"Instrucciones" para lidiar con movimientos sociales
Documento interno de la polícía militar del estado de Rio Grande do Sul
Brasil de Fato
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Traducción de Prensa de Frente
La prueba es un documento de Instrucción Operacional nº6 de la Brigada Militar (polícia
militar gaúcha) divulgado por el abogado Leandro Scalabrin durante la visita de
la comisión especial del Consejo de Defensa de la Persona Humana (CDPH). El
documento, entregado a todos los comandos del interior gaúcho y de la capital,
normatiza los procedimientos de la corporación en relación a los movimientos
sociales. Los policias deben hacer a identificación de integrantes de los
movimientos, el monitoreo de sus sedes, evitar protestas e ocupaciones, cuando
fuera preciso, usar la fuerza.
Para Scalabrin, el documento es una prueba oficial de que la criminalización de
los movimientos sociales es una política del gobierno de Yeda Crusius (PSDB).
"La normativa de mantener un registro actualizado de los movimientos sociales ya
se uso en el caso del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y
entre las mujeres campesinas en una lista de mas de 500 personas fichadas, con
sus supuestos lideres identificados, con fotos, tal como hacia el DOPS
(Departamento de Orden Política y Social) en la dictadura militar", contó.
El documento es bastante claro. La instrucción se justifica bajo el Título 2 -
"Base Legal", mostrando en cuales leyes y constituciones las medidas
encontrarían apoyo legal. En este ítem, aparecen las constituciones Federal, el
Código Penal Brasileiro, el Código de Transito Brasileiro (para los casos de
acampamentos a la vera de las calles y manifestaciones en ruta) y leyes como el
Estatuto de la Tierra y el Derecho Agrário.
En tanto, es el Título 3 - "Ejecución" es destacado como inconstitucional por la
comisión especial de derechos humanos, que trata de la postura que los comandos
regionales de la Brigada Militar deben tener. En situación considerada de
normalidad, los comandos deben confeccionar un registro de áreas rurales (para
el caso de los movimientos sociales del campo) y predios públicos (engloba las
organizaciones urbanas) que puedan ser ocupados. También apunta a identificación
y registro de los líderes. Además determina acciones para casos de "ocupaciones
inminentes" y para casos de "ocupaciones ya concretadas".
Documento "robado"
El auditor de la Seguridad Pública Adão Paiani que participó de las reuniones
con la comision negó que exista una política de Estado para coibir protestas,
pero afirmó que existen posiciones aisladas en el gobierno que defienden el uso
de la fuerza durante las manifestaciones. "Ya sugerí incansablemente al gobierno
del Estado y a Brigada Militar que tenemos alternativas a eso [violencia]. La
semana pasada, me reuní con el secretario de Seguridad Pública y le sugerí la
creación de la polícia agrária. Infelizmente, esa voz no ha encontrado eco en el
gobierno", dijo.
En tanto, en entrevistas a la prensa local, el comandante general de la Brigada
Militar, coronel Paulo Mendes, criticó el basamento del documento, pero afirmo
ser sigiloso al respecto. Durante un programa de TV, el militar llegó a acusar a
una deputada estadual de "haber robado" el documento impreso que ella mostraba
en tal ocasión.
El Estado de Rio Grande do Sul no adhiere al Manual de Directrices Nacionales
para Ejecución de Mandatos Judiciales y Reintegración de Propiedad Colectiva,
producido por la Auditoría Agrária Nacional y pactado por las secretarias de
seguridad estaduales. El manual direcciona el trabajo de la policía en casos de
ocupaciones por reivindicación de la Reforma Agraria.
