Correpi Sur

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos encabezado por Aníbal Fernández, resolvió autorizar a la Policía Federal para que use munición de proyectil expansivo.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos dictó el pasado 4 de julio la Resolución 1770/2008 por la que autoriza la provisión de munición de proyectil expansivo a las Unidades Especiales de la División Grupo Especial de Operaciones Federales (G.E.O.F.), del Grupo Especial 1 - G.E. 1 y al personal de la P.F.A. que presta servicios de custodia.
Las municiones de proyectil expansivo son aquellas que al impactar contra una persona se expanden, causándole un daño mucho mayor, al tiempo que disminuye su capacidad de penetración, por lo que en general los proyectiles quedan alojados en la víctima.
Para fundar la resolución, el Ministerio señala que "la munición de proyectil expansivo tiene la capacidad de inhibir eficazmente (…) el poder ofensivo de un eventual agresor" (negando la práctica de gatillo fácil, al sostener que el personal policial sólo dispara contra agresores) y que "la munición de proyectil expansivo disminuye (...) la velocidad y los eventuales rebotes en superficies duras, lo que contribuye a salvaguardar la integridad física de ciudadanos que se hallaren en los recintos o en las áreas circundantes al lugar de un enfrentamiento armado", tras lo cual afirma que "la munición de proyectil expansivo fue concebida para el empleo específico por parte de fuerzas de seguridad y policiales de un importante número de países del mundo".
El G.E.O.F., al estilo de los SWAT yankys, suele emplearse para allanar villas de emergencia. El G.E.-1, que forma parte del Cuerpo Guardia de Infantería, fue reactivado tras diciembre de 2001 con el fin declamado de "reducir dementes", pero se emplea para desalojar familias pobres que ocupan inmuebles. Ninguna de las tareas (declamadas o reales) del GE-1 justifica el empleo de armas letales, ni el de proyectiles expansivos. La adopción de estos proyectiles se contrapone claramente con el argumento de disminuir los riesgos contra la integridad física de las personas, ya que si bien disminuye el número de personas que pueden ser lesionadas aumenta en gran medida la gravedad de las lesiones sufridas por quien sea alcanzado. Además, estos proyectiles fueron prohibidos para su uso militar desde la declaración de La Haya del 29 de julio de 1899, aunque siguieron siendo empleados por las potencias coloniales contra los pueblos "salvajes" que no habían adherido a dicha declaración. La adopción de estos proyectiles para su uso policial es una nueva muestra de la política de exterminio adoptada contra las víctimas del gatillo fácil.