El actual régimen político se identifica por su carácter antidemocrático, terrorista, militarista, pronorteamericano y oligárquico. Es antidemocrático porque recorta cada vez más las libertades políticas y sociales. Este gobierno ni siquiera permite que los trabajadores se organicen en sindicatos, cada vez es menor el número de trabajadores sindicalizados y estos son perseguidos implacablemente en las fábricas, empresas y establecimientos de servicios. Los periodistas críticos son amenazados de muerte –los casos de exilio de Fernando Garavito y Daniel Coronell y la persecución a Hollman Morris así lo atestiguan-. Los defensores de derechos humanos siguen siendo hostigados y tachados de cómplices del terrorismo y la oposición política es puesta en la picota pública por Uribe, sus consejeros, ministros y altos funcionarios del Estado, los gremios oligárquicos y los grandes medios de comunicación, al ser acusados de tener vínculos con las Farc. José Obdulio Gaviria, el asesor más importante del sátrapa, un oscuro personaje considerado por muchos el Rasputín criollo, primo de Pablo Escobar, hermano de dos narcotraficantes detenidos en Estados Unidos y de uno de los acusados de participar en el asesinato de Guillermo Cano, director del diario El Espectador, habla de que "exterminarán" la insurgencia antes de 2010, y el Ministro de Agricultura, la voz de la ultraderecha asociada a terratenientes y agroindustriales, quienes han sido acusados reiteradamente de tener vínculos con el paramilitarismo, declara que la alternativa al intercambio humanitario y a la negociación política es "todos los terroristas muertos… o todos en la cárcel".

Ese frenesí discursivo oculta con mucho cuidado los estrechos lazos establecidos por las cabezas del régimen con los paramilitares. Se esconde la presión que ejerce el presidente de la república al presidente de la corte suprema de justicia para que le informe sobre el estado de la investigación por nexos con el paramilitarismo, que desarrolla este último organismo contra Mario Uribe, primo del jefe del Estado y socio de Uribe en compra de enormes extensiones de tierras en diferentes partes del país. Los videos en donde aparece el presidente reunido en "público", lo que Uribe califica de legitimo, y en "privado" con connotados lideres paramilitares no despiertan ninguna manifestación y menos un llamado de los medios de comunicación a marchar contra quienes, con la bendición de los gringos y sus multinacionales, la oligarquía, los partidos políticos tradicionales y uribistas, el estado colombiano, los altos funcionarios y los militares, han asesinado a cientos de miles de colombianos de la forma más brutal posible en medio de una guerra que ha servido para arrebatar las tierras a 4 millones de colombianos, empobrecer a 30 millones, lanzar a la indigencia a 14 millones, llevar al hambre extrema a 6 millones, despedir a más de un millón de trabajadores y endeudar exorbitantemente a la inmensa mayoría de la población, la cual le debe a los bancos, en manos de un puñado de familias nacionales y extranjeras, alrededor de 130 millones de millones (billones) de pesos. Los 10 mil millones de dólares, 20 millones de millones (billones) de pesos, que se gastará el Estado de los ricos en 2008 en la guerra interna, sin contar los casi 700 millones de dólares aportados por el gobierno de los Estados Unidos, tampoco suscita ninguna reacción en la elite que maneja el país.

El régimen uribista es guerrerista por principio. Ha aumentado el pie de fuerza a 500 mil hombres, una de las fuerzas armadas más grandes del mundo en relación con el número de habitantes de cada país. Con esta conducta pretende perpetuar la guerra e imponer bajo ese paraguas las medidas más extremas contra la población, más contrarreformas tributarias, laborales, a la seguridad social, que ya tramitan en el Congreso, y un proyecto complementario, que pretende eliminar las pocas posibilidades de manifestación que aun queda. Esta es una propuesta de otro gris personaje, Carlos García, senador y presidente del partido social de unidad nacional, nombre tomado por la principal formación política uribista, el cual es muy parecido al del partido nacional socialista, con el que se identificaban los nazis en Alemania, dirigida a garantizar las metas de seguridad, inversión extranjera y "desarrollo" propuestas por los ideólogos de la clase dominante. Tampoco los de arriba llaman a nadie a manifestarse contra semejantes exabruptos.

Los asesinatos de campesinos por parte de las tropas oficiales continúan. Recientemente un sargento de la XV brigada del ejercito, que opera en Norte de Santander, denunció que esa unidad mataba a los civiles, quienes eran presentados como guerrilleros dados de baja. Este fue destituido fulminantemente mientras que el comandante de tal unidad fue ascendido como asesor del comandante del ejército, general Mario Montoya. Los crímenes oficiales también han ocurrido en Arauca, Tolima, Antioquia, Chocó, Putumayo y otros departamentos. Ello acontece a pesar de que el estado colombiano tiene la obligación constitucional de proteger a la población civil y sacarla del conflicto; pero desafortunadamente sucede todo lo contrario. Los millones de desterrados, los miles de desaparecidos, las masacres, la tortura, la judicialización de la protesta social, la suspensión de las libertades y derechos políticos, la aplicación de zonas de consolidación y rehabilitación, los bombardeos indiscriminados, el asesinato de civiles y la negación de los derechos fundamentales resumen la política de la oligarquía colombiana y sus patronos: los dueños de grupos financieros, multinacionales y los círculos políticos y de poder que controlan el gobierno de los Estados Unidos. Una vez más, esta política terrorista no despierta reacción alguna por parte de quienes detentan el poder.

La oligarquía uribista se ha sumado con entusiasmo a los planes diseñados por los halcones del gobierno de Bush. No sólo han profundizado el plan Colombia, que hace parte de la geopolítica de los Estados Unidos para el área Andina, dirigida a derrotar militarmente a la insurgencia colombiana y convertir de paso a Colombia en el Israel suramericano, guardián de los intereses de la primera potencia mundial en el subcontinente, con capacidad militar para agredir a cualquier vecino que se salga de la orbita de influencia gringa. Recordemos que el gobierno de Uribe fue el único de América Latina que apoyo la invasión a Irak. Esos son pasos concretos que muestran la intima asociación entre los uribistas y los reaccionarios yanquis. También se demuestra esos nexos con la presencia de mercenarios norteamericanos, que pertenecen a ocho agencias de seguridad privada, auténticos rambos pagos por el Pentágono; alrededor de 1.500 asesores más, adscritos al Comando Sur del ejército estadounidense, hacen presencia muy significativa en nuestro territorio, especialmente en el departamento de Arauca y particularmente a lo largo de la frontera con Venezuela. El Plan Cheney, que traza la estrategia del Estado yanqui para controlar directamente las principales fuentes energéticas del mundo, reza que se debe invadir a aquellos países donde se encuentran dichos depósitos, entre ellos los de la cuenca del Orinoco, que hoy por hoy es la que tiene mayores existencias probadas de hidrocarburos en el planeta.

El gobierno de Chávez se ha apartado decididamente de los intereses y políticas de los gringos. Ha impulsado el Alba, el Banco del Sur, la integración energética latinoamericana y del Caribe, mediante Petrosur y Petrocaribe. Actualmente esas propuestas se convierten en referentes para los pueblos que se oponen a la oprobiosa dominación imperialista en esta parte del mundo. Ello no gusta para nada a Bush y su corte y menos a la oligarquía colombiana y a Uribe. Tratando de generar una maniobra de desprestigio al presidente venezolano, su similar colombiano lo pone de árbitro en el intercambio humanitario, creyendo que Chávez iba a fracasar en la mediación. Sin embargo, cuando se entera que la negociación va por buen camino, lo saca abruptamente de la negociación. Luego sabotea la entrega unilateral de las dos retenidas, bombardeando intensamente las zonas donde se presumía se encontraban estas, haciendo fracasar simultáneamente la labor de la comisión internacional que se había desplazado al país con el fin de recibir a las retenidas. Finalmente ocurre la entrega, después de poner al descubierto como las FARC no tenían a Enmanuel, exacerbando a la opinión pública nacional e internacional contra esta fuerza guerrillera y contra Chávez. A continuación lanza un duro ataque al presidente venezolano, calificándolo de expansionista, en medio de una gran campaña patriotera lanzada por todos los medios de comunicación de los ricos. En esa vía, Germán Vargas Lleras, senador de Cambio Radical, un uribista recalcitrante, declara en Caracol que se debe llegar hasta el acuartelamiento de primer grado, una alerta general de guerra, de las fuerzas armadas colombianas. La histeria guerrerista oligárquica llega al extremo de llamar a la defensa de la patria, rodear al presidente de la república unánimemente, declarar traidores a la patria a quienes disienten de la agresión uribista, entre ellas la senadora Piedad Córdoba, y llamar agresor a Chávez, cuando este en realidad es quien va a ser atacado.

Una forma muy particular de volver verdad una mentira a toda luz. Esa inversión de la realidad la hacen los medios de comunicación nacionales cuyos dueños son las familias Ardila Lulle, dueña de RCN radio y televisión, Santodomingo, propietario del canal Caracol, El Espectador y Cromos y Santos en compañía de la ultraderecha española, reunida en el Grupo Planeta, dueños, entre otros, del grupo editorial el Tiempo y de la revista Cambio, complementados por Caracol radio, que es de los españoles del Grupo Prisa. De cual patria hablan los españoles y las multinacionales gringas, europeas y norteamericanas, cuyos dueños y administradores cierran filas con Uribe.

Paradójicamente quienes más llaman a subir la histeria patriotera son los extranjeros, que se lucran inmensamente explotando los recursos y los trabajadores de nuestro país. Quienes se han apropiado de los bienes público, mediante las privatizaciones, muchas de ellas compradas a "precio de huevo" por grupos financieros españoles como Endesa, Gas Natural, Unión FENOSA, Repsol y Aguas de Barcelona, claman por la "repeler la agresión" chavista. Desde cuando los dueños de esas multinacionales defienden los intereses nacionales. ¿Quien les adjudicó a los ricos extranjeros la noble tarea de defender la soberanía nacional, supuestamente pisoteada por Chávez? Los que se lucran de la dependencia, la explotación y el empobrecimiento de las mayorías del país ahora siembran la histeria nacionalista entre la masa pequeño burguesa y los sectores más atrasados. Al menos en Colombia, estos nuevos "patriotas" han logrado desprestigiar la mediación humanitaria del Presidente Hugo Chávez, hacen aparecer a la comunidad internacional como solidaria de la posición uribista y pretenden quitarle, con estas maniobras, legitimidad a los procesos democráticos en América Latina, agudizar el conflicto en Colombia, dividir con odio a nuestros pueblos, crear un conflicto militar entre naciones y justificar la intervención de los Estados Unidos a nombre de la Paz y la Democracia para apoderarse de los territorios donde están los recursos naturales estratégicos que necesita ese país y las multinacionales para seguir controlando el mundo y la riqueza.

Por lo demás, quienes controlan el poder en nuestra nación propagandizan intensamente un mensaje agresivo y violento para escalar la guerra y burlar cualquier tipo de solución política a la crisis nacional. A los gobierno de Colombia y Estados Unidos no les conviene reconocer la condición política de la insurgencia, ni aceptar la existencia de un conflicto social y armado. Con ello persiguen justificar la guerra, bajo la teoría de la seguridad democrática, posicionar su Estado Comunitario, impedir la realización de los cambios democráticos necesarios y negar a las mayorías la paz, el trabajo, la redistribución de la riqueza, el bienestar, la soberanía nacional y la integración latinoamericana.

Reconocer el carácter político de la insurgencia es un riesgo para los intereses de la oligarquía, implicaría reconocer la existencia de proyectos políticos revolucionarios en armas y puede constituirse en un paso hacia una salida negociada al conflicto. El calificativo de "terroristas" contra la insurgencia persigue que la población no respalde un proceso de democratización de la sociedad colombiana, crea confusión en ella a fin de justificar la guerra, la intromisión de los Estados Unidos, el aumento formidable del gasto militar, asegurar la continuidad del plan expansionista del capitalismo y apoderarse de los recursos naturales y del acumulado productivo y de servicios, que son la fuente de riqueza de la nación.

En ese marco es que el régimen Uribista, los imperialistas, los partidos tradicionales, la oligarquía que lo apoya, sus medios de comunicación, la iglesia, los paramilitares, los intelectuales de derecha y la derecha del Polo llaman a una marcha contra el "terrorismo", presentándola como una convocatoria espontánea de los "demócratas y patriotas". En realidad, tal evento está fríamente calculado para mostrar el "sólido" apoyo que tiene Uribe, cuya popularidad llega supuestamente al 80%; ella es "medida" por Jorge Londoño, hermano de Juan Luís Londoño, el ya fallecido ex ministro de la protección social, quien era uno de los ideólogos del presente régimen. Su propósito: consolidar la segunda reelección del personaje de marras, cuando se nos viene encima una grave crisis económica, Colombia es el país más vulnerable en América Latina al impacto de la recesión que azota a los Estados Unidos, y en medio de la enunciada "hecatombe" del máximo representante de la siniestra alianza establecida por los dueños y administradores de las multinacionales, la oligarquía financiera criolla, que controla una buena parte de la economía nacional, la burguesía burocrática, representada por los corruptos funcionarios del Estado oligárquico, quienes se han lucrado históricamente robando el fisco nacional, los terratenientes, clase de donde procede Uribe, hoy más fuertes que nunca gracias a la violencia paramilitar, y la poderosísima lumpen burguesía de Mancuso, Báez, "Macaco", los Castaño, "Don Berna" y demás jefes mafiosos y paramilitares. Estos son los "patriotas" que llaman hoy a la defensa de la soberanía nacional y a la confrontación contra quienes osan ofenderlos. Apoyar, por tanto, estas convocatorias de esa oligarquía y su Estado, es respaldar su proyecto excluyente, es legitimar su política, es aprobar que Colombia siga por el camino de la guerra, la cual producirá más dolor, muerte y destrucción.

Hasta en las urnas, el pueblo, con 10 millones de votos, apuntaló el mandato por la paz ¿Será usted uno de los que desea la paz? Si es así, entonces no lo dude. No apoye el plan de guerra de la oligarquía, organícese y luche por la soberanía nacional, la paz, el trabajo, el bienestar y la democracia que tan urgentemente necesitan nuestro país.

¡Solución política negociada al conflicto social y armado! ¡Intercambio humanitario ya!

¡Por un gobierno soberano, democrático, de unidad y reconstrucción nacional para resolver la crisis nacional! ¡No a la guerra oligárquica contra el pueblo! ¡No marche el 4 de febrero de 2008! ¡La paz es un derecho que tenemos todos los colombianos!