Marcos Taire

Un testigo protegido, que estuvo secuestrado durante más de un año en dos campos de concentración que funcionaron en la provincia de Tucumán, formuló importantes revelaciones sobre los crímenes allí cometidos y confirmó las identidades de varios represores, todos ellos impunes.

Esta persona estuvo en manos de los militares desde mayo de 1976 hasta julio de 1977. Permaneció los dos primeros meses en el centro clandestino de detención conocido como El Reformatorio y el resto del tiempo en el campo de concentración y exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

El testigo describió con lujo de detalles los dos campos donde estuvo prisionero y la metodología represiva. También identificó a numerosos prisioneros que están desaparecidos, confirmó las identidades de varios represores mencionados en declaraciones anteriores de otros sobrevivientes y reveló los nombres de otros, entre ellos algunos civiles que integraron las patotas.

El juez que entiende en la causa, Raúl Daniel Bejas, ante la evidente importancia de las declaraciones, colocó a esta persona al amparo del Programa Nacional de Protección de Testigos. Sin embargo, ante una presentación de la querella, no pudo realizar una visita "in loco" al Arsenal Miguel de Azcuénaga, debido a que cuestiona los dichos del testigo porque anteriormente lo había acusado de haberse sumado al aparato represivo cuando estaba prisionero en el Arsenal. La suspensión de esa visita de reconocimiento impidió que el testigo identificara la ubicación del pozo donde eran cremados los cadáveres de los prisioneros asesinados.

Mientras tanto, trascendió que el juicio oral al represor Antonio Domingo Bussi podría comenzar en agosto o setiembre próximos. La causa fue elevada a juicio oral por el juez Bejas. En ella se investiga el secuestro y desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, en abril de 1976. Paradójicamente, Bussi será juzgado por un solo crimen, en tanto los miles de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones ocurridas en la provincia a partir de 1974 permanecen impunes, entre ellos la causa del campo de concentración que funcionó en el Arsenal, donde habrían sido asesinadas más de mil personas. Recientemente falleció Adelaida Carloni de Campopiano, querellante en dicha causa.

Masacre en El Reformatorio

El testigo reveló que a raiz de un episodio ocurrido a mediados de 1976 en el suroeste tucumano -voladura de una ambulancia militar en Caspinchango- la patota que operaba desde El Reformatorio masacró a una gran cantidad de prisioneros. La primera noche después de ese episodio, los represores mataron a golpes a varios detenidos -dijo- y posteriormente trasladaron a un grupo de entre diez y quince prisioneros, para asesinarlos.

Entre los represores más feroces que operaban allí, el testigo mencionó al comandante de gendarmería Sabadini, a Víctor Sánchez -un agente civil de la inteligencia militar mencionado en numerosos casos, conocido por el apodo "Pecho i´tabla" y que usaba el pseudónimo "Flores"- Leonel Sosa y el "Gordo Tito". Este último "era un hombre de aproximadamente treinta años, un metro setenta de estatura, ochenta kilos de peso, tez trigueña, pelo castaño ondulado, bigotes y andaba siempre con lentes de aumento color verde, con algún defecto en un ojo". Este sujeto fue identificado por el testigo como alguien que se hacía pasar por estudiante y era el fotógrafo del comedor universitario. En esa condición fotografiaba a todos los comensales para la elaboración del respectivo carnet.

Leonel Sosa ya había sido mencionado por una sobreviviente del Arsenal. Actualmente, esa persona sería un abogado o procurador que ejerce su profesión en los Tribunales de Tucumán.

Según el testigo, entre los integrantes de la patota que asesinaron a golpes a los prisioneros se encontraban "un tal Juanca, de apellido Benedicto, otro de apellido De María, un tal Lito Mauricio Cruz y el Gordo Tito". Según él, esa noche fueron asesinados el estudiante Gustavo Adolfo Fochi y una mujer embarazada. Ahora, la justicia intenta precisar la identidad de la persona apellidada Benedicto, ya que otro testimonio anterior la habría identificado con el nombre completo, el sobrenombre ("conejo") que usaba cuando era integrante de la patota y la profesión, escribano actualmente en ejercicio.

Arsenal: El horror en su máxima expresión

El 30 de junio de 1976 todos los prisioneros que quedaban con vida en El Reformatorio fueron llevados en ómnibus y camiones a un nuevo destino: el campo de concentración del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Aunque hay indicios de que los militares y gendarmes venían utilizando ese lugar para asesinatos de prisioneros, el contingente trasladado desde El Reformatorio fue el que inauguró las instalaciones destinadas al campo propiamente dicho, que mostraba signos de haber sido acondicionado en esos días. Se trataba de un viejo polvorín dividido en dos pabellones con subdivisiones de madera y mampostería de un metro y medio de largo por un metro de altura, donde fueron arrojados los prisioneros.

El campo era administrado por los Destacamentos Móviles de Gendarmería Nacional con sede en Campo de Mayo, Litoral y Córdoba, pero dependía del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército.

Al igual que en El Reformatorio, las torturas estaban a cargo de personal de inteligencia denominado Interrogadores de Prisioneros de Guerra (IPG), pertenecientes al aparato de inteligencia. Eran, mayoritariamente, oficiales del Ejército, gendarmes adiestrados en las escuelas norteamericanas del Canal de Panamá, personal de fuerzas de seguridad y policiales y civiles.

Según el testigo, los interrogadores operaban bajo la supervisión de un capitán del Ejército conocido como "Naso" Varela. (Otra sobreviviente lo identificó con su nombre completo). Sin embargo, el testigo protegido no puede asegurar que esa sea su verdadera identidad.

Las condiciones de vida en el campo fueron descriptas con detalles por el testigo: "rara vez nos daban de comer, cuando nos sacaban al campo nos hacían correr con los perros, nos caíamos, nos arrastrábamos, nos golpeábamos entre nosotros". Entre los malos tratos y torturas más comunes, además de los golpes y latigazos, señaló que lo más tremendo eran la picana eléctrica y el enterramiento. Los prisioneros considerados más importantes o peligrosos permanecían en el galpón maniatados, tabicados y engrillados a la pared.

Entre los gendarmes que mencionó en su testimonio, este sobrevivientes dijo que vió y escuchó a Montes de Oca, al "Indio" Marcelo Godoy, un sargento al que le decían "Manchado" y un alferez sobreviviente del avión Hércules derribado por los Montoneros en el aeropuerto tucumano. Este último disfrutaba conduciendo al foso a las víctimas, a las que disparaba su arma con la precaución de no matarlas, para así prenderles fuego cuando aun estaban con vida. También identificó a otro integrante civil de la patota, que se hacía llamar "Cabezón Humberto" y que se apellidaría López Guerrero.

El testigo confirmó el asesinato de dos integrantes de una familia que fue diezmada y que en ese crimen participaron el teniente coronel Caffarena y el alferez Barraza. Una revelación sorprendente fue que el testigo dijo haber visto de visita en el Arsenal al por entonces ministro del Interior de la dictadura, general Albano Harguindeguy. Y que a menudo concurrían delegaciones integradas por altos jefes militares, sacerdotes y periodistas. Mencionó entre esos militares a los entonces capitanes Fernando Torres y Roberto Abas y a un cura de apellido Mijalchik.