A horas de conocerse la sentencia de alzada en el caso de gatillo fácil en el
que fue asesinado Juan Carlos Rueda, sus familiares salieron a hacer público su
malestar por el curso de la causa con el siguiente documento, que fue apoyado
por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH Rosario), la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre Rosario, la Sección de Criminología del CEIDH "Juan Carlos Gardela", el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH Rosario) e H.I.J.O.S.
Rosario. Es sabido que el acceso a la justicia para los sectores populares se vuelve
una entelequia en la provincia de Santa Fe cuando confrontan intereses de los
poderosos. Esto es resultado, por una parte, de que el vetusto proceso vigente
no permite la participación de la víctima como querellante. Y, por otra, que el
imputado por el homicidio de Juan Carlos Rueda es un alto funcionario de una de
las Agencias de Seguridad Estatal (Policía Provincial). En consecuencia, el
derecho más básico del acceso a la justicia y del debido proceso se transforma
en una retórica abstracta de casi imposible materialización. Basta como ejemplo
el hecho de que es la misma policía la que investiga la escena del crimen en la
que uno de los suyos es el imputado.
¿Si la policía se investiga a sí misma, es posible así garantizar un proceso
justo y terminar así con la impunidad? Consideramos que este asesinato, así como
cada uno de los asesinatos perpetrados por miembros de las instituciones
policiales merecen especial atención. Estudios empíricos sobre el tratamiento
judicial en estas causas muestran que, salvo investigaciones aisladas, existen
patrones de prácticas judiciales en casos similares, que, en definitiva,
frustran las posibilidades de un debido proceso y, de esta manera, refuerzan la
percepción de impunidad de los funcionarios policiales generando condiciones
propicias para el accionar ilegal de los mismos.
La investigación llevada adelante en esta causa por el Juez de Instrucción Dr.
Jorge E. Juárez, es digna de mención ya que logró reunir un cúmulo de evidencias
que le permitieron procesar a ALDO BERNARDO REY, Sargento de policía asesino de
Juan Carlos y vinculado a hechos de narcotráfico en los años 90', por homicidio
agravado por el empleo de un arma de fuego, en calidad de autor, hecho que prevé
una pena mínima de 10 años y 8 meses de prisión.
Sin embargo, al llegar a la sentencia, otra vez la balanza de la justicia se
inclino por el lado de la connivencia policial, en grosera violación de los
Derechos Humanos. Tanto es así, que el Dr. Carbone (Juez de Sentencia nº 3 de
Rosario), condenó a Aldo B. Rey por el delito de homicidio agravado por el
empleo de arma de fuego (art. 79, 41 bis y 45 del C.P.) con exceso en la
legítima defensa, dándole la pena de DOS años y DIEZ meses (de los cuales
llevaba cumplido al dictarse la sentencia 2 años y 8 meses). Arribar a esta
calificación legal implica afirmar la hipótesis del enfrentamiento. Afirmar que
Rey tuvo que repeler una agresión, aunque se excediera en ese acto. Afirmar…
aunque haya pruebas que demuestren lo contrario. Así, se condenó por exceso en
la legítima defensa a quien no corría riesgos, a quien no tenía de qué
defenderse. Se condenó por exceso en la legítima defensa al sujeto que esa noche
efectuó tiros al aire para repeler la supuesta agresión de la que decía ser
víctima su hijo, también policía; y que, una vez conseguido esto y habiéndose ya
alejado los jóvenes (Juan Carlos, su primo y un amigo) de su domicilio, salió de
su casa armado y perpetró tiros directos contra el joven de 20 años, terminando
con su vida.
Mientras que el juez instructor destaca que no aparecen huellas dactilares en el
arma encontrada ni se evidencia que haya existido lesión producto de accionar la
corredera de una pistola en las manos de J.C. Rueda y advierte como sospechosa
la falta de coordinación entre el personal de las secciones técnicas, que no
arriba al lugar en conjunto, y el hallazgo del arma que se produce una hora
después del hecho; el Dr. Carbone, ignora injustificadamente estos datos, y hace
una interpretación parcial de las pruebas colectadas, como en un intento de
justificar la desbordada conducta de Aldo B. Rey. Al día de hoy, el Sargento
Aldo Bernardo Rey se encuentra libre, caminando por las calles del Barrio Las
Delicias; mientras que Teresa Cañedo se tuvo que mudar de barrio para no
encontrarse con el matador de su hijo, sumado a que José Miguel Rueda (padre de
Juan Carlos) falleció de un infarto luego de haber transcurrido algunos días de
conocer la sentencia que dejaba en libertad al autor del crimen.
A horas de conocerse la Sentencia de la Sala 4 de la Cámara Penal de Rosario,
los Familiares de JUAN CARLOS RUEDA, (ejecutado sumariamente el 04/04/04 en el
Barrio Las Delicias a cuatro cuadras de su casa) acompañados por la Agrupación
PADRES del DOLOR, queremos dar a conocer, una vez más, las incoherencias y
complicidades de nuestra Justicia para con las Fuerzas de Seguridad. El Poder
Judicial tiene que entender que el pueblo está cansado de la impunidad
garantizada desde sus estrados a policías asesinos y corruptos. La sociedad los
condena, y de esto deben hacerse cargo las autoridades judiciales para así
terminar con esta maldita impunidad.
Por todo esto exigimos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Sala 4 JUSTICIA
POR JUAN CARLOS RUEDA, CONDENA AL POLICÍA ALDO BERNARDO REY POR HOMICIDIO
CALIFICADO, JUSTICIA POR CADA UNO DE LOS JÓVENES ASESINADOS POR LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD QUE DESDE SIEMPRE ACTUAN CON ABSOLUTA IMPUNIDAD.
ADHIEREN:
- APDH Rosario 'Asamblea Permanente por los Derechos Humanos'
- CELS 'Centro de Estudios Legales y Sociales'
- 'Liga Argentina por los Derechos del Hombre' Rosario
- Sección de Criminología del CEIDH 'Juan Carlos Gardela'
- MEDH Rosario 'Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos'
- HIJOS Rosario
- Programa Nacional Antimpunidad
CUALQUIER INFORMACIÓN COMUNICARSE A:
0341-155944925, 0341-153071567, 0341-155524852, 0341-156474825.-
