Entre 2002 y 2006, en Salta dejaron de existir 415 mil
hectáreas de bosque nativo, índice de desmonte que supera el promedio mundial,
según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, que también reconoce a la soja
como la causa de ese mal. Sobresalen los conflictos en tierras aledañas a la
Ruta Nacional 86, al norte provincial, históricas disputas con ingenios
azucareros (el San Martín, de la compañía Seabord Corporation es el más
resonante) y, en el sur provincial las disputas se dan con grandes fincas (en su
mayoría viñateras) que adquieren extensiones de tierra con históricos ocupantes
dentro y manejan unilateralmente el agua. La organización Encuentro Calchaquí
advierte el avance de otro mal: más de cuarenta prospecciones mineras de oro,
plata, cobre y plomo.
Jujuy: industrias contrarias al indígena
Con gran presencia del pueblo Kolla y Guaraní, además de la disputa por la
tierra, sobresale la actividad minera (yacimiento Pirquitas, Minera Aguilar y
Orosmayo) y los conflictos con empresarios turísticos en la zona de Humahuaca.
"El gobierno provincial alienta cuatro polos productivos: la industria del
azúcar y el tabaco, el turismo y la minería. Todas ellas atentan contra nuestros
territorios y nuestra forma de vida", explicó Ariel Méndez, de la Red Puna. En
el reciente conflicto, apuntaron hacia ambos bandos: "Repudiamos las políticas
de exclusión y saqueo de los territorios en que vivimos; políticas promovidas
por los grupos económicos que tienen como cómplices a los gobiernos de turno".
Córdoba: FAA y su otro rostro
"El campo profundo reclama tierra, que no se destruya más el medio ambiente,
agua, y reclama políticas para frenar el éxodo hacia las ciudades. Y todo esto
no depende de las retenciones, depende de políticas reales que ningún gobierno
impulsa", afirma el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), fuerte en el norte
provincial. Sus pesares pasan por los agrotóxicos que envenenan huertas
comunitarias, animales y familias, los desalojos y la falta de agua. Denuncian
el rol silencioso y silenciado de la Federación Agraria. "La FAA no dice que sus
afiliados, con la complicidad del sistema político y jurídico, desalojan
campesinos. Y sinceremos que esos productores no cosechan alimentos en beneficio
del pueblo, producen forrajes para la especulación en el mercado externo."
Chaco: deforestación, soja y muerte
Histórica provincia algodonera, de población indígena y campesina, el modelo
de agronegocios tuvo un costo: perdió la mitad de sus tierras fiscales (1,7
millón de hectáreas), aumentó la concentración de campos, sufrió el masivo
traslado de la población rural hacia zonas urbanas y se volvió noticia cotidiana
por la muerte de población indígena. Existe un centenar de comunidades
originarias, la gran mayoría vio el "conflicto del campo" como una pelea ajena,
con enemigos en ambos bandos y el modelo agrario como causa de sus males.
Similar mirada aportan las 29 organizaciones campesinas que articulan en la Mesa
Provincial de Pequeños Productores, que nuclea a 4500 familias minifundistas.
"Esas cuatro patronales no nos representan, pero tampoco el Gobierno, que nos ha
fallado, nos abandonó", explica tajante Angel Machuca, referente de la Mesa y
presidente de la Unión de Pequeños Productores del Chaco (Unpeproch).
Misiones: pinos, represas y turismo
Los sucesivos gobiernos misioneros fomentaron tres actividades que chocan
con comunidades indígenas y campesinos. Plantas de celulosa, emprendimientos
turísticos que avanzan sobre territorios ancestrales y represas. En la provincia
no siembran soja, pero de la mano de las pasteras llegó el monocultivo de pino,
que tienen los mismos impactos que la oleaginosa: expulsa campesinos e indígenas
y contamina con agrotóxicos. Ilustrativo de la concentración de tierras es el
caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo
provincial. Existe un amplio mapa de organizaciones rurales. La más histórica,
el Movimiento Agrario de Misiones, golpeada por el reciente conflicto: parte de
sus bases son federados y también cuenta con dirigentes cercanos al Gobierno.
Otras dos organizaciones, con diferentes estilos pero igual componente –familias
numerosas, que siembran para la subsistencia y resisten desalojos– son la
Comisión Central de Tierras (CCT) y el Movimiento Campesino de Misiones (Mocami),
ambas cuestionan el monocultivo, pero también el papel del Gobierno.
