Los militares y los derechos humanos en Colombia: una historia
incompatible
Hugo Paternina Espinosa
1. Todo claro, nada confuso: eran jóvenes y pobres.
No pocas familias de los barrios pobres de Bogotá
1,
Medellín, Montería, Sahagún, Tolú Viejo, Urabá y Aguachica, entre otras zonas,
se hallan sumidas en un profundo y singular dolor por las desapariciones
forzadas y posteriores crímenes de que han sido objeto sus hijos. Estos actos de
monstruosa violencia parecen obedecer más a una calculada estrategia de
desaparición forzada con fines criminales promovidas por el ejercito, nada raro
dado su historial de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario, que a abiertos procesos de reclutamientos adelantados por las
re-emergentes o más bien nunca extinguidas o desmovilizadas bandas de
narcoparamilitares, las cuales por cierto siguen no sólo intimidando y
desapareciendo a importante líderes de los movimientos sociales en Colombia,
léase sindicalistas, estudiantes, campesinos/as, indígenas y miembro de las
negritudes, sino cultivando importantes nexos tanto con las Fuerzas Militares
como con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos no pocos ubicados en el
corazón del poder: la Casa de Nariño.
Los jóvenes que han sido desaparecidos y han terminado asesinados por ahora
suman 48 personas en lo que va corrido de este año. Éstos graves hechos y los
cuales algunos sectores de la prensa no han dejado de tildar como confusos,
ofrecen, sin embargo, algunos elementos tantos claros como comunes y los cuales
merecen ser tenidos en cuenta en la perspectiva de comprender de forma meridiana
lo sucedido. Así, por ejemplo, 19 fueron los jóvenes desaparecidos en Bogotá y
Soacha entre enero y agosto del presente año y que fueron sacados de sus casas
con la excusa de proporcionales un trabajo fuera de la ciudad.
Tan sólo dos o cuatros días habían transcurrido desde el momento de haberse
reportado su desaparición cuando éstos habían entrado como occisos a Medicina
Legal en la provincia de Ocaña, Norte de Santander, a 700 kilómetros de la
capital. El reporte de la Brigada Treinta2
con sede en esta misma jurisdicción del país y comandada por el General Paulino
Coronado3
en su día ---y así lo ratificó hace poco— fue que, los muertos en combate
eran miembros de un grupo paramilitar – ocho al menos—y uno del ELN, y que los
mismos se habían producidos en los municipios de Ábrego, Villa Caro y Ocaña.
Asimismo señaló que, el CTI y la Fiscalía certificaron el levantamiento de los
cadáveres y que no hallaron ninguna irregularidad, (al tiempo que insistió en un
buen obrar por parte del ejército en las referidas operaciones) ¿Qué tipo de
diligencias hicieron o practicaron éstas instituciones? No es de extrañarme que
esto ocurra y más con la herencia que dejó el Ex Fiscal Camilo Osorio4.
2. La Seguridad Democrática: Una máquina de Guerra contra los indefensos
Y si la Brigada Treinta está involucrada con lo que presumiblemente pueden ser
unas ejecuciones sumariales en relación con los jóvenes bogotanos, no menos
cierto es que a ésta misma Brigada se le señala de haber asesinado entre los
meses de junio y agosto de este mismo años a cuatro personas oriundas del Sur
del Cesar – Aguachica y Gamarra--, dos de ellas hay que subrayarlo, con
disfuncionalidades psíquicas, y una, incluso, soldado profesional adscrito a la
Brigada Móvil 22, quienes según el parte de la institución castrense fueron
reportados como muertos en combate y como miembros del ELN y de las FARC
respectivamente.
Con esta máquina de asesinar inocentes y pasarlos como miembros de
organizaciones insurgentes es posible entender entonces porque de modo
entusiasta los militares colombianos y el mismo Presidente Uribe suelen decir
con mucha pomposidad que están venciendo a la insurgencia y que la Seguridad
Democrática está dando sus frutos. Efectivamente, la Seguridad Democrática se ha
convertido en una Máquina de Guerra y dolor contra los indefensos y en un poder
en donde la infamia y la mentira anidan. Con estas fechorías cargadas de
brutalidad contra ciudadanos indefensos es que los militares colombianos
construyen sus viles triunfos y prodigan el crecimiento de sus putrefactas
condecoraciones, ello, sin duda, bajo un régimen que pide manos, brazos,
cabezas, en fin, cuerpos amputados para mostrarlos ante la ciega y sorda
ciudadanía como ejemplo irreductibles de que su triunfo definitivo es posible y
verdadero.
3. La Muerte de los Jóvenes, una acción extendida y coordinada.
Dentro de esta vorágine de sufrimiento y dolor, sin embargo, la Brigada Treinta
no es la única que se une a la comparsa y al ritual de muerte. La Décima Primera
Brigada5
que surgió en la primavera de 1987 y acompañó a la horda asesina de los Castaño
Gil, primero a Fidel, luego a Carlos y últimamente a Vicente, y también a
Mancuso y demás, parece que en esta ocasión está comprometida con este tipo de
actos. No me extraña que sea cierto, pues en otras ocasiones la población
monteriana y cordobesa sabía que a esta institución militar entraban y salían
paramilitares de la peor laya.
Hoy se conoce que de los barrios de invasión que cercan a Montería; ciudad
repleta de desplazados/as de Urabá, sur de Córdoba y otras zonas del sur del
caribe, han salido jóvenes con el objeto de ganarse la vida en otras regiones
del país. Al igual que los jóvenes bogotanos, al poco tiempo de desaparecidos
éstos se reportan sus muertes en combate con las Fuerzas militares en sitios
alejados de sus maltrechos lugares de residencia. El hecho de Córdoba, el de
Tolú6
Viejo, el de Urabá, el de Pereira y de Bogotá y Soacha, últimamente, vienen a
señalarnos que éstos crímenes son una estrategia con cobertura nacional y
propósitos bien definidos; entre ellos, sin duda, mostrar resultados en la lucha
contra la insurgencia o contra el paramilitarismo y afianzar por esta vía la
idea de que en el país hoy impera la ley y la seguridad y de que el actual
gobierno es prenda de garantía en el poder: los militares y los pederestes
impulsores de Uribe gritan con estos crímenes: estamos ganando la guerra,
referéndum y reelección ya.
De Córdoba, sin embargo, hay que subrayar que, de aquí han salido jóvenes que
luego han sido asesinado en otros sitios o han llegado jóvenes de otros lugares
que poco tiempo después han terminados ultimados por los militares de la Décima
primera Brigada. Hace pocos tiempo un Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía
Regional dictó medida judicial7
contra varios miembros del Batallón de Infantería Junín, en especial contra el
Teniente Edgar Andrés Santos y contra los soldados profesionales Oscar Javier
Berrío, Jorge Rivera, Henry Serpa, Gustavo García y Juvenal Carvajal, pues la
Fiscalía Regional comprobó que éstos militares habían participado el 17 de
febrero del 2006 en el asesinato en Montería de Jhon Camargo y Darwin Rivera,
oriundos de Caucasia y quienes se habían trasladado a Montería con el objeto de
ganarse algo más de un millón de pesos como cuidanderos de una finca.
Los jóvenes en mención fueron reportados el día 18 de febrero del señalado año
como muertos en combate. Por este caso la Fiscalía detuvo a Jhonattan Barrio
Bautista, quien acogiéndose a sentencia anticipada señaló que él era el
encargado de contactar a jóvenes de barrios humildes para que vinieran a
trabajar a Córdoba, pero, que luego, los jóvenes pasaban a manos de un personaje
conocido con el alias de Bebé, es decir, que en esta industria del crimen hay
toda una burocracia de la muerte y en donde los burócratas por excelencia, los
militares, ofician sus gloriosas atrocidades. Según lo dicho por Barrio Bautista
se puede colegir que hay todo un plan diseñado para mostrar estos abominables
crímenes de guerra y de lesa humanidad como actos patrióticos y en defensa del
orden de muerte que impera en Colombia.
4. Los militares: Una historia de violencia recurrente.
De que los militares maten indefensos ciudadanos no hay que extrañarnos, pero
tampoco hay que perder la capacidad de asombro frente a sus consabidas
barbaries; ellos siempre se han deleitado con la muerte y se han sentido a gusto
con ella; siempre han odiado la risa y han rendido culto a los cementerios;
ellos son necrófilos por excelencia y se sienten héroes matando, pisoteando,
amputando brazos y manos y arrojándolo todo a los silenciosos ríos, cuando
podían o, en su defecto, ocultando a sus víctimas. Los narcoparamilitares no han
hecho nada distinto, sólo emular a los militares, sus eximios maestros. Desde
los años ochenta para acá son muy raras las masacres en donde el ejército o la
policía no hayan estado por acción o por omisión. Los ejemplos abundan: la
Rochela, el contra-toma del Palacio de Justicia, San José de Apartadó, Chengue,
El Salao, Pueblo Bello, El Aro, El Nilo, Bahía Portete, Curvaradó y Trujillo, y
en donde Policía y Ejército y en una abierta pelea por un botín de la mafia
terminaron acabándose unos con otros. ¿Si esto se hicieron entre sí, que se
espera que hagan con un ciudadano indefenso?
A los casos de Bogotá, Córdoba, Sucre y demás hay que sumarle el de Casanare,
que quizá, puede ser uno de los primeros casos que se denunció acerca de
crímenes cometidos por el ejército bajo esta modalidad. El hecho de Casanare
comprometió a todo el Grupo de Antisecuestro del Ejército ---Gaula--- y sobre el
cual el Juez Primero de Villavicencio dictó medida de aseguramiento en noviembre
del año anterior contra el Comandante de este organismo, el Mayor Gustavo Soto y
también contra el Teniente Jhon Suancha, el Cabo Segundo Gelver Pérez y varios
soldados profesionales. La razón: la desaparición forzada y posterior crimen de
Eduardo Pérez Vega, quien fue sacado de la ciudad de Villavicencio ---capital
del Meta--- y quien terminó pocas horas después reportado como muerto en combate
entre el ejército y las cuadrillas 27 y 28 de las FARC en Corozal, Casanare. Se
sabe que quien ordenó la operación llamada Jericó II fue el comandante del
grupo. El caso de Pérez Vega, como los casos que ahora son motivo de
investigación fue enterrado en su día como NN
5. La mentira oficial
Frente a todo lo anterior y en un ejercicio de cinismo burdo, Juan Manuel
Santos, Ministro de Defensa, terminó diciendo hace pocos días que lo que
acontece en las Fuerzas Militares es un viejo rescoldo, son los retazos de una
práctica según su entender en vía de extinción, algo así como un efecto
residual. En sus propias palabras es lo siguiente: "Me dicen que todavía hay
reductos de fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me
resisto a creer que eso sea cierto"8
Poca duda cabe que sus palabras son tan sádicas y criminales como los actos que
han estado cometiendo los militares que él supuestamente debe controlar y que no
controla, pues para decir lo que dice y con la impunidad que lo hace, seguro, se
requiere una gran dosis de cinismo, por un lado, y por el otro, un inmenso
interés de rebajarle gravedad a un asunto que lo compromete a él como Ministro y
que pone en evidencia que las famosa estrategia de inculcarle la defensa de los
derechos humanos a una tropa acostumbrada a torturar, desaparecer, mutilar,
masacrar y un sinfín de equivalencias, sin equívoco alguno, no es tarea fácil y
menos para un gobierno en donde su primera magistratura paga para que los
militares cercenen o mutilen siempre y cuando eso sirva para consagrar el
principio de la Seguridad Democrática, y para mantener también a un gobierno en
donde toda suerte de hampones, delincuentes y narco paramilitares de viejo y
nuevo cuño puedan pastar y a sus anchas. Es decir que, esta soflama pacifista e
hipócrita del Ministro Santos acerca de que "prefiero un desmovilizado a un
muerto" no es otra cosa que una vulgar mentira, pues ya sabemos que la
palabra paz en su boca es algo avinagrado, es la conjunción perfecta de mentira
y violencia, es, en términos del gran Thomas Mann, una simple y llana sangrienta
charlatanería.
Ahora algunos miembros del gobierno y los medios se aterran y, sin embargo,
algunos como el Ministro Santos dudan que los militares estén detrás de todo
esta orgía de dolor y sangre. El Fiscal Mario Iguarán dice en un acto de
teatralidad desmedido estar preocupado por lo que acontece y llama a la Unidad
de Derechos Humanos de la Fiscalía para que investigue y sólo así se sabe que
hay más de 550 investigaciones en las que se presume que lo que hay no son
muertos en combate sino crímenes extrajudiciales. Me pregunto no sabe el señor
Fiscal y la Unidad de Derechos Humanos que todo esto estaba pasando ¿Por qué ha
tenido que destaparse el caso de Bogotá y el de Soacha para que el país y el
mundo se entere de las barbaridades cometidas por el ejército en los confines de
esta Colombia mil veces ensangrentada? ¿No sabía acaso el Fiscal de las
denuncias que sobre el particular hay en la OEA?
6. Las bondades de la Seguridad Democrática la desmienten los militares.
Y todo esto acontece cuando el Presidente Uribe en la ONU hablaba de las
bondades de Seguridad Democrática y de lo respetuoso que es su gobierno frente a
la promoción y defensa de los derechos humanos. Sus palabras quedan desmentidas
hoy por hoy por los militares que el mismo ha incitado a delinquir a través del
peligroso juego en el que todo vale con tal de mostrar resultados en materia de
seguridad. Más deslegitimada la Seguridad Democrática no ha podido quedar y en
este caso se han convertido los militares en los peores enemigos del gobierno de
Uribe, pues la deslegitimación no viene hoy agenciada por las críticas de Carlos
Gaviria, Gustavo Petro, Robledo, ni del Polo Democrático, ni por parte de Piedad
Córdoba ni del Partido Liberal, ni de las ONG defensoras de derechos humanos,
sino y quien pudiera creerlo, por los mismísimos militares: Rito Alejo del Río,
Paulino Coronado y a todos los que ha denunciado Mancuso, HH y los que han caído
por sus nexos con la mafia.
En medio de todo esto, el gobierno de Uribe se agrieta pero no se rompe. Hoy y
ante tanta corrupción y violencia desmedida y agenciada por el propio estado se
requiere y con urgencia activar un proceso de desobediencia civil que ponga coto
a tanta ilegalidad junta. Un gobierno delincuente y que promueve la delincuencia
en todos sus órdenes es insostenible política, social y moralmente hablando. El
gobierno del presidente Uribe ha demostrado y con crece que su capacidad para
hacer fagocitar lo turbio y la componenda no tiene límites. Colombia de la mano
del Presidente Uribe pasó de ser una sigla como dice Fran Fanon, a ser una
esquizofrenia colectiva. Lo más preocupante de todo lo que en el país acontece
es que hay muy poca capacidad para indignarse y para volver indigno a quien nos
indigna y ningunea, y para interpelar a quien nos zoologiza con arrogante
fiereza.
El huésped de la Casa de Nariño ha hecho creer a un importante sector del país
que sin él en Colombia reinaría la nada, el vacío, y no dudo que hay muchos/as
que se lo han creído, quizá por eso aún se sostiene en el gobierno muy a pesar
de los flancos abiertos y lo fétido que emana de su gestión gubernativa. Pese a
todo lo que se sabe de sus más íntimos colaboradores: los escándalos por
vínculos con el narcotráfico de muchos de ellos/as y personas del cuerpo
diplomático vinculado con el paramilitarismo y demás, éste antes que pensar en
un retiro una vez acabe su actual periodo presidencial, piensa, en cambio,
presentar una nueva reforma constitucional que le garantice de nuevo la
reelección.
7. Cuatro años más, la hecatombe.
Esta claro que el Presidente Uribe y los suyos requieren cuatro años para, entre
otras cosas: empobrecer a un más al país, impulsar el desempleo a cifras
insospechadas, precarizar el poco empleo que hoy existe, privatizar la educación
pública, concentrar aún más el poder, expulsar a campesinos de sus pocas
parcelas, a los indígenas de sus resguardos y a las comunidades negras de sus
territorios; privatizar aún más la salud, condenar aún más a los desplazados/as
a ser extranjeros en el propio país y a que los militares, por supuesto, sigan
practicando su política de asesinatos como la que hoy enluta a muchas familias
de los barrios pobres de Medellín, Pereira, Montería, Bogotá ……. Hasta cuando
entenderás pueblo ciego y sordo que el triunfo de Uribe es el triunfo de la
guerra, de la muerte, del hambre y de la legalización y legitimación del
narcotráfico, la corrupción y de los crímenes y costos materiales y morales que
todo ello comporta. Después de Uribe no reinará el vacío, ante más de lo mismo,
atrevámonos a pensar en lo diferente, es propio y apropiado.