El episodio conocido como "masacre de Carandirú" cumple 16 años. El juicio de
más de 100 policías que participaron de la invasión de la casa de detención de
Carandirú en 1992 continúa pendiente. En la ocasión, fueron muertos 111 presos.
El hecho de que el proceso involucre a muchos acusados, además de las
dificultades estructurales del Poder Judicial para responder al cúmulo de
acciones pendientes, hace que la tramitación sea lenta.
El proceso está en grado de apelación en el Tribunal de Justicia de San Pablo (TJ-SP).
Por haber indicios de autoría de crimen doloso contra la vida, el juez determinó
que los acusados fuesen juzgados por tribunal popular, situación con la cual los
denunciados no concuerdan.
Después que el TJ-SP decida la cuestión, será necesario definir los
procedimientos para el juzgamiento de un número elevado de acusados. No existe
una previsión de tiempo en el que los acusados serán juzgados.
De todos los acusados, sólo el coronel Ubiratan Guimarães, actualmente diputado
estatal, fue juzgado y condenado por tribunal popular. La absolución, en 2006,
del coronel Ubiratan Guimarães, que comandaba la operación militar en Carandirú,
es considerada "equivocada" por el promotor de justicia Norberto Joia, que
realiza el seguimiento del trámite por el Ministerio Público de San Pablo. Cerca
de 30 policías ni siquiera fueron juzgados, pues eran acusados de lesiones
corporales leves y esos delitos prescribieron.
La Casa de Detención, construida en 1956 para albergar a 3.250 hombres, llegó a
tener 8 mil en 2001, y fue definitivamente desactivada en septiembre de 2002.
Dos pabellones fueron preservados para mantener la memoria de los 46 años de
historia del presidio. La penitenciaria femenina fue mantenida.
En 2007, una Comisión Parlamentaria de Investigación fue instaurada en la Cámara
de Diputados para analizar la situación del sistema carcelario brasilero. Fueron
visitados 60 establecimientos en 18 Estados desde principios de agosto del año
pasado. Concluida en julio de este año, la CPI encontró varios problemas:
superpoblación, arquitectura inadecuada, residuos y desagüe a cielo abierto,
denuncias de tortura, comida de pésima calidad, atención médica insuficiente,
falta de agentes penitenciarios, celdas enmohecidas, sin ventilación y con
riesgo de incendio debido a las llamadas "extensiones" (cables sueltos).
De acuerdo con la CPI, el sistema carcelario brasilero tiene cerca de 420 mil
vacantes, con un déficit de 172 mil. El 80% de los presos no trabaja, el 82% no
estudia y el 80% es reincidente. El valor mensual para mantener un preso varía
desde R$ 800 a R$ 1,5 mil. Para crear una vacante, el valor estimado es de R$ 25
mil. En promedio, mil presos mueren por año dentro de los presidios. La
población carcelaria femenina es de aproximadamente 27 mil, correspondiendo al
6%. http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35314
Traducción: Daniel Barrantes -
barrantes.daniel@gmail.com
