La llamada "Campaña del Desierto" fue el mecanismo de apropiación militar de las
tierras que poseían los indígenas. En la misma Constitución fundante de nuestra
Nación se ordenaba al Congreso: "Proveer a la seguridad de las fronteras;
conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al
catolicismo". Recién un siglo después, en la vuelta a la democracia, la presión
de organizaciones indígenas condujo que se apruebe la ley 23.302, de política y
apoyo a las comunidades aborígenes. Aunque con importantes resabios
asistencialistas, fue un avance importante. Un rebote de ello fueron nuevas y
numerosas normas provinciales, en la década del ’80 y principios del ’90,
incluidas reformas de constituciones que consagraron los derechos indígenas.
En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revisó el Convenio 107
y aprobó el 169. Introdujo el concepto de "Pueblos Indígenas" y se retractó del
carácter asimilacionista del anterior. Fue ratificado en Argentina recién diez
años después.
La reforma de la Constitución de 1994, mediante el artículo 75 inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su
identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus
comunidades, posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan,
entrega de otras aptas y suficientes, asegura la participación en la gestión de
los asuntos que los afecten, especialmente en materia de recursos naturales. Una
legislación de avanzada, enorme paso para los Pueblos Indígenas, imposible de
darse sin la constante movilización de las comunidades. En septiembre pasado, la
Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Indígenas, otro
paso fundamental, ahora a nivel global.
Pero la realidad está alejada de toda la legislación. La depredación de los
territorios indígenas a manos de las empresas mineras, petroleras, madereras,
turísticas, inmobiliarias, Estado, Ejército y especialmente el avance de la
frontera agrícola con la soja denuncia a diario el incumplimiento de los
derechos indígenas.
A catorce años de la reforma constitucional, los Pueblos Indígenas continúan en
lucha, preservando su cultura, movilizados, defendiendo y recuperando
territorio. Quizá se pregunten quién es más atrasado: el que tiene una historia
aún no escrita, o el que no cumple lo que escribe y viola a diario los derechos
humanos. * Abogado especializado en Derecho indígena.
Los reclamos históricos
Darío Aranda
El derecho sobre las tierras que ocupan, los bienes naturales que poseen y la
preservación del medio ambiente; autonomía y participación en los asuntos que
les conciernen; derechos colectivos, cultura, identidad, educación, salud,
empleo e idioma son reclamos históricos de los pueblos indígenas del mundo, unas
370 millones de personas que hoy conmemoran su Día Mundial, en referencia al 9
de agosto de 1982, cuando se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo
sobre los Pueblos Indígenas de la ONU. Según datos de la misma organización, los
cinco mil pueblos indígenas que existen en 70 países son los más afectados por
la pobreza: son el cinco por ciento de la población mundial y, al mismo tiempo,
representan el 30 por ciento de los 900 millones de personas que subsisten en la
extrema pobreza.
También sufren el etnocidio, la posibilidad de desaparición como pueblos y
culturas. De las 6700 lenguas que se hablan en el mundo, 4000 son indígenas y
están en peligro de extinción y de ser sustituidas por lenguas dominantes. Y
debido a violaciones a los derechos humanos y al deterioro del medio ambiente,
el 50 por ciento de los indígenas fueron desplazados de sus territorios
ancestrales y viven en las ciudades.
Entre los reclamos históricos de los pueblos indígenas de América sobresalen las
matanzas que sufrieron para ser despojados de territorio. Que el Ejército hoy
permanezca en territorio ancestral es considerado por las comunidades como la
permanencia de un crimen aún impune.
