Argentina: La lucha continúa
|
Monocultivo, expulsión de pequeños productores y soberania alimentaria
El impacto del agronegocio La lógica financiera que domina gran parte de la actividad agraria provoca profundos desequilibrios económicos, sociales y ecológicos. Las cuatro entidades que negocian con el Gobierno ignoran esas cuestiones fundamentales del campo.
Red nacional de accion ecologista
Los crujidos del modelo La actual crisis que desvela a la Argentina da prueba
de que continuamos siendo un país laboratorio de nuevos modelos y de
innovaciones tecnológicas. Un país que a la vez continúa viviendo en un
subyacente estado de catástrofe, siempre al borde del estallido. Son las
contradicciones de la Argentina profunda. Por una parte, el hervidero de lo
social siempre dispuesto a sumarse a las sucesivas crisis, como el caso de los
piquetes rurales que, en su fuerza, sorprendieron a los mismos participantes.
Por otra, una clase dirigente con pensamientos antiguos, prácticas autoritarias
y mezquinas que empobrecen la participación en la democracia. De hecho, nos
encontramos con que el Gobierno que ahora descubre la "sojización", incorporando
a su discurso la necesidad de producir alimentos y de resistir a los
monocultivos, es el mismo que conduce un Estado fuertemente comprometido con el
modelo biotecnológico de producción de commodities para la exportación, con la
promoción de una ciencia empresarial y con un plan de saqueo de los bienes
comunes por parte de las corporaciones.
Desde el ecologismo nos resistimos a ver un paisaje sin matices o a mirarlo con
las anteojeras con las que se recrean antiguas antinomias. Hace muchos años que
denunciamos un proyecto de agricultura industrial tan extractivo y minero como
la misma minería química que se practica en gran parte del territorio nacional.
Por otra parte, que los productores corten las rutas protestando por un tributo
a la exportación, que deja indiferentes a los exportadores, llama la atención
sobre el modo en que las corporaciones trasladan sus cargas hacia abajo en la
cadena productiva, oficiando como recaudadores.
Ambas situaciones están ausentes en los actuales debates, tanto como en las
agendas políticas: lo ambiental en primer lugar, la salud en segundo lugar y
además, el rol y el protagonismo de las corporaciones. Estamos en medio de una
crisis donde todos los partícipes parecen complotados para no mencionar a los
exportadores, a la vez que para ocultar la catástrofe a que el modelo actual
condena los suelos y ecosistemas argentinos, y las devastadoras consecuencias de
las fumigaciones y de la contaminación sobre la salud de las poblaciones.
Tememos que la confrontación oculte y anticipe los desgarramientos de un modelo
de exportación y de producciones en escala, que se acelera con la llegada de
fondos de inversión y la producción de agrocombustibles, y que inevitablemente
dejará fuera de juego a muchos de los que cortaron las rutas protestando contra
un impuesto a la exportación que no pagan las corporaciones exportadoras.
Proponemos abrir los debates del campo al resto de la sociedad. Interpelar a las
corporaciones exportadoras sobre su papel en la crisis actual y auditar las
exportaciones que realizan, hasta el momento bajo meras declaraciones juradas y
con oscuros procesos de triangulación y subfacturación para evadir impuestos al
Estado, que parecieran ser la norma consentida por la mirada impávida de los
funcionarios del área. Necesitamos recobrar la soberanía de los puertos,
reinstalar los organismos de control del Estado, como las Juntas Nacionales de
Granos y de Carnes. También necesitamos el respaldo a los desarrollos locales,
con precios sostén para los alimentos tradicionales en la mesa de los
argentinos. A la vez, impulsar procesos de ecolocalismo que aseguren espacios de
seguridad alimentaria, con cinturones verdes para producción de alimentos,
ferias de cercanías, respaldo y control municipal de tambos pequeños con
distribución de leche fresca o pasteurizada localmente, diseños territoriales
con arraigo de familias para el desarrollo de economías de autoproducción y
comercialización de excedentes.
Proponemos modelos de producción amigables con la naturaleza, en que la justicia
social y la soberanía alimentaria aseguren la felicidad de la población y su
calidad de vida.
POR MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA Desierto verde y contaminado Desde el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 15.000 familias de
siete provincias, expresamos nuestro repudio al lockout agropecuario. Este
expresa la ambición egoísta de los agronegocios que, no conformes con haber
devastado y saqueado los bienes naturales para ganar millones de dólares, van
por más.
Las llamadas "entidades del campo" (SRA, CRA, FAA y Coninagro) sólo pronuncian
los dictados de los agronegocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que
por su alta rentabilidad ha devastado bosques, desalojado comunidades campesinas
e indígenas, contaminado suelos y aguas, y aumentado los precios de los
alimentos en el mercado interno.
Nuestras comunidades se ven diariamente amenazadas por matones y topadoras que
responden a esta política del "campo".
El avance del modelo sojero, iniciado durante el menemismo y acentuado en esta
década, significa un desierto verde y contaminado, sin agricultores y ciudades
saturadas de familias expulsadas de las zonas rurales.
Coincidimos con la necesidad de frenar el avance de la soja en nuestro país, y
entendemos que las retenciones e impuestos progresivos son medidas necesarias,
sin embargo insuficientes.
El Gobierno durante años ha fomentado los agronegocios. Casi no existen
políticas destinadas a las comunidades campesinas indígenas.
El modelo sojero no es sostenible por debajo de las 500 hectáreas. La enorme
cantidad de "pequeños productores" que poseen menos de 500 hectáreas las
arriendan, a un precio fijo, a un productor mayor.
Este productor mayor es quien afronta las retenciones, y no quien arrienda.
Algunos "pequeños productores" han quedado envueltos en el doble discurso de la
Federación Agraria Argentina (FAA) y participan de los piquetes engañados, ya
que las retenciones no los afectarán.
La FAA ha vuelto a responder a sus socios sojeros abandonando a sus federados
pequeños, como lo hizo en distintos momentos de la historia. El más reciente fue
su silencio durante los '90 cuando fueron expulsados del campo 300 mil pequeños
productores.
Esta es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función
de la agricultura campesina indígena, del pequeño agricultor que vive en su
predio, del trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores
fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios.
Destinar recursos a créditos y subsidios que mejoren la infraestructura
comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo profundo. Detener
los desalojos de familias campesinas e indígenas. Planificar la redistribución
de la tierra y el repoblamiento del campo.
Garantizar la producción de alimentos sanos para la población y centralizar en
el Gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir
los ingresos.
La correcta reglamentación de la ley de bosques es otro paso fundamental.
El modelo sojero avanza a medida que hace retroceder otros cultivos, lo que
encarece la canasta básica.
Por sobre todo, el modelo sojero elimina mano de obra: genera sólo un puesto de
trabajo cada 500 hectáreas. La agricultura campesina genera 35 puestos de
trabajo genuinos por cada 100 hectáreas, garantiza diversidad productiva,
abastecimiento de mercados locales, desarrollo de la identidad cultural y
protección y uso sustentable de los bienes naturales.
Es necesario transitar hacia la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo y eso no
es compatible con monocultivos transgénicos ni con el libre mercado.