Con la caída de las leyes de la impunidad, genocidas como Luciano Benjamín Menéndez, Luis Manzanelli, Arnoldo Chubi López, y Bruno Laborde, entre otros, comparecerán en Córdoba frente a jueces civiles. Será la culminación de 22 años de pugna entre justicia e impunidad: una lucha que los organismos de derechos humanos libraron en la calle y en los estrados judiciales.

Después de haber eludido a la Justicia durante más de dos décadas, el ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba, una de las regiones del país más castigadas por el terrorismo de Estado durante la dictadura militar del 76, será pronto juzgado en los Tribunales Federales, por delitos de lesa humanidad.

La presencia ante jueces civiles de Luciano Benjamín Menéndez, detenido en su casa mientras espera ser juzgado, es el fin de un periplo sostenido por los familiares de las víctimas con tenacidad ejemplar, mientras el poder civil cedía una y otra vez a las presiones castrenses.

A partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final y del Indulto, todos los hechos que integran la llamada Causa madre o Causa Menéndez (37-M-87) recobran el derecho a exigir justicia antes vulnerado por esas leyes.

La investigación llevada adelante durante dos décadas permitió determinar a los responsables, instigadores, autores mediatos, intelectuales, cómplices y encubridores de las violaciones a los derechos humanos, quienes podrán ser juzgados ahora que el manto de la impunidad ha dejado de protegerlos.

Todos responsables de un proceso que, como dijo a esta revista María Elba Martínez, debe verse inserto en Latinoamérica donde hubo dictaduras con las mismas causas y finalidades. No fueron hechos aislados, ni producto de pequeños grupos. Es una estructura planificada de la ideología de la seguridad nacional, que hoy se establece en la seguridad urbana.

Marchas y contramarchas

Entre 1984/87, el más emblemático de los acusados, Luciano Benjamín Menéndez, se presentó a declarar en cuatro oportunidades. Dos ante el Consejo Supremo de las Fuerza Armadas (Consufa) y dos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Después de la tercera declaración en la que fue indagado por las causas Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), La Perla y Unidad Penitenciaria 1, el Consufa le dictó prisión preventiva. En la cuarta presentación, la Cámara Federal hizo otro tanto por la causa 31-M-87 y UP1.

Como se negó a nombrar abogado defensor, intervino el defensor oficial, Luis Molina. Con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Menéndez quedó como único imputado, pero cuando faltaban días para la audiencia, Memen decretó el indulto y ese mismo día, el ex represor recuperó la libertad. Ahí quedó muerta la causa, durmiendo el sueño de los injustos. La impunidad en todo su esplendor , dijo a umbrales Graciela López de Filoñuk, fiscal del Juzgado Federal nº 3, a cargo de Cristina Garzón de Lascano, que tramita las causas por violaciones a los derechos humanos.

En junio de 1998, en respuesta a un pedido del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), se reabre la causa, con el único fin de indagar acerca del destino de los desaparecidos (Verdad Histórica). La fiscalía trabaja en este nuevo encuadre jurídico, donde no habrá condenados. Se ordenaron allanamientos en todos los lugares donde hubiera documentación- ex casa Cuna, Side, dependencias policiales y militares- y se receptan testimonios de personas que ya habían declarado y de otras que lo hacían por primera vez. Así se recogió numerosas pruebas.

En 2001, comienza a tomar fuerza una idea largamente construida a fuerza de batallar en todos los frentes nacionales e internacionales buscando justicia. Pulverizar las leyes de la impunidad, era posible. Ese mismo año, la fiscal pide la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes del perdón y del indulto avalando los pedidos de Martínez (Serpaj) y de Horacio Verbitsky (Cels). Respecto a las leyes, el fallo del juez Gabriel Cavallo era un antecedente. Pero sobre el indulto no había nada.

Pasó un año y medio y la jueza Garzón de Lascano resuelve rechazar la solicitud. La fiscalía, entonces, apela ante la Cámara Federal y, hasta tanto resuelva, decide examinar causas que no estén comprendidas en la causa Menéndez, protegida por el paraguas del indulto. Cabe aclarar que para la acusación a Menéndez los fiscales seleccionaron de un total de 849 causas, las que acreditaban más pruebas (437).

Pero había otras 412 que fueron enviadas a la fiscalía para su investigación y persecución penal. Así surge Brandalisis Humberto y otros, fallo sobre el que finalmente la Cámara declara la inconstitucionalidad de las leyes en 2005. En ese interín, el Congreso de la Nación dictó la nulidad absoluta de las leyes del perdón y otro tanto hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la justicia española condenara al oficial naval Adolfo Scilingo, por haber participado, entre otros crímenes atroces, de los llamados vuelos de la muerte.

Los primeros juicios

Uno de los primeros casos por los que Luciano Benjamín Menéndez y otros ocho imputados serán juzgados en Tribunales Federales, en el edificio del Parque Sarmiento, será el asesinato de Humberto Brandalisis, y el de su compañera Hilda Palacio, cuyos restos, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), fueron entregados el año pasado a sus familiares (1). La pareja fue ejecutada en una operación ventilador, eufemismo utilizado por los represores para indicar que los cuerpos eran ventilados, desperdigados por la ciudad, simulando enfrentamientos.

Los cuerpos de las víctimas eran llevados luego al Hospital Militar, después a la morgue, y de allí a la fosa común del Cementerio San Vicente. Demostré que fueron secuestrados, que habían estado en La Perla, que fueron torturados y que les simularon la operación ventilador, explicó a umbrales la fiscal Filoñuk, quien pudo cerrar el círculo perfecto de la represión, con la ayuda de los libros de la morgue y los hallazgos de los antropólogos forenses.

Con esas pruebas a la vista, la jueza Graciela Garzón de Lascano, respondiendo al planteo de los abogados de Hijos y Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos, Martín Fresneda y Claudio Orosz, dictó la prisión preventiva a nueve imputados.

Para que la causa vaya a juicio, sin embargo, hay que esperar la respuesta de la Cámara de Casación a la defensa de los imputados. Si la Cámara confirma lo decidido en primera instancia, podrán presentar un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia. Pero como la Corte ya resolvió en el caso (José) Poblete por el que fue condenado el Turco Julián, será elevado a juicio. Será la primera causa penal en Córdoba, confía Fresneda. A la fecha está demorada en casación.

Confesión de parte

Otros dos casos que se ventilarán inmediatamente en Tribunales, son el del autoinculpado militar Bruno Laborde, y el del estudiante del Colegio Monserrat, DiegoHunziker, asesinado después de pasar por Hidráulica y La Perla.

Al protestar porque se le negaba un ascenso, el entonces teniente coronel Bruno Laborde detalló asesinatos y fusilamientos a sangre fría y quema de cadáveres. En 2004, en una carta de 17 carillas enviada al comandante del Ejército, Roberto Bendini, Laborde contó que por orden de Menéndez, participó de un operativo en el que se desenterraron cuerpos que luego trituraron con máquinas agrícolas del Tercer Cuerpo, compactaron en tachos de 200 litros y desperdigaron en las salinas grandes de Serrezuela.

Habla de cinco asesinatos, sin dar nombres pero dando pistas temporales. Investigo y determino quiénes son las víctimas, cuenta López de Filoñok. Se trata de Juan Carlos Perucca, los hermanos Ortega, y Rita Ales de Espíndola, la hija de la escritora riocuartense Susana Dillon, asesinada poco después de dar a luz a una niña que fue entregada a su abuela. La quinta víctima era Mario Jofré, finalmente liberado.

Diego Raúl Hunziker, militante la Unión de Estudiantes Secundarios, expresión político-estudiantil de Montoneros, estudiaba en el Colegio Nacional de Monserrat, cuando fue arrancado de los brazos de su madre y abuela, secuestrado y llevado al campo de concentración Hidráulica, controlado por la policía provincial, y luego a La Perla. El joven fue asesinado en un operativo ventilador. Existe un certificado de defunción pero el cuerpo nunca apareció. Se presume que entre los restos óseos obtenidos de las excavaciones hechas con total impericia con pala mecánica en el Cementerio San Vicente, podría haber estado su cuerpo, en alguna de las 33 bolsas de consorcio que, aun cuando estaban bajo custodia judicial, fueron cremadas. La Cámara confirmó el procesamiento de los imputados que ya están presos por este crimen.

Marcelo Tello Biscayart, secuestrado y asesinado en marzo de 1976, es otro caso en proceso por el que se investiga al Comando Libertadores de América y al Departamento Dos de Inteligencia (D2), de la policía provincial.

Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, y los temibles torturadores de La Perla, Luis Manzanelli, Jorge Acosta, Arnoldo Chubi López y Bruno Laborde, entre otros, actualmente detenidos, serán los primeros imputados que se sentarán en el banquillo por causas que fueron investigadas por fuera de la causa madre. Pero quedan por resolver todas las causas que constituyen la 37-M-87, UP1 y D2 de Informaciones.