Dennis Rodgers *
Revista Envio Nº 309

Pandillas en Nicaragua y maras en El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿De qué o de quiénes son herederos estos jóvenes, violentos y organizados? De lo que no hay duda es que son actores sociales protagónicos en la Centroamérica que dejó atrás los conflictos militares. De lo que no debe quedar duda es que son chivos expiatorios de quienes concentran el poder en sociedades muy injustas, con profundas desigualdades, sin oportunidades para ellos.

Aunque el último conflicto militar en Centroamérica fue formalmente resuelto en 1996 en Guatemala, la región sigue estando muy afectada por altos niveles de violencia: las tasas de homicidio se encuentran hoy entre las más altas del mundo y los actuales niveles de violencia superan, en muchos casos, los que hubo durante las décadas de conflictos militares, aun cuando se puede argumentar que existe una diferencia significativa, ya que la violencia de hoy es fundamentalmente delictiva y criminal y la de ayer fue principalmente política

En Guatemala, la tasa anual de homicidios excede las muertes relacionadas con la guerra. El costo económico de la delincuencia en El Salvador en 2003 fue estimado por el PNUD en unos 1 mil 700 millones de dólares, un equivalente a 11.5% del PIB del país, una cifra mucho mayor que la pérdida del 3.3% del PIB que se estima perdió El Salvador anualmente durante los años de guerra. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en 2007, ha identificado la violencia criminal como el principal obstáculo al desarrollo sostenible en Centroamérica.

¿Son el problema mayor?

érica se asocia con la juventud, y más específicamente, con la población masculina. No es una novedad: estadísticamente, la mayoría de los actos criminales que se cometen alrededor del mundo tiene como protagonistas a varones entre los 15 y los 24 años. Más de la mitad de la población de Centroamérica tiene menos de 24 años. Lógicamente, cuando una mayoría poblacional pertenece a este grupo demográfico, mayor será la vulnerabilidad a la violencia de esa sociedad. Son específicamente varones agrupados en pandillas los que han emergido como protagonistas de la violencia en la Centroamérica de hoy.

Aunque las pandillas han estado presentes en las sociedades centroamericanas desde hace mucho tiempo, han venido desarrollándose de formas sin precedente durante las últimas dos décadas. Esto las ha colocado en la mira de los análisis y hoy son acusadas de toda una gama de delitos, desde hurtos y asaltos hasta violaciones sexuales y narcotráfico. Incluso, se ha intentado ligarlas a actividades de oposición armada y al terrorismo global. Un informe del Instituto de Estudios de Guerra del Ejército estadounidense publicado en 2005 sostiene que las pandillas centroamericanas constituyen una "nueva insurrección urbana" que tiene como objetivo "derrocar a los gobiernos de la región". Anne Aguilera, encargada de asuntos antinarcóticos para Centroamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en una entrevista publicada en "La Prensa Gráfica" de El Salvador el 8 de abril de 2005 que las pandillas son "el problema de seguridad más grande que hay en estos momentos para la región centroamericana".
 
Una definición

Las pandillas juveniles son un fenómeno social muy común que puede encontrarse con frecuencia en casi todas las sociedades del mundo, aunque mayoritariamente son grupos efímeros de jóvenes que se juntan en las esquinas de las calles de sus barrios para expresarse con comportamientos etiquetables como "antisociales" que hacen parte de su proceso de crecer y desarrollarse.

Las pandillas centroamericanas actuales son claramente otra cosa. Son organizaciones colectivas mucho más definidas, que exhiben una continuidad institucional que es independiente de su membresía. Tienen convenciones y reglas fijas, que pueden incluir rituales de iniciación, una jerarquía, y códigos que pueden hacer de la pandilla una fuente primaria de identidad para sus miembros. Estos códigos también pueden exigir patrones de comportamiento particulares: ropas características, tatuajes, pintas o graffitis en la zona que dominan, señales con las manos y un argot. Y por supuesto, una participación regular en actividades ilícitas y violentas. Estas pandillas están muy frecuentemente -aunque no siempre- asociadas a un territorio preciso y sus relaciones con la comunidad de ese territorio pueden ser tanto amenazantes como protectoras, pudiendo además cambiar de un papel al otro muy fácilmente.
 
Protagonistas indiscutibles

Las pandillas centroamericanas son un fenómeno social que se entiende muy mal. Existen muchos mitos y estereotipos sensacionalistas sobre ellas. Hay poca información confiable y las estadísticas oficiales son particularmente problemáticas, debido a un registro deficiente, a un proceso de recolección de datos defectuoso y a mucha interferencia política. Aunque las cifras oficiales sugieren que existen unos 70 mil jóvenes integrados en pandillas en Centroamérica -lo que indicaría que hay más pandilleros que militares en la región-, estimaciones de ONG y académicos sugieren que podrían ser muchos más: hasta 200 mil.

De igual modo, las estimaciones de la violencia delictiva y criminal atribuible a las pandillas oscilan entre un 10 y un 60% del total de la violencia que padece la región. Sin disponer de muchos datos cuantitativos dignos de confianza, lo que sí existe es una cantidad creciente de estudios cualitativos que sugieren unánimemente que las pandillas se han constituido en actores importantes del panorama regional contemporáneo, protagonistas indiscutibles de la violencia centroamericana.

Estos estudios destacan la diversidad entre estos grupos en los diferentes países de la región. El Salvador, Guatemala y Honduras tienen pandillas más violentas que las de Costa Rica y Nicaragua. En base a estos estudios cualitativos, y calculando sobre una escala de 1 a 100 y alineando el país más violento, El Salvador, con 100, Honduras estaría probablemente en un 90, Guatemala alrededor de 70, Nicaragua alrededor de 50, y Costa Rica alrededor de 10, aunque también existen grandes diferencias en la violencia de estos grupos al interior de cada país.
 
Un fenómeno urbano

En todos los países centroamericanos la gran mayoría de los actos de violencia protagonizados por pandillas ocurre en áreas urbanas. Es lógico: se necesita una masa crítica de población juvenil masculina para que pueda surgir un grupo de éstos y eso sólo sucede en las ciudades.

Algunos estudios afirman que hasta el 15% de los jóvenes de una comunidad pueden juntarse a una pandilla local, aunque la mayoría afirma que el número más cercano es del 3-5%. Las pandillas pueden estar integradas por entre 15 y 100 miembros, aunque el promedio es de 20-25 miembros. La mayoría surge en barrios pobres, aunque no necesariamente siempre en los más pobres. Una investigación realizada en la Ciudad de Guatemala encontró que los barrios que estaban dentro del cuartil más bajo de ingresos sufrían menos violencia juvenil que los que estaban dentro del segundo cuartil.
 
Con edades muy variables

Una inmensa mayoría de los miembros de las pandillas son varones, aunque también existen miembras. Y hay evidencia que en el pasado existieron pandillas "amazonas" en Nicaragua y Guatemala. La edad de los pandilleros o mareros es muy variable. Un estudio de 2001 basado en casi mil entrevistas con pandilleros de El Salvador, realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, encontró que, en promedio, tenían 20 años y se integraron a la pandilla a los 15. En Nicaragua, las edades oscilan entre los 7 y los 23 años. En Guatemala y Honduras, entre los 12 y los 30 años.

El estudio del IUDOP preguntó a los pandilleros por qué se integraron a una pandilla. El 40% dijo que lo había hecho para "agarrar la onda", el 21% por amistad con un miembro de la pandilla y el 21% para escapar de los problemas familiares. El estudio encontró una correlación parcial entre pertenecer a una pandilla y estar desempleado: sólo el 17% de los pandilleros entrevistados trabajaban y el 66% se autocaracterizaban como "desocupados".
 
¿Por qué ser pandillero?

ía de los estudios que existen han destacado las dificultades para establecer los factores que explicarían adecuadamente por qué un joven se une a una pandilla. Los "determinantes estereotípicos", como la fragmentación familiar, la violencia en el hogar o una sicología particular no aparecen como factores sistemáticamente significativos. El único factor que parece afectar constantemente la no afiliación a una pandilla es el religioso: los jóvenes evangélicos -al menos en Nicaragua- no se integran a una pandilla. Se puede especular que esto sucede por la naturaleza totalizante de las iglesias evangélicas, que al proporcionar a sus miembros un tan completo marco organizador de la vida (identidad, tareas, mensajes, moral, criterios..) son grupos institucionalmente equivalentes a las pandillas.

Las pandillas también están vinculadas a otros factores más estructurales, incluyendo el profundo machismo existente en Centroamérica -muchos de los códigos de las pandillas son claras expresiones de una cierta forma de entender la masculinidad-, a los altos niveles de exclusión social y de desigualdad, a la larga historia de conflictos y guerras, a la disponibilidad de las armas -se estima que hay más de 2 millones de armas no registradas en la región- y a la debilidad y ausencia del Estado en tantos espacios vitales, lo que crea "vacíos políticos locales" que llenan las pandillas.

Considerando que todos estos factores afectan a toda la juventud centroamericana, pero que no todos los jóvenes se hacen pandilleros, estos factores deben ser considerados como variables contextuales más que determinantes. Una variable estructural que es una de las más significativas es la migración masiva. Esto se ha traducido en la conformación diferenciada de pandillas y de maras. Porque se trata de dos tipos de grupos.

Pandillas y Maras: dos realidades distintas

Aunque persiste la tendencia de hablar genéricamente de estos grupos como "pandillas", la distinción entre pandillas y maras resulta clave. Las maras son un fenómeno con raíces transnacionales, mientras que las pandillas son instituciones nacionales, localizadas, grupos de cosecha propia, herederas de la tradición de los grupos juveniles que siempre hubo en Centroamérica. Aunque hace 20 años las pandillas estaban presentes en toda la región, hoy perviven en Nicaragua, y en un grado mucho menor en Costa Rica, mientras que este fenómeno de agrupamiento juvenil ha sido suplantado casi completamente por las maras en El Salvador, Guatemala, y Honduras.

Pandillas: su herencia

Las pandillas emergieron de manera significativa en los años 90, como consecuencia de la paz que puso fin a los conflictos armados, cuando jóvenes militares de ambos bandos en conflicto, soldados y guerrilleros, volvieron a sus comunidades de origen, y ante la incertidumbre económica y política del momento, y partiendo de la tradición aprendida de la acción colectiva juvenil, algunos formaron pandillas como grupos locales de autodefensa para establecer una medida de orden y de previsibilidad para sí mismos y para sus comunidades.

Lo hicieron con patrones particulares y semi-ritualizados de conflicto con otras pandillas, conflictos regulados por códigos bien definidos, que incluían proteger a los habitantes de sus comunidades locales. Hasta cierto punto, las pandillas de los años 90 tienen paralelos con las pandillas centroamericanas de los años 60 y 70, surgidas muchas veces como organizaciones informales de defensa en los asentamientos marginales y espontáneos creados por los masivos procesos de urbanización de la época.

Las pandillas de los años 90 fueron mucho más numerosas y también más violentas, por la herencia de los años de insurrección y de guerra, conflictos que proporcionaron a toda una generación de jóvenes habilidades bélicas sin precedentes. Las pandillas de los 90 estaban también mucho más institucionalizadas que las del pasado, dándose nombres -los Dragones, los Rampleros o los Comemuertos de Nicaragua- y desarrollando jerarquías y reglas que tenían continuación en el tiempo, a pesar de que sus miembros se renovaban. Se puede decir que estas pandillas eran una respuesta institucional orgánica, localizada y autóctona a las circunstancias de inseguridad y de incertidumbre del contexto post-conflicto centroamericano. Aunque es importante entender que existían ya variables significativas entre las distintas sociedades centroamericanas y al interior de cada una de ellas.

Maras: su origen

Las maras son otra cosa. Son organizaciones más uniformes, que tienen un origen muy bien definido que se pueda ligar directamente a patrones migratorios particulares. Existen dos maras, la Mara Dieciocho (18) y la Salvatrucha (MS), que funcionan actualmente en Centroamérica sólo en El Salvador, Guatemala, y Honduras, aunque han comenzado ya a extenderse a México.

Los orígenes de las maras se encuentran en la Calle 18 de Los Ángeles, en una banda fundada por inmigrantes mexicanos en los años 60, que muy pronto empezó a aceptar como miembros a cualquier latino. La mara de la calle 18 creció mucho durante los años 70 y 80 por la afluencia de refugiados salvadoreños y guatemaltecos, muchos de los cuales se incorporaron a la mara para sentirse incluidos en un contexto estadounidense que excluía a los latinos.

A mediados de los años 80, jóvenes de una segunda ola de refugiados salvadoreños fundaron un grupo rival, posiblemente un fragmento de la mara original: la Mara Salvatrucha, un nombre que combina la palabra: "marabunta", un insecto "salvadoreño", con "trucha", que significa "agudo" en el argot salvadoreño. Muy pronto, la Mara 18 y la Salvatrucha empezaron a pelearse en las calles de Los Ángeles y se vieron involucrados en la violencia desatada cuando el caso Rodney King en 1992. Después de este episodio, el estado de California elaboró nuevas leyes contra las maras y empezó tratar a sus miembros juveniles como delincuentes adultos, enviando a centenares a la cárcel. Después, en 1996, una ley del Congreso de Estados Unidos ordenó la deportación de todo delincuente no estadounidense o recién naturalizado estadounidense condenado a más de un año de cárcel, una vez que hubiera cumplido su condena. Consecuentemente, entre 1998 y 2005, Estados Unidos deportó a casi 46 mil centroamericanos que cumplieron condenas y además, a 160 mil inmigrantes ilegales.

Las clicas de las Maras

El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron a más del 90% de estos deportados, muchos de ellos miembros de la Mara 18 y la Salvatrucha, jóvenes que habían llegado a Estados Unidos de niños. Después de ser deportados y de llegar a sus países de origen -que apenas conocían- no resulta asombroso que trataran de reproducir las estructuras y los patrones de comportamiento que les habían proporcionado seguridad e identidad en Estados Unidos.

En sus nuevas comunidades, los deportados comenzaron rápidamente a establecer "clicas" o capítulos locales de sus maras. Éstas empezaron a atraer a la juventud local y las nuevas maras suplantaron rápidamente a las pandillas locales. Al contrario de lo que se proyecta en los medios de comunicación, aunque cada clica se afilia explícitamente con una de las dos maras, y aunque las clicas de diferentes barrios afiliadas con la misma mara pueden juntarse para pelearse con clicas afiliadas con la otra mara, ninguna de las dos maras son verdaderas estructuras federales y mucho menos transnacionales. Tampoco la 18 o la Salvatrucha se componen de una sola cadena jerárquica. Sus naturalezas federativas deben interpretarse más como elementos simbólicos de un origen histórico particular que como expresión de una verdadera unidad, sea de dirección o de acción.

¿Cooperación entre Maras?

La naturaleza federada de las maras es, más bien, una morfología social emergente imaginada, debida al flujo constante de deportados de Estados Unidos que comparten un lenguaje y puntos de referencia comunes. A lo mejor, las maras pueden entenderse como redes débiles de pandillas locales entre las que no existe mucha comunicación más allá de las bandas vecinas, y entre las que no hay ni mucho menos coordinación.

No hay ninguna evidencia de cooperación entre las maras de El Salvador, Guatemala u Honduras, ni mucho menos entre ellas y las maras originales en Los Ángeles. Cualquier lazo que exista se funda en la experiencia común de ser marero en Estados Unidos y de ser deportado en el propio país. Estos factores explican también por qué Nicaragua no tiene maras. La tasa de deportaciones de Estados Unidos a Nicaragua es muy baja: menos del 3% de todos los deportados centroamericanos son nicaragüenses. Además, los nicaragüenses que han emigrado a Estados Unidos van principalmente a Miami y a otras zonas de Florida, en donde no existe la misma cultura de pandillas latinas que hay en Los Ángeles, aunque sí hay pandillas cubanas, que no dejan entrar a los nicaragüenses.

Según datos del censo de Estados Unidos, sólo el 12% de los nicaragüenses que migran a Estados Unidos van a Los Ángeles, en donde constituyen apenas el 4% de los centroamericanos. En Miami representan el 47%. Esto también explica por qué las pandillas nicaragüenses son menos violentas que las maras de los otros tres países, en cuanto no han exportado patrones de comportamientos, que en el caso de la cultura marera estadounidense ha dado lugar a una brutalidad aumentada por no estar imbricadas en un contexto local que les imponga límites.

Delincuencia y narcotráfico

Abundan las informaciones sensacionalistas que ligan las pandillas y las maras centroamericanas con el tráfico migratorio, el secuestro, el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Sin embargo, en base a los varios estudios cualitativos que existen, queda claro que la gran mayoría de pandillas y maras se vinculan principalmente a pequeños hurtos y asaltos, delincuencia que realizan la mayoría del tiempo de manera individual. Sin embargo, se ha notado que en El Salvador, Guatemala y Honduras las maras están ahora implicadas colectivamente en chantajear autobuses y taxis que pasan a través de los territorios que controlan para que les paguen "impuestos". También extorsionan a negocios locales para que les entreguen dinero como "impuesto de protección".

Durante la última década, las pandillas y las maras se han ido implicando más y más en el tráfico de drogas. Nada sorprendente considerando que el consumo de drogas está íntimamente asociado al hecho de ser miembro de una pandilla o de una mara y que Centroamérica se ha convertido en puente clave del tráfico de drogas, pasando por la región más del 80% de la cocaína que circula entre los países productores andinos y los países consumidores del Norte.

En Centroamérica el tráfico de drogas está descentralizado, con la gran mayoría de los envíos circulando entre pequeños cárteles locales, donde cada uno se queda con una parte del alijo para sacarle beneficios vendiéndolo, creándose así mercados locales que antes no existían. El papel que maras y pandillas han empezado a desempeñar en este proceso es principalmente el de fuerzas locales que brindan seguridad a estos pequeños cárteles o el de pequeños vendedores informales en las calles.

Ciertamente, ni pandillas ni maras están implicadas en el tráfico de drogas a gran escala ni tampoco en su venta al por mayor, aunque ciertos estudios en El Salvador, Honduras, y Nicaragua han destacado que los líderes de estos pequeños cárteles locales son a menudo antiguos miembros de la pandilla o mara local que ya se han "graduado".

En general, las maras parecen estar más involucradas en el comercio de las drogas que las pandillas, quizás porque tienen un más claro monopolio de la violencia a nivel local. Existen también evidencias que sugieren que la implicación de pandillas y maras en el tráfico de drogas conduce al desarrollo de patrones de conducta más violentos.

La gran mayoría de estas expresiones de violencia está muy circunscrita y tiende a ocurrir en las comunidades pobres en donde surgen las maras y las pandillas. De hecho, la mayoría de las víctimas de esa violencia surge de las mismas maras y pandillas, como ilustran muy trágicamente las auténticas guerras que se desatan, por ejemplo entre los miembros de maras rivales encarcelados en las prisiones guatemaltecas. El 15 de agosto de 2005, miembros de la Mara 18 atacaron a miembros de la Mara Salvatrucha en la prisión del Hoyón, cerca de la Ciudad de Guatemala, matando a 30 y dejando a más de 60 heridos. Un ataque de represalia por miembros de la Salvatrucha ocurrió en el Centro de Detención Juvenil de San José Pinula el 19 de septiembre de 2005, matando a 12 miembros de la 18 e hiriendo a otros 10. En ambas ocasiones, hubo mareros que se dejaron arrestar sólo para poder matar después en la cárcel a miembros de la mara rival.

Política de "mano dura"

El factor que ha intensificado más la violencia de las maras en los últimos años es la puesta en práctica de una verdadera "guerra" contra ellas de parte de los Estados centroamericanos. La primera etapa de este nuevo conflicto regional fue la adopción en El Salvador en julio de 2003 de la política de "Mano Dura", que abogó por el encarcelamiento inmediato de todo miembro de una mara sin necesidad de más pruebas que el hecho de tener tatuajes o comportarse en público de manera que permitiera pensar que era marero. Ser marero se castigaba con penas de dos a cinco años de cárcel, medida aplicable a todo miembro de una mara desde los doce años de edad.

Entre julio de 2003 y agosto de 2004, 20 mil mareros salvadoreños fueron arrestados, aunque el 95% fueron puestos en libertad cuando la ley de "Mano Dura" fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema por violar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Una nueva iniciativa, llamada "Mano Super Dura", fue rápidamente impulsada, ya respetando las provisiones de la Convención de las Naciones Unidas, pero aumentando las penas de prisión para todo marero de más de 18 años hasta cinco años y hasta nueve años para los líderes. La población carcelaria de El Salvador se duplicó entre 2004 y 2007: de 6 mil reos pasó a 12 mil, el 40% de ellos arrestados por ser mareros.

"Cero tolerancia"

áneamente con El Salvador, en agosto de 2003 una política comparable, llamada "Cero Tolerancia", inspirada en parte en la política de quien fue alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Esta medida promovió una reforma del Código Penal y la adopción de una legislación que establecía penas de doce años de prisión por ser miembro de una mara, aumentadas más adelante a 30 años. También se establecieron en Honduras medidas para estrechar la colaboración entre la Policía y el Ejército en el combate a las maras, realizando patrullajes urbanos conjuntos, en algunos casos hasta con tanques.

Guatemala también adoptó su "Plan Escoba" en enero de 2004. Aunque no tan draconiano como la "Mano Dura" salvadoreña o la "Cero Tolerancia" hondureña, la legislación permitía tratar a los jóvenes como delincuentes adultos e incluía el despliegue de miles de tropas de reserva del Ejército en barrios "problemáticos" de la Ciudad de Guatemala.

A partir de 1999, Nicaragua ha desarrollado iniciativas en contra de sus pandillas, pero de naturaleza perceptiblemente "más suave", en gran medida porque son mucho menos violentas que las maras y también por la falta de capacidad de patrullaje de la Policía Nacional, que tiene una presencia muy limitada en muchos barrios y asentamietnos urbanos.

Todas estas medidas de endurecimiento de penas y leyes han sido acogidas con satisfacción por las poblaciones centroamericanas, en zozobra por la actividad de las maras y las pandillas. Pero han sido denunciadas firmemente por grupos de defensa de los derechos humanos, porque podrían alentar abusos sistemáticos de los derechos de cualquier sospechoso. Amnistía Internacional ha presentado evidencias -corroboradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos- que en Honduras y Guatemala existen escuadrones de la muerte paramilitares que apuntan deliberadamente al exterminio de los mareros, teniendo a menudo en la mira a toda la juventud marginal.

Alianzas y coordinaciones 

Los gobiernos centroamericanos han solicitado cooperación y establecido alianzas para defenderse de lo que en la cumbre regional de Jefes de Estado celebrada en Tegucigalpa en septiembre de 2003 declararon ser "una amenaza de desestabilización, más inmediata que cualquier guerra o guerrilla convencional". El 15 de enero de 2004, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua acordaron levantar todas las barreras legales a la persecución de mareros y pandilleros de cualquier nacionalidad en toda Centroamérica. El 18 de marzo de 2005, los presidentes Tony Saca de El Salvador y Oscar Berger de Guatemala acordaron establecer una fuerza común de seguridad para patrullar su frontera común y enfrentar la actividad marera.

También los gobiernos centroamericanos intentaron implicar a Estados Unidos en esta "guerra". Inicialmente, Estados Unidos se resistía a participar en iniciativas contra las pandillas y las maras. Hasta junio de 2004, cuando el ministro hondureño de seguridad, Oscar Álvarez, alegó -absurda alegación- que alguien de quien se sospechaba era miembro de la organización terrorista Al Qaeda, el saudí Yafar Al-Taya, había llegado a El Salvador para establecer lazos con líderes mareros. Aunque era una afirmación infundada, el FBI creó en diciembre de 2004 un grupo de trabajo focalizándose específicamente sobre las maras. Y en febrero de 2005 anunció la creación de una oficina especial en San Salvador para coordinar esfuerzos regionales contra las maras y las pandillas.

Después de un nuevo -y también absurdo- anuncio de Oscar Álvarez en abril de 2005 diciendo que había frustrado una acción de colaboración entre las maras y las FARC colombianas para intentar matar al presidente Ricardo Maduro, los líderes militares de la región invitaron formalmente al Ejército de Estados Unidos a ayudarlos a crear una fuerza multinacional para intervenir y contener a las maras y pandillas centroamericanas, iniciativa que aún no se ha puesto en marcha, pero que seguramente no tardará en operativizarse.

Más represión, más violencia 

Mientras estas iniciativas parecieron inicialmente reducir la delincuencia marera y pandillera, aumentaban las evidencias que eran sólo éxitos temporales y que estos grupos simplemente se han hecho menos visibles y más radicales. Varios estudios han descubierto que mareros y pandilleros han empezado a utilizar símbolos menos obvios de su pertenencia a una mara han empezado, por ejemplo, a quitarse los tatuajes- para evitar ser detectados y arrestados por la Policía. Han empezado también a reorganizarse en líneas más verticales y a achicar sus grupos. Están estableciendo también coordinaciones con otros grupos y recurriendo a expresiones de violencia más intensa.

Una de las reacciones violentas a la política de "Mano Dura" se expresó dramáticamente entre algunas maras hondureñas en julio de 2003. Un mes después de la promulgación de la nueva legislación, el 30 de agosto de 2003, miembros de una mara atacaron durante el día un autobús en San Pedro Sula, matando a 14 personas, hiriendo a 18 y dejando una carta para el Presidente Maduro, ordenándole retirar la ley. Al mes siguiente, en Puerto Cortés, la cabeza de una mujer joven fue encontrada en una bolsa de plástico con una carta a Maduro diciéndole que era una respuesta al asesinato extrajudicial de un marero por la Policía. Durante el año 2004, más de 10 cadáveres descabezados fueron dejados en varias ciudades de Honduras con mensajes de maras al Presidente, siempre como respuestas a otras matanzas extrajudiciales de mareros.

El 23 de diciembre de 2004, en Chamalecón, un grupo de mareros atacó de nuevo un autobús, matando a 28 personas y dejando otra carta: la acción era en venganza por la muerte de 105 mareros en una prisión estatal en mayo del 2004. Acontecimientos similares, aunque no tan dramáticos, han ocurrido en otros países centroamericanos.

Uuna solución: darles oportunidades

Está claro que la política represiva de los gobiernos centroamericanos no está funcionando. Parece haber agravado el problema, radicalizando a las pandillas y a las maras y provocando una espiral de violencia con venganzas y represalias. La represión falla porque puede estar generando una nueva "ética" marera y pandillera: desafiar al Estado. Y también porque la represión nunca remedia los problemas subyacentes que generan estos fenómenos sociales.

Las pandillas y maras pueden ser vistas como instituciones que intentan crear un espacio de inclusión con sentido de pertenencia para sus miembros y, a veces, para sus comunidades locales. También como intentos desesperados de construir vehículos institucionales para la acumulación de recursos. Vistas así, no debe sorprender que la experiencia mundial haya demostrado que las iniciativas más efectivas para reducirlas son las que proporcionan oportunidades a sus miembros. Aunque hay algunos ejemplos de iniciativas de este tipo, mayoritariamente la respuesta ha sido represiva. La cuestión crucial es: ¿por qué tanta represión?

Los chivos expiatorios de sociedades muy injustas 

Toda política social refleja el contexto económico y social del cual surge. Por eso podemos decir que el obstáculo más grande para la implementación de una política coherente y eficaz con relación a las pandillas y maras de Centroamérica es la naturaleza profundamente desigual de la distribución del poder en las sociedades centroamericanas, donde todo el poder político y económico está concentrado en las manos de una pequeña élite que excluye activamente a la mayoría.

Los gobiernos centroamericanos reprimen a las pandillas y a las maras para evitar tomar otras medidas que resuelvan la exclusión social, la falta de oportunidades, los abismos de desigualdad que son la base de su poder y de sus privilegios. Esta situación provoca algo más que parálisis política. La verdad es que las maras y las pandillas se constituyen, para quienes se atrincheran en su poder, en los mejores chivos expiatorios a los que culpar por la inestabilidad de la región, ocultando así las verdaderas raíces de los problemas. La estrategia oficial es riesgosa: queda claro que intentar preservar los esquemas de sociedades tan injustas con métodos de violencia represiva puede resultar explosivo a largo plazo.

  *Dennis Rodgers es antropólogo de la universidad de Manchester, Gran Bretaña y colaborador de la revista nicarguense Envío.