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El juez federal subrogante Nº2, Mario Racedo, acompañó al presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Candioti, y a un grupo de consejeros, en un recorrido por el Pozo de Vargas. Allí se interiorizaron sobre las obras civiles y la instalación de un nuevo ascensor. Se estima que a fines de este mes se reanudarán las excavaciones en busca de restos humanos que habrían sido arrojados durante la última dictadura militar.

Imprevistamente, las autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación decidieron ayer trasladarse hasta el Pozo de Vargas para inspeccionar el avance de las obras que se realizan en el predio para reanudar las excavaciones en busca de restos humanos que habrían sido arrojados durante la última dictadura militar.

En el lugar, ubicado en la avenida Francisco de Aguirre al 4.000, el presidente del CM, Mariano Candioti, y los consejeros Diana Conti y Marcelo Fuentes, fueron guiados por el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, quien está a cargo de la investigación de la causa de Pozo de Vargas.

El magistrado les mostró a los consejeros la instalación de un nuevo ascensor que se utilizará para llegar a hasta la profundidad del pozo y les explicó que aún están en la etapa de la extracción del agua filtrada en las napas freáticas a raíz de las lluvias. Se estima que recién a a fines de este mes estarían en condiciones de reanudar las excavaciones que están en manos del equipo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Arqueólogos y Antropólogos de Tucumán (Giatt). Las obras que se realizaron en el predio fueron financiadas con un presupuesto de unos 15.000 pesos que fueron enviados por el CM.

Hasta el momento las excavaciones en el pozo, que tendría unos 80 metros bajo tierra, llegaron a unos 25 metros de profundidad. La causa se inició en 2004 a raíz de una denuncia del dirigente justicialista Enrique Romero y estuvo en sus inicios en manos del destituido juez Felipe Terán, quien a fines de 2005 confirmó el hallazgo de los primeros restos humanos que presuntamente pertenecerían a tucumanos desaparecidos durante los años negros del 70. El segundo hallazgo se produjo el 9 de junio del año pasado, ya bajo la supervisión del juez subrogante Racedo.

Junto a Antonio Domingo Bussi, en esta causa también están involucrados los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez , Albino Mario Alberto Zimmerman, Félix Arturo González Naya, Antonio Arrechea y el ex policía provincial Roberto 'El Tuerto' Heriberto Albornoz.

Luego de visitar el Pozo de Vargas, la comitiva del CM se trasladó al predio del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Allí, personal especializado del Ejército busca minas explosivas que habrían sido enterradas durante la última dictadura. Esta causa también está en manos de Racedo.