Guillermo Almeyra
La Jornada 

El capital financiero y sus aliados en el bloque que dirige (capitalistas agrarios, grandes exportadores, rentistas y, como tropas de choque, las clases medias rurales y buena parte de las urbanas) derrotaron al gobierno de los subsidios a los grandes grupos industriales y comerciales, de la defensa de los dueños de las palancas de la economía (las empresas privatizadas, como el petróleo, los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas), pero también de los subsidios a los consumos populares y a los servicios. Y como resultado de la eliminación del impuesto extraordinario a las ganancias de los soyeros, no sólo los rentistas y las clases medias rurales están peor de lo que hubieran estado si hubiera sido aprobada la llamada retención (el gravamen citado), sino que también el gobierno se encuentra sin dinero para seguir subsidiando a lo bruto: de ahí los aumentos de las tarifas eléctricas y, sobre todo, de los servicios de transporte, que agravarán la situación de los más pobres.

A pesar de la distensión con el vicepresidente Cobos y con los no peronistas, pero oficialistas, y de las medidas gubernamentales de justicia social (la escala móvil para las jubilaciones y pensiones, bonificaciones por hijo a todos los trabajadores y pobres, aumento del salario mínimo a 400 dólares mensuales –el límite de la pobreza–, los impuestos a los fideicomisos y el capital financiero agrario, el intento de cobro a los exportadores de soya defraudadores del fisco por unos 700 millones de dólares), el gobierno ha recuperado muy poco de su base social: los sondeos dan a la presidenta un índice de popularidad menor a 40 por ciento, precisamente cuando aumenta continuamente la tensión social.

Prueba de ello son las violentas reacciones obreras a los despidos en la industria de neumáticos o la "guerra de Córdoba", que estalló en las calles de esa capital cuando el gobernador Juan Schiaretti no tuvo mejor idea que hacer aprobar por la legislatura provincial un proyecto de ley que modifica los derechos adquiridos y reduce entre 27 y 23 por ciento las jubilaciones de los trabajadores estatales, anunciando para colmo, como un chantajista vulgar, que anularía esa ley si el gobierno le daba 300 millones de dólares. Hay que aclarar que Schiaretti en los años 70 fue peronista revolucionario, en los 90 menemista y hoy es de la derecha peronista ligada a la oposición "del campo", pero fue puesto en el poder mediante el fraude por Cristina Fernández y los poderosos ministros De Vido y Jaime, de modo que el caso cordobés salpica tanto a la derecha "cam- pestre" antioficialista co- mo a la derecha oficialista y a la propia presidenta.

Ninguna fuerza, en consecuencia, puede capitalizar los problemas de sus adversarios, ni siquiera el gobernador de Santa Fe, el chacarero socialista Hermes Binner, quien trató de mantener lazos en ambos sectores opuestos, pero ahora se enfrenta en las calles, a su izquierda, con los estudiantes de Rosario.

El capital financiero y los capitalistas agrarios soyeros y ganaderos pretenden ahora un cambio total de política –y no un mero remplazo de un ministro clave–, la eliminación del impuesto a las ganancias a los financistas, un aumento general de tarifas y la supresión de proyectos, como una ley de arrendamientos, el de aumentos a los peones rurales y el de creación de una junta estatal de granos que controle las exportaciones.

Amenazan incluso con nuevos cortes de rutas, con el consiguiente desabasto de las ciudades, lo que llevaría la actual tensión social al rojo vivo.

Lo que caracteriza el actual momento político en Argentina es que ambas partes se apoyan en el conservadurismo cultural de las grandes mayorías. Al racismo tradicional "antinegros" (peronistas) y antiobrero en el polo de los que apoyaron las dictaduras sucesivas, exacerbado hoy, no se contrapone una concepción de clase ni siquiera en la elemental versión de pobres y ricos, sino la idea peronista de la unidad nacional y de la supresión de las clases, acompañada por el racismo xenófobo (antiboliviano y antiperuano, en particular) y por el racismo social (contra los más pobres, identificados como villeros, piqueteros o delincuentes potenciales).

La hegemonía de los capitalistas tiene como base la aceptación por las mayorías de la idea de que el lucro es legítimo y deseable y de que la pro- piedad privada es intangible. De ahí que una parte de los obreros simpatice con los financistas y grandes hacendados –porque no confía en el gobierno– y que otra esté con el gobierno de los grandes empresarios y que esa división se exprese en la oposición entre diversos sectores sindicales (los dos contendientes, oficialismo y oposición reaccionaria, tienen sus seguidores) y en la llamada izquierda, al grado tal que hubo maoístas (el Partido Comunista Revolucionario) y trotskistas (el Movimiento Socialista de los Trabajadores) manifestándose junto a los explotadores contra el gobierno para que éste no aplicase un impuesto justo a las ganancias extraordinarias.

Como en 1930, la inexistencia de una oposición de izquierda favorece a la extrema derecha y sus aliados; como en 1945, esa misma inexistencia es esencial para dar al peronismo en el gobierno un aspecto "progresista" que esconde su verdadero carácter. Hoy, dada la debilidad de la izquierda social y su combatividad sindical y corporativa, pero también su primitivismo político, lo esencial es unir las luchas por las reivindicaciones sociales y nacionales fundamentales con la difusión y organización de un pensamiento político independiente de todo sector, organización o institución capitalista.