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Argentina: La lucha continúa
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El agro-capitalismo de la soja
Claudio Katz
El gobierno chocó con el agro porque apuesta a un modelo económico
neo-desarrollista, que manteniendo el pago de la deuda privilegie la subvención
estatal a los grandes industriales. Kirchner confesó que el verdadero objetivo
de las retenciones era ese.
El conflicto entre el ruralismo y el gobierno reprodujo inicialmente una
conocida disputa de la historia argentina. Como a diferencia de la energía o
ciertos servicios la tierra nunca estuvo nacionalizada, los propietarios del
campo se consideran dueños de la renta agraria. Han confrontado con todas las
administraciones que intentaron utilizar parte de esos recursos para otros
fines.
Esta pugna por dinero fue habitualmente recubierta de valores patrióticos y
cuestionamientos al "fiscalismo del estado" o al "egoísmo" de los productores".
Pero el enfrentamiento reciente presentó una intensidad inédita e ilustró la
irrupción de un sujeto capitalista que logró doblegar al gobierno.
LAS BANDERAS DEL RURALISMO
La campaña contra las retenciones móviles -que gravan las exportaciones en
proporción al aumento del precio internacional de la soja- instaló la creencia
que este impuesto es ilegitimo e inconstitucional. Los ruralistas afirmaron que
el gravamen es "inconcebible en otros países", olvidando cuántos gobiernos
aplican alguna variante de esa norma. Un impuesto a las ganancias excesivas rige
por ejemplo en Estados Unidos desde 1917 para financiar las guerras.
Quiénes despotrican contra la "confiscación" de las retenciones, ocultan que los
ingresos generados por el encarecimiento de la soja fueron mucho más
significativos(2). Se presentan como víctimas de la voracidad fiscal, sin
mencionar que las retenciones sólo aportan el 10% de la recaudación, mientras
que el IVA representa el 42% de esos ingresos. Han colocado en la agenda pública
la disminución de sus impuestos como un bien más apreciado y urgente que la
reducción de los gravámenes al consumo. Del IVA nadie habla, pero una pugna
suscitada por un adicional del 1% de la recaudación paralizó al país.
Los ruralistas sostuvieron que el aumento de los costos erosiona sus beneficios.
Pero estos incrementos no treparon en la misma proporción que la soja, cuyo
precio máximo fue 300 dólares en los últimos quince años y en la actualidad
ronda los 600 dólares. Esta cotización modifica todos los parámetros del
agro-negocio a favor de la soja(3).
El bloque agrario consiguió implantar su demanda de rentabilidad como un dato
normal de la vida social. En lugar de discutir la miseria que padecen los
trabajadores y desocupados se habla de los lucros que le corresponderían al
campo. Pero los esporádicos cálculos que circulan sobre esos beneficios retratan
promedios muy significativos(4).
Estas cifras están respaldadas por el precio de la tierra, un indicador objetivo
del agro-negocio que siguió ascendiendo durante todo el conflicto. Esta
valorización ha sido el trasfondo de la irritación que exhibieron los
contratistas, afectados por el incremento de los alquileres que acompaña al
encarecimiento de la tierra. En un orden de costos, el arrendamiento ocupa el
primer lugar, seguido por la comercialización, la siembra, la cosecha y
finalmente los herbicidas o fertilizantes(5).
Pero los contratistas no realizaron esta discriminación, ni se insurreccionaron
contra el precio de los arriendos. Se olvidaron de lo pagado a los propietarios
y canalizaron toda su furia contra la recaudación del estado. Cuestionaron el
gravamen que establece un poder público y no la renta que percibe el dueño de la
parcela.
Esta actitud reflejó su visión de la primavera económica que atraviesa la Pampa
Húmeda luego de la crisis de los 90. Atribuyen esta mejora a la naturaleza y al
mercado mundial olvidando el efecto de la hiper-devaluación, que solventó el
grueso de la población y facilitó la recuperación exportadora. Pero, además,
observan la valorización de la tierra como un dato favorable, ya que se
consideran parte del nuevo modelo sojero.
Esta reivindicación explica la convergencia de la Federación Agraria [pequeños y
medianos agricultores] con la Sociedad Rural [grandes terratenientes]. Los
herederos del Grito de Alcorta actuaron en común con los sucesores de Martínez
de Hoz bajo la bandera de anular la movilidad de las retenciones, porque han
tejido estrechos lazos con los popes del agro-negocio. En lugar de pelear contra
los grandes propietarios, ahora intentan compartir con ellos los frutos del
cambio registrado en el capitalismo agrario.
EFECTOS DE LA TECNIFICACIÓN
Desde la introducción de la siembra directa, las semillas transgénicas y las
nuevas cosechadoras, en un día de trabajo se realiza lo que antes requería un
mes. Esa tecnificación incrementó sustancialmente el área y los rendimientos de
varios cultivos. De 99 millones de toneladas producidas en el 2002 se pasó a 135
millones y Argentina se afianzó como un gran exportador mundial de aceite,
girasol, maíz, maní y soja(6).
Esta oleaginosa desplazó a los cereales y la ganadería, mediante un esquema que
en gran medida sustituye la vieja dependencia del clima y la fertilidad, por los
parámetros de capitalistas de la inversión. Como consecuencia de este cambio la
concentración de tierras ha perdido importancia frente a la concentración del
capital, ya que sólo 10 firmas aportan el 75% de la producción. Algunos
investigadores igualmente sostienen que la primacía de los viejos propietarios
no ha desaparecido(7).
Pero esta continuidad no indica la subsistencia de la vieja oligarquía. Esa
denominación aludía al terrateniente, que lucraba pasivamente con la renta
generada por el pastoreo y el engorde de las vacas. En condiciones de
persistencia de esa renta, la agricultura ha incorporado un nivel de
tecnificación ausente en esa época. Otro cambio relevante ha sido la
transformación del chacarero [pequeño propietario de tierra] en pequeño y
mediano contratista. Ante la abrupta reducción del tiempo requerido para la
actividad agraria, los antiguos arrendatarios han desaparecido junto a la
explotación familiar. Quiénes lograron dotarse del capital suficiente para
poseer una cosechadora trabajan en varios predios, en un escenario dominado por
el alquiler en el grueso de la superficie pampeana (entre 55% y el 70% del área
total)(8).
Esta transformación también modificó el papel de los propietarios. Con el
boom de la soja los ingresos generados por la simple tenencia de la tierra
aumentaron abruptamente, beneficiando a todos los poseedores de algún predio
significativo. El dueño de 100 hectáreas en la Pampa Húmeda obtiene unos 6.000
pesos [unos 1.500 euros, lo que en Argentina es un ingreso importante] mensuales
del alquiler de su tierra. Además, la posesión de 150 hectáreas le permite
contar con un patrimonio cercano a 1,5- 2,2 millones de dólares, es decir un
ingreso que lo ubica nítidamente en la clase media-alta de las ciudades(9).
A diferencia de los años 90, los contratistas que a su vez son rentistas no
enfrentan ninguna amenaza de quebranto. Por eso frecuentemente afirman que las
retenciones "conspiran contra su estilo de vida", al empujarlos a sustituir el
trabajo directo por el alquiler del campo. En ese caso pasarían a vivir de un
alto ingreso, en condiciones muy alejadas de los padecimientos que soporta la
mayoría de la población.
El nuevo contratista tiene muy pocas afinidades con el viejo chacarero que forjó
la Federación Agraria. Por esta razón la demanda de anular las retenciones
móviles tuvo primacía sobre el programa histórico de reforma agraria y Junta
Nacional de Granos. Tampoco los antiguos cooperativistas se parecen a los
empresarios medianos que controlan CONINAGRO [Confederación Intercooperativa
Agropecuaria]. A su vez, los grandes propietarios de CRA [Confederaciones
Rurales Argentinas] se han convertido en grandes burgueses y los latifundistas
ganaderos de la Sociedad Rural en agro-capitalistas. Como consecuencia de estos
cambios, solo un porcentaje mínimo de los productores mantuvo su vieja
afiliación gremial, lo que explica la gran autonomía que demostraron las
asambleas de auto-convocados.
El nuevo capitalista mediano de la soja actúa con plena conciencia de su rol
empresarial. Por eso no exigió el manejo estatal de la provisión de herbicidas
frente al aumento de los insumos. Tampoco reclamó la nacionalización del
comercio exterior, ante las estafas que realizan los exportadores. Estas
demandas estuvieron ausentes por una percepción de intereses comunes con los
grandes actores del complejo sojero.
Esta convergencia oculta las enormes brechas sociales que se han creado dentro
del agro pampeano. La subordinación de los sectores populares de los pueblos a
una dirección capitalista tornó invisibles esas polaridades. Lo que predomina es
el criterio de celebrar los negocios como una gran aventura mientras se gana
dinero, y culpar al estado cuando la coyuntura se torna adversa.
"PEQUEÑOS PRODUCTORES"
En lugar de caracterizar al nuevo estrato de capitalistas medianos que lideró la
protesta rural se ha generalizado su reivindicación como pequeño productor. Esta
denominación confunde al viejo arrendatario explotado por los latifundistas con
los contratistas y propietarios de pequeña o mediana dimensión. Si consiguen
combinar la tenencia de una pequeña propiedad (100-200 hectáreas) con una
cosechadora o sembradora, logran importantes lucros con el cultivo de soja, que
requiere menos inversión que el trigo o el maíz(10).
El término de pequeño productor correspondería más bien a los propietarios de 50
o 60 hectáreas, de las zonas con rindes bajos, alejadas del boom sojero.
También podrían encuadrarse en esa categoría los campesinos extra-pampeanos que
desenvuelven una agricultura familiar en predios de 5 a 20 hectáreas. Este
sector de productores de frutas, hortalizas, legumbres, caña de azúcar, tabaco o
yerba mate estuvo ausente del bloque ruralista durante el conflicto, porque son
víctimas de la expansión sojera.
Por la misma razón que nadie califica al industrial mediano de pequeño productor
urbano es engañoso utilizar este término en el agro pampeano. El propio Buzzi
[presidente de la Federación Agraria Argentina, FAA] se autodefinió varias veces
como exponente de la "burguesía mediana". Este concepto es más esclarecedor, ya
que retrata la actividad de un contratista que emplea peones. Es importante
resaltar esta función frente a las miradas que idealizan a un sector que
cumpliría un papel progresivo, mientras lucra con el sufrimiento de los peones y
el usufructo de una renta que le corresponde a todo el país(11).
Esta hostilidad hacia los trabajadores rurales ha sido un dato cuidadosamente
ocultado. Los asalariados del campo padecen un régimen laboral impuesto hace
tres décadas por la dictadura que impide la vigencia de las ocho horas,
desconoce la entrega de ropa de trabajo y el otorgamiento de extras por
escolaridad. Por esta razón en el campo rige una elevada tasa de informalidad
laboral (63%) y remuneraciones que apenas alcanzan al 60% del promedio urbano.
El protagonismo de los contratistas y rentistas durante el conflicto ha
oscurecido la terrible polarización social que genera el modelo sojero.
Argentina produce alimentos básicos para alimentar a 450 millones de personas,
pero hay dos millones de personas que no consumen los nutrientes indispensables.
Este dato ilustra como el esquema actual afianza el abismo entre los opulentos y
los desamparados(12).
EL DISCURSO REDISTRIBUTIVO
El gobierno enfrentó los reclamos ruralistas proclamando una redistribución del
ingreso que en realidad no implementa. Con el 35% de retenciones que recaudaba
antes del conflicto ya manejaba ingresos suficientes para introducir mejoras
sociales. Podría haber destinado el superávit fiscal récord a incrementar el
salario mínimo, elevar las asignaciones a los desocupados o introducir la
movilidad de jubilaciones.
Solo al promediar el conflicto Cristina anunció que el dinero recolectado con
las nuevas retenciones se utilizaría para construir hospitales. Pero la cifra
comprometida con esta finalidad equivalía a un tercio del costo del tren bala y
nunca se aclaró que ocurriría con la iniciativa sanitaria ante una caída del
precio de la soja. Solo la estatización en marcha de Aerolíneas Argentinas, le
costará al fisco la mitad de la recaudación esperada con las retenciones.
El gobierno es incapaz de transformar el modelo sojero porque ha sido su
principal impulsor a través de una alianza privilegiada con Grobocopatel [uno de
los principales grupos empresariales argentinos, el primer productor de trigo
del país y el segundo de soja] y Urquía [Roberto, Senador nacional, propietario
de una aceitera y gran exportador]. Estos compromisos lo indujeron a encubrir la
evasión impositiva de 650 millones de dólares, que realizaron los grupos
exportadores al anotar anticipadamente operaciones de compra-venta.
Los Kirchner estimularon la comercialización privada que genera los grandes
lucros del agro-negocio. Mientras atacaban verbalmente esa intermediación
pusieron en marcha la re-privatización de ocho corredores de rutas, a favor de
seis concesionarios que administran el peaje sin realizar ninguna inversión.
También apadrinaron durante años a los pools de siembra que cuestionaron
durante la crisis, manteniendo una legislación financiera que asegura la
capacidad de estas compañías para operar en gran escala y negociar con ventaja
alquileres e insumos. Lo que impide la redistribución del ingreso es esta
duplicidad de un matrimonio, que en el 2002 criticaba duramente las mismas
retenciones que ahora defendió.
Pero el gobierno chocó con el agro porque apuesta a un modelo económico
neo-desarrollista, que manteniendo el pago de la deuda privilegie la subvención
estatal a los grandes industriales. Néstor Kirchner y el jefe de la bancada del
PJ [partido Justicialista, peronista], Pichetto, confesaron que el verdadero
objetivo de las retenciones era mantener ese destino del gasto público.
La derrota del gobierno abre ahora un interrogante sobre la continuidad de este
esquema, ya que la propia UIA [Unión Industrial Argentina] se alejó
momentáneamente del oficialismo ante un giro económico adverso, que se verifica
en frenos de la producción, caídas de ventas y continuidad de la inflación. La
improvisación gubernamental acentúo este distanciamiento, ya que para frenar la
especulación con el dólar fue socavando el tipo de cambio alto, que es el pilar
del modelo. Cristina sigue tuteándose con los directivos de Techint [la mayor
multinacional argentina], pero el esquema neo-desarrollista trastabilla.
VOLVER A EMPEZAR
Con la anulación de la resolución 125 el bloque ruralista logró retrotraer las
retenciones al 35 % fijo. Toda la cosecha almacenada será comercializada a esa
tasa y dentro del circuito de la soja se repartirán los 1.250 millones de
dólares en disputa con el controvertido decreto. Los ganadores inmediatos serán
los exportadores y sobre todo los grandes productores, que pagarán un impuesto
inferior al estipulado en el proyecto de ley que rechazó el senado.
Esta iniciativa incorporaba una segmentación del impuesto por volumen de
producción, que el gobierno primero concedió a quiénes producen menos de 500
toneladas. Luego introdujo una escala que situaba las retenciones en un 30%
hasta 300 toneladas, 35% hasta 750 toneladas y 40% por encima de 1500 toneladas.
Esta diferenciación quedó sepultada con la derogación del decreto oficial,
determinando una clara pérdida para quiénes fueron el estandarte de la revuelta
rural(13).
Esta situación ha conducido a una paradójica combinación de festejos y lamentos
por parte de Buzzi. Cuestiona la desmejora que sufren sus representados como
resultado de un gran triunfo. Esta ridícula situación solo confirma lo que podía
anticiparse: la consigna común de la mesa de enlace sirvió a los más poderosos.
Tal como ocurre en los negocios corrientes, los grandes capitalistas se
aprovechan de sus socios más pequeños en sus reyertas con los gobiernos.
Pero seguramente en la próxima cosecha se implementará alguna variante de las
leyes debatidas en el Congreso, aceptando el mayor poder conquistado por el
lobby ruralista. Para reintroducir la movilidad, el gobierno intentará
consensuar la propuesta del PJ disidente (Sola, Reuteman, Schiaretti), que
apuntó a reducir la curva de incremento de la alícuota de las retenciones frente
a una suba del precio internacional.
También se recrearían las compensaciones, pero asegurando como pide la FAA que
nadie queda afuera, es decir segmentaciones hasta 3.000 toneladas para cubrir al
96% de los productores. Nuevamente la bandera del pequeño productor servirá para
subsidiar a capitalistas, que no necesitan ningún socorro estatal para seguir
acumulando fortunas.
Durante el conflicto se verificó una disposición del gobierno a otorgar
concesiones muy superiores a la anulación de la movilidad de las retenciones.
Solo las compensaciones reducían a la mitad la recaudación buscada con esa
medida. Pero además se acordó un subsidio al flete y la apertura parcial de las
exportaciones de carne y trigo. Se discutió aliviar los precios de los insumos
importados por alguna vía fiscal o cambiaria y hubo promesas de créditos blandos
o futuras deducciones del impuesto a las ganancias.
Pero este jolgorio no estará exento de conflictos, ya que hay mucho dinero en
juego y su distribución pondrá sobre la mesa temas más conflictivos, como la
modificación de la ley de arrendamientos. Mientras que los grandes pools
de siembra no objetan este cambio, los grandes propietarios lo ven con malos
ojos.
UN PROGRAMA PERDURABLE
Al cabo de cuatro meses de intenso debate agrario todo el país ha tomado
contacto con el modelo sojero. Se destapó, además, una discusión impositiva que
tanto el ruralismo como el gobierno querían evitar. El debate parlamentario que
ahora todos ponderan, siempre fue evadido por ambos bandos. Por un lado, el
bloque agrario tradicionalmente apostó a la eliminación total de las retenciones
y no a su regulación legislativa. Por su parte, todos los gobiernos buscaron
mantener la potestad del ejecutivo para establecer un gravamen que no se
coparticipa.
La crisis puso sobre la mesa un debate sobre la redistribución del ingreso, que
volverá a replantearse. Por esta razón resulta indispensable desarrollar un
programa para afrontar con soluciones populares el resurgimiento del problema
agrario. Esta plataforma exige considerar ante todo la situación del peón rural
y derogar de inmediato la ley de la dictadura, para asegurar un salario mínimo
equivalente al costo de la canasta familiar.
Las retenciones deberían mantenerse hasta tanto se organice un nuevo sistema
impositivo de carácter progresivo. Este instrumento debería limitarse en el
nuevo esquema a divorciar los precios locales de los internacionales, para que
el lomo no cueste los 80 pesos [20 euros] que reclamó De Angelis. Los ruralistas
no proponen encarecer los consumos de lujo para abaratar los cortes populares.
Quieren establecer el principio de aproximar lo más posible el precio local a
las cotizaciones de exportación en todos los rubros.
Las retenciones móviles, diferenciadas (para desalentar la soja frente a otros
cultivos) y coparticipables (para que su uso se controle localmente) deberían
contribuir a bajar el IVA hasta su eliminación. Pero deberían cumplir esta
función mientras se establecen los dos impuestos progresivos decisivos: uno a
las ganancias y otro a la renta para permitir una transferencia de riqueza hacia
las mayorías populares.
Para que este esquema sea factible es indispensable poner fin a la fenomenal
evasión que salió a flote, ante el escaso número de productores que se presentó
a solicitar compensaciones (para evitar la inscripción fiscal). La evasión se
consuma con maniobras para subvaluar y ocultar cosecha, crear arrendatarios
fantasmas o declarar campos alejados de las rutas.
Un pilar de la transformación agraria debería ser la reconstitución de la Junta
Nacional de Granos, para asegurar el manejo estatal de la compra y venta de los
cereales. En cambio el gobierno solo ha considerado hasta ahora un proyecto para
gestar una entidad de seguimiento de la actividad rural.
El monopolio estatal de comercio exterior debería instrumentarse junto a una
nueva ley de comercialización, que neutralice el manejo de los oligopolios y
supermercados en la fijación de los precios de los alimentos. Frente a una
escalada de carestía se requeriría la aplicación de la ley de abastecimiento y
formas de control popular de precios.
Es también prioritaria la re-nacionalización del circuito de trenes y puertos
privados, que el gobierno critica pero no modifica. Anular el tren bala
constituiría un punto de partida para reconstruir la red ferroviaria para el
transporte de cereales.
Pero una transformación popular del agro no prosperará sin nacionalizar el
manejo financiero del agro-negocio y garantizar el manejo estatal de los
laboratorios que proveen insumos, fertilizantes y agro-químicos.
Un plan agrario debe promover, además, una política de créditos y asesoramiento
técnico. Por esta vía se puede combatir el monocultivo, diversificar la
producción y asegurar la soberanía alimenticia.
La regresión social que impone el modelo de la soja no obedece al nivel de los
impuestos, sino a la vigencia de las reglas del beneficio. Si estos patrones de
rentabilidad continúan guiando la producción, no se revertirá la crisis de la
lechería y el estancamiento del stock ganadero. Y tampoco se reducirán
los efectos devastadores de este esquema sobre el medio ambiente(14).
"Dejar en libertad al campo" equivale a multiplicar la desigualdad y reforzar un
modelo que no industrializa, ni crea empleo. El problema no es la soja, sino la
agricultura capitalista. Llegó el momento de comenzar a revertir ese sistema,
generando alimentos para todos y transformando la renta agraria en un bien
colectivo.
22-7-08
Notas
1. Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de
Izquierda). Su pagina web es:
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