Un represor cobró el sueldo durante 10 años en la Defensoría
del Pueblo
LA CAPITAL – TMO
'El juez federal ya tiene en su poder toda la documentación que nos ha
requerido' sobre el nombramiento del represor Jorge Barba Cabrera en la
Defensoría del Pueblo más de 15 años atrás, reveló el titular del organismo
Carlos Bermúdez.
El dato aportado por el ombudsman santafesino le da una vuelta de tuerca a la
polémica que promete amplificarse también en el ámbito legislativo con la
reanudación de las sesiones extraordinarias, donde se avecina el debate de un
pedido de informes de la legisladora Alicia Gutiérrez (ARI). Jorge Andrés
Cabrera, imputado judicialmente por su participación en la privación ilegítima
de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro
clandestino Quinta de Funes y su participación en el Operativo México, se
desempeñó en las oficinas del ombudsman rosarino entre 1991 y 2000. Fue nombrado
por el entonces defensor Norberto Nicotra, según lo confirmó la secretaria de
Derechos Humanos de la provincia y ex directora de la Defensoría, María Bressa.
Aunque se excusó de brindar detalles, Bermúdez comentó ayer a este diario que ya
está en manos del juez de la causa Feced, Germán Sutter Schneider, toda la
información que le fue requerida. En horas más, la causa Feced pasará a manos de
otro magistrado, se supo ayer también.
El actual titular del organismo juró como defensor en el año 2003 y recordó a
este diario que Cabrera ya no pertenecía al plantel de la Defensoría del Pueblo
desde 2000, cuando se acogió a un retiro anticipado. En esa época la repartición
estaba a cargo de la actual ministra de la Corte Suprema de Justicia María
Angélica Gastaldi. El revuelo generado por el paso de Cabrera en la
administración santafesina se potenciará en las próximas semanas en el Palacio
de las Leyes, donde la diputada Gutiérrez indaga en su pedido de informes si
Cabrera continua en la actualidad percibiendo haberes y/o remuneraciones de
cualquier naturaleza y/o cumpliendo funciones en la administración pública
provincial, y en caso negativo, detalle la fecha y las causales de la extinción
del vínculo laboral. También si 'se tiene conocimiento' si desde el juzgado
federal se ha librado orden de captura contra el mencionado represor, a partir
de la presentación judicial interpuesta por la agrupación Hijos, que además
solicitó la indagatoria y detención de Cabrera.
En relación a los cargos que habría ocupado en la administración pública
provincial, algunas versiones indican que también habría prestado servicios en
el ministerio de Gobierno tras el advenimiento de la democracia en 1983.
