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Argentina: La lucha continúa
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CASO BULACIO: El estado argentino -que mata un pibe cada cuarenta horas- reconoció que la sentencia en la causa Bulacio sigue incumplida.
En la audiencia convocada por la Corte Interamericana de
DDHH (Corte IDH) a fin de que el estado argentino de explicaciones sobre el
incumplimiento de la sentencia dictada el 18 de setiembre de 2003 en el caso
Bulacio, representantes del ministerio de justicia seguridad y derechos humanos
debieron admitir que los dos puntos principales de la condena siguen
incumplidos. Las abogadas de CORREPI, que representaron a la víctima, señalaron
que las medidas anunciadas por el estado a cinco años de la condena, no son
oportunas ni suficientes, ni modificarán las permanentes violaciones a los
derechos humanos que comete el aparato represivo argentino, con un promedio de
una muerte por gatillo fácil y tortura día por medio.
En la audiencia realizada esta mañana en Montevideo estuvieron presentes el
Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y la Directora de Asuntos
Internacionales de la Secretaría, Andrea Gualde, quien admitió ante tres de los
jueces de la Corte IDH -Sergio García Ramírez, Manuel Ventura Robles y
Margarette May Macaulay-, que a cinco años de la condena dictada por el tribunal
internacional, el estado argentino no ha cumplido. Gualde enumeró las medidas
anunciadas el martes pasado por el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, como
la designación de Duhalde como querellante en la causa penal interna, y "la
creación de una comisión de expertos para adecuar la legislación en materia de
detención de personas a los estándares constitucionales y de derechos humanos".
Para tratar de explicar la paralización de la causa penal interna, pese a la
apariencia de trámite que le dan los permanentes recursos dilatorios de la
querella, la representante del estado recurrió al remanido argumento de la
división de poderes, lo que hizo que la jueza Macaulay se manifestara "pasmada"
ante la inacción del gobierno para asegurarse que sus jueces cumplan con las
obligatorias sentencias de la Corte IDH. "Si los jueces argentinos no saben
que nuestras decisiones son obligatorias para ellos, el poder ejecutivo podría
organizar seminarios para que lo aprendan", dijo la magistrada que
representa a Jamaica.
Las integrantes de CORREPI explicaron a los jueces que la política de estado que
ocasionó la muerte de Walter Bulacio hace 17 años, es la misma que hoy mata a
chicos que no habían nacido entonces, a un promedio de uno cada 40 horas.
Señalaron que buena parte de los casos registrados en sus archivos corresponden
a personas detenidas en comisarías sin haber cometido delito alguno, en virtud
de las facultades policiales para "identificar" o "averiguar antecedentes" , o
de los códigos de faltas o contravenciones. En un informe escrito presentado en
conjunto por CORREPI, CELS Y CEJIL, se adjuntaron, entre otros anexos, los
listados de unos 15 casos similares al de Bulacio, todos ocurridos en comisarías
argentinas después de la sentencia de septiembre de 2003.
Sobre el anuncio de que la Secretaría de DDHH sería querellante en la causa,
María del Carmen Verdú subrayó que el estado, lejos de ser la víctima en el caso
Bulacio, es, como en todo caso de gatillo fácil o torturas, el victimario, que
no puede pretender ser querellante. Aunque, aclaró, "eso lo deberá decidir el
juez de la causa, que bien podría dar al gobierno represor el derecho a ser
parte que desde 2002 se nos niega a nosotros como apoderados de la familia, pese
a la orden de la Corte de reponernos como querellantes" .
Respecto de la derogación de las normas y prácticas que habilitan a las fuerzas
de seguridad argentinas a detener personas fuera de los supuestos de flagrancia
o de orden judicial, la representante del estado usó el carácter de país federal
de Argentina para justificar el incumplimiento. CORREPI, en cambio, sostiene que
ningún gobierno, ni éste ni ningún otro, mientras ejerza el poder en nombre de
los que tienen todo, y quieren tener más, querrá desprenderse de esas valiosas
herramientas para el control social. "No hace falta una comisión de notables
para que el PEN mande al congreso el proyecto de derogación de la ley 23.950 de
averiguación de antecedentes, o para que inste a los gobiernos provinciales y la
ciudad de Buenos Aires a derogar los códigos contravencionales o sus normas
locales sobre Doble A, - dijeron las abogadas Verdú y Góngora- La
prometida 'Comisión de Notables' para estudiar el tema es una típica aplicación
de la doctrina peronista histórica: cuando te quieras sacar un tema de encima,
armá una comisión, decía el ex presidente Juan Perón".
Por último, los abogados de CORREPI, CELS y CEJIL peticionaron a la Corte IDH
que tome medidas más activas para asegurar el cumplimiento de su condena por
parte del estado argentino, y solicitaron que se requieran en forma directa a la
Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo Nacional,
infomes sobre las causas por las cuales no se ha cumplido todavía.
Después de la audiencia, en ronda de prensa, dijeron las representantes de
CORREPI: "Es un verdadero agravio a todas las víctimas de la represión
policial que los representantes de un gobierno que administra el estado
argentino hace cinco años vengan a llorar lágrimas de cocodrilo y a hacer
promesas de un cumplimiento en el que llevan esos mismos cinco años de demora".
La Corte IDH sesionará en noviembre próximo, fecha en la que puede emitir su
decisión sobre lo planteado, aunque los jueces fueron claros en manifestar su
preocupación por la falta de cumplimiento y la ausencia de iinterés real en
hacerlo.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e InstitucionalCiudad de Buenos Aires
• Argentina
correpi@fibertel. com.ar
http://correpi. lahaine.org/
DRAS MARIA DEL CARMEN VERDU (011) 154 417 0659 SILVIA GONGORA: (011)154 095 4062
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