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Argentina: La lucha continúa
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Los proxenetas tranquilos, el Tío Sam satisfecho
Argentina Indymedia Genero
El miércoles 9 de abril, el Congreso aprobó la Ley de Trata y Tráfico de
Personas. La polémica ley fue impulsada por el poder ejecutivo, luego que
Estados Unidos (el gendarme del mundo) considerara a la Argentina como "país
en observación", por no contar con una ley federal que reprima esta practica
delictiva. El proyecto fue impulsado por el actual Ministro de Justicia
Aníbal Fernández y defendida en el Senado y en el Congreso por la
legisladora oficialista Vilma Ibarra.
El proyecto, ahora ley, fue fuertemente resistido por organizaciones feministas
y sociales que luchan contra este flagelo, por considerar que no sirve para
perseguir a proxenetas y tratantes, y mucho menos para garantizar los derechos
humanos de las víctimas. Esto se debe a que la ley hace una diferencia entre
víctimas mayores y menores de 18 años, debiendo las primeras probar que fueron
engañadas, violentadas, torturadas y/o abusadas. En este punto, la ley y sus
impulsores caen en dos falacias: la primera, es suponer que puede existir alguna
persona capaz de consentir su propia esclavitud; la segunda, en el caso de la
prostitución, es creer que en un país empobrecido (con más de la mitad de la
población bajo la línea de la pobreza), una mujer puede elegir libremente entre
prostituirse o buscar otra forma de sustentar sus necesidades básicas.
Sin embargo la ley llega más lejos, al modificar el art. 145 del Código Penal,
establece una sanción para quien "captare, trasportare o trasladare, dentro
del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas".
Curiosamente, esta ley se "olvida" de aquellos que se benefician o quienes
organizan esta situación. En otras palabras, la ley protege a los organizadores
de la trata de personas, sancionando solo a los que hacen el trabajo sucio. Por
ejemplo, pueden ser sancionados los empleados de los burdeles pero no los dueños
del negocio (ni los políticos que los apoyan, ni la policía que se beneficia).
Además, la norma sanciona con una pena de 3 a 6 años a quienes realizan trata de
personas mayores, cuando, de no existir la ley se aplicaría el art. 142 bis del
Código Penal que dice que "Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a
quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el
fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo
contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se
elevará a ocho (8) años". En otras palabras, la ley de trata reduce la pena
que se aplicaba hasta ahora para los mismos hechos.
Muchas de las mujeres en situación de prostitución comenzaron siendo menores de
edad y, por lo general, de forma gradual. Incluso muchas veces inducidas por la
familia. Por lo general, los primeros proxenetas son novios o parientes y
también sucede que son personas cercanas quienes las entregan a los tratantes.
Si una chica de 16 años es entregada por un familiar a una red de prostitución y
es rescatada recién a los 19 años cuando intentaban llevarla a España, esa joven
es mayor de edad al momento de comprobarse el delito. Entonces la ley, ¿cómo
consideraría esos 3 años previos de explotación?
De hecho, es esta realidad de pobreza la que arrastra a miles de personas a
manos de tratantes. Muchas/os acuden al llamado de trabajos que prometen un
mejor futuro, y luego son introducidas en redes mafiosas de explotación sexual o
esclavizadas/os en talleres clandestinos de costura, por ejemplo. Además, esta
demostrado que el accionar de estas redes mafiosas no sólo no se limita a la
explotación, sino que cuenta con la suficiente impunidad y capacidad operativa
como para además de secuestrar, engañar y torturar, dañar a las familias de sus
victimas.
Esta es una razón más para argumentar que en el caso de existir un "supuesto"
consentimiento, éste tiene una alta posibilidad de estar viciado. Pero tampoco
estos argumentos fueron escuchados por los/as "representantes del pueblo",
más preocupados por cumplir (con las necesidades del poder ejecutivo y con las
normas internacionales), que en solucionar el problema de fondo. Un fondo en el
que se debate la libertad y hasta la vida de muchísimas mujeres y niñas
secuestradas en burdeles, de inmigrantes con ilusiones y sin papeles, mano de
obra barata para la floreciente industria textil, entre otros/as.
"Los traficantes de personas, dueños y capataces de las redes de prostitución,
amos y señores en talleres clandestinos de costura o calzado, de quintas u obras
de construcción que prostituyen y esclavizan a más de medio millón de migrantes
en todo el país, pueden dormir en paz. Ya tienen una ley que los ampara, aunque
aparente combatirlos. La ley votada por el Congreso Nacional concebida para
reprimir la trata de personas es una manifestación más del
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