Argentina: La lucha continúa

Astor Vitali

Semanas antes del conflicto generado por un sector de los productores agropecuarios bautizado por los multimedios como el "conflicto del campo", se discutía en los pasillos del Congreso nacional y partidos políticos la posibilidad de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acercara al organismo deliberativo un proyecto de "Ley de Telecomunicaciones" en reemplazo de la actual Ley de Radiodifusión.
La perspectiva de la posibilidad de una nueva ley que regule las comunicaciones en nuestro país fue incrementándose a raíz de algunas declaraciones del séquito K durante los tres meses de lock out agropecuario. Esto es porque se impulsó – con muy poca fuerza – la "creación" de un observatorio de medios. Se trata de una herramienta que sólo tiene capacidad de veedor y no de sanción. Esto es: un organismo integrado por especialistas que emite un juicio simbólico sobre la actuación de los medios de comunicación en determinado período de tiempo.
Los cierto es que en nuestro país funcionan desde hace años algunos proyectos pilotos de observatorios de medios. En particular, durante el conflicto de los productores agropecuarios se hablaba del observatorio de medios que funciona ya desde la Universidad de Buenos Aires (UBA). Aunque ya vienen funcionando otros de menor escala como por ejemplo el que dirige el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Esta iniciativa mínima de cuestionamiento político hacia los medios masivos de comunicación despertó un rechazo discursivamente violento e inmediato desde los operadores políticos y cuadros comunicacionales orgánicos a los multimedios. Sería redundante decir que en Argentina los sectores de la economía concentrada, del sector que fuera, no soporta resignar un ápice de su poder, hasta llegar a casos donde prefiere muertos en vez de acuerdos. Del mismo modo, los medios masivos de comunicación no están dispuestos a resignar un ápice de su capacidad de incidencia sobre las decisiones estratégicas del país, y cuestionan severamente cualquier viso de organismo contralor aduciendo "ataque a la libertad de expresión" refiriéndose a la libertad de empresa que ejercen de hecho.
Pero lo cierto y concreto hasta el momento es que desde el gobierno nacional, una vez apaciguadas las aguas después del levantamiento de lock out y los cortes de ruta salvajes de sectores agropecuarios, lo único que quedó de todo esto respecto de los medios es un bonito informe sobre la actuación discriminatoria en sentido negativo desde las medios masivos de comunicación y la promesa presidencial de acercamiento al Congreso de una nueva ley de Telecomunicaciones.
En otras palabras y concretamente: la iniciativa del observatorio de medios es importante desde el punto de vista de que el Estado y profesionales miembros de la sociedad civil y sus organizaciones puedan expresarse y difundir un análisis del rol de los medios masivos de comunicación respecto de determinada cosa. Pero aquí el debate es otro: estamos hablando de regular los medios, o mejor expresado, lo que está en discusión es la regulación de las frecuencias radioeléctricas, de un "Bien de la Humanidad " finito que debe ser regulado por la condición de tal, entre otras cosas.
Para nosotros en este pequeño aporte hacia el debate sobre la necesidad de una nueva legislación y despliegue de políticas activas de Estado hacia el sector de los medios de comunicación lo importante es pensar qué Ley de Telecomunicaciones podemos esperar hoy por hoy, por un lado, y la necesidad de todos los sectores democráticos de la sociedad argentina de construir una nueva normativa sobre medios de comunicación acorde a las nuevas realidades sociales, económicas y culturales.
Dado que el hipotético proyecto del gobierno parece uno de los secretos legislativos mejor guardados y nadie conoce de qué se trata, nosotros vamos a basarnos en dos criterios periodísticos básicos para pensar cualquier cuestión de la que no se tiene información concreta y candente: los antecedentes del kirchnerismo en el gobierno con respecto a sus políticas hacia los medios masivos de comunicación y la coyuntura política en que se desenvuelve la discusión. Es decir, ya que no se conoce el proyecto de Ley vamos a pensar cómo se actuó hasta ahora en el tema, y qué posibilidades existen en el actual contexto de una avanzada gubernamental sobre los multimedios.
Pero para ello hagamos una primera aproximación de qué hablamos cuando hablamos de los medios masivos de comunicación y cómo llegamos a esta situación.

Los medios en su medio

No podemos dejar de mencionar que los medios de comunicación sufrieron las mismas modificaciones que el resto de los sectores de la economía: con la dictadura y la subsiguiente implementación del neoliberalismo se desmanteló la protección del modelo de medios de tipo mayoritariamente de propiedad nacional y, como con todo, el empresariado construyó una estructura de co-participación medio local-holding internacional; por ejemplo, Clarín-Direct TV. Comprender esto es fundamental puesto que con una lectura histórica correcta se entiende la estructura legal y de hecho moldeada desde aquellos años. Cómo se fueron fundiendo los intereses de la economía concentrada con el de los medios mismos, puesto que éstos son parte de, desde entonces, grupos empresarios gigantescos, con emprendimientos de todo tipo en distintos lugares del hemisferio, entre ellos de comunicación.
Por ejemplo: el grupo Clarín –que concentra Radio Mitre, su diario, una editorial, revistas, canales de TV y radios en el interior del país, canal 13 y TN, entre otros muchos-, está asociado a Direct TV, como decíamos. Bueno ¿y qué? ¿qué significa? ¿qué es Direct TV?
Esta empresa está controlada mayoritariamente por Hughes Electronics Corporation, una filial de la General Motors, con negocios millonarios en Nuestra América vinculados a la industria automotriz, la energía y la industria pesada.
Otro ejemplo: casi todas las señales que se emiten solo por cable son de la General Electric; ésta, además de poseer medios de comunicación, fabrica motores para el ejército norteamericano, participa del negocio del plástico y el instrumental médico, está acusado de violar sistemáticamente los derechos sindicales, es contribuyente económico del Partido Republicano en EE. UU. –el de George W. Bush-, y tiene intereses en la fabricación de armas, empresas financieras, plantas nucleares y otras industrias.
Ahora se entiende por qué transmitir una receta de cocina mientras de la Rua escapa en helicóptero es el criterio de la empresa, o un vestido de moda mientras que el gobierno de Duhalde asesina como forma de disciplinamiento a Kosteki y a Santillán, les resulta más atractivo. Y podrían seguir los ejemplos.
¿Qué van a decir estas cadenas de medios acerca de la invasión a Irak, por ejemplo? Es claro.

Políticas K hacia los medios. Antecedentes.

Antes del anterior apartado, hablábamos del "silencio de radio" sobre los contenidos del hipotético proyecto de Ley de Telecomunicaciones que enviaría el gobierno al Congreso en este mes de agosto. Y que, ya que no conocemos los contenidos de la ley no nos queda más remedio que observar qué hizo el kirchnerismo respecto de los multimedios para poder especular cuál es la mirada de esta fuerza política al respecto. Veamos cuál es la política del kirchnerismo en el gobierno hacia los medios masivos de comunicación para pensar qué características tiene la ley. Esto nos va a dar una idea de la línea de construcción política hacia el sector de las telecomunicaciones del actual gobierno. El resto son palabras.
Tres semanas después de asumir el gobierno, Néstor Kirchner asume como propia la tarea que Duhalde dejó inconclusa debido al adelantamiento de entrega del bastón presidencial. Sancionó la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.
¿Qué importancia tiene esto?
Clarín, por tomar un ejemplo, durante los años noventa se endeudó de manera gigantesca con grupos transnacionales. Esto es producto de una política de compra masiva de canales y radios del interior que enriquecían su imperio comunicacional. Es decir, a través de una serie de préstamos que otorgó la banca internacional el grupo Clarin, compra, por ejemplo, Radio La Red , Cadena 100, Multicanal, las Productoras Pol-Ka, TyC Sports, Volver, Multideporte, Rural, repetidoras en el interior del país de canales abiertos, generando un monopolio de hecho y un oligopolio nominal de cómodas ventajas para ellos. Estas empresas ponemos sólo por citar ejemplos del multimedios más importante de la Argentina.
Según la Ley de Quiebras se ejecuta el cobro de las deudas a través de la confiscación de los bienes de determinada empresa que se encuentre en situación de quiebra. Es decir, Clarín estaba en situación de quiebra, junto con otros como Daniel Hadad, y por lo tanto, de perder sus propiedades (sus empresas periodísticas).
Dice el periodista Luis Pablo Ginger en su investigación "Los dueños de la palabra" respecto de la Ley de Protección de Industrias Culturales o según tituló La Nación la "Ley Clarín":
‘(…)no se encuentran alcanzados por la disposición de esta norma: a) los medios de comunicación que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de personas físicas o jurídicas extranjeras. b) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de la licencia celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y que aun no hayan sido aprobadas por los organismos competentes.’
(…)el Grupo Clarín –también La Nación , Crónica y otros- pudo quedarse tranquilo, ya que según reza el texto de Ley, ‘El Estado nacional preservará especialmente: […] d) El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación’ (art. 1) y se establece que ‘la propiedad de los medios deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta u máximo de 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%. Dicho porcentaje podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje que ellos permiten (art. 2)’"
Hasta ese momento Clarín tenía sólo un 18% en manos extranjeras. Es decir, no sólo se protege el patrimonio de los grandes monopolios nacionales sino que no se toca a los grupos extranjeros que ya están radicados en el país y se contempla mayor presencia extranjera.
Pero lo más importante de todo esto es que el gobierno de Néstor Kirchner a través de la sanción de la ley de Industrias Culturales (medios de comunicación) éstos no son alcanzados por la Ley de Quiebras, y por lo tanto, reposan tranquilos sin tener que pagar con sus empresas las deudas adquiridas para construir un mercado oligopólico.
En mayo de 2005 Kirchner sanciona el decreto 527. Éste establece la suspensión del conteo de los años de las licencias por 10 años. ¿Qué significa esto? El Estado otorga licencias para explotar las frecuencias radioeléctricas porque como hemos dicho éstas son Patrimonio de la Humanidad. Según la Ley, las licencias otorgadas durante el menemato eran otorgadas por 15 años. A esto la legislación le suma la posibilidad de una prórroga de 10 años más. O sea: 15 años + 10.
Muchas de las licencias estaban terminando su período de quince años. Lo que hace el gobierno de Kirchner es efectivizar la renovación de las licencias por 10 años, pero además, introduce una figura de esas que pasarán a la historia: la suspensión del conteo de los años de licencias por 10 años.
Pasado en limpio: no sólo les renueva las licencias por 10 años sino que además les regala 10 más porque suspende el conteo de los años. En definitiva, se otorgan nuevamente licencias a los multimedios por al menos 20 años (¡!).
Dicho en otras palabras, en mayo de 2005 en gobierno "progresista" de Néstor K sanciona por decreto el sostenimiento de este modelo de multimedios por nada menos que 20 años al renovarles las licencias a todos ellos entre 20 y 35 según el medio.
La última de las medidas importantes que sanciona el gobierno de Kirchner se ejecuta tres días antes de terminar su mandato para que sea continuado por la actual presidenta Cristina Kirchner. Néstor K aprueba la fusión entre Multicanal y Cablevisión, dos de las principales cadenas de televisión por cable en Argentina. Además de dejar en la calle a una gran parte de los trabajadores de estas empresas debido a su unificación –ya llevada a cabo-, esto implica que entre Multicanal y Cablevisión (ahora una empresa) Fibertel y Ciudad Internet controlen el ochenta por ciento de los abonados al cable y gran parte de los de banda ancha en Argentina.
Es evidente entonces la comunidad de intereses entre medios masivos de comunicación y monopolios y oligopolios financieros, y la incidencia de esta relación con el mensaje emitido. Esta relación les permite a los multimedios una capacidad de presión y lobby (incidencia en las decisiones de gobierno) que hace en que cada modificación de las estructuras legal y social se vea beneficiado las regulación y situación de estos.
El gobierno de Néstor Kirchner tiene como balance: aprobar la renovación de las licencias de los multimedios por 20 años como mínimo. Aprobar la fusión de Multicanal y Cablevisión, quienes junto a otras dos empresas controlan el 80 por ciento del cable y banda ancha en nuestro país. Sanciona la Ley de Industrias Culturales por la cual los multimedios quedan desafectados de la Ley de Quiebras.
Un aspecto que puede considerarse positivo es que modificó el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión que prohibía a las organizaciones sin fines de lucro ser poseedoras de licencias radiofónicas. Pero esta medida tiene la salvedad de que no se le permite a las cooperativas de servicio ¡"porque pueden generar condiciones de monopolio"! según el gobierno nacional. Sin embargo Clarín no parece ser monopolio, ni Multicanal y Cablevisión, etc.

La situación actual

Estos son los antecedentes que preceden nuestro debate. Sin embargo, hoy por hoy, los principales cuadros del área de comunicación del gobierno nacional afirman que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones es de carácter democrático y contiene las necesidades que vienen planteando las organizaciones populares expresadas en los 21 puntos difundidos por la Coalición por una Ley de Radiodifusión de la Democracia y los 14 principios elaborados por la sección argentina de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar con el mayor grado de serenidad posible más allá de los ánimos despertados por nuestras filiaciones políticas, sean cuales fueran.
Decíamos que es necesario además de conocer los antecedentes de la línea política K hacia los multimedios reparar en la situación política actual para pensar la posibilidad de un avance sobre los multimedios. En ese sentido cabe detenernos en dos cuestiones centrales: la capacidad del gobierno de hacer efectiva una normativa democrática sobre las comunicaciones, por un lado, y las necesidades y políticas de las empresas administradoras de multimedios por otra.
En el primer caso no es inocente haber introducido el término de si será el gobierno capaz de "hacer efectiva" una normativa democrática sobre las comunicaciones. Partiendo de la base de que una normativa se establece con el presupuesto de que ésta permite hacer modificaciones reales y de hecho sobre lo que legisla, la Ley de Telecomunicaciones de carácter democrática sólo cobra sentido si sirve para atacar el problema de la concentración de medios y el derecho a la información (entre otras cosas).
Hay experiencias recientes que aportan algunos elementos para pensar este ítem. Cuando el gobierno nacional lanza la Resolución 125 (aquella que origina el conflicto de tres meses sostenido por productores agropecuarios), lo hace sin generar consenso, a oscuras, en silencio. No solo que no envía el proyecto a la Cámara de Diputados, sino que no propone el debate hacia la sociedad sobre los problemas de fondo encabezados por la nunca por fin aplicada distribución de la riqueza. El proyecto fue para atrás por falta de consenso. Pero no porque no fuera una necesidad, sino porque no se profundizó en la posibilidad de hacerlo efectivo.
Es esta política de "digo que avanzo pero levanto los pies del acelerador" la que viene truncando cambios posibles.
En este sentido cabe decir lo mismo: si el gobierno nacional no somete el proyecto de Ley de Comunicaciones a un debate profundo a toda la sociedad a través de sus instituciones y verdaderamente participativo, el proyecto de ley será letra muerta. En otras palabras: si hoy los multimedios no respetan en cuestiones esenciales la vigente ley antidemocrática y detentan una suma de poder importante ¿por qué habrían de aceptar y poner en práctica una ley de la democracia si esta afecta todos sus intereses? Si hasta el propio vicepresidente de este gobierno Julio Cobos sale a hacer campaña propia después de su voto "no positivo" en el Congreso durante la resolución 125 ¿por qué no habrían de tener capacidad de lobby para cambiar la ley o que no salga o que salga a favor de ellos los grupos de la economía concentrada que administran medios?
Ninguna de estas preguntas puede ser respondida si no se da efectivamente el debate en la sociedad para que puede ser defendida una normativa de la democracia. Ninguna respuesta puede ser dada si no se pretende avanzar efectivamente en ese camino. Acá no puede ganar la necedad y torpeza política de un gobierno de 5 cuadros, sino la necesidad de otra regulación en comunicación, una de las mayores deudas de la democracia.
Hay un elemento en esta discusión que no puede ser soslayado: así como en estos años de democracia los sectores populares sostenemos que es necesario otro marco normativo, las empresas multimedios también encuentran sus necesidades pero no en sentido de hacer más democrática la distribución de licencias y otros debates sino en sentido de profundizar la explotación de ganancias.
En este sentido, el debate en torno del Triple Play es esclarecedor para comprender la táctica de los multimedios. El Triple Play es un sistema a través del cual puede brindarse banda ancha, televisión y telefonía por un mismo medio, a través de un mismo cable y a menores costos. Es tras este negocio que Clarín y Telefónica van construyendo sus redes oligopólicas.
Por ello es que resulta evidente que los medios masivos van a operar sobre el desarrollo de los acontecimientos en el sentido de sus necesidades sobre los sectores políticos hegemónicos, y queda bien claro que las necesidades de los multimedios no son las de la sociedad en su conjunto.
En definitiva, entonces: los antecedentes del gobierno en relación a su línea política hacia los medios masivos de comunicación no son de carácter democrático. Sin embargo, funcionarios de primera línea en el tema afirman públicamente que el carácter del proyecto de Ley de Telecomunicaciones es de carácter progresista y contiene los reclamos populares. Los medios también necesitan otra legislación para profundizar sus ganancias. La sociedad está retrasada en su debate sobre el debate de los medios. Si no se somete a un proceso de discusión nacional y real un proyecto democrático de ley de radiodifusión, es probable que no se sancione o que su rol sea poco más que decorativo.

Fuente: lafogata.org