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"Hemos ganado", dice el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, el líder de los fascistas que cree que el nuevo texto constitucional garantiza las autonomías regionales, las tierras de los latifundistas y todos los privilegios de la oligarquía.

Uno de los principales líderes del fascismo boliviano, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó como un gran logro de los movimientos autonomistas la aprobación congresal de la nueva Constitución Política del Estado, pactada entre el gobierno indigenista de Evo Morales y la derecha parlamentaria.

"Hemos ganado, no hay tal empate", dijo Costas anoche al evaluar el contenido de la nueva Constitución que da vía libre a las autonomías regionales, deja intocados los inmensos latifundios en el oriente y los valles, garantiza la libre empresa y la propiedad privada sobre la tierra y los recursos naturales, además de garantizar el respeto a todos los derechos adquiridos por cualquier vía por las empresas y empresarios.

"El Gobierno nacional reconoció que para las próximas elecciones se elegirá a un gobernador, además de los asambleístas legislativos y que ahora es la Constitución la que se tiene que compatibilizar a los estatutos autonómicos", dijo durante la posesión de los miembros del Consejo Económico y Social de la prefectura de Santa Cruz.

Costas aseguró que la nueva Constitución, que debe ser puesta a votación en el referéndum del 25 de enero del 2009 en todo el país, garantiza las regalías departamentales, los recursos para la región y la capacidad para dictar leyes y operar en materia de tierras y recursos naturales.

"No se dan cuenta que hemos ganado, no hay tal empate. En el tema de la ley marco, tendrá que discutirse y pelearse, saquen la ley de la Corte o identificar las competencias nacionales. Tenemos unos Estatutos, si lo quieren compatibilizar tendrá que ser con nuestra anuencia", dijo Costas, que de este modo pasó a respaldar el acuerdo tejido entre las fuerzas indígenas y campesinas de Morales con las de la derecha parlamentaria y empresarial.

A la espera de Branko

El prefecto cruceño declinó, sin embargo, explicitar si su declaración representaba un apoyo al referéndum y un llamado para votar por el SI a la nueva Constitución, aspectos que aún son cuestionados y debatidos en el oriente y parte de los valles que están bajo el control de la oligarquía y los prefectos fascistas.

Allí, en las filas de la oligarquía, los clanes empresariales y organizaciones cívicas y populares derechistas y fascistas hay quienes respaldan la posición de Costas y creen que han ganado con la nueva Constitución, a pesar que ésta viabiliza la reelección del presidente Morales hasta el 2014. Todos ellos creen que se debe asistir al referéndum y muchos piensan que se debe votar por el SI a la nueva Carta Magna.

Otros, en cambio, creen que las concesiones hechas por Morales en materia de autonomía, tierras y derechos para la burguesía agrofinanciera no son suficientes avances como para compensar una prolongación de Morales en el poder. Ellos están por rechazar el referéndum y la nueva Constitución.

En todo caso, ambos sectores aguardan el retorno del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, que fue a Washington a recabar la venia de Washington para operar en uno u otro sentido.

Cuestión de fondo

En el fondo, muchos de los seguidores de Costas y del prefecto de Tarija, Mario Cossío, están casi seguros que con la nueva Constitución han logrado derrotar al "indio presidente", al obligarle a arriar sus banderas de reforma sobre los latifundios, las tierras y las autonomías.

Los otros, en cambio, creen que nada de ello es relevante, ya que, de aprobarse la nueva Constitución, Morales podría ganar ampliamente las próximas elecciones de diciembre del 2009 y posteriormente, con un apoyo de más de dos tercios en el Congreso, modificar otra vez la Constitución, reabriendo el periodo de reformas.

Otras dudas

En las filas de los seguidores del presidente Morales también hay muchas dudas y cuestionamientos sobre la nueva Constitución, especialmente en lo que se refiere a la no reversión ni expropiación de los inmensos latifundios en manos de los 100 clanes familiares (25 millones de hectáreas de las tierras más fértiles de Bolivia).

La vigencia de las autonomías separatistas departamentales en desmedro de las autonomías regionales, un sistema de representación política bicamaral que favorece a las minorías y la transformación del control social efectivo en una vigilancia moral sobre las autoridades son otros temas cuestionados.