SUMARIO:
1. Las mentiras de Cristina, Aníbal y Eduardo Luis en el Caso Bulacio.
2. Córdoba: dos muestras de la industria del crimen y la tortura. 3. Propagadizando la militarización. 4. El "gobierno de los DDHH" es el gobierno de los presos políticos. 5. Entrenados por expertos en reprimir.
6. Próximas actividades
LAS MENTIRAS DE CRISTINA, ANÍBAL Y EDUARDO LUIS EN EL CASO BULACIO
Supongamos que, cruzando la calle, un chofer, de una empresa cualquiera,
atropella y mata a propósito a una persona. Imagínese que, 17 años después, el
chofer sigue muy tranquilo en su casa, perteneciendo a la misma empresa, a pesar
de que haya una orden del máximo tribunal disponible de castigarlo. Y
supongamos que, para cumplir esa orden, el gerente de la empresa le ordena a
alguno de sus empleados que vaya y se presente como querellante en la causa
contra su otro empleado.
¿No diría usted que es ridículo y absurdo que la empresa mande a un empleado a
querellar a otro por el daño que le hizo ella misma a un tercero?
Pero por ridículo y absurdo que parezca, esto es lo que el ministro de justicia,
seguridad y DDHH, Aníbal Fernández, anunció el martes pasado en una conferencia
de prensa sobre el caso Bulacio.
El ministro leyó a los periodistas el decreto de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner que le ordena al ministerio que se presente como
querellante en la causa por la detención ilegal y muerte de Walter Bulacio, que
tenía 17 años en abril de 1991, cuando murió después de ser detenido y golpeado
en la comisaría 35ª de la PFA.
El decreto fue sacado entre gallos y medianoche para tener algo que decir en la
audiencia que el jueves pasado se hizo en Montevideo, convocada por la Corte
Interamericana de DDHH para que el estado argentino explicara por qué, a cinco
años de haber sido condenado en el caso, la sentencia dictada el 18 de
septiembre de 2003 sigue sin ser cumplida. En esa sentencia, la Corte
internacional ordenaba dos cosas centrales a la Argentina: terminar de una vez
la causa penal interna contra el comisario Miguel Angel Espósito, y eliminar de
su sistema todas las facultades policiales para detener personas
arbitrariamente, es decir, sin orden judicial ni en situación de flagrancia.
Entonces, para "mostrar la voluntad del gobierno nacional de cumplir la
sentencia en el caso Bulacio", como dijo a los jueces la representante del
estado, el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, va a pedir ser querellante
contra el comisario Espósito, y así, "garantizar los derechos de la familia
Bulacio". Como en el caso imaginario que planteábamos al principio, el
ministro Fernández mandó a uno de sus dependientes, el secretario de DDHH,
a querellar a otro de sus dependientes, un comisario de la policía
federal. Mientras tanto, la verdadera querella, sin la cual la causa se hubiera
cerrado hace 17 años, sigue separada del trámite, desde que en octubre de 2002
la cámara del crimen le quitó a la mamá de Walter el derecho a seguir siendo
parte.
Esa es una de las mentiras que circuló en los medios esta semana, bajo el título
"el gobierno argentino va a cumplir con la condena de la Corte IDH en el caso
Bulacio". La segunda mentira, es que el gobierno haya decidido cumplir
también la otra parte pendiente, la derogación de la doble A y los códigos de
faltas y contravencionales. "Vamos a convocar a una comisión de notables, un
ámbito de discusión e intercambio para estudiar cómo hacer esas reformas",
dijo la representación del estado el jueves en Montevideo. Y por supuesto, nos
invitaron a participar de una primera reunión allí mismo, al término de la
audiencia.
¿Hace falta una comisión consultiva, con personalidades "notables", para que el
gobierno le ordene a su policía que no detenga a nadie, salvo que esté
cometiendo un delito o se lo pida un juez? ¿Qué hay que debatir sobre un
proyecto de ley que sólo necesita decir "derógase la ley 23.950", en el ámbito
nacional, o la ley que corresponda en cada provincia?
Como decía el fundador del partido de gobierno, la única verdad es la realidad.
Y la realidad es que ni este gobierno, ni ningún otro que defienda los intereses
de los poderosos, va a deshacerse de sus más valiosas herramientas represivas,
las que permiten a sus fuerzas de seguridad detener a cualquiera, en cualquier
lugar, porque se les da la gana. Así se impone el control social, que todo
gobierno necesita aplicar a una sociedad dividida en clases. Y para ganar
tiempo, usan el cuento ya conocido de la "comisión".
No hace falta aclarar que declinamos el amable convite, a pesar del tentador
catering previsto, porque CORREPI no se sienta a dialogar ni acordar nada con
los empleados de un gobierno represor que nos mata un pibe día por medio. El
gobierno peronista de los Kirchner ya ha reclutado suficientes empleados en el
histórico movimiento de DDHH. A nosotros, pueden seguir esperándonos todo lo que
quieran, que no nos van a ganar nunca para que los ayudemos a lavarse la cara y
las manos, teñidas con la sangre de nuestros pibes.
CÓRDOBA: DOS MUESTRAS DE LA INDUSTRIA DEL CRIMEN Y LA TORTURA
Se dio a conocer en los medios esta semana que tres suboficiales y un oficial,
pertenecientes a la Comisaría 17ª de la ciudad de Córdoba, fueron detenidos por
haber alquilado armas a delincuentes.
Lo que se informaba como novedoso, sin serlo, es el modus operandi diario de la
policía en todo el país para proveerse de las armas que plantan a los pibes
asesinados por gatillo fácil simulando enfrentamiento y para proveer a los
menores de los barrios pobres obligándolos a robar para ellos, a los que, de lo
contrario, liquidan.
En este caso, como en tantos, las armas se secuestraban en los allanamientos y
no se reportaban a la fiscalía que había ordenado el procedimiento. Ocultadas
luego en el cofre de la seccional, a cargo del comisario Rodríguez, eran
alquiladas, a cambio de los botines que los "locatarios" obtuvieran en la zona
de los barrios Remedios de Escalada, María Lastenia y Guiñazú.
Lo que tampoco es novedoso es que se hable de "malos policías" y que la
responsabilidad de estos procedimientos se adjudique solamente a cuatro
subalternos, cuando en el mismo allanamiento hecho por el fiscal en la comisaría
cordobesa se encontraron armas en la caja fuerte a la que sólo el comisario
tiene acceso.
La verdadera industria del crimen y las "olas delictivas" tienen un único
promotor, el brazo armado del estado, en Córdoba y el pais entero.
En tanto, en la misma provincia serrana, el padre de Milton César Lescano (20),
un joven con retraso madurativo en la infancia, denunció que mientras su hijo se
encontraba en la terminal de micros de la ciudad de Hernando, fue detenido y
conducido a la comisaría donde le causaron heridas en rostro, cabeza y espalda
al empujarlo y golpearlo contra las paredes de la dependencia, mientras tenía
sus manos esposadas.
Además de haberle impedido a la familia que se comunicara con el hijo, Milton
fue amenazado para que no realizara ningún reclamo, el mismo miedo que le
aplican a los miles de jóvenes que sufren detenciones arbitrarias luego
fabricadas como contravenciones.
PROPAGANDIZANDO LA MILITARIZACIÓN
Según un informe de UNICEF publicado en enero de 2008, mueren veinticinco
menores de un año por día en Argentina por causas evitables, la mayoría de ellas
enfermedades respiratorias y desnutrición. Son más de 9.100 bebés muertos al año
por nacer en la pobreza. Ya muchos nos hemos acostumbrado a manejar la cifra de
50 niños (de 0 a 18 años) muertos diariamente por enfermedades de la pobreza en
nuestro país. Sin embargo, no vemos todos los días en el noticiero a la familia
de estos niños pedir trabajo, pedir cobertura médica, pedir medicamentos. No
vemos a los vecinos de sus barrios reclamando alguna planificación que permita
mantener con vida a los niños que van naciendo, no vemos a los intendentes
pregonando la necesidad de terminar con estas muertes. A los primeros no los
vemos porque los medios no los muestran, o mejor dicho los ocultan, a los
últimos porque están ocupados pidiendo policía propia y combatiendo la
inseguridad.
Una campaña de una o dos semanas al año mostrando aborígenes tobas consumiéndose
de hambre es suficiente para dar por mostrada el hambre de la población
argentina. El año pasado hubo un breve espacio para los niños desnutridos. Pero
los asesinatos, los robos a mano armada, los cuatro muertos en veinte días el
municipio de San Martín, esas noticias sí merecen ser publicadas una y otra vez,
en todos los canales de televisión, en las radios, en todos los diarios. El
miedo colectivo de sufrir un robo ha superado ampliamente el miedo de perder
diariamente cincuenta vidas. Ni hablar de que día por medio un chico sea
fusilado o torturado por las fuerzas publicas en algún lugar del país.
Nada de esto parece desvelar tanto como la inseguridad a los intendentes de la
provincia de Buenos Aires, alborotados por construir sus propias fuerzas
represivas comunales para atender a lo que, dicen, es el principal reclamo a de
la población. Con la complicidad de los medios de comunicación, hablan de la
inseguridad en general, ocultando dónde se genera, quién mueve los hilos, quién
vende las drogas, quién lidera las bandas de secuestradores, de piratas del
asfalto... ¿No es raro que los medios de comunicación jamás hablen de "olas de
gendarmes traficantes de drogas", "olas de policías gerenciadores de prostíbulos
con menores de edad", "olas de escuadrones de la muerte", "olas de torturas en
las cárceles"?
No, no es raro, si tenemos en claro cuál es la función que cumplen estos medios
a la hora de seleccionar la información y el modo de publicarla: Hacer que la
sociedad mansamente acepte la militarización constante del espacio público al
punto de tener libertad sólo para trabajar y consumir, y quien no consuma y con
su vida no esté dando provecho al bolsillo de nadie pase a poblar la lista de
los eliminables por los guardianes de la seguridad.
EL "GOBIERNO DE LOS DDHH" ES EL GOBIERNO DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Habitualmente leemos o escuchamos en los medios de comunicación sobre los
"aciertos y avances" del gobierno kirchnerista en materia de respeto a los
derechos humanos, condenando a algún represor de la dictadura, levantando museos
donde fueron torturados y desaparecidos miles de compañeros, recordando
hipócritamente, muchos de sus actuales funcionarios, aquellos tiempos
supuestamente ya superados en que eran perseguidos por cuestiones políticas,
omitiendo descaradamente sus responsabilidades en las persecuciones,
procesamientos, encarcelamientos y represiones actuales.
Desde el 8 de agosto, en otra muestra de cuál es su verdadera política de
derechos humanos, el gobierno kirchnerista duplicó el número de presos políticos
en sus cárceles: a los 25 presos rehenes del poder político se sumaron, de un
plumazo, 23 detenidos en el conventillo Hotel Carlos V de Constitución, donde
vivían 20 familias humildes que sufrieron un brutal incremento en el monto de
sus alquileres –de $380 a $1.200, mientras el Indec intervenido dice que la
inflación del último mes fue del 0,4%- y fueron reprimidos, desalojados y
encarcelados, a pedido de sus dueños españoles, por las fuerzas de seguridad.
Mientras los inquilinos se encontraban reunidos intentando resolver su situación
habitacional junto con integrantes de la Asamblea de San Telmo, y los dueños se
negaban a atenderlos porque ellos "no hablan con inmigrantes", un operativo de
la policía federal, infantería y el grupo GEOF, con más de 100 efectivos,
ingresaron por la fuerza al hotel derribando la puerta, arrojando gases
lacrimógenos y balas de goma sobre los ocupantes entre los que se contaban
mujeres, niños y ancianos. Entre los 23 detenidos, señalados por los exitosos
empresarios inmobiliarios y aprehendidos por la obediente policía federal, hay
siete mujeres; familias enteras permanecen hoy detenidas y alojadas en los
penales de Devoto, Marcos Paz y Ezeiza porque el juzgado de instrucción nº 5
rechazó, en tiempo record, las solicitudes de excarcelación aduciendo la
peligrosidad de los imputados a los que se acusa de usurpación, amenazas de
muerte, lesiones, daño, robo, atentado y resistencia a la autoridad y privación
ilegítima de la libertad, el clásico "combo" con el que se justifica el encierro
de pobres y luchadores sociales.
Previamente, los dueños españoles les habían advertido a los "inmigrantes" que
ellos controlaban a la policía y a los jueces porque abonaban regularmente la
correspondiente "cuota". Vemos entonces cuáles son las garantías y la seguridad
jurídica con que la presidenta invita en sus giras a los inversores extranjeros
que "contribuyen al desarrollo del país" para que inviertan sus euros o dólares
en Argentina.
ENTRENADOS POR EXPERTOS EN REPRIMIR
Un escueto cable de la agencia oficial Telam informa que los fiscales de todo el
país serán "capacitados" por agentes del FBI "en técnicas de investigación
criminal". El plan fue anunciado por la procuradora general de la Suprema
Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, en su carácter de
presidenta del Consejo Federal de Política Criminal del Ministerio Público, y
tendrá dos años de duración.
Falbo anunció que los expertos del FBI perfeccionarán a los fiscales con las más
modernas técnicas en criminalística que se utilizan actualmente en los Estados
Unidos. Seguramente harán un importante aporte en materia de interrogatorios,
enseñando las técnicas que utilizan en Guantánamo y las demás cárceles de la
CIA, como la deprivación sensorial o el waterboarding. Aunque puede que
algún fiscal con un poco de experiencia les aclare que "de eso último
ya tenemos", aunque en criollo le decimos submarino o mojarrita.
"La capacitación teórico-práctica organizada por regiones y sostenida a lo
largo del tiempo tiene como objetivo principal fortalecer las políticas de
persecución y represión de los delitos de manera eficaz y dentro del pleno
respeto de las garantías de todos los involucrados en el proceso", justificó
la procuradora.
Persecución y represión de los pobres, al servicio y a semejanza del amo
imperialista, de la mano de un gobierno que acrecienta cada día la entrega y
la dependencia.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 25 de agosto, en Reconquista, Pcia. de Santa Fe, CORREPI participará de la
Cátedra Libre de DDHH de esa ciudad, y previamente, por la mañana, de charlas y
encuentros con estudiantes y organizaciones locales. Serán de la partida los
compañeros María del Carmen Verdú, Silvia Góngora y Gustavo Filograsso.
En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a
las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el
programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel.
5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita. Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el
programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
