Revista Cambio 
 
"A ese que cogimos el otro día allá abajo, no lo cogimos por satélite sino gracias a información humana", dijo el presidente Álvaro Uribe durante un consejo comunitario el 25 de marzo de este año en Popayán, en alusión directa a la muerte de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano. Le sirvió de preámbulo para autorizar a los mandos del Ejército y la Policía del Cauca a ofrecer recompensas por información sobre los invasores de tierras aquí en el departamento. "Así, esos delincuentes terminarán rotos y disgregados, se acusarán unos a otros y podremos capturarlos", señaló Uribe.

Acto seguido, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias tomó la palabra y dijo: "Nuestra consigna debe ser: predio que sea invadido, predio que no será comprado ni entregado a los indígenas". Uribe acogió la idea y aprovechó la presencia de una fiscal para preguntarle si la invasión de tierras era un delito excarcelable. "Sí, señor Presidente -contestó la funcionaria-. Hoy es más grave robarse un celular que entrar a un predio y destruirlo".  Entonces, el jefe del Estado procedió a instruir al entonces ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, para que iniciara con los congresistas un proceso de concertación con miras a una "necesaria reforma penal".

Según Luis Fernando Arias, secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ese día quedaron despejadas todas las dudas de los pueblos indígenas sobre la forma como el Gobierno enfrentaría el viejo problema de las tierras y su intención de "criminalizar sus aspiraciones y darle a un conflicto social un tratamiento reservado a los problemas de orden público".  Eso fue lo que sucedió con la reciente movilización, que empezó como una protesta pacífica de las comunidades indígenas del Cauca para reclamar del Estado la protección de los derechos humanos y la entrega de tierras prometidas, y que terminó en graves disturbios.

El Gobierno se apresuró a criminalizar la protesta, a acusarla de estar infiltrada por terroristas y a darle tratamiento policivo. Los indígenas reaccionaron y recurrieron a las vías de hecho: taponaron la Panamericana, abrieron zanjas en la vía, tumbaron árboles y dañaron vehículos de carga. Los enfrentamientos dejaron dos indígenas muertos, más de 90 heridos, y 70 policías lesionados, entre ellos un policía con las manos amputadas por una papa bomba. Las protestas se extendieron a 16 de los 32 departamentos, entre ellos Risaralda, donde se produjeron choques que dejaron más de 20 indígenas heridos.

"Más allá de la inconformidad, hay un interés que busca desestabilizar, confrontar y hacer oposición al Gobierno Nacional", aseveró el ministro de Protección Diego Palacio el pasado viernes 17 en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, tras afirmar que no creía que fuera una coincidencia al azar el hecho de que por los mismos días se dieran las huelgas de Asonal y los corteros de caña, y las movilizaciones indígenas. El Ministro estaba acompañado por la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien afirmó que la llamada Minga de Resistencia Indígena se había caracterizado por "la actitud violenta de muchos movilizados, el uso de artefactos explosivos y de armas no convencionales", y aseguró que tenía información sobre la participación directa de las  Farc en las marchas.

Para nadie es un secreto que  la guerrilla se aprovecha de estos movimientos, lo cual le da pretexto al Gobierno para estigmatizarlos y desconocer que han sido precisamente esas comunidades las que han liderado un movimiento de resistencia para impedir que las Farc y, en general, los actores armados las involucren en el conflicto, y que por eso les han asesinado a sus líderes. "El Gobierno no ha entendido que la guerra no nace en nuestros pueblos sino en mundos ajenos", dice Berito Cobaría, jefe de la comunidad u'wa. El objetivo de las protestas indígenas es hacer visibles problemas que no han tenido solución pero en ningún caso generar violencia, nosotros no fabricamos las minas ni los helicópteros bombarderos".

En medio de un clima de tensión social, la Minga de Resistencia Indígena  inició el lunes una marcha hacia Cali. Se trata de un movimiento legítimo que busca respuesta a problemas cuya solución ha sido largamente aplazada. Por eso desde diferentes sectores se han alzado voces para llamar a la concertación y a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y no mediante el uso de la fuerza. "Lo que estamos viendo -dice Virgine Laurent, investigadora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos y profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes- es el reflejo de una profunda crisis en la que se evidencia la falta de cumplimiento de la Constitución y de los acuerdos pactados con las comunidades indígenas".

Siervos sin tierra

CAMBIO investigó sobre la situación de las comunidades indígenas y consultó a estudiosos del tema, funcionarios, líderes indígenas, académicos e investigadores sociales. Todos coinciden en que el problema de la tierra y la violación de sus derechos humanos no es nueva, pero que ha sido agravada por el conflicto armado, que no solo ha contribuido al debilitamiento de las organizaciones, sino a la pérdida de tierras, cuya consecuencia es la reducción de sus territorios.

La ONIC sostiene que 400.000 de los más de 1,3 millones de indígenas que hay en Colombia, no tienen acceso al uso de la tierra. El epicentro del problema es el Cauca donde, según la organización, el Estado ha incumplido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó entregarles 15.633 hectáreas para reparar a la comunidad afectada por la masacre de 21 personas en la finca de El Nilo, el 16 de diciembre de 1991.

El Nilo hacía parte de las tierras que les habían arrebatado y en la parte alta del predio se habían asentado algunas familias. Hasta allí llegaron otros miembros de la comunidad Nasa para acordar una propuesta para que el Incora comprara la finca y les adjudicara la tierra. Por la noche, hombres armados entraron disparando, asesinaron a los indígenas y quemaron sus ranchos. El caso llegó a la Corte Interamericana.

La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura coinciden en que de las 15.663 hectáreas prometidas como reparación por los hechos de El Nilo, el Estado ha adquirido 11.866 -el 75,8 por ciento-, que este año ha comprado 484 hectáreas y que espera adquirir 1.500 hectáreas más antes de diciembre. El ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias asegura que, aun en plena época de ajuste fiscal, el Ministerio ha destinado 36.000 millones de pesos para ese propósito.  

Un informe preparado por el Gobierno a raíz de la protesta indígena, indica que en cumplimento del acuerdo firmado el 16 de diciembre de 2005 con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para agilizar los compromisos adquiridos en 1999 para la compra de 8.000 hectáreas, han adquirido 4.555 y titulado 7.645 hectáreas en la Costa Pacífica del departamento.

El mismo 16 de diciembre, el Gobierno suscribió un acta de acuerdo con las comunidades de las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, y con los pueblos de Guambia y Nasa del CRIC, para destinar 6.500 millones de pesos para la compra de tierras en 2006, 2007 y 2008. De esos recursos solo han sido desembolsados 2.500 millones de pesos por el Ministerio del Interior, correspondientes a 2006.

La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, maneja otras cifras. Según un estudio reciente, de los tres millones de hectáreas que constituyen el área del Cauca, 721.000 pertenecen a los indígenas, y entre los 83 grandes terratenientes -dueños de más de 1.000 hectáreas- 75 pertenecen a los paeces (ver recuadro). Por su parte, el ministro de Agricultura sostiene que "los indígenas son el 20 por ciento de la población del Cauca y tienen el 33 por ciento de la frontera agrícola del departamento".

Aun así, la ONIC sostiene que el Estatuto de Desarrollo Rural -que demandó ante la Corte Constitucional- le ha permitido al Estado bloquear la creación de nuevos cabildos, ampliar los existentes y regular a su amaño, mediante los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, la vida de las comunidades cuya autonomía está garantizada por la Constitución. Según la ONIC. "el desarrollo social y cultural es el territorio y no puede pensarse fuera de él".

A sangre y fuego

Además del problema de tierras, las violaciones permanentes de los derechos humanos y las infracciones al DIH son otras de las causas que llevaron a la movilización de 50.000 indígenas en todo el país. Según la ONIC, desde 2002 han sido asesinados 1.253 indígenas de las etnias Nasa, Embera, Sikuani, U'wa, Wiwa y Awa. De esas muertes, 52 ocurrieron este año.

La ONIC sostiene que la mayoría de esos homicidios están relacionados con la defensa del territorio y las fuentes de agua en regiones ancestrales, y con la declaratoria de neutralidad de las comunidades indígenas frente al conflicto armado, y responsabiliza de ellos a paramilitares, las Farc y miembros de las Fuerzas Armadas. "Muchos fueron asesinados por oponerse a trabajar con los actores armados -asegura Higinio Obispo, representante de las comunidades del sur y del oriente, entre ellas la nukak makú-. En los últimos 10 años, 439 fueron desaparecidos, 32 fueron heridos por minas antipersona y 1.478 fueron reclutados por los grupos armados".

Un caso emblemático es el del líder embera Kimy Pernía Domicó, desaparecido en Tierralta, Córdoba, el 2 de junio de 2001. Fue detenido por hombres armados a media cuadra de la sede de la Fiscalía y llevado en una moto hacia la salida del pueblo. No volvieron a verlo. Pernía había encabezado las movilizaciones de las comunidades indígenas del Alto Sinú contra la construcción de la represa de Urrá en 1995, para defender "la dignidad, el territorio y la cultura de su pueblo".  El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció en versión libre, en enero de 2007, que él ordenó desaparecer al líder indígena y que su cadáver fue arrojado al río Sinú.

Según un informe de junio de 2007 de la Comisión de Verificación Interinstitucional -Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, Dirección de Derechos Humanos de Mininterior, Coordinación de DD.HH. de la Gobernación del Putumayo y Secretaría de Gobierno de Puerto Asís-, las denuncias más relevantes sobre violación de derechos humanos se refieren a asesinatos selectivos y masacres.

El reporte también documenta abusos cometidos por la fuerza pública; la prohibición de libre circulación, movilización y transporte de elementos básicos; restricciones al ejercicio de la autonomía y la participación; violaciones de los derechos de las mujeres; señalamiento y estigmatización de las comunidades por parte de algunas autoridades, grupos al margen de la ley y sectores de la sociedad, y el impacto de las fumigaciones en los cultivos de pancoger y en la salud de la gente.

Indígenas de la región sostienen que estas situaciones no son nuevas, y que desde hace 10 años la defensa del territorio les ha significado muertes e incluso la extinción de varias etnias. Quedan 18 pueblos con entre 22 y 40 integrantes cada uno, y hay comunidades como la de los nukak makú -descubierta hace 20 años- que está reducida a 450 miembros, cuando hace unos años llegó a tener 1.500.

En abril de este año, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso un informe en el que llamó la atención sobre las deficiencias de la política indígena, que no garantiza la plena vigencia de los derechos de los 87 pueblos nativos -1.378.884 personas, según el censo del DANE de 2005- que representan el 3,4 por ciento de la población total. Hoy 323 indígenas de 11 comunidades que han sido amenazados, reciben protección oficial en el marco de un programa en el que el Gobierno invierte 1.400 millones de pesos anuales.

Hondas raíces

El Gobierno sostiene que la situación de violencia contra los indígenas ha mejorado, y para probarlo presenta cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia: si entre enero de 1999 y julio de 2002 fueron asesinados 594 indígenas, durante el primer mandato de Uribe el número bajó a 394, y en lo que lleva del segundo gobierno se han registrado 91 muertes violentas. Por ejemplo en Cesar y La Guajira, donde las masacres eran pan de cada día en la época de la violencia paramilitar, las muertes se han reducido  en 98 y 75 por ciento, respectivamente.

Los problemas de tierra y de derechos humanos no son los únicos indicadores de la crisis. La participación de las comunidades indígenas en el régimen de transferencias y regalías por la explotación de recursos naturales, está por debajo de los promedios históricos de otros países de América Latina, según advierten conocedores del tema.

Además, los programas de atención en salud y cobertura educativa registran saldos en rojo (ver infografía). Para no hablar del hambre que, como escribió este martes en El Espectador el profesor de la Universidad de los Andes, César Rodríguez, "Es casi tres veces más alta entre los indígenas que entre los blancos y mestizos. O de la miseria, en la que se encuentra el 28 por ciento de la población indígena, comparada con el 19 ciento de los 'civilizados' ".

Para rematar, según el censo de 2005 los indígenas sufren el desplazamiento forzoso con mucha más frecuencia que el resto de la población: 10,3 por ciento han sido desplazados, mientras el promedio nacional es de  3,8 por ciento. 

Ángela Santamaría, investigadora y profesora del Centro de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, sostiene que lo que se está viendo es la exacerbación de un problema estructural. "Para el movimiento indígena es importante el derecho a la tierra, pero no es solo eso -asegura-. Las causas van más allá del mero incumplimiento de la Ley y lo que vemos de fondo son las consecuencias de un modelo económico neoliberal y de una ley de Justicia y Paz  que no garantiza la reparación y la reconciliación".

Y Garavito anota en la columna que el Gobierno le ha puesto zancadillas a los derechos indígenas. "Colombia se abstuvo de firmar en la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que fue suscrita por 143 países de todo el mundo. Y el Gobierno sigue sin expedir una ley que cumpla con su obligación internacional de consultar con los pueblos indígenas las decisiones que los afecten".

Los dirigentes de la Minga de Resistencia Indígena han dicho que no pierden la esperanza de poder establecer una mesa de diálogo y concertación con el Gobierno con una dinámica distinta a la de los consejos comunitarios. "No queremos un diálogo de sordos", dice Luis Fernando Arias. El Gobierno está dispuesto a dialogar con la condición de que los indígenas renuncien a la fuerza. Al fin y al cabo, como dice el profesor Garavito, "el asunto es mucho más complejo que el dilema clásico entre civilización y barbarie, o entre orden y amenaza terrorista".

Botones para la muestra

La ONG Tribunal Permanente de los Pueblos, cuyo objetivo es hacer visibles las denuncias de los pueblos indígenas por violación de los derechos humanos, resume los casos más representativos.

U'wa, Casanare. Esta comunidad indígena considera que el establecimiento de la empresa petrolera OXY en su territorio constituye una violación al derecho inalienable a tierras comunales y un atentado a su plan de vida.

Wayúu, Guajira. La comunidad, que vive en la media y alta Guajira, ha denunciado la violencia paramilitar y el asesinato por hombres de las Auc de dos indígenas que se dedicaban a comerciar gasolina, en febrero de 2005.  

Kankuamos, Sierra Nevada de Santa Marta. Este pueblo rechaza el proyecto de la empresa Drisa para construir la represa Besotes, y denuncia que los enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y miembros de la fuerza pública en su territorio los ha dejado en la mitad de un fuego cruzado en el que no tienen participación alguna. 

Mocanas, Atlántico. La comunidad sostiene que le han negado el reconocimiento como pueblo indígena y que la legalización de los resguardos está rezagada, situación que se agrava por la política gubernamental de no autorizar nuevos resguardos.

Nasa, Cauca.  Este pueblo denuncia la estigmatización sistemática de los procesos de resistencia y los señalamientos colectivos como guerrilleros, terroristas y delincuentes, lo mismo que la violación de los derechos a la autonomía y a su cultura.

Tierras del Cauca

Un estudio de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca señala que de las 3'031.464 hectáreas que constituyen el área de departamento, 721.763 pertenecen a asentamientos indígenas . El informe indica que hay 1'268.937 habitantes en el departamento, el 19 por ciento de los cuales son indígenas, el 20 por ciento afrocolombianos y el 61 por ciento mestizos.

Entre los 176.432 propietarios de tierras, el 91 por ciento tiene entre 0 y 20 hectáreas; el 7,8 por ciento entre 20 y 200 hectáreas; el 0,7 por ciento  entre 200 y 1.000 hectáreas y el 0,04 por ciento -83 propietarios- más de 1.000 hectáreas. De estos 83, 75 son comunidades indígenas y ocho son particulares.