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FARC-EP: ¿Insurgentes o beligerantes?
Themay Sterling
No basta con el status de insurgente a quien ya lo es. Pues la insurgencia,
de los muchos, es un ejercicio de la beligerancia; son prácticas y conceptos
consustanciales, y ambas han sido practicadas por las Farc-EP a través de la
historia política y militar colombiana, y además reconocidas por la contraparte
interna y por sujetos internacionales, unas veces de hecho y otras de derecho.
Por hoy veamos sólo un ejemplo:
He afirmado en varias oportunidades que el sólo hecho, uno de tantos, luego de
haberse definido como acuerdo central de las negociaciones entre el Gobierno de
Andrés Pastrana Arango y las Farc- EP, de la llamada Agenda Común para una Nueva
Colombia (1) , refrendada mediante un ficto Acto Administrativo, se
configuraba así el reconocimiento fáctico y jurídico de un triple carácter de
las Farc- EP como: grupo insurgente, con status político y beligerante a la vez,
en esta contienda donde la confrontación se expresa en doble sentido.
Por un lado, unas Fuerzas Armadas Constitucionales vs otras Fuerzas Armadas
revolucionarias que se enfrentan política y militarmente hace cerca de medio
siglo; y por otro lado, la confrontación del Estado vs un heterogéneo movimiento
popular, que el régimen político de turno siempre mediante el terrorismo de
Estado ha criminalizado su accionar reivindicativo convencional, constitucional
y/o legal.
También desconociendo cada gobierno, en la historia de este conflicto, con
exabruptos jurídicos y excesos de fuerza, el principio de la distinción entre
combatiente y no combatiente, lo que ha generado es su agudización, como
conflicto armado interno, además de social, político y armado, que es su
carácter atípico, complejo y contradictorio.
Este acuerdo de la concreción de la Agenda Común para una Nueva Colombia, no se
dio entre amigos, sino entre adversarios políticos y militares en el marco de un
conflicto interno, conflicto que el actual gobierno quiere desconocer mediática
y políticamente para no ser deslegitimado, ni derrotado. Es la práctica de la
lucha por el poder. No nos debe asustar. Debe buscársele su solución política.
Acuerdo reconocido como consecuencia del enfrentamiento armado entre unas
Fuerzas Armadas Constitucionales vs otras Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el
marco de un conflicto armado interno, reconocido por diferentes Estados y sus
regímenes políticos, admitido como tal no sólo por la ONU, sino por la misma
OEA, y hasta por diferentes Gobiernos colombianos, quienes para solicitar
financiación y dinero a los EEUU y a la UE se apoyan afirmando que sí hay
conflicto, configurándose la práctica de una doble moral en doble sentido, de
los Gobiernos Colombianos y de los EEUU y la UE, que admiten la existencia del
conflicto colombiano cuando les conviene, y cuando no, niegan su existencia.
En una Ponencia anterior que presenté con el nombre de "Universidad, Conflicto y
Derechos Humanos" (2), dije en esa oportunidad que sobre esta situación,
hay quienes afirman equivocadamente que en Colombia hay violencia es por que hay
insurgencia. La culpa de todo se la adjudican erradamente a la insurgencia.
Sin embargo las investigaciones académicas, científicas sociales, aportes
jurídicos y políticos de las Facultades de Derecho, además de las organizaciones
defensoras de derechos humanos, y la misma realidad, indican todo lo contrario.
Hay
insurgencia y lucha de masas es por que hay violencia económica, social,
cultural, política, étnica, etc. del Estado contra sus ciudadanos, y exactamente
contra el pueblo y sus trabajadores, quienes aspiran a vivir con dignidad, y
confrontan a la vez, de diferentes maneras y expresiones la política y accionar
estatal que los arremete con lesivas medidas de corte neoliberal y de
restricción a la democracia.
Es así que la Agenda Común para una nueva Colombia sigue siendo vigente como
ruta para una posible negociación, que conduzca a la solución política del
conflicto colombiano; y las Farc –EP, en su triple carácter de insurgente,
estatuida políticamente como tal y en ejercicio de su carácter beligerante será
determinante en esa solución.
Agenda Común para una Nueva Colombia firmada en la Machaca Caquetá el 6 de Junio
de 1999 entre el Gobierno y las Farc –EP, que abarca el entramado del conflicto
colombiano, desde la búsqueda de la Solución Política, la protección de los
Derechos Humanos, la Política Agraria Integral, lo referente a la explotación y
conservación de los recursos naturales, la estructura económica y social, la
reforma a la Justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la
reforma política para la ampliación de la democracia, las reformas que requiere
el Estado, Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario que aborde la
desvinculación de los niños del conflicto armado, el tema de las minas
antipersonales, el respeto a la población civil, la vigencia de la normatividad
internacional sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho
Penal Internacional, las Fuerzas Militares y la defensa de la Soberanía
Nacional, el paramilitarismo, las relaciones internacionales, la libre
autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la integración regional,
los Tratados sobre aspectos económicos y la deuda externa son aspectos
ineludibles para tener en cuenta en la búsqueda de la paz democrática con
justicia social, que se encuentran en este importante documento firmado entre el
Gobierno y las Farc-EP.
De ahí que la discusión ahora se traslada no a la disyuntiva de beligerancia o
terrorismo, si no a la de paz o guerra, pues las Farc- EP quieran sus enemigos o
no, ellas son insurgentes, con status político y beligerantes a la vez.
Este triple carácter fariano queda en firme con la propuesta de reconocimiento
de la República Bolivariana de Venezuela expresado a través de su Presidente
Hugo Chávez Frías, y de la Asamblea Nacional, quien avaló la Declaración
presidencial ante sus 167 miembros por intermedio de su Presidenta la Doctora
Cilia Flórez reelegida como la Presidenta de esta Institución Legislativa
unicameral venezolana.
No se trata ahora de descalificar lo que en el Derecho Internacional existe como
autonomía soberana de un País de declarar que la paz es lo prioritario como lo
declaró la República Bolivariana de Venezuela para el caso de Colombia y de la
región.
Dijo este domingo 13 de Enero el Presidente Chávez " Yo hago una propuesta
para que se discuta, pero ellos no la quieren discutir, de una vez la condenan,
de una vez salen a condenar una idea que es para el debate y no para lanzar
piedras de una vez…Darle beligerancia (a las FARC) es un paso… Sería un primer
paso para bien. Es para que lo piense, sobretodo, Colombia, porque Colombia es
un país soberano y yo respeto la soberanía de Colombia, pero amamos a Colombia y
estamos dispuestos a seguir ayudando para la paz...Yo estoy abogando por la paz,
no por la guerrilla", agregó Chávez, quien aseguró que la mayor parte del pueblo
colombiano y del pueblo venezolano así lo entiende, "porque somos pueblos
inteligentes; más allá de los ataques y de las diatribas políticas, y de los
intereses bastardos…
".
Las Farc-EP son sujeto del Derecho Internacional como lo ratificó el señor
Presidente Chávez cuando manifestó con vehemencia en Aló Presidente desde el
Estado Guárico que este grupo insurgente "…con su carácter beligerante
quedaría regulado según los convenios de Ginebra ", y referente a la
privación de la libertad de las personas como consecuencia del conflicto interno
reafirmó que "…Para que una fuerza insurgente sea beligerante, sea
reconocida, no debe usar, por ejemplo, el secuestro como arma de lucha, debe
renunciar al secuestro, a los actos terroristas contra la población civil
…". (3)
Debemos valorar con altura la búsqueda de la paz.
El triple carácter de las Farc –EP coadyuvaría este propósito. Pues hay que
recordar que al ser ésta excluida violentamente - como continuación del
genocidio político contra el PCC y la UP- con la Guerra Integral de César
Gaviria del proceso parcial del paz de 1991, se agudizó el conflicto por un
lado, y por otro, se combinó la agresión estatal contra el movimiento popular
con medidas anti sindicales, patronales, económicas y de orden público; y el
Estado y sus Instituciones incumplían reiteradamente los Tratados
Internacionales sobre DDHH y DIH que había suscrito según se conoce de los
Informes e intervenciones que organismos internacionales rendían sobre el caso
de Colombia, como los presentados por Michael Frühling.
El otrora Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidad para los Derechos Humanos cuando inaugurábamos, hace cerca de
dos años, la Casa del Abogado con el aval de Abogados sin Fronteras de Francia
reafirmó el reconocimiento del conflicto armado interno colombiano y que destaco
entre los varios entregados por esta alta dependencia de las Naciones Unidas,
por la vulnerabilidad que afrontamos el conjunto de los abogados defensores de
Derechos Humanos cuando nos indicó a su auditorio que
"…
La Oficina observa con interés y preocupación las condiciones en que desarrollan
su tarea quienes en Colombia se desempeñan como defensores de personas
penalmente procesadas, actuando como defensores de confianza, defensores
públicos o defensores de oficio. No pocos de ellos hacen parte de los sectores
de la población cuya vulnerabilidad constituye uno de los aspectos más
inquietantes del "contexto de violencia y conflicto armado interno que padece
Colombia…la Oficina está especialmente preocupada por algunos casos puestos en
su conocimiento durante los últimos meses, y en los cuales varios de esos
defensores se vieron afectados por amenazas, por privaciones arbitrarias de la
libertad o por señalamientos infundados o temerarios…" (4).
* Athemay Sterling :Director Centro de Derechos Humanos Universidad Santiago
de Cali, Abogado Defensor de Derechos Humanos, integrante del Equipo
periodístico de VOZ, Subdirector CPDH y ANDAS Valle, constituyente de la
Comisión de Impulso al Intercambio Humanitario, profesor Universitario, Director
de Derecho Preventivo & Derechos Humanos, escritor, historiador y analista
político, Ex Consejero Departamental y Asesor de Paz, conferencista nacional e
internacional sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, sobreviviente del
genocidio político cometido por el Estado contra el Partido Comunista Colombiano
y la Unión Patriótica, Consultor de la Sección América de la Federación Sindical
Mundial con sede en la Habana Cuba.
(1)
5.6
Estimulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación10.
Fuerzas Militares
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