El código de faltas como herramienta para la detención y la
tortura en Córdoba
Correpi
Cuando dictó sentencia contra la Argentina en el caso Bulacio, la Corte
Interamericana de DDHH tuvo por probado que en Argentina existe un sistema de
normas y de prácticas no normadas que permiten a las fuerzas de seguridad
detener personas arbitrariamente, y condenó al estado, como forma de reparar lo
ocurrido con Walter Bulacio, a eliminar ese sistema y adecuarse a los
"estándares internacionales" en materia de libertad individual, es decir, que
sólo se pueda detener a alguien por orden judicial o en caso de delito
flagrante. El "sistema de normas y prácticas no normadas" cuya eliminación
ordenó la Corte IDH incluye la facultad de detener personas en averiguación de
antecedentes o para identificar y los códigos contravencionales y de faltas, que
desde la sentencia, que lleva casi cinco años incumplida, han sido endurecidos
en más de un distrito argentino.
Mauricio Maldonado (19), oriundo del barrio Yapeyú de la capital cordobesa, fue
conducido el 2 de enero al ex centro clandestino de detención durante la
dictadura, ahora denominado (todo sea para mejorar los nombres, cosa que
parezcan "instituciones democráticas") Unidad de Contención del Aprehendido.
Durante su detención fue golpeado con tal gravedad que el 6 de enero, luego de
permanecer en una celda de aislamiento donde fue visto por otros presos con un
ojo "en compota" y tirado en el suelo desmayado, Mauricio fue entregado a sus
padres con señales visibles de laceraciones, hematomas en la zona orbital y la
ropa con restos de sangre. Después de permanecer en estado de inconciencia
durante seis días, falleció el 12 de enero en el hospital San Roque.
El comisario Pedro López, director de la UCA, declaró al diario digital
Sosperiodista que " El sujeto ingresó por merodeo y negativa de identificación.
A la tarde, solicita ver al médico por una crisis histérica, nerviosa. Se lo
medica y el personal médico manifiesta que está en condiciones de seguir
alojado. Al día siguiente, se lo lleva al neurólogo, que solicita la realización
de estudios complementarios, y como son análisis que no hacemos, se lo entrega a
sus padres ".
El poder ejecutivo provincial cordobés, aliado del gobierno nacional, además de
celebrar el negocio del tren bala con Cristina Fernández, salió en forma urgente
a mostrar que busca establecer " la verdad de lo sucedido " con la intervención
del Tribunal de Conducta Policial, sin que existan imputados.
Como sucede en la cadena de impunidad del aparato represivo, la tortura seguida
de muerte se disimula con cuadros clínicos de enfermedades previas o
sorpresivas, y hasta con supuestas malas praxis médicas, todo avalado en los
dictámenes predispuestos y tendenciosos del cuerpo médico forense en las
autopsias. Así como según los jueces de Lomas de Zamora, a Chaco Gonzalez, sus
torturadores "no le pegaron suficientes patadas en el piso como para provocarle
la muerte", sino que murió por una enfermedad, a Mauricio Maldonado, al decir de
las versiones oficiales, lo habría matado una meningitis de antigua data y los
golpes en su cuerpo serían fruto de convulsiones por epilepsia...
Mientras tanto se multiplican las denuncias públicas de jóvenes que concurren a
espectáculos populares o transitan por los boliches en la capital cordobesa y
son víctimas de razzias y detenciones con despliegue de decenas de móviles
armados del CAP que esposan hasta a menores y los conducen sin posibilidad de
que ingresen sus padres a "pasar el fin de semana" a la ex cárcel de encausados,
especialmente si no están en condiciones de "pagar" entre mil y dos mil pesos a
cambio de que no les labren el acta, en la jerga que "no les hagan firmar". Las
figuras contravencionales más utilizadas son el "merodeo" para los pibes de
barrios humildes y "ebriedad escandalosa" para aquellos de clase media cuyos
padres desesperados se presentan a contribuir con la caja policial, todas
combinadas con "negativa a identificarse".
A quien no pague el arancel le espera un "centro de contención de aprehendidos"
donde los contraventores, tal como relató al diario Soyperiodista un joven que
pasó por allí, " duermen en el piso, hacinados en grupos de ocho o nueve en
celdas de tres por tres, sobre colchonetas finas y mugrientas o sin ellas, con
un pozo que hace de letrina para hacer sus necesidades a la vista de todos,
porque a los baños no se puede ingresar por el olor a excremento y orina; y con
chinches verdes ".
Lo que no cuentan las crónicas son los procedimientos que se desplegaron para
llegar a esas detenciones; no cuentan la violación que se produce en lo más
importante del ser humano: su libertad y no cuentan que el objetivo se cumple:
el disciplinamiento social, la criminalización de los jóvenes y la pobreza, el
delito penal de autor y, al fin, la represión dirigida al pueblo, necesaria en
un estado que se dice "democrático".
