Contrapunto
Prensa Alternativa

El 5 de agosto próximo se dará inicio al primer juicio a los responsables y partícipes de la última dictadura militar. En las audiencias serán juzgados los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez (ambos con más de 70 años y actualmente con arresto domiciliario), acusados de la desaparición y muerte del ex senador provincial peronista, Guillermo Vargas Aignasse.
 
El 24 de marzo de 1976, Vargas Aignasse fue secuestrado y desaparecido por personas armadas y encapuchadas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de la policía provincial. Tiempo después fue trasladado al penal de Villa Urquiza. Cuando estaba por ser puesto en libertad, en un confuso episodio fue nuevamente secuestrado, y posteriormente "desaparecido".
El Juez Federal subrogante, Daniel Bejas, imputó a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita.
Según la abogada defensora de Derechos Humanos, Laura Figueroa, este es un juicio en el que la Fiscalía ha tenido un interés especial desde el comienzo; ha sido impulsado de forma aislada e individual del resto de las causas. Posiblemente esto se deba a que todavía por aquella época, tanto la Fiscalía como el Juzgado, no tenían una clara idea de cómo había sido realmente la represión y cual había sido el circuito represivo.
 
Cabe destacar que esta es una causa que no posee querellante, algo que la vuelve más emblemática aún. "Lamentablemente el hecho de que no haya un particular damnificado que haya asumido el rol de querellante fue una mala jugada del Poder Judicial en relación a la lucha de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas, de H.I.J.O.S y de los abogados por los Derechos Humanos. El problema principal es que no hay participación de la ciudadanía dentro de este primer juicio", destacó Figueroa.
Desde las organizaciones de Derechos Humanos han promovido la unificación de las causas por centros clandestinos. Esto, aseguran, acelerará los trámites judiciales y se podrá obtener una sentencia más urgente. De otro modo los testigos tienen que asistir a declarar por cada imputado y la demora de los procesos se vuelve interminable.
Con respecto a esto la abogada explicó que: "en relación a la cantidad de pruebas y a lo representativo de lo que fue el plan de exterminio, esta causa o cualquier causa individual, por sí sola, no representan ni pueden ejemplificar lo que fue el exterminio masivo de personas. Hace mucho tiempo que la justicia debería haber comenzado la investigación por centros clandestinos que unifican todas las causas que están comprendidas dentro del mismo"
La audiencia estará ajena al debate y a la discusión profunda, ya que la misma prácticamente no admitirá la participación del pueblo tucumano, y en el caso de la prensa, podrá levantar notas solo a través de una pantalla, según se informó desde el Tribunal Oral Federal.
"Creo que este juicio va a servir muy poco para la concientización del pueblo tucumano. También los medios de comunicación están marginados de estos procesos y no sólo en Tucumán sino en el resto del país. Por lo tanto aquí se ve con claridad que en la política de derechos humanos del Poder Ejecutivo Nacional no se corresponde el discurso con los hechos. Es muy importante que el pueblo conozca cual es la verdad de lo que sucedió", agregó al respecto la abogada.
 
Si bien este 5 de agosto no será como los grupos que se movilizaron en torno al tema esperaban, es una victoria que después de treinta años se pueda por fin sentar en el banquillo de los acusados y juzgar a las personas que se encargaron de aniquilar a toda una generación de argentinos, personas que hasta el momento se han valido de la impunidad para poder seguir libres. "Me complace enormemente que comencemos con los juicios, por que Menéndez y Bussi tienen que estar condenados ya. Aunque no buscamos simplemente una condena, lo que buscamos es que el pueblo de Argentina y en este caso de Tucumán conozca qué es lo que paso a través de una de sus instituciones: el Poder Judicial. Que se conozca la verdad y que se reconstruyan los hechos, pero no se pueden reconstruir los hechos a partir de una sola causa" manifestó con entusiasmo Laura Figueroa, quien además se mostró esperanzada en que este primer paso sea un incentivo para ver si de esta manera se puede acceder urgentemente a las causas por centros clandestinos. "Hoy vemos que Bussi está viejo y esperamos que pueda acceder a los juicios por las megas causas" concluyó.