IPS

Los mercenarios contratados por empresas militares y de seguridad privadas actúan cada vez en más escenarios de América Latina, como explotaciones mineras, fronteras, cárceles y ahora también en ayuda humanitaria, dijeron expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reunidos esta semana en esta ciudad suiza.
Por otro lado, unos 3 mil latinoamericanos, en su mayoría chilenos, peruanos, colombianos y hondureños, prestan servicios en las zonas de conflicto de Irak.
Además, la colaboración de un comando de mercenarios israelíes, integrado por ex militares de esa nacionalidad especializados en tareas de inteligencia, ha permitido al gobierno de Colombia asestar duros golpes a la guerrilla izquierdista, señaló la colombiana Amada Benavides de Pérez, uno de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios.
Ese organismo, creado en 2005 por la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU, discutió la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos legales de alcance internacional que regulen de una vez las actividades crecientes de compañías privadas militares y de seguridad.
El caso más crítico de América Latina con respecto al empleo de mercenarios se registra en Colombia, precisó Benavides, quien se describe como educadora, internacionalista y ex decana de la Facultad de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública de su país.
Las informaciones recogidas por un grupo académico colombiano, integrado por profesores de varias universidades y también por organizaciones no gubernamentales, han permitido obtener datos de las bases, es decir, de las víctimas, de lo que realmente está pasando en Colombia con relación a los mercenarios, dijo.
Los servicios que prestan las empresas privadas militares y de seguridad se distribuyen en modalidades variadas. En primer lugar figuran las empresas que trabajan en territorio del país en el contexto del Plan Colombia, las políticas de los últimos gobiernos colombianos, concertadas y financiadas por Estados Unidos, principalmente para combatir el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas.
En virtud de ese entendimiento, actúan 25 compañías extranjeras en ese país y emplean a 800 "contratistas privados", que en su mayoría son estadunidenses de origen latinoamericano, precisó Benavides. El número puede ser aun mayor, quizás el doble, porque cada 15 días se produce la rotación de ese personal y arriba un nuevo contingente similar de Estados Unidos, dijo la experta.
Lo más característico de esta operación es que todos esos "contratistas privados" gozan de la misma inmunidad diplomática que tienen los miembros de la misión estadunidense en Colombia, lo cual los exime de los alcances de las leyes nacionales.
Integrantes de ese grupo de contratistas han cometido violaciones y delitos que Bogotá no puede siquiera investigar porque el acuerdo bilateral con Washington se lo impide, observó.
En consecuencia, en el territorio colombiano hay por lo menos 800 personas sobre las cuales el gobierno no tiene control, y que trabajan en el Plan Colombia. Esas personas, que pasan generalmente desapercibidas entre la población local en razón de su origen latinoamericano, residen en bases estadunidenses.
Benavides recordó que en julio pasado, cuando la dirigente política colombiana Ingrid Betancourt recuperó su libertad tras más de seis años de cautiverio por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también fueron liberados tres contratistas estadunidenses "expertos en fumigación".
Fuentes periodísticas afirmaron entonces que los tres estadunidenses, Thomas Howes, Keith Stansele y Marc Gonsalves, capturados en 2003, trabajaban para la empresa California Microwave Systems, que prestaba servicios al Departamento de Defensa de Estados Unidos para recoger información de plantaciones de drogas.
Las mismas fuentes dijeron que las FARC sostenían que Howes, Stansele y Gonsalves formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el órgano de espionaje exterior del gobierno de Estados Unidos.
Otra variante de la presencia de mercenarios en Colombia son las empresas, en su mayoría estadunidenses y británicas, que dan servicios de seguridad a firmas extractivas, también extranjeras, sobre todo petroleras y mineras.
Esta actividad representa algunos riesgos porque en muchos casos se realizan en territorios pertenecientes a grupos indígenas o a otras comunidades nativas. Las compañías privadas de seguridad impiden la entrada a esas tierras e inclusive el acceso a las aguas, apuntó Benavides.
El grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarios ha documentado casos similares en Ecuador y Perú, donde la acción de las empresas privadas de seguridad ha perjudicado severamente a las comunidades afincadas en áreas colindantes con las zonas mineras.
La tercera forma de intervención de mercenarios en Colombia es la participación de expertos en logística de Israel, que trabajan para el Ministerio de Defensa. Muchos de los golpes y de los aciertos que han tenido el gobierno y las fuerzas militares de Colombia en frenar a la guerrilla dependieron de esa ayuda de inteligencia militar de los mercenarios israelíes, remarcó Benavides.
La última variedad de los mercenarios en Colombia son las 500 personas de esa nacionalidad que se encuentran en Irak. No hay datos oficiales sobre ese número, "pero nuestras propias informaciones y las recogidas por académicos extranjeros que han venido a investigar a Colombia" arrojan esa cifra, señaló la experta.
Con relación a los cerca de 3 mil latinoamericanos que se encuentran en Irak, originalmente procedían de Chile, Perú, Colombia y Honduras. Pero en los últimos tiempos se han agregado otros de El Salvador y Guatemala, precisó. No hay informes sobre la presencia en Irak de argentinos, brasileños o uruguayos, agregó.
Pero puede ocurrir que la empresa chilena que envió mercenarios a Irak haya tenido personería jurídica en Uruguay. Por tanto, si surge un problema legal con uno de esos "contratistas", el caso no se dirimiría en Chile, explicó.
Sin embargo, ocurrirá que tampoco sería en Uruguay, porque el contrato no se firmó en ese país, sino en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Pero los estadunidenses responderían que tampoco les cabe responsabilidad porque el acto se cometió en Irak y no en territorio estadunidense.
Este ejemplo demuestra el vacío jurídico que existe en el ordenamiento internacional y que el grupo de trabajo de la ONU se propone llenar con el estudio de un nuevo instrumento universal que cubra las lagunas de las legislaciones nacionales.
El caso de Colombia es ejemplar porque tiene una regulación para las empresas privadas nacionales de seguridad, pero carece de toda norma al respecto para las compañías extranjeras de la misma índole, dijo Benavides a Ips.