En los últimos años, las asambleas
del Valle de Uco, San Rafael, General Alvear y el Gran Mendoza han dejado claro
que, aunque el modelo de desarrollo ambiental y socialmente sostenible sea una
meta aún lejana en la provincia de Mendoza, están dispuestas a luchar para
alcanzarla.
En pocas semanas, el gobierno de Mendoza emitirá una Declaración de Impacto
Ambiental, que podría autorizar la fase de explotación del proyecto Potasio Río
Colorado, que implicaría una inversión de 850 millones de dólares en el extremo
sur del departamento Malargüe. El cloruro de potasio allí producido sería
utilizado como fertilizante para suelos brasileños cultivados con soja, y otros
varios destinados a agrocombustibles. Debido a sus diferencias respecto de la
minería metalífera, dicho proyecto ha sido promocionado por la empresa
angloaustraliana Rio Tinto como "respetuoso del ambiente" y "sustentable", pues
no se realizaría a cielo abierto ni utilizaría cianuro ni ácido sulfúrico.
Sin embargo, este yacimiento requeriría 367 millones de m3 de gas por año, que
equivalen a la suma del consumo residencial, comercial y oficial de toda la
provincia de Mendoza en un año. La mina quemaría 1 millón de m3 de gas por día,
comprado a precios internos, y equivalente a un tercio del volumen de gas que
Argentina importa diariamente de Bolivia, a precio internacional. Los mayores
diarios argentinos publicaron como tapa que, en la cumbre Cristina-Lula-Evo,
Brasil se negó a ceder a Argentina justamente 1 millón de m3 de gas diario, pero
ofreció 200 MW, apenas dos veces y media los 78 MW de potencia que requeriría
Potasio Río Colorado.
El mendocino Alejandro Rodríguez, actual Subsecretario de Combustibles de la
Nación, siempre ha apoyado el proyecto. ¿Seguirá haciéndolo ahora a pesar de la
crisis energética, y le otorgará ese gas, sin importarle que las reservas
probadas de gas en Argentina alcanzan para apenas 8 años al ritmo de consumo
actual?
Para crear sólo 386 empleos directos en Mendoza, la mina gastaría la misma
cantidad de energía (gas+electricidad) que la industria mendocina utiliza para
el trabajo de 16.100 obreros.
Luego de 40 años de explotación, esta mina dejaría depositados, para siempre y a
5 km del río Colorado, 83 millones de m3 de cloruro de sodio, formando una
meseta de 210 hectáreas de superficie por 40 a 50 metros de altura. La empresa
propone "encapsular" este depósito para evitar la dispersión de sal al medio.
Esto de ningún modo queda garantizado, pues el proyecto presenta numerosos y
gravísimos errores científicos y deficiencias técnicas, respecto de la acción
del viento, tormentas estivales severas y sismos, entre muchas otras falencias.
Botones de muestra de la "seriedad" del informe de impacto ambiental presentado
por la empresa: la combustión del gas generará 9 mil millones de kilocalorías
por día, pero según Rio Tinto las emisiones de calor serán "insignificantes" y
las 840.000 tn/año de CO2 emitidas producirán un efecto invernadero de extensión
"puntual".
El depósito superficial de cloruro de sodio implica graves riesgos a perpetuidad
para el ambiente local y regional, incluyendo la posible contaminación del río
Colorado, con efectos en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Las autoridades no
deberían permitir este pasivo ambiental, sino exigir a la empresa que reinyecte
las sales en formaciones geológicas profundas, o alguna otra opción
ambientalmente sustentable. Pero Río Tinto no ha presentado análisis de
alternativas al depósito de sal, como tampoco los necesarios planes de
contingencia ni muchos otros estudios indispensables. La empresa tampoco ha
presentado el seguro de garantía ambiental exigido por el art. 22 de la ley
25.675, Ley General del Ambiente, "con entidad suficiente para garantizar la
recomposición del daño que pudiera producir". El gobierno no debería autorizar
el proyecto sin todos estos requisitos previamente cumplidos y aprobados.
La empresa generaría un valor agregado de 225 millones de dólares anuales, según
el cálculo realizado cuando el potasio cotizaba en torno a la mitad de su precio
actual. De ese monto, el estado mendocino recibiría entre 8 y 12 millones en
pago por las regalías mineras y el m3/seg de agua suministrado, y los empleados
en tres provincias otros 17 millones. La ganancia bruta para la empresa sería
pues de unos 195-200 millones de dólares anuales.
En síntesis, unos pocos extranjeros se apropiarían de la mayor parte del
beneficio económico, socializando a los argentinos graves riesgos ambientales
legados a generaciones futuras, y agotando rápidamente recursos naturales no
renovables. Todo ello es incompatible con un modelo de desarrollo que sea
sustentable no sólo en el discurso, sino en los hechos.
------------- Prof. y Lic. Marcelo Giraud. Docente efectivo carrera de Geografía - U. N.
Cuyo. Asamblea Mendocina Por el Agua Pura
