Los grupos antiabortistas se empeñan en tratar de imponer a toda la sociedad su
particular visión sobre la "defensa de la vida", y en muchas ocasiones logran
poner de su lado a médicos y funcionarios judiciales.
El reciente caso de la niña mendocina de 12 años que fue violada, presuntamente
por su padrastro, y quedó embarazada, vuelve a poner en el centro del debate la
necesidad de legislar sobre la despenalización del aborto.
La madre de la menor solicitó al Hospital Pediátrico "Dr. Humberto Notti", en la
localidad mendocina de Guaymallén, la interrupción de ese embarazo, que va por
su octava semana de gestación. El fundamento de la petición es el artículo 86
del Código Penal, que en su inciso primero establece que no es punible el aborto
cuando se realiza para resguardar a la madre de un grave peligro para su vida o
su salud.
El caso tomó estado público porque la familia de la niña concurrió a un hospital
público, es decir, porque no cuentan con medios económicos que le permitan pagar
la intervención quirúrgica que están solicitando al Estado. Pero a pesar de
ello, la madre declaró a la prensa que, si no lograba una resolución favorable
en el hospital, iba a recurrir a un médico en forma privada. Es decir, que iba a
someter a su hija a la práctica de un aborto clandestino. No debería
sorprendernos, en un país donde se calcula que anualmente se realizan entre 500
y 750 mil abortos ilegales.
Lo sucedido con esta niña mendocina saca nuevamente a la luz el drama de la
violencia sexual y los abusos, cuyas víctimas son casi siempre las niñas, y en
la mayoría de los casos, los abusadores y violadores pertenecen a su círculo
familiar o amistoso. ¿No sería hora de que el Estado, a través de campañas de
educación y prevención, y otras acciones efectivas, actúe con más energía para
prevenir la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas?
Fundamentalistas
El fundamento esgrimido por la madre de la niña, de preservar la salud física y
psíquica de su hija, está siendo evaluado por el Comité de Bioética del
Hospital, organismo que interviene por orden del juez Germán Ferrer, titular del
Juzgado de Familia Nº 1, y tendrá a su cargo la decisión sobre si corresponde la
aplicación del artículo 86 del Código Penal en este caso.
Como ha sucedido ya en decenas de casos similares, comenzaron a actuar los
grupos "pro-vida" con manifestaciones en las cercanías del hospital, esgrimiento
un supuesto apoyo a la niña, como si ésta hubiera manifestado su deseo de
continuar con el embarazo. Peor aún, ingresaron a la habitación adonde se
encuentra internada la menor, y le mostraron folletos con fotografías de fetos,
supuestamente para que "tome conciencia" de la intervención que le van a
practicar. Sin consentimiento de sus representantes legales (los padres) y
aparentamente con la autorización de los médicos del hospital, estas personas
violaron la intimidad de la menor, al actuar de esa manera.
Ningún fiscal actuó ante este hecho, violatorio de los derechos de una niña. Sin
embargo, en reiteradas ocasiones, los funcionarios judiciales actúan de oficio
para defender los derechos de las personas por nacer. ¿Por qué no se actuó de
igual manera para resguardar los derechos de una niña ya nacida, y que está
sufriendo las consecuencias de un ataque violento contra su sexualidad, a una
edad tan temprana?
Demora imperdonable
En coincidencia con lo solicitado por la madre de la niña, el presidente de la
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Juan
Silvestre Begnis, aseguró que este caso es un claro ejemplo de aborto no punible
y que era "imperdonable" el tiempo que se está perdiendo.
Begnis es un médico oncólogo que ha trabajado durante mucho tiempo con enfermos
terminales y tiene una visión integral del término salud. Por ello, respecto a
la objeción que hacen tanto juristas como médicos, de que el artículo 86 del
Código Penal, cuando habla de "salud", no especifica si se trata de la salud
psíquica, Begnis sostiene que "la salud no puede discriminarse como física,
psíquica, y social, la salud es un todo".
En la provincia de Mendoza hay un proyecto de reglamentación sobre la
interrupción de embarazos no punible, pero su tratamiento no prospera. Su
finalidad es que los médicos que manifiesten objeción de conciencia queden
registrados y que quienes no lo hagan puedan llevar adelante la práctica, sin
ninguna autorización judicial. Similar proyecto había sido aprobado en esta
provincia a fines de año, pero fue vetada por el gobernador Oscar Jorge, y al no
insistir los legisladores con su tratamiento, el proyecto no fue finalmente
aprobado.
Proyectos en el Congreso
A pesar de estas autorizadas y razonables opiniones, y del fallo favorable que
tuvo hace dos años, por parte del Tribunal Superior de Mendoza, el caso de una
joven discapacitada que había quedado embarazada producto de una violación y a
la que se le practicó un aborto, cada vez que se produce un caso similar,
vuelven a actuar los sectores más conservadores y fundamentalistas de la
Iglesia.
A despecho de estos grupos antiabortistas, la sociedad va avanzando y hoy es
mayoritaria la opinión sobre la necesidad de contar con una legislación que
permita realizar abortos en determinadas condiciones.
En el Congreso de la Nación, hay varios proyectos de ley para extender el
alcance del artículo 86 del Código Penal y permitir la interrupción legal del
embarazo a todas las víctimas de abuso sexual y también cuando se compruebe que
el feto no es viable (por ejemplo, cuando padece anencefalia). Además, existen
cuatro proyectos para legalizar definitivamente el aborto, y uno de ellos ya
tiene estado parlamentario.
Leer el Código
Para Begnis, el juez, en lugar de consultar la opinión de expertos o de un
Tribunal de Bioética, tiene que leer el Código Penal. Es que muchos de esos
tribunales están conformados por hombres ligados a la Iglesia y sus opiniones
suelen avalar posiciones conservadoras respecto al aborto. Por ejemplo, el
director del Departamento de Bioética de la Facultad de Ciencias Biomédicas de
la Universidad Austral, Rafael Pineda, opinó frente a este caso que "una
violencia no se soluciona con otra violencia".
Es que para Pineda, la violencia está en la práctica quirúrgica de la
interrupción del embarazo, aún cuando se realice con todas las garantías y la
seguridad de un hospital público. Sin embargo, no sería "violencia" la
continuidad de un embarazo producto de un ataque sexual sobre una niña de 12
años.
Para su concepción fundamentalista, la niña debería continuar con el embarazo
para "no matar a un inocente", poniendo en un pie de igualdad al embrión
(persona en potencia, aún no nacida), con la niña que lo está gestando (persona
actual, a la que se debe proteger en este caso).
Esperamos que la Justicia mendocina y los médicos del hospital público, actúen
haciendo lugar a la petición de la madre de esta niña, para que no deba
continuar con un sufrimiento que comenzó con el ataque sexual al que fue
sometida, y que hoy se prolonga en otro tipo de agresiones por parte de quienes
dicen "defender la vida".
