Oficialmente, según sus organizadores, terminó el lock out patronal agrario, que duró 101 días. Sin embargo, eso no asegura automáticamente que cesen los cortes de ruta que han hecho paralizar actividades productivas por falta de combustible, de piezas de repuesto, de materias primas para su elaboración o por la imposibilidad de hacer llegar el producto terminado a su destino final.
La guerra económica que tuvo en rehenes a la población pobre de las ciudades y como objetivo político torcerle el brazo al gobierno con la resolución –forzada y tardía– de dejar la papa caliente en manos del Parlamento entra ahora en una nueva fase.

En efecto, en los cortes de ruta la dirección estuvo hasta ahora en manos de los más radicales (los antiperonistas furibundos aliados a los maoístas del Partido Comunista Revolucionario, como la dirección de la Federación Agraria Argentina –FAA– de la provincia de Entre Ríos y otros grupitos ultras que ponían sus pocas huestes al servicio de los hacendados que para ellos eran "el campo"). Hoy, en cambio, en el momento de discutir y negociar, pasan a primer plano los más moderados, como el presidente de la FAA, Buzzi, ligado al Partido Comunista, o en primera persona los dirigentes de la rancia y antiperonista organización de los oligarcas terratenientes y exportadores, la Sociedad Rural Argentina. Ya tuvieron que desmentirse el dirigente de la Confederación Rural Argentina, representante de los terratenientes medios, que habló de cerrar el Parlamento si éste no votaba lo que ellos querían, y el dirigente de la FAA entrerriana, quien dijo que, con piquetes, iban a "enseñar a legislar" a diputados y senadores. Y ya "el campo" no califica más de "cagones" a los gobernadores pues de lo que se trata ahora es de separar de la política gubernamental el máximo de diputados, senadores, alcaldes y gobernadores que sea posible. Porque el rechazo del gobierno a cumplir con la Constitución y hacer aprobar por el Parlamento –donde tiene mayoría absoluta en las dos cámaras– el impuesto a la exportación se debe a la conciencia de que una discusión real no sólo dará voz y tribuna en el mismo a críticas y propuestas de izquierda y de derecha, sino que, además, le hace correr el riesgo de que aparezcan tendencias incluso contrapuestas en el heterogéneo bloque oficialista. Y, sobre todo, de que surja un centro de discusión que dé oportunidad a los trabajadores para que empiecen a discutir el fondo de la cuestión, fuera de las instituciones, en las fábricas y en los barrios, y empiecen a pronunciarse directamente (como los electricistas de Córdoba, cuyo sindicato se ha pronunciado ahora por la estatatización del petróleo y el monopolio estatal del comercio de granos).

Porque el gobierno no puede pretender que su propuesta de ley sobre las rentenciones soyeras (también tardía, también impuesta por los cortes de ruta, también improvisada) se apruebe rápidamente y sin discutir gracias al voto aplanadora de la mayoría absoluta oficialista. No sólo porque la agudización del conflicto torna imposible tal medida de fuerza, sino también porque cada diputado, senador, alcalde o gobernador tiene que tener en cuenta la economía, la composición social y las relaciones de fuerzas políticas en su distrito y no puede responder sólo al Poder Ejecutivo, sino que debe rendir cuentas también a su base (y a esto se agrega la lucha interna en el Partido Justicialista, fomentada por el ex presidente Duhalde y por el también ex presidente Rodríguez Saa, que le serruchan el piso a Kirchner). Ya antes de que empiece la discusión en el Parlamento, en efecto, han surgido propuestas entre los parlamentarios de la mayoría de extender la discusión a la política económica y de crear una junta nacional reguladora de granos que, en cierta medida, trate de controlar y planificar la producción agraria según las necesidades del país y no según las ganancias para el capitalista rural.

Ante la inevitable discusión parlamentaria, el gobierno puede tratar de acortarla, de circunscribirla al tema impositivo y a su proyecto de ley sobre retenciones y de blindar así su mayoría, comprando además todos los votos que pueda. La derecha, por su parte, intentará dividir al bloque oficialista, también con ofertas monetarias y políticas, pero sobre todo jugando con las diferencias que existen entre los diversos sectores productivos y entre las diversas zonas rurales y provincias que el gobierno, torpemente, no tuvo en cuenta al hacer su propuesta inicial sobre las retenciones, ayudando así a que los pequeños capitalistas se uniesen al capital financiero y a las trasnacionales, y los propietarios de 40 hectáreas de tierra pobre a los que siembran 130 mil en la pampa húmeda.

Se ha abierto el periodo de las discusiones. Conviene a los trabajadores que dure y se amplíe, porque lo que debe quedar claro es que no se discute solamente un impuesto sino el derecho a limitar el "mercado", o sea, el predominio del lucro y del interés privado sobre el carácter social de la producción de alimentos y sobre la propiedad de la tierra. Y que no es posible tolerar que el país sea solamente exportador de productos agrícolas, acabando con la industria, un país para un 20 por ciento de sus habitantes, con el 80 por ciento en la pobreza, la miseria y la desocupación, como en tiempos de Menem, la derecha peronista y el neoliberalismo sin trabas. Hay que rediscutir en todas las sedes toda la política impositiva, eliminando el IVA a alimentos, medicinas y productos de primera necesidad y el impuesto a los salarios medios y bajos, que pague el capital financiero, que paguen las trasnacionales y la minería. Hay que frenar la extranjerización del territorio y evitar su soyización y deforestación. Hay que discutir la democratización de la vida política.