Juan Carlos Hurtado Fonseca
CEPRID
 
En el Gobierno de la "seguridad democrática", los derechos laborales y las garantías de vida de los trabajadores han sido los más vulnerados.

"Ni porque tienen el interés de que les aprueben el TLC con Estados Unidos, el Gobierno y los empresarios cesan la persecución para lograr el exterminio del movimiento sindical", aseguró a VOZ un dirigente de los trabajadores. Y es que las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales; la cantidad de conflictos en empresas generados por la negativa patronal a exigencias de derechos laborales garantizados en la Constitución Política; el trabajo de los medios de comunicación que han logrado crear en el inconciente colectivo una cultura antisindical; el despido de trabajadores sindicalizados; las trabas en el Ministerio de la Protección Social para el registro sindical y el acoso laboral a quienes intentan organizarse; muestran que los empleadores saben utilizar todas las maneras posibles para negar un derecho de las sociedades democráticas y defender sus mezquinos intereses.

Algunos ejemplos

En este sentido, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, los funcionarios cuentan con una asociación de carácter cooperativo con alrededor de cuatro mil afiliados, estos contratan con trabajadores quienes crearon Sintracorfeinco, organización en proceso de registro sindical en el Ministerio de la Protección Social. Pero las personas que están en administración de la asociación, aunque fueron sindicalistas, no recibieron bien la creación de la organización de trabajadores y procedieron a perseguirlos, como cualquier patrón. Actualmente se han despedido ocho trabajadores con fuero sindical. «Los trabajadores aseguran que esto no le interesa a la entidad porque ya cuenta con el dinero para pagar las posibles indemnizaciones a que los obliguen. Pero han interpuesto una acción de tutela solicitando el reintegro y el pago de los salarios que han dejado de recibir, con sus debidas prestaciones», asegura Alfonso Ahumada de la CUT, Bogotá.

El sindicato se constituyó hace tres meses y los funcionarios fueron despedidos hace dos. Dirigentes de la CUT han realizado algunas reuniones con las partes para hacer ver que el derecho de asociación es un derecho fundamental y los ha exhortado a solucionar todo por la vía del diálogo.

Persecución oficial

Por otra parte, desde el Ministerio de la Protección Social los trabajadores sienten actitudes contrarias al derecho de asociación, especialmente hacia los sectores orientados por la CUT. Las solicitudes de registro de constitución de los sindicatos o inscripción de junta directiva que no encuentre obstáculos por parte de funcionarios de esta entidad estatal, son pocas. En la constitución del sindicato de trabajadores de la empresa de transporte urbano Rápido Pensilvania, después de reuniones en horas de la madrugada para poder constituir la organización, los conductores pasaron la documentación al Ministerio. El funcionario aceptó el registro sindical, pero en el proceso la empresa con un sindicato de carácter patronal, interpusieron un ron aceptados y valederos para luego negar el registro.

De la misma manera, en el registro del nuevo comité ejecutivo de la CUT, subdirectiva Bogotá, se presentaron todos los documentos, aparece el oficio remisorio donde se hace la relación de todos los requerimientos, pero la respuesta es que faltan papeles que ya se habían anexado. «Creemos que el Ministerio está haciendo un papel a favor de los empresarios, además, tienen comportamientos para hacerle el favor a organizaciones que han aparecido con el propósito de crear una cuarta central en Colombia, de carácter uribista. Se le da prelación a esto porque Uribe está afanado ya que todas las centrales obreras están contra él», explica Alfonso Ahumada.

Conflictos en textileras

Desde hace cuatro meses, la textilera Maquila en Bogotá, se encuentra en huelga por parte de 30 trabajadoras cabeza de familia. La empresa, como su nombre lo indica es una maquiladora para la empresa Vesta, ambas del mismo dueño.

Ocho meses atrás, Maquila tuvo alrededor de 70 operarios, pero la empresa no respondió con las necesidades de los trabajadores, hubo violación a la convención colectiva y en el último año no ha pagado los salarios de manera cumplida, una de las causas de la huelga, pues al inicio del cese de actividades a los trabajadores se les adeudaba casi ocho salarios. La administración afirma no tener posibilidades de producir la única opción que es la liquidación, pero ésta no se ha solicitado ante la Superintendencia de Sociedades. El conflicto trae graves consecuencias para los trabajadores porque son pocos los activos representados en algunas máquinas de la fábrica. Según líderes sindicales, «La empresa no está interesada en solicitar la liquidación, para tener una retaliación contra las trabajadoras que exigieron sus derechos».

Asimismo, la empresa Unihilo en Bogotá, cuenta con alrededor de 400 trabajadores de los cuales 125 están sindicalizados, aunque resistiendo la persecución de la administración que despidió a 14 de ellos, reintegrados después por sentencia vía tutela. Los trabajadores presentaron un pliego a través de Sintratextil, con puntos relacionados a la estabilidad, el sistema de contratación, primas, subsidio de transporte e incremento de salarios, entre otros. Por su parte la empresa presentó un pacto colectivo para contrarrestar las exigencias de los trabajadores, sin llegar a un acuerdo en el tiempo estipulado legalmente. Después de seis meses se conformó el tribunal de arbitramento y el conflicto está en espera.

40 sindicalistas asesinados en 2008

La forma más violenta de perseguir a los trabajadores se impone en la actualidad. Así lo deja ver el último informe de la Escuela Nacional Sindical, ENS, que registra la ejecución extrajudicial de 40 trabajadores sindicalizados. «En lo que va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que toda la cifra de 2007», asegura y agrega, «Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, toda vez que el número de sindicalistas asesinados en los ocho meses que van corridos de este año, es casi igual al registrado durante todo el año anterior, cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es mayor: 15, frente a 10 del año anterior».

En unos de sus apartes el informe reconoce, «El sindicato más golpeado es Fensuagro, Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria, filial de la CUT, que registró 5 casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutep, con cuatro homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de Santander y el sindicato de los trabajadores del Inpec, registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados. Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la información disponible, por estos hechos sólo han sido detenidas dos personas.

Preocupante situación en Santander, por amenazas. Otra circunstancia preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de Santander. Mientras en el país en lo que va del año se han denunciado 125 casos de amenazas, en Santander el reporte es de 57 casos de sindicalistas amenazados, o sea casi la mitad del total nacional en este solo departamento. Los otros departamentos más afectados por las amenazas son Antioquia, donde se han denunciado 22 casos, el Valle del Cauca con 9 casos, y Norte de Santander con siete».