exportación de soya, uno de los grandes pilares que sostiene a la agroexportadora economía cruceña, está en manos de grandes empresas que funcionan con capital extranjero y que aprovechan con mucha eficiencia las ventajas que ofrece la región oriental, según detectó una investigación de Econoticiasbolivia.
En el rubro de la soya, el grano de oro y producto estrella de la agropecuaria comercial de Santa cruz, la voz cantante la llevan un puñado de grandes empresarios brasileños y otros inversionistas asentados en las colonias japonesas y de menonitas. Todos ellos producen y comercializan cerca de dos terceras partes de toda la producción de soya (harina, torta y aceites) destinados al mercado internacional. El tercio restante es generado por productores nacionales, grandes y pequeños.
Desde la última década, la agropecuaria oriental vivió una etapa floreciente, con el denominado "boom de la soya", acrecentando las millonarias y extraordinarias ganancias generadas por el alza internacional de precios, una millonaria subvención estatal y el uso intensivo de los acuerdos comerciales que garantizan un acceso privilegiado a los mercados de Colombia, Venezuela y Perú
Internamente, el boom de la soya se sustenta en el fácil y barato acceso a la tierra por parte de los grandes empresarios, al bajo nivel de impuestos que se paga al Estado, a los reducidos salarios que se entrega a la fuerza laboral y a la existencia de grandes vacíos legales que permiten la expansión de esta actividad sin el debido control ambiental que impida el deterioro de las tierras.
 
Presiones, diálogo y concertación

En el gobierno de Morales se sospecha que una parte de estas millonarias ganancias, especialmente las manejadas por el clan Marinkovic, estarían siendo utilizadas en el proceso de desestabilización y conspiración (ver: Branko, el fascista que quiere derrocar a Evo").
Es claro, por ello, que el gobierno de Morales, además de tratar de impedir el alza desmesurada de precios en contra de la canasta familiar, apunta a herir los intereses de los dirigentes de los clanes empresariales.
El objetivo declarado del gobierno de la izquierda indigenista es tratar de lograr un gran acuerdo nacional con la burguesía agroexportadora, dejando de lado tanto la nueva Constitución Política del Estado aprobada por la oficialista Asamblea Constituyente como los Estatutos autonómicos secesionistas impulsados por la oligarquía en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
Con este mismo propósito semanas atrás también había declarado al margen de la ley, a través del Congreso Nacional y la Corte Nacional Electoral, a los referéndums autonómicos que las fuerzas leales a la oligarquía organizan en los valles y los llanos del oriente (ver "Ni la ley frena la subversión oligárquica").
Ahora, presiona con acciones económicas punitivas, e intenta encontrar, con ayuda de la Iglesia Católica, la forma de sentar a la oligarquía a la mesa del diálogo.
El ala más dura de los oligarcas también quiere sentarse a dialogar con Morales, pero sólo después de llevar adelante sus referéndums, que les permitirán negociar desde una posición de fuerza y con la legitimidad que otorga el voto popular. Ellos están seguros que vencerán con amplitud en las urnas.
 
Evo no hace cumplir la ley

Los 100 clanes, que ejercen el poder político y económico a través de los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, de los comités cívicos y empresariales, que han logrado el apoyo de las organizaciones sociales, populares, vecinales y juveniles, especialmente en el área urbana en seis de los nueve departamentos de Bolivia, avanzan en su proceso conspirativo ante la evidencia de que Morales no tiene ni la fuerza ni la decisión política para enfrentarlos en la calle ni menos para aplicar la fuerza del Estado en cumplimiento de la ley.
En rigor, en los valles y el oriente la única ley que está en vigencia es la que sirve a la oligarquía. El garrote, las bandas fascistas y la gran prensa también cumplen su rol en defensa de los poderosos.
Los subversivos cuentan con el apoyo, aval y financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, denuncia constantemente el Gobierno, que intenta, a su vez, lograr el respaldo activo y sin condicionamientos de los sindicatos y organizaciones laborales, que han comenzado tímidamente a recobrar su independencia política y sindical, enarbolando las banderas que abandonó Morales: nacionalización real del gas, liquidar el latifundio y guerra frontal contra los 100 clanes (ver: Los mineros apuntan a los 100 clanes).
 
Subvención a los ricos

En sus dos primeros años de gobierno, la administración de Morales ha sido en extremo generosa con la oligarquía que no deja de potenciarse y conspirar contra el indio presidente.
La propia ministra de Desarrollo Rural explicó que la rebelde burguesía agroexportadora del oriente se está beneficiando con millonarias subvenciones en el precio del diesel y con la devolución de impuestos. Los empresarios obtienen el barril de diesel a 27 dólares (en el mercado internacional el barril cuesta 110 dólares), por lo que la subvención anual concedida a los empresarios alcanza a casi 200 millones de dólares.
"Todos los bolivianos estamos subvencionando el precio del diesel para la producción del aceite, además gobiernos anteriores han ido entregando una serie de beneficios al sector exportador. Es uno de lo pocos países que regula la devolución impositiva a través del Cedeim; es el único país en todo el continente que les devuelve un impuesto especial que se llama GAC. Entonces es un abuso por parte de los empresarios la subida exorbitante del precio del aceite", dijo.
Aseguró que existe un tratamiento muy favorable y condescendiente con el sector empresarial ya que, según la ministra, al Gobierno le interesa exportar para potenciar a los sectores productivos, pero que "no pueden seguir trabajando con este tipo de empresarios que solamente piensan en sus bolsillos, en perjuicio de toda la población boliviana".

Una rebelión imparable

En la otra vereda, los agroempresarios anunciaron una reunión de emergencia para este martes en Santa Cruz, seguros de que podrán movilizar al conjunto de la población en defensa de sus intereses y para preservar su pleno derecho sobre la tierra, que monopolizan y usan hasta degradarla, con el único fin de aumentar sus millonarias ganancias, a costa del hambre del pueblo y de un gobierno central, atrapado en sus montañas, y que hasta ahora no es capaz de hacer cumplir la ley ni sus decretos.
La rebelión de los 100 clanes familiares, que tienen en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos, y que además controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, sigue adelante.
Los clanes familiares ya se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, sobre los que han edificado un creciente poder económico y político, manejando a su antojo las principales organizaciones empresariales, cívicas e incluso populares de las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), desde donde conspiran para echar abajo al "indio presidente" e intentan armar su propio Estado, con su Parlamento y Policía propia y con el control absoluto sobre la tierras, los impuestos, la educación y los impuestos (ver "La oligarquía arma su propio Estado").