John Saxe-Fernández
La Jornada 

Todo en la política tiene sus tiempos, sean acciones electorales, financieras o mediáticas, en especial si son iniciativas legislativas que acarrean fabulosos beneficios para algunos grupos de interés: tal es el caso de los esfuerzos dirigidos a "legalizar" –por la vía de 18 ordenamientos legales– la privatización del patrimonio petrolero y eléctrico de la nación. En este caso esos tiempos están imbricados con el "escudo" que Los Pinos ofrece a las complejas gestiones de ingeniería financiera de este magno despojo. Es toda una hazaña anti-nacional y anti-popular en la que se juega el destino nacional. El sector energético es el principal eje de acumulación y además, la primordial fuente de recursos fiscales del gobierno, en porcentajes cercanos a 50 por ciento del presupuesto federal.

Dado que el llamado "capital político" del calderonismo se agota velozmente ante la desaceleración económica, las calamidades de la temeraria militarización de la campaña contra el crimen organizado –en detrimento de los derechos humanos, legales y políticos de la población–, así como por el brutal asalto del modelo vigente contra la economía familiar, los tiempos para tejer redes financieras se acortan rápido.

Los costos políticos de la iniciativa son muy altos y el calendario electoral legislativo, en 2009, acecha. Por lo que PRI-AN y Prisa tienen prisa para que se abra el sector y se dé cubierta legal a los negocios y contratos en curso. Al inicio mismo de 2008 Prisa sentó las bases del "escenario de línea dura" en radio y televisión en torno al debate "energético" mediante el despido "preventivo" de Carmen Aristegui. Seguro que en la disputa por el petróleo se contempló la necesidad de que imperara la unanimidad de opinión a favor de los privatizadores por lo que los valores, la agudeza analítica y el profesionalismo de Aristegui, expresado en su apertura a un amplio espectro de opiniones sobre cualquier tema, simplemente no "calzara" y les resultó estorboso. La actuación drástica de Prisa es porque en Washignton, Madrid y Los Pinos-Bucareli quieren el negocio "hoy, hoy, hoy".

El PRI también tiene urgencias. En los albores del año Emilio Gamboa Patrón, su coordinador en la Cámara de Diputados, se apresuró a remachar las argucias usadas por el gobierno y las empresas interesadas en el desvalijamiento: "que por falta de recursos y tecnología era necesario abrir a la participación privada las operaciones de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, y también en la generación de energía eléctrica", agregando que "no se trata de modificar la Constitución". No sería una "privatización plena", sino una "reforma integral".

En la argumentación de la derecha antinacional, de sus aliados en el PRI y unos adeptos vergonzantes del PRD, se reproduce lo que Carlos Montemayor ve como expresión –patente y patética– del "realismo mágico", ya que se nos informa, con toda la cara dura del caso, que además de "modernizar", la "iniciativa" no privatiza sino que "democratiza" a Pemex-CFE, "bursatilizándolas".

Los registros de intentos similares, realizados en el último tramo del gobierno de Zedillo, indican que es un proceso "democratizador" complejo y poco transparente en el que participa la International Finance Corporation y la Agencia Internacional de Acuerdos Multilaterales, ambas orgánicamente vinculadas al Banco Mundial. Un diseño de ingeniería financiera planteados para Pemex, a cargo de la empresa Agincourt se realizaría por medio del Investors Guaranty Fund LTD (IGF). En La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002, p 353 y ss) describo un diseño de 1997 para crear el Programa Mexicano de Desarrollo por medio de la inversión directa de IGF. El capital se generaría colocando títulos conocidos como "Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements" o MEXDS GIA en dólares, con la participación de bancos internacionales e inversionistas institucionales bajo liderazgo de empresas de solvencia moral, contable y técnica –como Enron–, otras tipo Halliburton y varias de acá.
 
Siguiendo sus costumbres Agincourt seleccionó a las Bermudas como base jurisdiccional de operación por "su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y en especial de los servicios financieros" de Wall Street. Estos son los paraísos financieros –y fiscales– escogidos en el pasado reciente como ideales para "democratizar" a Pemex y tejer la ingeniería financiera-especulativa que le permita a los gobernantes, legisladores, sus socios y cabilderons, "flexibilidad" para hacer sus negocios: los impulsores de la iniciativa deben informar desde cuál paraíso fiscal van a "no-privatizar" y "democratizar" a Pemex, arrojando la renta petrolera y el futuro de la nación, al piso de remates de Wall Street. Esperaríamos que nos recuerden desde sus villas en la Costa Azul. Como diría Roberto Hernández, "allá los mexicanos que se hagan bolas".