Argentina: La lucha continúa
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Denuncias sobre la municipalidad y el ejecutivo provincial
Prensa de Frente
Abandono y represión parapolicial en pleno centro de La Plata
Son niños de once, doce, trece años. O adolescentes apenas más grandes. Las
sobras de una ciudad que los abandona, de una sociedad donde pueden convivir el
lujo y la miseria más extremos, como en toda América Latina. ¿Pueden convivir el
hiperconsumismo y 4000 niños en la calle? En la provincia de Buenos Aires, la
respuesta que da el Estado a los niños y jóvenes abandonados en la calle empieza
por la falta de asistencia, pero sigue por otras formas, más violentas aún, de
vulnerar sus derechos humanos. El jueves pasado un joven de 16 años, que
concurría al Hogar Pelota de Trapo, fue secuestrado en Gerli por una patota;
durante media hora lo mantuvieron en un auto, lo amenazaron y torturaron
psicológicamente y lo soltaron en Remedios de Escalada. Al otro día, en La
Plata, frente a la gobernación y la Legislatura bonaerense, y a una cuadra de
las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y la Municipalidad, un grupo
de parapolicías atacó a niños y jóvenes en situación de calle con cadenas y
armas blancas y amenazó con matarlos. Al cierre de esta edición, ni el
gobernador ni el ministro de seguridad ni el poder judicial ni el intendente ni
la directora de Niñez y Adolescencia ni las secretarias de Derechos Humanos han
hecho declaraciones públicas sobre el tema.
"Noa mostraron armas de fuego y dijeron que eran policías"
Desde hace varios meses un grupo de unos quince niños y jóvenes vive en la
calle. En un momento dormían en instalaciones de la Universidad, pero fueron
expulsados. Entonces comenzaron a dormir en la plaza San Martín, en pleno centro
político de la ciudad de La Plata. En enero, la Municipalidad de La Plata
rubricó su acuerdo con las leyes 13.298 y 13.634, comprometiéndose a garantizar
la provisión de vivienda y alimentos y en general la protección integral de sus
derechos. Sin embargo, no cumplió las leyes y dejó abandonados a los menores.
Desde el lunes 21 de julio un grupo de personas decidió organizar una olla para
que los chicos coman, tratando al mismo tiempo de asistirlos ante problemas como
las adicciones y las continuas situaciones de violencia, que incluían agresiones
de las fuerzas de seguridad y denuncias de los vecinos por robos. A partir de
ese momento creció en intervención la institución policial. Y cada vez más, la
parapolicial. Desde el grupo que sostiene la olla denunciaron la existencia de
"efectivos uniformados vigilándonos de forma intimidante y amedrentadora en las
cercanías del lugar. Esta situación llego al punto de que delante de los
compañeros que conforman el grupo de Autoconvocados, vestido con su uniforme
policial, un efectivo de la Bonaerense golpeó y amenazó a uno de los chicos en
nuestra presencia, donde debimos intervenir para evitar la agresión".
Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle está conformado por un
conjunto de vecinos, personas, organizaciones sociales, culturales, gremiales,
políticas y de Derechos Humanos que vienen abordando la problemática de los
chicos en situación de calle, "y exigiendo al Estado la puesta en funcionamiento
de un plan integral de atención, y un hogar de día y de noche, de acuerdo a las
leyes 13.298 y 13.634". La respuesta del municipio hasta el momento fue nula y
los ataques crecieron.
"El día viernes 25 de julio a las 23:00hs recibimos la agresión de ‘un grupo
organizado’, luego de que la policía uniformada se retirara del lugar
sugestivamente, dando la idea de zona liberada después de haber estado
‘custodiándonos’ toda la jornada. Este grupo, de aproximadamente 25 personas,
quienes se movilizaban en varios autos, aparecieron a modo de emboscada y desde
diferentes direcciones, a las ordenes de una persona robusta que se comunicaba
con handy, identificándose algunos de ellos como policías, sin exhibir placas ni
uniformes, atacando a los pibes diciendo de que "así van a aprender" y "hay que
tirarlos a todos en un pozo". Algunos de los episodios fueron: cadenazos en las
piernas a los pibes, fierrazos en la cabeza y el rostro, golpes de puño entre
varios sujetos contra un mismo pibe que era agarrado por el cuello. Asimismo,
nos amenazaron empuñando armas blancas y mostrando armas de fuego. Ante todo
esto, un grupo de 4 bici policías se ubicaron sobre la zona de 7 y 51, y
evitaban que los pibes huyan y los obligaban a volver al interior de la plaza,
donde se encontraba este grupo".
Rechazo a las patotas parapoliciales
El lunes 28 se realizó una concentración donde distintas organizaciones de
derechos humanos, sociales y gremiales reclamaron "un esclarecimiento urgente de
los hechos, que trae fuertes trae fuertes reminiscencias y recuerdos a los
grupos de tareas presentes en la Argentina hasta hace unos años, y del mismo
modo, a los ‘Escuadrones de la Muerte’. La marcha, que comenzó frente al Palacio
municipal, terminó manifestándose frente a la Comisaría 1º, denunciando "la
existencia de zonas liberadas, retención de denuncias interpuestas,
hostigamientos, golpes y amenazas a los chicos, repetidas amenazas a compañeros
y participación de bicipolicias en el violento y brutal ataque del viernes, 25
de julio, a la noche. Y, ante estos hechos, la falta de respuestas concretas por
parte del Estado municipal y provincial". Y exigiendo la renuncia del comisario
y del ministro de Seguridad y la protección integral de los derechos de los
niños y niñas. En la protesta, entre otros, participaron la Asociación Miguel
Bru, la Casa de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, CORREPI, La fragua, el
Frente Popular Darío Santillán, Pensamiento y Acción, Ateneo Libertario, la
Unión por los Derechos Humanos de la Plata y la Mesa de Escrache Popular.
La asamblea de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia
de Buenos Aires emitió un comunicado denunciando la situación y señalando que
"por su accionar impune, en un lugar céntrico a la vista de los presentes, su
capacidad logística, por la, al menos, complicidad policial, los hechos
trascienden a los autores materiales, dejando en evidencia la participación de
actores con poder político e inserción estatal, decididos a enfrentar los
problemas sociales a fuerza de garrote y sangre", responsabilizando a los
gobiernos municipal y provincial y denunciando la actuación de la Comisaría 1º
de La Plata. Además de exigir "el urgente esclarecimiento de los hechos, la
identificación del grupo para-policial y su relación con la Comisaría 1ra de La
Plata", los trabajadores también pidieron "la urgente intervención de los
organismos del Estado correspondientes para la contención de los chicos y la
puesta en funcionamiento de un plan integral de atención, y un hogar de día y de
noche", además de repudiar "la estigmatización y criminalización de los chicos
de la calle de Plaza San Martín que difundieron en los últimos días los diarios
'Perfil' y 'El Día'".
La dependencia municipal encargada de atender la situación, la Dirección de
Niñez y Adolescencia, mientras tanto, se encuentra desde hace varios meses en
conflicto con sus trabajadores, a partir de "despidos, traslados, quite de horas
extras, movilidad y régimen horario, pases obligados a otros sectores", además
de "la falta de voluntad política por parte del ejecutivo municipal en
establecer como prioridad en la agenda pública la implementación de la Ley 13298
y 13634 que establece un Sistema de Promoción y Protección de Derechos para
todos los niños y adolescentes de nuestra ciudad", según denuncian desde la
Asamblea de trabajadores y trabajadoras y la Junta Interna de Trabajadores
Municipales en ATE.
Una muestra inusual de impunidad
Desde CORREPI La Plata, organismo que viene denunciando que desde el Estado
"se fusila un pibe cada 40 horas", expresaron que esto es la continuidad de lo
sucedido en Los Hornos con el asesinato impune de Miguel Ángel Serrano. El joven
de 19 años fue atropellado el 3 de junio por un Fiat 147, quien dio marcha atrás
y volvió a pasarlo por arriba. Su acompañante y los familiares acusan a Marcelo
Palomo, teniente de la comisaría 3º de la Bonaerense, quien "ya había amenazado
de muerte a Miguel y tiene varias denuncias formuladas por distintos vecinos del
barrio y es conocido por fotografiar, amedrentar, detener, golpear a los pibes y
robarle pertenencias a vecinos del barrio".
El oficial estuvo un mes en la cárcel y luego quedó en libertad, en medio de
acusaciones de aprietes policiales a testigos. En la protesta de familiares y
amigos ante la comisaría, la policía reprimió y encarceló a Ariel Devoto,
miembro de CORREPI. "Pasado el mes del asesinato, el juez de garantías Juan
Pablo Masi, a pedido de los fiscales Delucis y D´Gregorio (los mismos que
liberaron a los 14 agentes del servicio penitenciario bonaerense, responsables
materiales de 33 muertes en la Masacre de la unidad 28 de Magdalena, en octubre
de 2005) excarcelaron al policía al recaratular la causa como homicidio culposo,
avalando la versión policial-oficial de que se trató de un accidente", relataron
en un comunicado en esa oportunidad. Ahora una de las versiones que circularon
en la movilización era la posibilidad de que el propio Palomo haya estado en la
plaza el viernes por la noche.
La violencia del Estado es un secreto a voces en la sociedad platense, como en
casi todas las ciudades de la provincia. Desde múltiples acusaciones –muchas de
ellas públicas- que vinculan a integrantes de las fuerzas de seguridad con la
trata de blancas, tráfico de drogas prohibidas, robos y secuestros hasta el más
velado pedido de protección a comerciantes que lo admiten en voz baja pero –por
supuesto- se niegan a comentarlo para los medios interesados en averiguarlo.
También son moneda corriente los episodios de violencia en los barrios pobres de
las ciudades, que no alcanzan ninguna difusión. Pero nunca se había registrado
una situación de estas características, por la cercanía a las sedes del poder
político de la provincia y de los despachos supuestamente encargados de
modificar la situación, garantizando la vigencia de los derechos humanos más
básicos.
El día anterior había ocurrido otro grave episodio de violencia con ribetes de
grupos de tareas, al ser secuestrado, en el partido de Avellaneda, un niño que
concurría al hogar Pelota de Trapo, recibiendo amenazas para él y el Movimiento
Nacional de los Chicos del Pueblo, que viene realizando la campaña "El hambre es
un crimen".
La respuesta de los organismos oficiales, para ambos casos, hasta esta noche se
hacía esperar. Por el momento no hubo declaraciones de ninguno de los
funcionarios directamente involucrados, aunque se barajaba como una de las
posibilidades más firmes que le pidieran la renuncia a la cúpula de la Comisaría
primera de la policía bonaerense para emprolijar una foto que mirada desde la
vigencia de los derechos humanos, da una imagen preocupante.