Con el voto favorable de Freiler y Cattani, el tribunal consideró imprescriptibles los homicidios cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina durante el gobierno de Isabel Perón. Está pendiente el pedido de extradición de la ex presidenta.

La ex presidenta Isabel Martínez de Perón junto a José López Rega, mentor de la Triple A.

Irina Hauser
Página 12

La Cámara Federal abrió una oportunidad histórica para que se esclarezcan los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno constitucional de Isabel Perón y se castigue a sus responsables. Lo hizo a través de un fallo donde define a los homicidios, secuestros y atentados de aquella organización terrorista como "crímenes de lesa humanidad" que, como tales, no prescriben. La decisión despeja el camino para que avance la investigación que involucra hasta ahora a la ex presidenta, a los ex policías Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, ambos jefes operativos de la banda, y a Felipe Romeo, que dirigía su órgano de difusión.
La existencia de la Triple A y su vinculación con el entonces Ministerio de Bienestar Social que encabezaba José López Rega es algo que (salvo los imputados) nadie pone en discusión. Ni sus asesinatos, privaciones ilegales de la libertad y otras aberraciones que incluso se cometían a plena luz del día y luego eran reivindicadas por la propia organización. Aún así, nunca hubo condenas por aquellos crímenes.
Lo novedoso del fallo que firmó ayer la Cámara Federal es que sostuvo que todavía pueden y deben ser juzgados por ser delitos de lesa humanidad. Por empezar, la mayoría del tribunal argumentó que puede haber crímenes de este tipo en el contexto de un gobierno constitucional. En este caso, explicó, fueron parte de "un ataque generalizado o sistemático contra la población civil" ejecutado por "una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente" a "opositores políticos". Pero además, tuvieron un rasgo distintivo: que ocurrieron al amparo de un sistema de impunidad.
La resolución no fue unánime. La postura de mayoría fue firmada por Eduardo Freiler y Horacio Cattani. La de minoría, por el juez subrogante Eduardo Farah, que afirmó que hubo una asociación ilícita mafiosa cuyos delitos (comunes) caducaron. Lo que precipitó el pronunciamiento fue la decisión del gobierno español de concretar la extradición del ex subcomisario Almirón, de 72 años, quien llegará hoy a las seis y media de la mañana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Almirón debería ser indagado por el juez Norberto Oyarbide, que instruye la causa. Pero cerca de Su Señoría tienen grandes dudas de que vaya a declarar. Dicen que está enfermo y con un gran "deterioro físico y mental" (ver nota aparte).
Almirón fue descubierto en España por una investigación del diario El Mundo a fines de 2006. Vivía en un pueblito de Valencia, como si nada. Había llegado a ese país como custodio de López Rega, en su huida en 1975. Allí ya se había hecho conocido cuando en 1983 se supo que encabezaba la custodia del dirigente filofranquista Manuel Fraga Iribarne. La noticia de su paradero obligó al juez Oyarbide a ver qué había en ese expediente referido a la Triple A que tenía guardado en un estante, con fecha de apertura en 1975, y cuyos papeles ya estaban a punto de deshacerse. Allí encontró un dato revelador: Almirón tenía un pedido de captura pendiente desde 1984. Pero no era el único. Lo acompañaban, como imputados estelares, el ex comisario Juan Ramón Morales y Rovira, acusados de al menos ocho asesinatos.
Fue el renacer de la causa judicial. Oyarbide dijo que no tenía ninguna duda de que los crímenes de la banda de López Rega fueron "de lesa humanidad" parte de "una política criminal y terrorista, institucionalmente implementada". De la investigación surge que compraban las armas con fondos del Ministerio de Bienestar Social. Pidió la extradición de Almirón para indagarlo, y mandó a detener a su ex suegro, Morales, y a Rovira. Aunque fue más lejos aún: también pidió la extradición de María Estela Martínez de Perón ya que por lo que hizo o dejó de hacer tuvo una "colaboración esencial" con los crímenes. También ordenó detener a Felipe Romeo, ex director de la revista El Caudillo, órgano de difusión de las Tres A, luego de que Página/12 lo ubicara en Buenos Aires reciclado como restaurador de cúpulas.
Morales murió el año pasado. La situación de la ex presidenta no está definida en España, pero el fallo de la Cámara llevaría al juez a insistir en su extradición. Romeo está prófugo. Rovira cumple arresto domiciliario y había apelado su procesamiento ante la Cámara. Su caso es el que, en efecto, el tribunal ayer resolvió. Sólo en un aspecto los tres jueces le dieron parcialmente la razón: dijeron que no está probada todavía su participación material, directa, en los crímenes. Pero no pusieron en duda que fue un hombre clave de la organización.
El voto de Freiler especifica que "el grupo originario se concentró en la custodia del ex ministro López Rega, cuyos hombres más influyentes fueron Almirón, Morales y Rovira". Los crímenes a los que alude el fallo son asesinatos cometidos en 1974: del diputado Rodolfo Ortega Peña, de Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de la Facultad de Derecho de la UBA), del abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica.
El camarista Horacio Cattani hace una enumeración del derrotero judicial de estos casos para mostrar que todos los expedientes terminaron en sobreseimientos o, como en el caso de Laguzzi, no se registran actuaciones judiciales. "La gravedad de la situación no tuvo correlato alguno con las pesquisas realizadas", dice el juez. Hasta López Rega, que llegó a ser arrestado y extraditado, murió en 1989 antes de recibir condena.
Según Cattani, la impunidad que permitía la multiplicación de los crímenes, se extendía en todos los poderes del Estado. Describe que en el ámbito parlamentario "cundía el terror": se evitaban alusiones a la Triple A o el oficialismo las impedía. Los que "alzaron su voz en solitario fueron perseguidos, amenazados, incluso muertos", en alusión, entre otros, a Ortega Peña. También enumera intimidaciones a los medios de prensa y dice que "ni siquiera la Iglesia estaba exenta de ser blanco de la Triple A basta rememora el asesinato del padre Carlos Mujica".
Freiler hace hincapié en que el poderío de la organización fue tan grande que "neutralizó" al poder del Estado y ejerció de facto un poder absoluto. Esto, sostuvo, constituyó "la antecámara del colapso total de las instituciones que tuvo lugar con la dictadura militar". Recordó la participación de la Triple A en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti. A diferencia de sus dos colegas, puso en duda que el poder de la banda de López Rega fuera tan grande y extendido. A su entender, el sistema democrático funcionaba y dice que la propia sentencia del Juicio a las Juntas afirma que el gobierno de Isabel Perón al momento de su derrocamiento "contaba con los medios necesarios (normas) para combatir el terrorismo". "Es difícil percibir en consecuencia que la voz de la tristemente célebre organización hubiese sido aquélla del Estado", afirma Farah. "La democracia respiraba", añade.
Tanto Freiler como Cattani recuerdan un episodio que resurge en varios testimonios: una reunión de gabinete del 8 de agosto de 1974 en Olivos, presidida por Isabel Perón, donde López Rega y el comisario Alberto Villar proyectaron diapositivas de quiénes debían ser asesinados, como Ortega Peña y Troxler, desde las estructuras paralelas.
El número de víctimas de la banda parapolicial nunca fue precisado. La Conadep hablaba de algo más de 400 entre 1973 y 1975. Varios organismos de derechos humanos hablan de 1500. Entre los primeros asuntos que debería definir Oyarbide es si acepta investigar los más de 600 casos que le fueron planteados. También es factible que la causa llegue a la Corte.