Momarandu

22 nuevos testimonios con casos de estaqueamientos y maltratos de diversa índole cometidos por mandos militares contra conscriptos en la guerra de Malvinas, presentó este mediodía la Caravana Nacional por la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Soberanía, que partió de Corrientes, al Juzgado Federal de Río Grande que lleva adelante a las investigaciones.

De acuerdo con un informe proporcionado por los ex combatientes correntinos Orlando Gustavo Pascua y Carlos Zini, en las jornadas de trabajo encaradas por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, la secretaria Mariel Borruto y el fiscal Marcelo Rapoport, se presentaron 22 nuevos testimonios de testigos y víctimas de maltratos y torturas cometidos durante la conflagración bélica.

Al regreso, en la ciudad de Río Gallegos -capital de la provincia de Santa Cruz- está prevista la realización de una conferencia de prensa en la que los ex combatientes y las autoridades provinciales que acompañaron la Caravana, presentarán la experiencia junto al secretario de Derechos Humanos santacruceño, Alberto Maruco.

Asimismo, en Rawson -capital de la provincia de Chubut- fue anunciada una recepción oficial por parte del secretario de Derechos Humanos provincial, Juan Arcuri. Entretanto, el arribo a Corrientes de la Caravana Nacional por la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Soberanía se aguarda para este domingo.

Vale señalar, en el transcurso de un año la causa presentada ante los estrados fueguinos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes recibió un fuerte impulso sobre la base de distintas acciones oficiales, en el acompañamiento a los ex combatientes, responsables de instalar sobre el análisis general un abordaje aun no estudiado del terrorismo de estado de la dictadura en la Argentina, como resultaron ser los estaqueamientos y diversos maltratos sufridos por los conscriptos por parte del personal de cuadros.

Luego de la presentación de Corrientes las provincias de Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y la Nación a través del Consejo Federal de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, anunciaron la decisión oficial de presentarse como querellantes en la causa.

Vale decir, inició en abril de 2007 con 23 testimonios, que fueron ampliados a mediados de agosto de ese año con un viaje realizado por la jueza federal Lilian Herraez a Corrientes, oportunidad en la que se incluyó la experiencia de víctimas y testigos de toda la provincia, el Chaco, Rosario, entre otras ciudades del norte del país.

Asimismo, en la segunda quincena de noviembre del año pasado se amplió la denuncia con la presentación como co querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.