Antonio Peredo Leigue

La rueda del molino ha dado una vuelta más. La diferencia es que no se muele trigo. Las vueltas de la rueda son inútiles. Vuelve a ser ese mismo, el resultado de las conversaciones en Cochabamba. La información que llega esta tarde dominical, es que los prefectos han pedido dos días más para dar una respuesta. No tienen controversia sobre el tema que presentaron como central: la autonomía departamental. Pero se resisten a firmar un acuerdo. No es gente de acuerdos, por más que se hayan visto, en más de una ocasión, obligados a hacerlo.

La decisión del gobierno al imponer estado de sitio en Pando y comenzar a ubicar y detener a los autores de tantos atentados que se produjeron entre agosto y septiembre pasados, obligó a los prefectos que se creyeron impunes en sus tropelías, a sentarse nuevamente en una mesa de concertación. Reclamaron la presencia de observadores internacionales; su nutrida presencia, se ha convertido en una traba para las intenciones opositoras.

Los recursos del delito

No vale la pena hacer el largo recorrido de los desencuentros a que han sometido al gobierno, los prefectos opositores. Restrinjamos el recuento a los últimos acontecimientos. El presidente Evo Morales los convocó, la misma noche en que el referendo revocatorio lo confirmó con más de dos tercios de la votación. Estos señores se mostraron renuentes y hasta despectivos. Comenzaron, más bien, a orquestar una campaña mediática sosteniendo que había fraude. Cívicas y parlamentarias entrenadas en la intriga, incluso perpetraron actos ilegales para, luego, presentarlos como prueba de fraude.

Como no tuvieron eco, por más esfuerzo que hicieron los medios de comunicación que los acompañan, llegaron al extremo de la violencia. Durante dos o tres semanas, dependiendo de la ciudad, lanzaron a sus grupos de paramilitares que se dedicaron al pillaje, el atropello y la violencia. A título de asumir el control de las oficinas del gobierno, rompieron puertas y destruyeron muebles, quemaron archivos y robaron equipos. Los prefectos aplaudieron la acción y ni siquiera ocuparon los locales que, por supuesto, quedaron inservibles.

El gobierno mantuvo una calma que, muchos, interpretaron como debilidad y hasta resignación. La impunidad fue de tal magnitud, que un grupo de estos delincuentes fue arrestado y sus compinches violentaron la comisaría en que se encontraban y los sacaron. Los paramilitares quedaron convencidos que podían seguir delinquiendo con total impunidad.

La matanza

El 11 de septiembre, campesinos de una zona se dirigían al encuentro de compañeros de otro distrito para, juntos, marchar hacia Cobija y exigir que termine la violencia y se recupere el buen sentido. La gente, las personas comunes y corrientes, creen en los principios. Los grupos que se beneficiaron durante años, sólo creen en el poder. Por lo tanto, Leopoldo Fernández, usando el poder que le daba el mando de la prefectura, envió a sus empleados con maquinaria pesada para impedir ese encuentro. Además, por supuesto, fueron provistos de armamento. Si una cosa no daba resultado, estaba la otra que ponía término a cualquier intento.

Fernández, el ex prefecto de Pando, tiene una larga historia de caciquismo en ese departamento, donde ha manejado a su arbitrio fondos del Estado, primero por favores recibidos de sus jefes y, luego, ya convertido en cacique, por favores otorgados a sus servidores. Los pequeños comerciantes que se asentaron en aquella ciudad, saben cuál es el costo de tener un sitio donde vender su escasa mercadería. De esa calidad está hecha la fortuna de Leopoldo Fernández.

Pero el delito que ahora se le imputa, es mucho más grave que la corrupción; se trata del asesinato, de la matanza que se perpetró bajo sus órdenes. Reconociendo que dispuso el envío de maquinaria pesada para hacer intransitable el camino en un determinado punto, que envió personal de la prefectura para cumplir esta instrucción, que estuvo en conocimiento de que fueron armados, sostiene que no ordenó matar. Es como decir: les doy todo lo que pidan, pero no me echen la culpa.

Estado de sitio

La violencia desatada por los prefectos opositores incluyó la ocupación de los aeropuertos en varias ciudades. El organismo estatal encargado de la atención de aquellos, no sólo que dejó hacer las cosas, sino que coadyuvó en el delito. Es hora de que, el personal de esa entidad sea revisado en su totalidad y, seguramente, modificar incluso su estructura para que el gobierno pueda tener una mínima seguridad de controlar los aeropuertos del país.

El estado de sitio en Pando, debió recuperar primero ese sitio. Las fuerzas armadas debieron hacerlo enfrentando una resistencia armada. Sólo dos días después pudieron comenzar a controlar la ciudad. Fue entonces que, los paramilitares, sus jefes y cómplices, emprendieron la fuga hacia el Brasil.

Pero, como ya se dijo, pese al reducido tamaño de ese departamento, gran parte del mismo aún no tiene control y las bandas de paramilitares actúan. En fincas de cívicos y autoridades, se ha concentrado a gran parte de los mismos, los campesinos que trabajan en éstos, son desplazados sin permitirles ni siquiera tomar sus pertenencias. Falta mucho por hacer allí. En otros departamentos, más aún.

Dilatar para no solucionar

En esas circunstancias, el papel que están jugando los prefectos Rubén Costas, Ernesto Suárez y Mario Cossío, es aquietar al gobierno mientras rearman sus fuerzas y se preparan para nuevas acciones de violencia. Ninguno de ellos es inocente de los graves delitos que se han cometido, entre agosto y septiembre, en Santa Cruz, Beni y Tarija, como Leopoldo Fernández no lo es de los crímenes cometidos en Pando.

La paciencia de Evo Morales es una muestra, a la comunidad internacional, de que este gobierno quiere encontrar un acuerdo. Pero, dejar que la dilación se convierta en el mecanismo para mantener esta situación de incertidumbre, en la que cualquier persona puede ser víctima del atropello de un grupo de maleantes, como ayer mismo ocurrió en Santa Cruz, es una omisión que no se puede permitir, a riesgo de que se produzcan nuevos crímenes por la impunidad que quieren mantener esos prefectos.

Las organizaciones sociales están exigiendo una acción más decidida al gobierno. Y las noticias que llegan de Cochabamba, muestran que se sigue aceptando la dilación.