Juan Carlos Giuliani
Prensa red

El 30 de julio otra vez ardió Córdoba. El fragor represivo se coló por las pantallas de televisión, al compás de la impudicia de un Gobierno que no trepida en ajustar los bolsillos de los trabajadores.

El gobernador Juan Schiaretti, quién asumió rodeado de un manto de sospecha por las consistentes denuncias de fraude en el acto electoral del 2 de septiembre del año pasado, aplicó sin anestesia una reforma jubilatoria que aniquila el Régimen Previsional de la provincia, mientras apaña hasta el empacho las tasas de ganancia de los grandes grupos económicos que han encontrado en Córdoba una suerte de paraíso fiscal.

La ley se aprobó literalmente a los palos. La policía desencadenó una brutal represión para impedir que los trabajadores hicieran blanco de su ira en la Legislatura.

Como ocurriera en la agonía del régimen angelocista, o durante el ajuste salvaje del gobierno de Mestre y, más cerca en el tiempo, cuando De la Sota logró la sanción de la Ley del Nuevo Estado con el voto comprado del senador Bodega, nuevamente la sede del Poder Legislativo estuvo vallada y convenientemente blindada por más de un millar de efectivos de la Guardia de Infantería.

¿Qué clase de democracia es la que se ejerce atrincherados en las poltronas oficiales mientras el pueblo inunda las calles para clamar, impotente, por tanta impunidad e injusticia social?

La noción demoliberal de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes está severamente cuestionada después de casi un cuarto de siglo de retorno del sistema democrático al país.

Más aún, en diciembre de 2001 hizo eclosión el formato de democracia republicana poniendo en crisis el sistema de representación política y esbozando la necesidad de engendrar una democracia con carnadura social y fuerte protagonismo popular.

Los políticos, que parecen interesarse tan sólo por el calendario electoral, no terminan de tomar nota de esta situación y siguen danzando en la cubierta del Titanic, mientras arrecia el descontento popular.

Schiaretti, ex militante del peronismo revolucionario en los '70, reciclado como la mano derecha de Domingo Cavallo durante la fiesta menemista, tuvo su bautismo de fuego en la administración de la cosa pública cuando Menem lo designó interventor en Santiago del Estero, en un último intento de apagar el fuego provocado por la revuelta que pasó a la historia como el 'Santiagueñazo'.

Su gestión fue tan desastrosa que cuando hubo que convocar a las urnas los Juárez, destinatarios de la bronca de la gente que originó la intervención federal, se alzaron con una cómoda victoria.

El actual gobernador cordobés abandonó el pago de los Carabajal sin pena ni gloria y perseguido por una estela de denuncias por supuestos actos de corrupción.

Después, acompañó durante ocho años y medio a José Manuel De la Sota como Ministro de la Producción, Ministro de Economía y, finalmente, como vicegobernador, antes de ponerse el traje tramposo de mandamás provincial. En tal condición, fue partícipe necesario del vaciamiento y alevoso nivel de endeudamiento en el que se encuentra postrada Córdoba.

Schiaretti, que alcanzó notoriedad pública por su sobreactuado apoyo al lock out del campo y que hace tan sólo unos días lloró ante las cámaras de televisión cuando escuchó la condena a cadena perpetua y en una cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez, no dudó en usar la maldita policía cordobesa para acallar con balas de goma, gases y palos la justa reacción de los trabajadores que, una vez más, son el pato de la boda en esta monumental estafa a la fe pública.

Al fin y al cabo, los que detentan el poder real en la provincia siguen acumulando fabulosos negocios. Porque los gerentes podrán estar en problemas coyunturales, o no tanto, pero ellos, los Pagani, Urquía, Roggio, la Fundación Mediterránea, la Bolsa de Comercio, continúan siendo los beneficiarios directos de este capitalismo prebendario.

Los patrones de Córdoba ya se encargarán de tirarle una soga a sus gerentes para que sigan velando escrupulosamente por sus intereses. Aún a costa de reverdecer el espíritu de unidad y lucha de los trabajadores cordobeses, hartos de tanta infamia, doble discurso y latrocinio.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Organización del CISPREN.