A 32 a�os del terrorismo de Estado, los gobiernos provinciales exhiben en sus grillas sin pudor ideol�gico alguno, a quienes no ocultan su incondicional apoyo a los genocidas. En un marco de soledad, los organismos de derechos humanos de la provincia denunciaron que el gobernador Sergio Urribari, el delf�n de Jorge Busti, ungi� como funcionarios a Oscar Marelli y Eduardo Aizpuru, confesos adictos a los represores. Los senadores y diputados nacionales entrerrianos, que juraron cuando asumieron por los 30 mil detenidos desaparecidos no acusaron recibo.

"Es nuestra intenci�n hacer expl�cita nuestra postura. Avalar a los represores genocidas no es "un error", sino m�s bien una decisi�n pol�tica de respaldar los hechos ocurridos en el marco del Terrorismo de Estado. Decir que es un error implica reproducir la versi�n oficial de los a�os 80 que domin� con el eufemismo de "errores y excesos" la desaparici�n forzada de personas". Con esas y otras definiciones la Asociaci�n de Familiares y Amigos de Ex Detenidos y Desaparecidos de Entre R�os (AFADER), H.I.J.O.S. Regional Paran� y la Asociaci�n de Ex Presos Pol�ticos de Entre R�os, exigieron al gobernador peronista del Frente para la Victoria que la designaci�n de Oscar Marelli, como Director General de Arquitectura y Construcciones de la Provincia y Eduardo Aizpuru como Director del Nuevo Banco de Entre R�os, no se concretara.

"Los genocidas como el subprefecto H�ctor Febres que muri� horas antes de escuchar su sentencia por los cr�menes de lesa humanidad que cometi� en la ESMA durante la �ltima dictadura militar, siempre tuvieron y siguen teniendo sus amigos, sus c�mplices e instigadores. Haber intentando ( en alusi�n a Marelli y Aizpuru) desagraviarlo p�blicamente es sin dudas un acto de complicidad que no puede obviarse al momento designar y/o ratificar personas que ocupen cargos p�blicos en un estado democr�tico. Resulta una insalvable y grave contradicci�n considerar los derechos humanos como pol�tica de Estado y al mismo tiempo contar con dos funcionarios que se han expresado a favor del Terrorismo de Estado", precisa el documento presentado por los organismos de derechos humanos.

Posiciones que no tuvieron eco en los senadores y diputados nacionales del Frente para la Victoria, que juraron cuando asumieron en sus bancas por "por los 30 mil detenidos desaparecidos" como fue el caso de la senadora Blanca Osuna, presidenta de la Comisi�n de Educaci�n y Cultura de la Honorable C�mara de Senadores, o Pedro Guastavino, quien adem�s de citar a los 30 mil detenidos desaparecidos, agreg� los nombres de sus dos hermanos desaparecidos por el Terrorismo de Estado.
Ni una palabra se le escap� sobre las designaciones de Marelli y Aizpuru, lo mismo que el presidente de la C�mara de Diputados de la provincia, Jorge Busti, y mucho menos a su esposa, la diputada nacional Cristina Cremer de Busti. Los dem�s, bien gracias.

Jard�n de la impunidad

"Por llevar adelante una pol�tica de Derechos Humanos que nos gu�a hacia la Verdad y la Justicia". Ese fue uno de los puntos de respaldo del Partido Justicialista de Tucum�n con el lema "los peronistas con N�stor Kirchner", en P�gina 12 del domingo 10 de febrero de 2008. � Quien lo firmaba en primer t�rmino? Nada m�s ni nada menos que la diputada nacional del Frente de la Victoria, Beatriz Rojk�s de Alperovich, esposa el primer mandatario, ex radical, al igual que �l.

A confesi�n de parte, relevo de pruebas. Si lee atentamente la consigna se aprecia que se soslay� "memoria", es decir punto final y obediencia debida, y lo demostraron en las elecciones y d�as atr�s en el frustrado intento de convertir en miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a ex c�mplice de la dictadura: Sassi Colombres.
Claro que no es una novedad los gestos conciliadores de la familia Alperovich- Rojk�s hacia los genocidas. En las elecciones de octubre �ltimo, la lista oficial cont� con el apoy� de una fuerza pol�tica que reivindicaba el Operativo Independencia, uno de los primeros pasos del genocidio.

En ambos casos, los organismos de derechos no se quedaron callados y los acusaron de obviar la memoria, la verdad y la justicia, pero el primer mandatario tucumano se mira en el espejo de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, y Entre R�os que a 32 a�os del golpe militar contin�an derechos y humanos.